Hablar hoy de las decisiones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez exige abandonar la comodidad del análisis superficial y entrar, con seriedad política, jurídica y geoestratégica, en el contexto excepcional que vive Venezuela desde el 3 de enero, fecha que marca un antes y un después en la historia contemporánea del país. Ese día no ocurrió un "incidente", ocurrió una invasión militar extranjera encabezada por Estados Unidos, con bombardeos sobre Caracas, La Guaira y el estado Aragua, que dejaron más de 100 venezolanos muertos, viviendas destruidas, heridos civiles y militares, y el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores. Cualquier análisis honesto debe partir de allí.
Desde el punto de vista constitucional, la asunción de Delcy Rodríguez no solo fue legítima, sino obligatoria. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es clara cuando establece que, ante una falta temporal del Presidente de la República, corresponde a la Vicepresidenta Ejecutiva asumir la conducción del Estado. No hubo improvisación ni ruptura del hilo constitucional; por el contrario, en medio del caos que buscaba imponer el agresor externo, el Estado venezolano respondió con institucionalidad, desmontando de raíz la narrativa del "Estado fallido" que Washington y factores de la oposición han intentado imponer durante años.
Ahora bien, el dato político más revelador de esta coyuntura no está solo en los textos legales, sino en el comportamiento del pueblo venezolano. Como hecho histórico sin precedentes mundial, nadie salió a celebrar el secuestro del Presidente, nadie festejó las bombas ni la muerte en Venezuela. Al contrario, el país reaccionó con rechazo masivo a la agresión imperial. Las calles se llenaron de indignación patriótica, no de júbilo opositor. Allí se derrumbó la gran mentira de la oposición venezolana: aquella que afirmaba representar al 90% de la población y contar con el respaldo de la Fuerza Armada. Si ese apoyo hubiera existido, el 3 de enero era el día perfecto para tomar Miraflores. No ocurrió. La narrativa colapsó frente a la realidad.
Este fracaso interno obligó a Donald Trump a un giro abrupto y pragmático en su política hacia Venezuela. Al constatar que la oposición no tenía capacidad real de gobernar ni de controlar el territorio, Trump reconoció públicamente algo que en Washington ya sabían pero no decían: María Corina Machado no tiene respaldo popular ni legitimidad nacional ni mucho menos respeto. En consecuencia, Estados Unidos reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, no por afinidad ideológica, sino porque entendió que la Revolución Bolivariana seguía en el poder, incluso sin su líder secuestrado. Fue un reconocimiento forzado por los hechos, no una concesión política.
Es en este punto donde comienza la fase más compleja y, paradójicamente, más incomprendida de la actual coyuntura: la apertura de un nuevo esquema de relaciones con Washington. Desde una mirada bolivariana y patriota, es un error infantil confundir diálogo con rendición. Delcy Rodríguez no inicia contactos para "agradar" a Estados Unidos, sino para evitar una escalada militar regional, proteger al pueblo venezolano y, sobre todo, crear las condiciones políticas y diplomáticas para el rescate de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Gobernar no es gritar consignas; gobernar es administrar correlaciones de fuerza en un tablero internacional hostil.
Como era previsible, esta estrategia genera reacciones de dos sectores distintos pero curiosamente coincidentes en su superficialidad. Por un lado, la oposición fascista, frustrada por no haber logrado el derrocamiento soñado, anuncia que "ahora sí Venezuela será libre" y que este es "el comienzo del fin". Resulta casi cómico: si no pudieron tomar el poder el día de la invasión, con bombas y secuestros incluidos, ¿en qué universo creen que lo lograrán ahora? Ese tren pasó y lo perdieron.
Por otro lado, pudieran aparecer sectores que se autodenominen de izquierda, pero que reaccionan desde el dogma y no desde la política real. Pudieran acusar a Delcy Rodríguez de "traicionar a Chávez", de "arrodillarse ante Estados Unidos" o de "vender a Maduro". Estos argumentos, además de carecer de pruebas, revelan una profunda incomprensión de la geopolítica contemporánea. Confunden firmeza ideológica con inmovilidad estratégica y terminarían repitiendo, con otro lenguaje, los mismos ataques que históricamente lanzaron los enemigos de Chávez y de Maduro. Se dicen defensores del legado bolivariano, pero ignoran que Chávez siempre entendió la política internacional como un campo de batalla complejo, no como un altar para la pureza retórica.
La realidad, por incómoda que sea para algunos, es contundente: la Revolución Bolivariana sigue gobernando, no la oposición; Estados Unidos sigue siendo un adversario estratégico, no un aliado; y Washington no ha logrado su objetivo histórico de derrocar al chavismo, ni siquiera mediante una invasión y el secuestro del Presidente. Pensar que ahora "le gusta" la Revolución es de una ingenuidad peligrosa. Lo que existe es un empate estratégico que obliga a ambas partes a moverse con cautela.
En este escenario, las decisiones de Delcy Rodríguez deben leerse como lo que son: decisiones de conducción estatal bajo agresión externa, orientadas a preservar la soberanía, proteger al pueblo y recuperar a su Presidente. No hay épica en la sumisión, pero tampoco la hay en el suicidio político. La épica verdadera está en mantener al Estado en pie mientras caen las bombas, y eso, guste o no a los puristas y a los derrotados, es lo que hoy está ocurriendo en Venezuela.