La historia de la política exterior estadounidense está marcada por una contradicción fundamental: la distancia entre los principios que justifican la intervención en otros países y las realidades que existen dentro de sus propias fronteras.
Durante décadas, Washington ha liderado campañas internacionales en nombre de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho. Ha impuesto sanciones, financiado movimientos de oposición y en ocasiones iniciado guerras bajo estas banderas. Pero cuando aplicamos estos mismos criterios al contexto doméstico estadounidense, surgen paralelos inquietantes.
Estados Unidos mantiene la población carcelaria más grande del planeta, superando incluso a países autoritarios en números absolutos y proporción per cápita. El sistema penal afecta de manera desproporcionada a comunidades afroamericanas y latinas, creando patrones de encarcelamiento que en otros contextos serían catalogados como persecución étnica sistemática.
Las protestas sociales han sido respondidas repetidamente con equipamiento militar, gases lacrimógenos y detenciones masivas. La vigilancia gubernamental de activistas políticos es extensiva. La criminalización de ciertas formas de protesta se ha normalizado. Estos fenómenos, cuando ocurren en Moscú, Hong Kong o Teherán, son denunciados como represión autoritaria. Cuando suceden en Ferguson, Portland o Nueva York, se presentan como "mantenimiento del orden".
La concentración de riqueza en Estados Unidos ha alcanzado niveles no vistos desde la Época Dorada. El sistema de justicia opera de manera radicalmente diferente para quienes pueden pagar abogados privados versus quienes dependen de defensores públicos sobrecargados. El acceso a la salud, educación de calidad y vivienda digna está estratificado por clase social de formas que contradicen el discurso sobre igualdad de oportunidades.
El sistema político está profundamente influenciado por el dinero corporativo. Las contribuciones de campaña, los lobbistas y las puertas giratorias entre gobierno y sector privado crean un ecosistema donde los intereses económicos concentrados tienen acceso privilegiado al poder. En otros países, estos mecanismos serían denunciados como corrupción estructural.
Lo que permite esta disonancia cognitiva es el concepto del excepcionalismo estadounidense: la idea de que Estados Unidos opera bajo diferentes reglas por su papel histórico especial. Esta narrativa justifica rechazar la jurisdicción de tribunales internacionales mientras se exige que otros países se sometan a ellos. Permite aplicar sanciones por prácticas que el propio gobierno estadounidense realiza. Facilita denunciar interferencia electoral extranjera mientras se mantienen programas de influencia en procesos políticos ajenos.
Quienes defienden esta postura señalan diferencias importantes: el sistema estadounidense, por imperfecto que sea, ofrece libertades que no existen en autocracias genuinas. Hay elecciones competitivas, libertad de prensa, derechos de asociación. Los mecanismos democráticos permiten cambiar sin necesidad de intervención externa.
Además, argumentan, existe diferencia entre problemas sistémicos y represión totalitaria. Una protesta dispersada con gas lacrimógeno no equivale a una masacre estatal. Un sistema judicial desigual no es lo mismo que tribunales ficticios sin debido proceso.
Pero estos argumentos tienen fisuras profundas. Primero, establecen un umbral conveniente: "somos mejores que dictaduras abiertas" es una vara extraordinariamente baja para un país que se presenta como guardián de valores universales.
Segundo, los mecanismos de corrección democrática funcionan de manera desigual. El gerrymandering, la supresión de votantes, el dinero en política y un sistema electoral que puede entregar la presidencia al candidato con menos votos sugieren que estos mecanismos tienen limitaciones serias.
Tercero, la invocación de "contexto" es selectiva. Se minimizan problemas domésticos apelando a matices mientras se simplifican situaciones complejas en países considerados adversarios. El mismo análisis que reconoce complejidad en casa se abandona cuando sirve a intereses geopolíticos.
Un examen histórico revela patrones problemáticos. Las intervenciones por "democracia" tienden a ocurrir en regiones con recursos estratégicos o importancia geopolítica. Dictaduras aliadas reciben apoyo mientras autocracias adversarias enfrentan presión. Los derechos humanos se invocan selectivamente según convenga a objetivos más amplios de política exterior.
Guatemala, Irán, Chile, Nicaragua: casos donde Estados Unidos derrocó gobiernos democráticamente electos por amenazar intereses económicos estadounidenses. Arabia Saudita, Egipto, Pakistán: aliados autoritarios que reciben armas y apoyo político a pesar de violaciones documentadas de derechos humanos.
Este patrón sugiere que los principios universales funcionan más como retórica que como guía real de política exterior.
Esto lleva al cuestionamiento central: ¿puede un país que no aplica consistentemente ciertos principios reclamar autoridad moral para imponerlos a otros? ¿Es la coherencia entre discurso y práctica requisito para la legitimidad moral del intervencionismo?
Si los derechos humanos son verdaderamente universales, deben aplicarse universal e imparcialmente. Un enfoque selectivo basado en conveniencia estratégica socava la base moral de la intervención humanitaria.
Una política exterior genuinamente principista requeriría transformaciones domésticas significativas: reformar el sistema de justicia criminal, reducir la desigualdad económica, eliminar dinero de la política, someterse a escrutinio internacional con la misma apertura exigida a otros.
Requeriría reconocer que muchas intervenciones pasadas causaron más daño que bien, que la "promoción de democracia" frecuentemente sirvió de cobertura para objetivos económicos, que el cambio sostenible raramente llega por imposición externa.
La provocación inicial expone una verdad incómoda: juzgado por sus propios estándares declarados, Estados Unidos enfrentaría críticas severas. Esto no equivale a afirmar que todos los sistemas son iguales o igualmente problemáticos. Existen diferencias reales entre democracias imperfectas y dictaduras consolidadas.
Pero la autoridad moral para intervenir no puede derivar simplemente de autoproclamarse superior. Debe fundamentarse en coherencia demostrable entre principios y prácticas. La distancia entre retórica y realidad erosiona la legitimidad de cualquier proyecto intervencionista, sin importar cuán nobles sean los objetivos declarados.
La verdadera defensa de valores universales comienza con su aplicación consistente en casa. De lo contrario, el intervencionismo se revela como lo que frecuentemente ha sido: poder revestido de principios, interés nacional disfrazado de misión moral. Si no se producen cambios EEUU tendrá que invadir a EEUU y poner control en el descontrol.
NO HAY NADA MÁS EXCLUYENTE QUE SER POBRE.