Hay una idea que incomoda a los imperios y, por eso mismo, resulta útil para las naciones que no pretenden convertirse en uno: la debilidad, bien entendida, puede funcionar como defensa. No como rendición ni como resignación, sino como estrategia. En el tablero internacional, donde la fuerza bruta suele presentarse como argumento final, el país “débil” —en capacidad militar, acceso financiero o influencia mediática— puede convertir esa aparente desventaja en un escudo político, moral y económico, un modo de persistir, de reorganizarse, y de obligar al adversario a pagar costos crecientes por cada paso de coerción.
Esta reflexión cobra relieve ante los reportes sobre la operación estadounidense del 3E de 2026, descrita por diversas fuentes como un ataque que culminó con el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores. En el plano jurídico, incluso análisis de referencia han señalado la ausencia de justificación bajo el derecho internacional para una acción de esa naturaleza. En el plano político-comunicacional, el propio debate público en medios de gran audiencia ha subrayado contradicciones y disputas de narrativa, precisamente porque la coerción contemporánea también se libra en el terreno de la credibilidad.
Ahora bien, más allá de la lectura inmediata —indignación, dolor, alarma— Venezuela está obligada a pensar “en frío” cuál es la nueva vía de desarrollo que conviene emprender cuando un adversario con superioridad material decide forzar los acontecimientos por la vía de hecho. La respuesta no puede limitarse a la épica, tampoco a la tecnocracia. Debe ser, al mismo tiempo, un diseño institucional y una pedagogía social. Y aquí aparece el núcleo de este artículo: convertir la condición de vulnerabilidad en una arquitectura de resiliencia.
La debilidad no es carencia, es una forma de poder que obliga al rival a explicarse. Joseph Nye popularizó el concepto de soft power para describir la capacidad de lograr objetivos por atracción, legitimidad y persuasión, no solo por coerción. En una frase que vale como brújula para cualquier país sometido a presión, Nye escribió: “la mejor propaganda no es propaganda”, porque en la era de la información la credibilidad es el recurso más escaso.
Esto importa porque una operación militar o de fuerza extraterritorial, incluso si logra su objetivo inmediato, suele abrir un segundo frente, el de la explicación pública, la legalidad y la reputación. Si el poder fuerte necesita justificar lo injustificable, el poder débil puede aprender a administrar la atención, exponer inconsistencias, elevar el costo diplomático y construir coaliciones por principio, no por miedo. En otras palabras, la debilidad bien articulada obliga al fuerte a mirar el espejo de su propia retórica.
De hecho, hay lecturas recientes que sugieren que parte del conflicto contemporáneo entre grandes potencias y Estados “incómodos” se decide menos en la correlación de fuerzas y más en el desgaste reputacional, la fractura de alianzas y el costo político doméstico. Esto conecta con un clásico de la literatura de conflictos asimétricos. Andrew Mack argumentó que las grandes potencias pueden perder guerras pequeñas por costos políticos y voluntad, no por capacidad material.
La asimetría enseña una lección, el fuerte se fatiga, el débil se cohesiona. La teoría de la asimetría no es un canto a la violencia, es una observación sobre incentivos. Mack subrayó que cuando no hay “victoria rápida”, la guerra consume recursos y abre divisiones internas en la metrópoli, mientras que para el actor más débil la invasión tiende a generar cohesión y disposición a asumir costos. Iván Arreguín-Toft, desde otro ángulo, explica que el desenlace de los conflictos asimétricos depende de la interacción de estrategias, no gana “el más fuerte” en abstracto, sino quien elige la lógica de lucha que hace irrelevante la ventaja del adversario.
Traducido al desarrollo, Venezuela debe dejar de jugar el juego que el poder fuerte quiere imponer —dependencia extrema de una sola renta, vulnerabilidad logística, fragilidad institucional frente a sanciones o coerción— y pasar a un juego donde la “debilidad” se transforme en capacidad distribuida, producción diversificada, instituciones que funcionen incluso bajo presión, y un tejido social que reduzca las oportunidades de fractura.
“Armas de los débiles”, la inteligencia cotidiana como política pública. James C. Scott estudió cómo, en contextos de dominación, los actores subalternos resisten mediante acciones pequeñas, persistentes y creativas, “resistencias cotidianas” que evitan la confrontación frontal y, sin embargo, erosionan la dominación. Su tesis no es una invitación al sabotaje social, sino una pedagogía de la agencia, cuando el poder se concentra, la supervivencia se vuelve innovación.
Una nación puede aplicar esta idea sin caer en clandestinidades, convertir la creatividad cotidiana en infraestructura económica. ¿Cómo? Con redes de producción local, sustitución inteligente de importaciones, economía del conocimiento, agricultura de proximidad, cadenas cortas de suministro, energía distribuida, digitalización soberana. La “arma” aquí no es el conflicto, es la capacidad de seguir funcionando.
En la misma familia de ideas, Albert O. Hirschman propuso su tríada exit, voice, loyalty. Cuando una organización declina, las personas pueden “salir” (exit), protestar o proponer cambios (voice), o permanecer por lealtad (loyalty). Venezuela, bajo presión externa, necesita políticas que hagan racional y digna la opción de “voz y permanencia”, instituciones que escuchen, corrijan, protejan y creen oportunidades, para que el país no dependa de la “lealtad” como sacrificio, sino como proyecto compartido.
La vía de desarrollo, del rentismo vulnerable al Estado estratégico y productivo. Si el objetivo es que la debilidad se convierta en defensa, la economía debe dejar de ser una “palanca fácil” para el adversario. En términos prácticos, esto implica reducir la exposición a shocks externos, financieros, logísticos, tecnológicos y de mercado. Aquí son útiles debates contemporáneos sobre política industrial.
La nueva literatura sobre política industrial sostiene que existe un caso económico “genérico y poderoso” para políticas que creen capacidades productivas, siempre que se diseñen con mecanismos de evaluación y aprendizaje. Dani Rodrik, en particular, ha defendido enfoques orientados a crear “buenos empleos” y productividad, con instrumentos adaptados al contexto local, no recetas universales.
Mariana Mazzucato, desde otra tradición, sostiene que el Estado puede crear y moldear mercados, no solo “corregir fallas”, y advierte contra un esquema donde lo público socializa riesgos mientras lo privado privatiza recompensas. Este punto es crucial para Venezuela, la defensa económica exige evitar que la reconstrucción sea un simple cambio de manos en la explotación de recursos, favoreciendo a corporaciones de facto que buscan rentas rápidas. La soberanía no es un lema, es un diseño contractual e institucional que garantice que el valor se quede en el país, tecnología, empleo, encadenamientos productivos, formación, reinversión.
Y Ha-Joon Chang ha insistido en que muchos países hoy desarrollados usaron históricamente políticas activas (protección temporal, impulso industrial) mientras luego presionaron a otros a adoptar “buenas políticas” que ellos mismos no aplicaron en su ascenso. Venezuela puede estudiar esa evidencia con pragmatismo, no para copiar modelos, sino para legitimar, con argumentos históricos, el derecho a escoger su propia secuencia de desarrollo. Miremos los casos del desarrollo en Corea del Sur y Vietnam.
Instituciones como escudo, administrar recursos comunes sin ingenuidad. En un país rico en recursos naturales, el peligro no es solo la codicia externa, es la fragilidad interna que esa codicia explota. Elinor Ostrom mostró que las comunidades pueden gestionar bienes comunes de manera sostenible mediante reglas claras, participación y mecanismos de monitoreo y sanción legítimos. La lección para Venezuela es doble, la administración de recursos debe combinar Estado capaz con participación social verificable, para reducir corrupción y capturas. La legitimidad se vuelve un componente de seguridad nacional, si la gente percibe justicia distributiva, el país se vuelve más difícil de fracturar desde afuera.
¿Y el plano internacional? La legalidad como escenario de poder. Si un hecho como el reportado el 3 de enero de 2026 se discute en términos de legalidad y legitimidad, Venezuela tiene un campo fértil para la diplomacia jurídica y política. La observación de que el secuestro/ataque carecería de justificación en derecho internacional, formulada por análisis especializados, ofrece base para construir una estrategia sostenida en foros multilaterales.
Aquí la debilidad opera como defensa, el país que no puede imponer por fuerza puede imponer por procedimiento, por archivo, por memoria jurídica, por coaliciones que se activan cuando se violan principios que mañana podrían violarse contra otros. No es romanticismo, es cálculo reputacional.
Un tono lúdico, pero serio, el imperio teme al espejo y a la contabilidad. Hay una ironía que el poder fuerte suele olvidar, en el siglo XXI, todo queda registrado. La coerción deja huellas; la arrogancia deja frases; y las corporaciones dejan contratos. En tiempos de hiperconectividad, el abuso no solo indigna, se factura en forma de boicots, litigios, sanciones cruzadas, desinversión reputacional, aislamiento diplomático, fracturas internas en aliados. Y cuando el costo reputacional sube, el poder fuerte comienza a discutir consigo mismo si “valió la pena”. Por eso, la defensa más inteligente de Venezuela no es gritar más fuerte, sino hacer mejor la contabilidad moral y económica del conflicto, quién pierde credibilidad, quién gana legitimidad, quién paga el costo humano, quién se queda con la renta.
Propuesta de ruta, cinco pilares para convertir la vulnerabilidad en resiliencia. Sin pretender cerrar el debate, una vía de desarrollo coherente con “la debilidad como defensa” podría organizarse así: Diversificación productiva verificable, metas anuales en agroindustria, farmacéutica básica, petroquímica con encadenamientos, servicios tecnológicos, turismo cultural y de naturaleza con estándares; Política industrial de aprendizaje, instrumentos con evaluación, pilotos regionales, y corrección rápida, en línea con la nueva evidencia sobre política industrial; Estado con misiones y reparto justo de retornos, contratos que obliguen transferencia tecnológica, empleo local y reinversión, evitando socializar riesgos y privatizar recompensas; Instituciones de confianza social, mecanismos de participación y control que reduzcan captura y aumenten legitimidad, aprendiendo de marcos de gobernanza de bienes comunes; Soft power y legalidad como política de Estado, credibilidad, diplomacia cultural, archivo jurídico y narrativa basada en hechos verificables: “la mejor propaganda no es propaganda”.
El episodio reportado como la captura de Nicolás Maduro no debería empujar a Venezuela a un destino de miedo ni a una economía de trinchera. Debe empujarla —paradójicamente— a una forma superior de modernidad. La modernidad del país que aprende a vivir bajo presión sin deformarse, que se diversifica para no ser chantajeable, que fortalece instituciones para no ser fracturable, y que utiliza la legalidad, la reputación y la productividad como sus verdaderas defensas. La debilidad, entonces, deja de ser etiqueta y se vuelve método. Un método de supervivencia con dignidad. Y, sobre todo, un método de desarrollo, porque el desarrollo, cuando es auténtico, también es una forma de defensa.
Eslogan: ¡Venezuela! cuando la dignidad resiste, la debilidad se transforma en conocimiento y soberanía
De un venezolano, hijo de la patria del Libertador Simón Bolívar.