En 2017, asistí a un foro en el auditorio de la UNEXPO Puerto Ordaz. Afuera, en las calles, el paisaje era desolador: barricadas de basura, autobuses quemados, semáforos derribados, muchos jóvenes detenidos, y personas asesinadas por errores y por intensiones; todo aquel caos lo resumimos bajo la palabra “Guarimba”.
El propósito del foro era debatir la pertinencia de la convocatoria y las bases presentadas por el presidente Nicolás Maduro para una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), cuyo objetivo principal era alcanzar la paz. Finalmente, la ANC se instaló y la guarimba desapareció. Aunque no se redactó una nueva Constitución, se generaron cinco leyes constitucionales fundamentales: Ley Contra el Odio: para sancionar la promoción de la violencia política y la discriminación. Ley del Plan de la Patria: para otorgar rango constitucional al programa de gobierno. Ley de Inversión Extranjera: destinada a flexibilizar las condiciones para atraer capitales en medio del bloqueo financiero impuesto por los EE. UU. Ley de Impuesto a las Grandes Fortunas: para la recaudación directa en tiempos de crisis económica. Ley de los CLAP: a fin de institucionalizar el sistema de distribución de alimentos de emergencia, pues el pueblo estaba pasando hambre, literalmente.
Asimismo, la ANC de 2017 creó la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos (2020). Este instrumento permitió la inaplicación de otras normas legales; es decir, facultó al gobierno para gestionar lo que antes era imposible bajo el asedio financiero. Gracias a ella, el Ejecutivo pudo renegociar pagos que no podía cumplir, contratar bajo condiciones excepcionales y utilizar mecanismos de cobro y pago acordados entre las partes, operando fuera de los circuitos tradicionales. Esto incluyó el pago en especies, el uso de monedas distintas al dólar (incluyendo criptomonedas) y la apertura a la inversión extranjera, ensayando nuevos paradigmas y modelos de negocio.
Uno de estos ensayos fueron los Contratos de Participación Productiva (CPP), cuya premisa fundamental fue: "opera el campo de petróleo, cóbrate con una parte de la producción y deposítame el resto en cuentas que los gringos no puedan bloquearme".
El problema real no era solo producir, pues la infraestructura —por muy golpeada que esté— seguía allí. El dilema era cómo mover el crudo desde los puertos de Venezuela hasta los puertos de los clientes; es decir, cómo vencer o burlar el acoso estadounidense. Al final, los números reflejan el éxito de esta estrategia: se pasó de una producción crítica en los momentos de mayor asedio a alcanzar los 700,000 barriles diarios en 2025.
En aquel foro de 2017 en la UNEXPO se hablaba de la ANC como una herramienta para evitar la anarquía, cosa que logró. Pues, a pesar de que la oposición se negó a participar, no pudo sostener las condiciones con las que perseguían causar una guerra civil.
Pero dejando a un lado aquel logro político de la ANC, también debemos evaluar la Ley Antibloqueo como el mecanismo para inaplicar normas legales cuya ejecución resultara imposible o contraproducente bajo los efectos de las sanciones. Bajo el amparo de esta ley, se bonificó el ingreso y se suspendieron los salarios reales, dejando sin efecto práctico las prestaciones sociales y otros beneficios directos señalados en la Ley Orgánica del Trabajo y en las convenciones colectivas. El efecto fue amargo pero inmediato: la hiperinflación fue doblegada casi al instante.
La justificación fue, y sigue siendo, el "Estado de Necesidad". El país debía sobrevivir al inmisericorde ataque gringo, pues las mal llamadas “sanciones” son peores que los misiles. Un misil cae, quema y mata a quienes estén en ese lugar; las sanciones, en cambio, destruyen a la familia desde adentro, matan al desvalido enfermo en un hospital y matan de hambre a todo un pueblo.
Sin embargo, la Ley Antibloqueo también trajo el dinero para pagar ese ingreso bonificado. Al permitir que empresas privadas —gringas como Chevron u otras— extrajeran petróleo con mano de obra venezolana y pudieran transportarlo, se logró burlar el bloqueo utilizando sus mismas armas: la iniciativa privada.
El asunto es que el gobierno de Trump, en su infinita soberbia, al darse cuenta de que estaba siendo burlado y que Venezuela crecía con ese motor petrolero (aunque fuera a menos de una tercera parte de lo que históricamente producía), optó por el autobloqueo. Secuestraron sus propios buques, pues los barcos de la "flota fantasma" eran de ellos mismos —tal vez del mismísimo Trump, no sé, digo yo—. Al final, optaron por la mentira del narcoterrorismo y aplicaron la fuerza militar.
Nicolás Maduro está secuestrado, aunque sabemos dónde está. No ha cometido delito; lo intuyo, lo creo. Un hombre culpable no se hubiese comportado como él lo hizo, rodeado de sus captores. Se le observó altivo, sereno y hasta sonriente. La justicia en los EE. UU., la verdadera justicia que tantas veces hemos visto en las películas, lo dejará libre; estoy seguro de eso.
El país no cayó en la provocación gringa. Seguimos trabajando, pero también apelamos nuevamente a la dialéctica, al reacomodo. La modificación a la Ley de Hidrocarburos es llevar a esta ley lo creado a partir del experimento de la Ley Antibloqueo. Así de sencillo.
Por supuesto que volverán las operadoras transnacionales gringas. Ellos fueron quienes se autoexcluyeron. Aquí siempre se les dijo: "de Venezuela pueden obtener todo el petróleo que necesiten, lo único que deben hacer es pagarlo". Esta vez no será el 30%, tal vez será el 15%, pero jamás volverá a ser el 1%.
Ya escucho a muchos hablar de los salarios, y ni siquiera se han instalado las empresas interesadas. Ya escucho a muchos hablar de dolarización completa, sin entender todavía lo que significa no tener una moneda propia. Ya escucho a muchos hablar de candidatas presidenciales y ni siquiera el presidente Maduro ha sido juzgado.
No podemos adelantarnos a volver al pasado —y no estoy jugando con las palabras, literalmente es así—. Todavía las causas que obligaron a la instalación de la ANC de 2017 y la creación de las leyes constitucionales consecuentes no han cesado. Es más, debo recordar que estamos en “Estado de Conmoción” desde el día 3 de enero de 2026. Para nada estamos en la "normalidad"; estamos en resistencia, pues la patria fue violentada... así que la dialéctica no es manía marxista, es reacomodo ante la realidad, tangible y medible.