Hay crímenes que no disparan balas, pero que matan igual. Hay violencias que no dejan sangre en las calles, pero que desangran naciones enteras. Hay políticas que se firman en oficinas con aire acondicionado, lejos del sufrimiento que provocan, y que condenan a millones a una agonía silenciosa, calculada, sistemática.
Cuba vive hoy una de las crisis humanitarias más prolongadas y menos visibilizadas del hemisferio occidental. Y lo más atroz no es solo la magnitud del sufrimiento, sino la indiferencia generalizada ante él. Mientras el mundo debate sobre derechos humanos en otros confines del planeta, en esta isla caribeña, a solo noventa millas de la primera potencia mundial, ancianos mueren sin medicamentos, niños luchan por respirar en incubadoras sin garantías, y familias enteras enfrentan un hambre que no es accidental, sino deliberadamente infligida.
En los hospitales cubanos, la escasez no es una falla administrativa. Es el resultado directo de décadas de sanciones económicas que han convertido el acceso a medicamentos, equipos médicos y suministros básicos en una carrera de obstáculos insalvable. Empresas farmacéuticas que podrían vender insulina, medicamentos para el corazón o tratamientos oncológicos enfrentan multas millonarias si comercian con la isla. Bancos internacionales rechazan transacciones. Proveedores cancelan contratos por miedo a represalias.
El resultado es tangible y devastador: ancianos con enfermedades crónicas que ven cómo sus tratamientos se interrumpen sin alternativas. Pacientes diabéticos racionando insulina como si fuera oro. Personas con cáncer viendo cómo las quimioterapias se suspenden no por falta de conocimiento médico, sino por la imposibilidad de adquirir los fármacos necesarios.
¿Cómo explicarle al mundo que un país que envió brigadas médicas a combatir el ébola en África, que desarrolló vacunas propias contra la COVID-19, que formó a médicos de decenas de naciones, hoy no puede garantizar anestesia en sus quirófanos? La respuesta no está en la capacidad técnica ni en la voluntad profesional. Está en una arquitectura de sanciones diseñada, precisamente, para quebrar la capacidad del Estado de garantizar servicios esenciales a su población.
Pocos escenarios resultan más desgarradores que ver cómo las sanciones económicas impactan a quienes no tienen voz ni voto en disputas geopolíticas. En Cuba, recién nacidos prematuros dependen de incubadoras que funcionan con repuestos que no pueden importarse. Niños con enfermedades congénitas esperan cirugías que se postergan indefinidamente porque faltan insumos quirúrgicos básicos. Madres amamantan hasta el agotamiento porque la leche en polvo es un lujo inalcanzable.
Las organizaciones internacionales que defienden los derechos de la infancia parecen tener puntos ciegos geográficos. Cuando se trata de denunciar violaciones a los derechos de los niños en otras latitudes, las declaraciones llueven, los comunicados se multiplican, las campañas viralizan. Pero cuando se trata de Cuba, el silencio es ensordecedor. ¿Acaso los niños cubanos merecen menos protección? ¿Su derecho a la salud, a la alimentación, a la vida, es negociable según la conveniencia política?
El hambre en Cuba no es producto de sequías, desastres naturales o falta de tierras cultivables. Es el resultado de una asfixia económica que dificulta cada transacción comercial, cada importación de alimentos, cada intento de diversificar proveedores. Las sanciones no solo impiden que Cuba compre directamente a Estados Unidos, sino que persiguen a terceros países y empresas que se atrevan a comerciar con la isla.
Barcos con cargamentos de alimentos deben navegar rutas más largas y costosas para evitar puertos estadounidenses. Empresas exportadoras de granos o productos básicos cancelan contratos por presión diplomática. Los costos de transporte se multiplican. Las posibilidades de financiamiento se evaporan. Y al final de esa cadena de obstáculos está la mesa de una familia cubana, cada vez más vacía.
Llamar a esto "presión económica" es un eufemismo obsceno. Es hambre como política de Estado. Es utilizar la necesidad básica de alimentación como instrumento de coerción. Es convertir el estómago vacío de un niño en una ficha de negociación geopolítica.
Si las sanciones económicas contra Cuba llevan décadas, su recrudecimiento en años recientes ha sido brutal y poco documentado. Más de doscientas medidas adicionales fueron implementadas en los últimos años, apretando cada torniquete disponible: desde la inclusión en listas de países patrocinadores del terrorismo hasta la persecución de remesas familiares, pasando por la limitación de combustibles y el acoso a cualquier empresa naviera que ose atracar en puertos cubanos.
Cada nueva medida se anuncia con lenguaje técnico, con justificaciones legales, con retórica de "defensa de la democracia". Pero sus efectos son dolorosamente concretos: apagones prolongados que dejan hospitales sin electricidad, escuelas sin refrigeración para los alimentos, hogares sin posibilidad de conservar medicamentos que requieren cadena de frío.
Y mientras tanto, la comunidad internacional observa. Gobiernos que en otros contextos lideran campañas por los derechos humanos aquí guardan un silencio conveniente. Organizaciones que denuncian abusos en distintos rincones del planeta encuentran razones para no pronunciarse cuando se trata de Cuba. Medios de comunicación que investigan crisis humanitarias con rigor periodístico repiten, sin cuestionar, narrativas precocinadas sobre la isla.
Quizás lo más doloroso de esta situación no sea solo el sufrimiento tangible, sino la normalización del mismo. El mundo se ha acostumbrado a que Cuba sufra. Se ha vuelto parte del paisaje geopolítico, un dato más en los informes internacionales, una nota al pie en las discusiones sobre sanciones económicas.
Pero detrás de cada estadística hay rostros. Hay abuelas que estiran el arroz para alimentar a sus nietos. Hay médicos improvisando con ingenio heroico ante la falta de insumos. Hay maestros enseñan en aulas sin ventiladores bajo un calor sofocante. Hay familias enteras que llevan años resistiendo, no porque eligieron la épica, sino porque no tienen otra opción.
La complicidad no es solo de quienes diseñan y ejecutan estas políticas. Es también de quienes, pudiendo alzar la voz, eligen el silencio. De los gobiernos que votan condenas simbólicas en foros internacionales pero no ejercen presión real para cambiar las cosas. De los medios que prefieren la comodidad de las narrativas simplificadas. De las organizaciones internacionales que aplican dobles raseros según las geografías del sufrimiento.
Y sin embargo, Cuba sigue en pie. No por romanticismo revolucionario ni por ceguera ideológica, sino por la terquedad de un pueblo que se niega a ser borrado del mapa. Cada día que una familia cubana logra poner comida en la mesa es un acto de resistencia. Cada vez que un médico salva una vida con recursos mínimos es una victoria contra la asfixia. Cada niño que sonríe a pesar de las dificultades es un recordatorio de que la humanidad puede más que la crueldad burocrática.
La esperanza no está en esperar que quienes diseñaron este sistema de castigo colectivo desarrollen súbitamente una conciencia. Está en que el resto del mundo despierte. En que madres y padres de otras latitudes reconozcan el dolor de las madres y padres cubanos. En que médicos sin fronteras reales exijan acceso sin obstáculos a medicamentos para todos los pueblos. En que periodistas con dignidad investiguen más allá de los cables oficiales. En que gobiernos que aún creen en la justicia se atrevan a romper el silencio cómplice.
No se trata de pedir caridad. Cuba no necesita lástima ni condescendencia. Necesita justicia. Necesita que se levanten las sanciones que han convertido la supervivencia diaria en una hazaña. Necesita que el derecho internacional se aplique con el mismo rigor que se exige para otros pueblos. Necesita que la comunidad internacional deje de mirar hacia otro lado cuando el sufrimiento tiene acento caribeño.
Porque lo que está en juego no es solo el destino de una isla. Es la credibilidad de un orden internacional que dice defender los derechos humanos pero que permite, por omisión o complicidad, que millones de personas sean castigadas por decisiones políticas que no tomaron. Es la coherencia moral de sociedades que se horrorizan ante el sufrimiento ajeno pero que normalizan el de otros cuando resulta políticamente inconveniente denunciarlo.
La historia juzgará este momento. Juzgará a quienes diseñaron estas políticas de castigo colectivo. Pero también juzgará a quienes pudiendo alzar la voz, eligieron el silencio. A quienes pudiendo tender puentes, construyeron muros más altos. A quienes pudiendo reconocer el dolor ajeno, prefirieron la comodidad de la indiferencia.
Cuba espera. No con resignación, sino con la certeza de que tarde o temprano, la verdad encuentra grietas incluso en los muros más sólidos. Y cuando eso suceda, cuando el mundo finalmente voltee a mirar con honestidad lo que ha permitido que ocurra a noventa millas de la mayor potencia del planeta, la pregunta resonará con fuerza incómoda: ¿de qué lado de la historia quisimos estar?
NO HAY NADA MÁS EXCLUYENTE QUE SER POBRE