En la madrugada del 3 de enero, las fuerzas armadas estadounidenses realizaron -sin declaración previa de guerra- un ataque contra Venezuela. Diferentes tipos de aeronaves y drones bombardearon instalaciones militares, pero la lista no termina ahí, también incluye objetivos no militares como zonas residenciales, depósitos donde se encontraban equipos de diálisis, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, además de otros centros de investigación, y fuentes locales hablan que una guardería fue alcanzada en Higuerote, Estado Miranda. Todo esto produjo graves daños materiales en Caracas, el secuestro del presidente del país junto con su esposa, varios heridos y la irreparable pérdida de vidas humanas, mucha de ellas civiles.
Este evento representa una violación flagrante del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de la soberanía de un país. La acción militar, especialmente al afectar bienes de carácter civil y humanitario, plantea serias acusaciones de crímenes de guerra, que se suman a los hundimientos de embarcaciones civiles y el abordaje ilegal de buques petroleros en el Caribe.
Podemos estar de acuerdo, o no, en el modo de como el gobierno local ha hecho las cosas en su país. Pero el asunto va más allá de eso. Para ilustrarlo, hagamos una analogía. Imaginemos que una potencia extranjera actué violentamente contra el presidente de los Estados Unidos, que sea secuestrado o víctima de un atentado con la excusa de liberar a ese país que actualmente sufre una de sus peores crisis sociales, económicas y morales, además estar dirigidos por un presidente que está bajo sospecha de pedófila junto con otros desbalances. Es muy probable que millones de personas en todo el mundo saldrían a celebrar ese acto -incluido en los propios Estados Unidos- pero no deberíamos tomarlo como algo legítimo y sin duda alguna no es legal, sencillamente esas no son las formas. Más allá de crear escenarios casi imposibles, lo real es lo que ocurrió en Venezuela y la pregunta importante ¿qué papel juega el derecho internacional?
El derecho internacional desde hace mucho tiempo ha sucumbido ante la Doctrina Monroe-Adams y la insabible ambición expansionista estadounidense. A principios del siglo XX, al presidente estadounidense Teodoro Roosevelt, se le cuestionó con qué derecho se había apoderado de Panamá, él dijo: ‘I took Panama’. Años después, Ramsey Clark, (ex Fiscal General de los Estados Unidos) se refirió a esas palabras de Roosevelt como ‘las palabras sinceras de un ladrón’. Podríamos extender esa opinión de Ramsey Clark para toda la política exterior estadounidense desde el siglo XIX hasta la actualidad. No faltan los ejemplos: la guerra contra Filipinas, anexión de Puerto Rico, ataques en Centroamérica, bloqueos contra Cuba y otros países, manipulación de golpes de Estado e imposición de dictaduras desde Irán hasta Chile, o invasiones como las de Iraq o Afganistán. En estos escenarios las declaraciones y derechos quedan pulverizados bajo las cadenas de los tanques. Es simplemente un tipo de comportamiento gansteril a nivel internacional, como diría el general Smedley Butler, del Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos.
A pesar de la retórica que vanagloria del derecho internacional como regulador del comportamiento de los Estados en sus relaciones con otros Estados, todo queda en letra muerta frente a la ejecución de la Doctrina Monroe-Adams. Lo que vemos pues, es un tipo de derecho, que pese a llamarse justo, es sumamente injusto. Sabe ceder sistemáticamente frente los intereses geopolíticos y económicos de potencias como lo es Estados Unidos, transformándose así en un instrumento de dominación colonial y no en una garantía de paz.
Esto es un guion histórico, cuando los Estados Unidos, no puede relacionarse en términos de justicia e igualdad con países de Abya Yala, recurre a la violencia, de ahí persiste la despectiva expresión de ‘patio trasero’. Venezuela es el ejemplo contemporáneo perfecto. La narrativa del petróleo robado y el régimen ilegítimo no es nueva; es la justificación moral para una operación de coerción económica destinada a quebrar la voluntad política de un Estado que se negó a entregar el control de sus vastos recursos energéticos, a pesar que ya se estaban dando negociaciones con corporaciones estadounidenses como Chevron. El asunto es que las naciones soberanas no pueden poner sobre la mesa sus propias condiciones, la elección es entregar o morir.
El mecanismo es brutal en su simpleza, si un país desafía el orden preestablecido, es aislado financieramente, asfixiado por sanciones, presentado como un paria y debe soportar las constantes amenazas de invasiones y ataques que en muchos casos se vuelven reales. El derecho a la autodeterminación, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, se esfuma cuando la soberanía se ejerce en una dirección no deseada. Este delito de autodeterminación, transciende y se paga generacionalmente. En Haití, la Revolución Negra -que acabó con el esclavismo- todavía purga su osadía desde hace más de 200 años.
A pesar que los misiles van cargados de promesas de democracia, paz, libertad y prosperidad, el destino de los países bombardeados termina en una maldición. En Panamá la invasión de 1989, se justificó para acabar con un narcodictador (que los Estados Unidos creó); sin embargo, poco después el lavado de dinero, narcotráfico subió a niveles estratosféricos. Si bien el país presenta estadísticas macroeconómicas altísimas, pero a la vez es uno de los peores en distribución de la riqueza a nivel global. Por su parte, Iraq, Siria y Afganistán la violencia continúa, que va acompañada de inestabilidad política e interminables crisis económicas. En cuanto a la región de los Balcanes, esta quedó profundamente dividida en un odio racial y religioso que siempre amenaza con rebrotar, y Libia, el país más próspero de África y referente de desarrollo a nivel mundial, hoy en lo que queda de sus calles, se han convertido en mercados para la venta de seres humanos.
El derecho internacional, en su forma actual, no tiene vigencia como marco igualitario. Su vigencia es la de un arma en una guerra asimétrica. Lo que se denomina como orden es, en realidad, la administración del poder por parte de una hegemonía que viste sus intereses estratégicos y económicos con el lenguaje de los derechos humanos, libertad, democracia o lucha contra las drogas, pero que no duda en pisotear derechos reales cuando se interponen en su camino. El objetivo de los ataques y presiones no es corregir un comportamiento, sino eliminar la posibilidad de modelos alternativos.
La soberanía en el siglo XXI, no se ejerce en los palacios de justicia internacional, sino en la capacidad de resistir que tienen los pueblos, en la construcción de alianzas fuera del núcleo duro de poder tradicional y en la defensa del derecho a elegir su destino, aunque esa elección sea inconveniente para las ambiciones de los mercados capitalistas globales y potencia hegemónica.
El caso de Venezuela no es una anomalía; es la expresión más reciente y cruda de las reglas reales del juego. Nos muestra que la Doctrina Monroe-Adams no quedó encerada en las clases de historia. La política de las cañoneras continúa. Mientras no se desmonte esta arquitectura de coerción disfrazada de legalidad, cualquier proclamación sobre un orden basado en un derecho internacional seguirá siendo, una fachada diplomática para la piratería moderna. La tarea urgente es desenmascarar esa farsa y trabajar por un derecho internacional que nazca del consenso genuino y no de la imposición del más fuerte.