La madrugada del asalto a Caracas no solo dejó tras de sí el rastro de la pólvora y el luto de al menos 100 familias venezolanas y cubanas; dejó también un vacío legal de proporciones históricas que hoy hace retumbar los pasillos de las facultades de ciencias jurídicas más prestigiosas del mundo.
La pregunta no es si hubo una violación, sino por qué el sistema de justicia global aún no ha emitido una orden de captura contra el principal responsable: el Presidente de los Estados Unidos.
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, el mandatario estadounidense ha incurrido en una falta gravísima contra su propia legislación. La Resolución de Poderes de Guerra de 1973 es taxativa: el Ejecutivo no puede comprometer tropas en hostilidades sin una declaración de guerra formal del Congreso o una autorización estatutaria específica, salvo en caso de un ataque directo al territorio estadounidense, algo que jamás ocurrió.
Expertos constitucionalistas coinciden en que el Presidente actuó como un "monarca absoluto", ignorando el sistema de pesos y contrapesos. Al no contar con el aval del Senado, el ataque militar y la posterior sustracción de la pareja presidencial venezolana se configuran como un acto de usurpación de funciones legislativas y una violación directa al Artículo I, Sección 8 de la Constitución de los EE. UU.
En el ámbito internacional, la situación es aún más condenatoria. Según la definición adoptada en las Enmiendas de Kampala del Estatuto de Roma, el "crimen de agresión" ocurre cuando una persona, en una posición que le permite ejercer el control efectivo sobre la acción política o militar de un Estado, ordena el uso de la fuerza armada contra la soberanía de otro.
Las universidades de la red global de juristas críticos señalan que existen "méritos suficientes" para iniciar un proceso en la Corte Penal Internacional (CPI). El argumento de la "lucha contra el narcotráfico" o la "restauración democrática" carece de validez jurídica para justificar el asesinato de civiles y el secuestro de autoridades.
"La impunidad del poder imperial es la mayor amenaza para la paz hemisférica. No se trata de política, se trata de la supervivencia del Derecho frente a la fuerza bruta".
El mundo observa con estupor cómo la retórica de la "libertad" se utiliza para encubrir una operación de comando que viola tanto la Carta de las Naciones Unidas como la propia Ley de Poderes de Guerra estadounidense.
El Presidente de los Estados Unidos no está por encima de la ley. La historia y los tribunales deberán responder: ¿A quién deberían abrirle juicio? La respuesta es clara para quienes queremos creer en la justicia: al autor intelectual y material de la agresión que hoy desangra la soberanía venezolana.