Cuba: soberanía popular, democracia y responsabilidad histórica

Desde Socialistas en Lucha (SeL) rechazamos la intensificación de las políticas coercitivas del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Las disposiciones recientes orientadas a penalizar a terceros países que comercien petróleo o derivados con la isla constituyen medidas unilaterales de presión económica, de carácter extraterritorial, que afectan de forma directa las condiciones materiales de vida de la población. Estas políticas no son instrumentos de democratización: son mecanismos de castigo colectivo que trasladan disputas geopolíticas al terreno social. La aplicación de estas medidas coincide con un momento de extrema vulnerabilidad. La interrupción del suministro energético proveniente de Venezuela —cercano a los 30 mil barriles diarios, entre el 30 y el 40 % de las necesidades nacionales— dejó a Cuba sin uno de sus principales soportes operativos. En enero, el país recibió apenas 84 900 barriles en una única entrega desde México, muy por debajo del promedio diario de 37 mil barriles registrado durante 2025. El resultado es una crisis energética profunda, con apagones prolongados, deterioro productivo y afectaciones severas a los servicios básicos. En este contexto, es necesario reconocer un hecho social ineludible: el agotamiento material y político ha llevado a sectores crecientes de la población a percibir la presión externa —e incluso la intervención— como una posible salida. Esta percepción no surge de una adhesión al poder extranjero, sino de la ausencia de horizontes internos creíbles, de la clausura del debate político y de la falta de mecanismos efectivos para incidir en el rumbo del país. Comprender esta deriva es una condición indispensable para deslegitimarla. Desde una perspectiva de izquierda democrática, afirmamos con claridad que ninguna transformación emancipadora puede provenir de la coerción externa. Las potencias no actúan en nombre de los derechos de los pueblos, sino de sus propios intereses estratégicos. La historia latinoamericana demuestra que la presión económica y la tutela política generan dependencia, fragmentación social y nuevas formas de subordinación, no democracia ni justicia social. Pero del mismo modo, sería políticamente estéril atribuir la crisis cubana exclusivamente a factores externos. La responsabilidad del actual bloque gobernante es central. Durante décadas se consolidó un modelo de poder altamente centralizado, con escasa rendición de cuentas, hostil al pluralismo político y cada vez más desconectado de las dinámicas sociales reales. La reducción del socialismo a la administración burocrática y control político vació de contenido el proyecto emancipador que alguna vez movilizó a amplios sectores de la sociedad. La soberanía no puede sostenerse solo como rechazo a la injerencia extranjera. La soberanía es inseparable de la democracia política, de los derechos civiles y de la participación popular efectiva. Cuando la ciudadanía no dispone de canales reales para deliberar, organizarse y disputar decisiones estratégicas, la soberanía se convierte en una fórmula retórica administrada desde arriba. Las políticas de sanciones, restricciones financieras y aislamiento comercial impuestas por Estados Unidos son reales y profundamente dañinas. Pero su impacto se ve amplificado por un bloqueo interno hecho de rigideces económicas, falta de transparencia, penalización del disenso y una cultura política que confunde estabilidad con parálisis. Este entramado explica por qué amplios sectores sociales no perciben salidas endógenas y terminan depositando expectativas —contradictorias y desesperadas— en factores externos. Hoy Cuba enfrenta una crisis multidimensional: una población envejecida que supera el 20 %, pensiones que no cubren el costo básico de la vida, un sistema de salud deteriorado, una educación en retroceso, servicios públicos intermitentes, infraestructura colapsada y un proceso de dolarización informal que profundiza desigualdades. A ello se suma la persistencia de la represión política, con más de 1 185 personas privadas de libertad por ejercer derechos fundamentales, lo que erosiona aún más la confianza social. Desde Socialistas en Lucha (SeL) sostenemos que la mejor manera de cerrar el paso a la intervención extranjera no es el inmovilismo, sino la democratización profunda. Solo una apertura real de derechos políticos, el reconocimiento del pluralismo social, la legalización de la organización independiente y la restitución de la soberanía popular pueden reconstruir un horizonte compartido y restituir legitimidad al proyecto socialista. Cuba no enfrenta una disyuntiva entre coerción externa o continuidad autoritaria. La verdadera alternativa es entre dependencia y democracia, entre administración burocrática y protagonismo popular. Nuestra posición es inequívoca: rechazo a toda forma de dominación externa y oposición al orden interno que ha clausurado la participación social. Defendemos un socialismo democrático, basado en derechos, deliberación pública y control popular del poder. Ni coerción imperial ni clausura burocrática. Por soberanía popular, democracia política y socialismo desde abajo. Socialistas en Lucha.