Para digerir este editorial, he considerado necesario precisar que en el documento que describe la nueva Doctrina de Seguridad Nacional de los EE. UU. (2025) se establece, y cito: "Estados Unidos debe tener una posición preeminente en el hemisferio occidental /entiéndase América Latina/ como condición para nuestra seguridad y prosperidad. Una condición que nos permita afirmarnos con confianza donde y cuando sea necesario en la región” (p. 21).
En ese mismo párrafo, el documento considera de manera clara e inequívoca que “Los términos de nuestras alianzas y los términos bajo los cuales brindamos cualquier tipo de ayuda, deben estar condicionados a la reducción de la influencia externa adversaria, desde el control de instalaciones militares, puertos e infraestructuras para la compra de activos estratégicos en términos generales”. Léase activos estratégicos como el petróleo, oro, diamante, hierro, uranio y tierras raras, entre otros.
En consecuencia, no es extraño que las redes sociales, agencias de noticias, páginas web, chats, pódcast, audios y videos, bots (videos y audios), entiéndase como una aplicación “programada automáticamente para publicitar información maliciosa o de marketing de manera repetitiva y predefinida”, estén utilizando esos mecanismos para tergiversar, exaltar y demonizar lo sucedido en la madrugada del 3 de enero de 2026.
Muchas especulaciones, versiones, noticias falsas y posverdades, llámese crónicas, análisis, opinión (doxa) y episteme, relacionadas con la agresión imperialista del pasado 3 de enero, han inundado los espacios comunicacionales.
Esta agresión, más que un capricho, una locura de Trump, es el resultado del inicio de la implementación de la nueva Doctrina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, con el objeto de recuperar lo que ellos, en la doctrina Monroe, denominaron *"América para los americanos”; en consecuencia, recolonizar la América Latina como su "patio trasero".
En todas ellas está implícito el carácter subjetivo del pensamiento y conocimiento del ser humano. Desde esa perspectiva, la narrativa de esta opinión no escapa de ese factor, lo que implica que la neutralidad absoluta no existe.
Ahora bien, si relacionamos las decisiones políticas, económicas y sociales tomadas y ejecutadas en 36 días que lleva el gobierno que representa como presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez, con los 12 años de gestión de Nicolás Maduro (2013-2025), surgen muchas dudas y, en consecuencia, valgan las siguientes preguntas:
¿Por qué las decisiones mencionadas no se tomaron progresivamente en la década 2015-2025? ¿Acaso estaba programado sacrificar al presidente Maduro para tomar y ejecutar tales decisiones? ¿Con el secuestro del presidente, estaba programado por las autoridades del PSUV un frenazo estratégico del proceso bolivariano? ¿Acaso el presidente Maduro era un obstáculo para cambiar el rumbo reflejado en las decisiones que se han tomado?
Aquí las dudas surgen no como el cliché "Dudar es traición”, que se diseñó para manipular el pensamiento popular de los adherentes del gobierno, sino que es utilizada como una herramienta, un camino, para lograr la certeza de la información y del conocimiento.
Para comprender mejor en qué contexto se construyen tales preguntas, es necesario aclarar que las invoco a partir de la Orden Ejecutiva 13692 del gobierno de Obama del 8 de marzo de 2015, la cual declaró a Venezuela "como una amenaza inusual y extraordinaria” a la política exterior de los EE. UU., y concluye con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Aunque todavía no se ha desclasificado totalmente la información sobre los hechos que caracterizaron la agresión imperialista en la madrugada del 3 de enero, es posible descifrar sus consecuencias inmediatas y construir los posibles escenarios que viviremos en los meses y años venideros.
En esta narrativa intentaré, en el plano temporal, describir y analizar desde mi óptica ¿Qué ha pasado y dónde estamos? Lo cierto es que, en lo que va del gobierno de Delcy Rodríguez, se han tomado decisiones políticas y económicas que se enmarcan dentro de la hoja de ruta y el plan que han puesto en práctica los Estados Unidos para controlar y supervisar la política nacional a partir del siguiente día del ataque y secuestro del presidente Maduro. Las mismas distan mucho de ser autónomas y soberanas.
Hoja de ruta ratificada recientemente por la nueva embajadora de la Casa Blanca en reunión celebrada el 2 de febrero con la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, donde esbozó y recordó la estrategia del imperio simplificada en tres momentos y citó:
“1) Estabilización del país y la recuperación de la seguridad de Venezuela; 2) la recuperación de la economía para el beneficio de todos los venezolanos; 3) la transición hacia una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática”. Finalmente, afirmó: “Vamos a asegurar que nuestro progreso sea sostenible y fundamental, que brinde beneficios tangibles, tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano”.
Plan que fue ratificado y recordado por Laura Dogu, 5 días después de su encuentro con la presidenta encargada, el día sábado 7 de febrero, por si acaso algunos desde el alto gobierno y del PSUV no han escuchado y digerido.
Lo cierto es que después de la agresión se desencadenaron una serie de imposiciones desde la Casa Blanca y decisiones desde el gobierno venezolano que considero necesario evocar por su sincronía.
Hechos políticos, económicos, financieros y jurídicos, que se encuentran en pleno desarrollo como resultado de la presión, el chantaje y el tutelaje lógico cuando el agresor impone las reglas al no encontrar resistencia militar y el agredido trata de subsistir.
Entre las más resonantes tenemos:
a) Envío inesperado de millones de barriles de petróleo al puerto Port Fee Port y a refinerías como Valero Energía Corp, Phillips 66 y Marathon Petroleum Corp, ubicadas en Texas y Luisiana;
b) Visita del director de la CIA a Miraflores y encuentro con la presidenta encargada;
c) Apertura de la embajada de los Estados Unidos en el país;
d) Reforma de la Ley de Hidrocarburos;
e) Libertad de un número desconocido de detenidos en los últimos cinco años.
f) La discusión del proyecto de la Ley de Amnistía.
g) Envió por primera vez de un buque con gas licuado a los EE. UU.
g) La aceptación de la supervisión de los dólares depositados en una cuenta en Qatar que Estados Unidos aperturó para depositar los pagos por concepto del petróleo que Venezuela ha exportado hacia ese país. Ingresos que son liberados y solo se entregan al gobierno nacional, solo si se invierten en lo que digan Trump y Marco Rubio.
De los datos narrados se infiere que:
Uno, el plan, la supervisión y presión que mantienen los Estados Unidos sobre el gobierno venezolano no se puede ocultar. Ese hecho nos ha convertido en un gobierno colaboracionista.
Dos, el precio que pagó Venezuela con el asesinato de más de 100 personas entre militares nacionales y cubanos y civiles no merece que Venezuela se haya convertido, hasta ahora, en un gobierno tutelado.
Tres, la hoja de ruta establecida por el gobierno de Trump, como representante actual del imperialismo yanqui, se viene cumpliendo progresivamente por el gobierno venezolano.
Cuatro, la transparencia informativa sobre el nuevo viraje en la toma de decisiones del gobierno nacional está en entredicho.
Cinco, el silencio de la mayoría de los venezolanos, fundamentalmente de sus electores, implica disenso y la pérdida del consenso definitivo en el proceso iniciado por Chávez desde los primeros días del siglo 21.
En conclusión, Venezuela, después de la agresión norteamericana del 3 de enero, se ha convertido en el principal experimento en la práctica a partir de la Nueva Estrategia de Seguridad Nacional de los EE.UU., publicada por el Pentágono el 25 de noviembre de 2025, que establece como principio un estratégico “Estados Unidos primero.”