Bolívar vio con lucidez que "la vida de un Estado se sustenta en su economía, por ser una de las bases capitales de la vida colectiva". Aportando una perspectiva jurídica orgánica hacia el ámbito minero -eran los recursos descubiertos para su época-, propuso medidas de protección y de soberanía para resguardar la riqueza existente en el subsuelo de Perú y de la Gran Colombia, con el firme propósito de edificar una institucionalidad republicana que custodiase las minas, para ello, dictó seis decretos el último de ellos en 1829. De aquellos lodos, llegamos a estos barros: la misma doctrina se aplicó a los hidrocarburos -con sus vaivenes-, doctrina del dominio sobre recursos de suelo y subsuelo que recogió la Constitución de 1.999 y ratificó entre otros instrumentos legales, la Ley Orgánica de Hidrocarburos del 2001.
Hagamos un ejercicio y recordemos la historia petrolera del país. Desde Gómez, Venezuela estuvo atada al crudo y a las grandes potencias. Concesiones opacas, tratos confidenciales -ley antibloqueo dixit- y negociaciones cuyo tema era, que el petróleo, nuestro petróleo, era un botín internacional.
Una relación asimétrica dónde las compañías extranjeras se disputaban el dominio sobre los recursos del suelo y el propio subsuelo venezolano mientras el Estado, manejado con mano férrea por Gómez, se frotaba las manos para su propio beneficio político y económico y el de su familia.
Con la honrosa excepción de Gumersindo Torres, ministro de Fomento de Gómez entre (1917- 1922 y 1929-1931) quién sentó las bases del nacionalismo petrolero en Venezuela, cuya producción intelectual y administrativa, sentó las bases para la soberanía estatal en materia petrolera y la fiscalización de las empresas extranjeras.
Con el "Reglamento sobre el Carbón, Petróleo y Sustancias Similares" de 1918, separó la legislación de minas de la de hidrocarburos, estableciendo que el petróleo es un bien del Estado y no del dueño del suelo.
Con la Ley de Hidrocarburos de 1920, introdujo conceptos revolucionarios para la época, como la reversión de las concesiones al Estado tras 30 años, el aumento de regalías y la reducción de las extensiones territoriales de las concesiones. El conflicto generado por esta Ley fue el primer gran choque frontal entre el Estado venezolano y las corporaciones petroleras internacionales (principalmente anglo-holandesas y estadounidenses).
¿Qué causó o cuales fueron los detonantes del conflicto?
Las empresas consideraron que la ley de Gumersindo Torres atacaba la rentabilidad de sus negocios mediante cuatro mecanismos claves: 1.- Aumento de la Regalía (Royalty), pues la ley imponía una renta del suelo que oscilaba entre el 10% y el 15% del producto explotado, un salto significativo frente a los beneficios casi nulos de años anteriores; 2.-
reducción de la duración de las concesiones, se limitaba la extensión de las parcelas de exploración y explotación, obligando a las empresas a devolver áreas no trabajadas; 3.- la famosa "Cláusula de Reversión" que estableció que al finalizar el periodo de concesión (fijado en 30 años), todas las instalaciones y equipos pasarían a ser propiedad del Estado sin indemnización alguna y por último, y como punto 4.- la eliminación de exoneraciones, pues Torres denunció y limitó la libre importación de equipos, argumentando que Venezuela perdía más dinero por impuestos de aduana no cobrados, que por la propia venta del crudo.
Las compañías extranjeras, incapaces de aceptar estas regulaciones, ejercieron una presión diplomática y económica agresiva sobre el dictador Juan Vicente Gómez: las empresas paralizaron nuevas solicitudes de concesiones para presionar al gobierno y ante la "amenaza de fuga de capitales" (problema-reacción-solución) Gómez cedió y permitió que representantes legales de las petroleras (incluyendo abogados de las compañías) redactaran una nueva Ley de Hidrocarburos en 1921. Esta nueva versión eliminó los controles de Torres y suavizó las cargas fiscales.
Gumersindo Torres fue removido de su cargo el 24 de junio de 1922. Su salida fue vista como una victoria directa de las multinacionales sobre el incipiente nacionalismo venezolano. Pero quedó claro, con sus decisiones que el Estado podía y debía supervisar técnicamente a las empresas, una idea que finalmente triunfó décadas después con la Ley de 1943 y la posterior nacionalización.
Antes de 1914, la producción petrolera venezolana era prácticamente inexistente. Entre 1914 y 1921, el volumen extraído fue bastante moderado y empírico. Cuando explota el pozo Barroso Nº 2 en diciembre de 1922, la industria entró en una fase de crecimiento acelerado. La producción nacional pasó de menos de 2 millones de barriles anuales en 1921 a más de 100 millones de barriles al año hacia 1929, cuando Venezuela se convirtió en el segundo productor mundial de petróleo, solo superado por Estados Unidos.
Para 1929, Venezuela producía alrededor de 137 millones de barriles anuales, lo que equivalía al 8% de la producción mundial -más o menos-, con una explotación diaria de 370.000 barriles aproximadamente. Entre 1914 y 1935, los cálculos indican que del subsuelo venezolano se extrajeron más de 1.200 millones de barriles de petróleo, casi en su totalidad destinados a la exportación.
En 1920 existían 181 concesiones y para 1921, derogada ya la ley proteccionista de Torres, se pasó a 2.374. Entre 1922 y 1935, Gómez otorgó en promedio 323 concesiones anuales. Nada era suficiente para la voracidad de las compañías petroleras extranjeras. Protestaron, pues querían más tierras, menos impuestos y mayor control por parte de ellos.
Curiosamente, -como quieren vendernos hoy- este crecimiento exponencial no se tradujo proporcionalmente en ingresos para el Estado. En términos fiscales, la renta petrolera fue inicialmente limitada. En 1908, al inicio del régimen, los ingresos totales del Estado rondaban los 50 millones de bolívares anuales. Para 1929–1930, esa cifra había ascendido a aproximadamente 225 millones de bolívares, de los cuales alrededor del 20% provenía directa o indirectamente del petróleo.
Las regalías y los impuestos establecidos -entre 7,5 % y 10 % del valor del crudo, más impuestos de superficie- si bien aseguraron ingresos crecientes, fueron muy pero muy inferiores al valor real del petróleo extraído. Ya lo advertía Gumersindo Torres y luego Edward Gerald Duffy, las compañías inflaban costos, sub declaraban utilidades y trasladaban beneficios al exterior. El Estado venezolano capturaba apenas una fracción de la renta generada por uno de los mayores auges petroleros del mundo. Y ése en precisamente el punto al que queremos llegar con estas reflexiones.
La reforma de la LOH aprobada ayer de forma "express" en primera discusión, cambia por completo el panorama para las empresas petroleras que deseen operar en Venezuela, que estaban ceñidas a una legislación que limitaba su alcance y ejecución y que ahora tendrán una gran apertura, beneficios, aumento de las ganancias exportables y menos limitaciones -acumulación por desposesión violenta de recursos, gracias a las "rebajas" a la base de cálculo de las regalías y otros "beneficios" en detrimento del país y de nuestros ingresos.
¿Cuáles fueron los principales cambios de la Ley de Hidrocarburos aprobada?
En cuanto a la gestión operativa, se pasó de una gestión reservada mayoritariamente al Estado, a la posibilidad de que sea ejercida totalmente por socios privados. Justificación: PDVSA está destruida -por los mismos que hoy la entregan- y no tiene como afrontar las inversiones. Mismo esquema de antes; un problema: desinversión y destrucción PDVSA, una reacción: ante la catástrofe petrolera, es necesario privatizar la operación en terceros extranjeros y Solución: blindarlo con la reforma de la ley -sin oposición alguna-; pues la gente harta, acepta tales argumentos falaces.
Un poco lo que sucedió con la Ley Patriota en EEUU que había sido negada por el Congreso y luego del atentado a las Torres Gemelas, mágicamente fue aprobada express por el Congreso, despojando a la ciudadanía de sus derechos civiles tan custodiados por la Constitución de EEUU y por siglos de historia constitucional.
Volvamos a la reforma. En cuanto el tema de la comercialización, se pasa de un monopolio estatal en manos de PDVSA, a la autorización excepcional -discrecional como en tiempos de Gómez, ahora en manos de un CEO para el saqueo- para que actores privados puedan comercializar directamente.
Con respecto a las regalías; se pasó de una regalía fija de 30% para el Estado, a un esquema flexible que puede reducirse hasta 15% en función de la viabilidad de los proyectos. ¿Y quién determina esta viabilidad? Nos imaginamos que discrecionalmente estará en manos del CEO para el saqueo de turno.
Un hecho curioso, es la renuncia al principio de orden constitucional respecto a la inmunidad de jurisdicción en caso de litigios, pues pasamos de la resolución exclusiva y excluyente en tribunales nacionales, a la posibilidad de arbitraje independiente y mecanismos de mediación.
Otra perla, es el manejo de las divisas producto de la comercialización de "nuestros" -lo de nuestros es cinismo- que pasa de un sistema centralizado y controlado por el Estado, a la posibilidad de manejar cuentas en cualquier moneda y jurisdicción.
La nueva estructura operativa -al menos públicamente- según el artículo 23 de la reforma de Ley, es la legalización de la figura de empresas operadoras por contrato, las cuales son compañías privadas domiciliadas en el país y que trabajan en el marco de contratos suscritos con empresas de exclusiva propiedad de la República o sus filiales (ya estaba funcionando de hecho gracias al paraguas de la Ley Antibloqueo). Esta estructura, no es otra cosa que la vuelta de los Convenios Operativos derogados en 2006, que puso fin a un esquema donde el Estado asumía los riesgos mientras las trasnacionales se llevaban la ganancia bruta.
Hasta el momento, la LOH del 2001, permitía que la parte operativa de la industria petrolera estuviera manejada por dos actores, la empresa pública (por ejemplo: PDVSA) y las empresas mixtas, en las cuales las empresas del Estado tenían una participación mayor al 50%.
Esta nueva redacción abre la posibilidad de que PDVSA pueda transferir, mediante contrato, sus operaciones por completo a una o varias empresas privadas y dicho operador asume la gestión integral de las actividades a su exclusivo costo, cuenta y riesgo. Atractivo, ¿no? Claro, frente a la desfinanciación por saqueo de PDVSA, todo es válido.
Otro aspecto a tomar en cuenta es lo referido al régimen fiscal (mínimos). Mientras en las empresas mixtas, la regalía y el impuesto de extracción pueden reducirse hasta 15%, en las empresas operadoras por contrato estas reducciones pueden alcanzar hasta 20%.
Increíblemente, esta reforma transfiere el control estratégico de nuestro recurso más valioso a intereses foráneos, reduciendo la participación de la nación y priorizando el lucro de las trasnacionales por encima del bienestar del ciudadano común, con la excusa que esta es la forma ideal para captar inversiones, lo que no se dice es, que esta captación pasa por sacrificar el actual modelo fiscal rebajando las regalías hasta un 15%. ¿Ganancia para quiénes?
En cuanto a las garantías económicas, mientras las empresas mixtas debían asegurar el equilibrio económico-financiero hasta alcanzar el retorno de la inversión, las empresas operadoras por contrato pueden incorporar cláusulas contractuales de restablecimiento de ese equilibrio.
Otro aspecto a considerar es el respectivo a la duración y prórrogas de las concesiones, pues en el caso de las empresas mixtas éstas tenían una duración máxima de 25 años, prorrogables por hasta 15 años adicionales, mientras que en las empresas operadoras por contrato la duración queda definida en el contrato -discrecionalidad otra vez-, manteniéndose la propiedad de los yacimientos en manos de la República.
Respecto a la reversión de activos, en el caso de las empresas mixtas, los bienes debían revertirse a la República al extinguirse los derechos, sin indemnización, mientras que en las empresas operadoras por contrato los activos nuevos incorporados deben transferirse a la República al finalizar el contrato, sin costo alguno. El tema ahí es el límite de duración previsto en el contrato.
Esta reforma se presenta como una "apertura necesaria" escondiendo no sólo la regresión brutal en los ingresos que percibirá la República, y el desmantelamiento del régimen petrolero alcanzado con la ley del 2.001, así como el retorno a un modelo gomecista, que creíamos superado.
Un detalle no menos importante es que la reforma carece de la legítima e irrenunciable reafirmación del manejo soberano de nuestros hidrocarburos y de los beneficios que genere su comercialización. Su concepción es absolutamente extractivista y extremadamente monetarista, al servicio de los intereses corporativos trasnacionales y del capital privado, pero además obvia lo referente a la necesaria e imprescindible transferencia tecnológica, así como los posibles y necesarios aportes científicos, técnicos y operacionales por parte de quien conoce la operación -los trabajadores petroleros- para aumentar la producción y la seguridad operacional de nuestra industria en medio de las agresiones externas e internas.
¿Quién en su sano juicio puede creer que es nos beneficiará?
Lejos de ello, significará una caída sustancial de los ingresos de la nación, recursos que deberían ir a infraestructura, salud, educación y especialmente a salarios dignos. Además, como señala William Rodríguez, se encuentra en peligro la estabilidad laboral de cientos de trabajadores de la industria nacional, por el peligro de ser desplazados por esquemas de tercerización y precarización bajo mando extranjero.
En la reforma no existe una sola norma para fortalecer la fiscalización y auditoría de la producción ni el control sobre el comercio de los hidrocarburos. Es decir, volvemos al esquema de "confiar" en los privados extranjeros para "contabilizar" los barriles extraídos, lo que decidan declarar con los costos asociados y de lo que sobre, será lo que nos enteraran al fisco nacional ¿Cómo es qué sabiendo lo que denunciaba Gumersindo Torres en 1922, vamos a permitir que esta reforma infame, facilite aún más la falta de control, dejando nuestras exportaciones a merced de la piratería internacional y la falta de supervisión del Estado?
Los cambios propuestos son una mutación regresiva que desnaturaliza el concepto fundamental de la LOH de 2001 y la Constitución vigente y tritura la base de cálculo para los beneficios que la República debe recibir como dueña de los recursos de suelo y subsuelo, beneficios que gozan de la protección del orden público constitucional y son irrenunciables. Toda regresión en este sentido, es inconstitucional.
En este sentido, debemos preguntarnos ¿cuáles son los antecedentes para crear las condiciones previstas en este proyecto? ¿Qué fines se persigue con la reforma travestida de la LOH?
Por principio constitucional, la ley no puede ser contraria a la Constitución, es decir inconstitucional. Preguntémonos, entonces ¿qué modelo económico pretendemos desarrollar con la apertura prevista en esta Ley? ¿Son progresivas o regresivas las propuestas? ¿Vamos a ganar igual, más o menos con éste "modelo de negocios" dónde PDVSA entrega la operación a terceros privados? ¿Consagra la propuesta garantías DE PREFERENCIA a la inversión privada nacional y extranjera, como MERECEDORA DE VENTAJAS y FLEXIBILIZANDO condiciones, en la idea de procurar, atraer y asegurar inversiones en sectores sensibles o estratégicos? ¿y para qué servirá el petróleo extraído de nuestro suelo en estas condiciones? ¿Para la mayor suma de felicidad, seguridad social y el desarrollo integral de la Nación? ¿O para robustecer aún más, el apetito voraz de las élites patrimoniales nacionales y sus socios corporativos extranjeros?
Fue, la corrupción la que desmontó la LOH del 2001 y el manejo de los hidrocarburos con todo el poder tal y como lo hicieron, y este mal manejo conllevó al saqueo. No hay forma de defender la gestión de esos corruptos que manejaron los recursos obtenidos por la LOH 2001. Cinco ex-presidentes de Pdvsa que la administraron en 24 años están bajo la lupa pública. Yo en lo personal pido que se les acuse por llevarnos a esta catástrofe, con gestiones corruptas, garantizándoles sus derechos y un debido proceso.
¿Qué debería hacerse? Mantener el piso de regalías logrado cómo base de cálculo, negociar inversión y operación donde ninguno de los dos pierda. Además, deberían investigar, acusar, recuperar el dinero saqueado al país, ponerlos presos y repatriar los capitales robados de todos estos corruptos que se aprovecharon del manejo de los ingresos de los recursos que son de tod@s.
Sin mecanismos eficientes y eficaces de control gubernamental para evitar la corrupción de los privados nacionales y extranjeros, esta reforma sólo servirá para terminar de saquearnos, no por una cúpula corrupta que maneja el gobierno como si fuese una bodega particular, sino por las corporaciones extranjeras que nos aplicarán la categoría denunciada por autores como Harvey y Sassen llamada "acumulación violenta por desposesión y despojo"
Debemos tener claro que el contexto para aplicarnos esta reforma, fue primero crear condiciones: un PROBLEMA (gobierno del caos y destrucción de la economía nacional soberana, salario, moneda y PDVSA) generar una REACCIÓN (caos social económico demográfico, criminalidad, migraciones) y proponer una SOLUCIÓN (privatización del sector petrolero y desoberanización) mediante el control por un sector anti soberanista y entreguista a su jefe el capital gringo.
A eso, nos enfrentamos. ¡Frente a ello, y cómo alternativa entre esos dos polos nefastos para el país debemos levantar nuestra voz!
Prescindir de estas políticas proteccionistas del sector petrolero y la drástica reducción de los ingresos y la falta de supervisión, desbaratarían la viabilidad estratégica económica del país, vulnerando el interés y la soberanía nacional. Pues la base material propuesta en la Constitución es un Estado democrático, de derechos y de justicia social que está obligado a romper el ciclo de la pobreza, además de buscar reducir las diferencias entre clases sociales mediante una mejor distribución de lo producido, manejo racional de los recursos naturales e intervenir en la prestación de servicios a la colectividad, reservándose rubros estratégicos, manteniendo sus facultades de vigilancia, inspección, fiscalización y control. Por cierto, ¿dónde quedará el papel de la AN en la aprobación de estos "contratos petroleros"?
Venezuela siempre ha sido víctima de ese intercambio desigual para expoliarle sus ingentes recursos sin prácticamente nada a cambio. Hoy, alegan estos neoliberales "gobierneros", que el tránsito sufrido y la coacción los obligan a drásticos cambios políticos, económicos y sociales; un reseteo, con la excusa de la destrucción de PDVSA -causada por ellos mismos y su negligencia, impericia y avaricia- con el cuento además que la renta petrolera ha permitido soluciones fáciles a los conflictos distribucionistas, ahogando iniciativas privadas, una trama de manipulación elaborada escudándose en el credo de que "la renta decreciente que repercute sobre la estructura económica existente, que sólo puede ser compensada por productivismo nacional".
Crean con complicidad de los mismos captores, el escenario de país devastado para justificar cualquier cosa, esta vez, con la diferencia que, en vez de poner una autoridad externa, dejas a los mismos que acusaste de captores y narco terroristas, mientras desmontas lo poco que queda de institucionalidad o la usas para tu propio beneficio, que no es otro que expoliar nuestros recursos sin retribuciones justas para los dueños legítimos, que somos todos los venezolanos. Mientras, la "gerencia técnica" permanece ahí, para que administren las migajas y seguir con las operaciones de cercenamiento de los derechos humanos. Es la implementación de un nuevo modelo híbrido mutual estilo Bruselas, una zona de paz como aquellas que diseñara el gobierno, mientras dejaba a los malandros encargados de estas mismas zonas.
Y como Trump le interesa mostrar éxitos políticos y económicos acepta instalar este modelo de captura gris, refinando el modelo criminal de gobernanza global de "pacificación", neutralizando lo político y desoberanizando al país para establecer regiones económicas en función de intereses privados, a través de intervenciones, con la excusa de acabar con el narcoterrorismo, para beneficio corporativo. Ya no a través de la ONU multilateral como en otrora, sino corporaciones mediante "gestiones corporativas directas" es decir, ya la intervención no la hace el burócrata de la ONU, ahora son los tecnócratas neorreaccionarios.
Nuestro reclamo, es el reclamo histórico que hace una clase organizada sobre la finalidad que debe dársele a los excedentes producidos (formal o informalmente) y también a la renta, principio nuclear estructural de nuestra economía. Renunciar a este derecho y obligación es perder la soberanía económica. Defendemos, a un Estado soberano que jamás debe quedarse sin dinero porque tiene la capacidad de crear todo el que sea necesario, apoyado no sólo en recursos petroleros y mineros (Commodities), también en un sistema de contabilidad transparente que respalde tales transacciones, lamentablemente inexistente hoy día.
La soberanía no es solo una consecuencia de nuestra lucha actual. Es el axioma fundamental de toda estrategia inteligente de defensa. Sin ella no hay nada. No debemos cederla para obtener avances futuros imaginarios contra el enemigo neoimperial. Debemos a partir de ella, avanzar con rumbo cierto de victoria. Ceder frente a pretensiones neoliberales nuestra soberanía económica, monetaria, salarial y energética, por causa del bloqueo, la guerra económica y la coacción mediante bombardeos, aceptando órdenes de factores foráneos para paliar la merma de la calidad de vida y pulverización del salario e ingreso de la República, termina por acentuar y profundizar el deterioro.
Recordemos a los señores Diputados que en sus manos está la defensa de la última línea de dignidad u honor que nos queda, luego de la invasión y de la coacción para negociar con el gobierno "encargado" además no se olviden que según lo prevé el artículo 25 de la CRBV vigente" (...) todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores. (…)". Dentro de la Constitución todo, fuera de ella NADA