Cuando escuchamos las declaraciones de Donald Trump, altisonantes y hablando como "dueño" del país y sus riquezas y por otro lado su secretario de Estado Marcos Rubio, tratando de hacer control de daños, debemos como patriotas expresar:
Nuestro firme rechazo a la pretensión del gobierno de Trump de apropiarse de recursos, bienes y activos de la República Bolivariana de Venezuela bajo el pretexto de un "resarcimiento" de deudas. Esta postura unilateral y de confrontación carece de legalidad, legitimidad y, fundamentalmente, de sustento constitucional en Venezuela y en la propia doctrina constitucional norteamericana, mucho menos está contemplado en el orden internacional vigente.
Desde 1824, con los seis decretos del Libertador, especialmente el decreto de 1829 sobre las Minas, la República ejerce la titularidad de los recursos del suelo y el subsuelo, pilar de la doctrina bolivariana sobre el dominio inmanente.
Desde la primera Ley de Hidrocarburos en Venezuela hasta el día de hoy, la República preserva la propiedad estatal del subsuelo. Las compañías extranjeras operaron, invirtieron y refinaron crudo bajo contratos y concesiones, pero nunca bajo una figura de cesión de soberanía sobre el recurso.
Esta doctrina del dominio bolivariano constituye la antítesis de la anacrónica Doctrina Monroe. Venezuela reafirma su derecho a la autodeterminación económica frente a cualquier intento de neocolonialismo, consolidándose como un nodo soberano en el equilibrio global necesario para siglo XXI.
Insistimos: el petróleo venezolano no constituye propiedad de los Estados Unidos, los procesos de nacionalización afectaron a empresas privadas, no a la administración de Washington; y las controversias legales derivadas fueron dirimidas en tribunales internacionales mediante indemnizaciones debidamente ejecutadas. Aquellas que no se hayan podido resarcir, deben ser reconocidas luego de una auditoria forense debidamente acordada entre las partes.
Cuando Venezuela nacionalizó la industria en 1975, el proceso fue -como pocas veces ocurre en el sector- estructurado y compensado. Exxon, Mobil y Shell cesaron sus operaciones en el país mediante acuerdos y pagos legales. No existió despojo patrimonial alguno. De hecho si CAP hubiese esperado unos años, incluso la indemnización pagada no habría sido necesaria pagarla, eso era lo que preveían los contratos firmados y aprobados por nuestras leyes para el momento.
La República Bolivariana de Venezuela no ostenta la condición de colonia ni de protectorado de los Estados Unidos ni de ninguna otra potencia. Es imperativo reconocer que el petróleo pertenece a los venezolanos como un patrimonio intergeneracional conquistado mediante nuestras gestas emancipadoras. Instamos al cese de toda injerencia sobre el petróleo y el territorio nacional. Nuestra independencia se consolidó hace dos siglos gracias al sacrificio de nuestros Libertadores.
El hecho que un gobierno se haya organizado para causar daños a su país -ya sabemos que lo de la droga fue el marco- no significa que de allí pretenda tomar todo como tuyo. NO somos Botín de guerra de nadie.
Así no se trata otro Estado y menos si quieres darle como dicen en sus discursos "seguridad jurídica a tus inversionistas" y convertirse en "socios exclusivos" coartando la libertad de comercio del país. No habrá paz para los capitales si hay saqueo de los recursos de la República. Con esa actitud se cae la retórica del "rescate de un pueblo secuestrado" y pasan a convertirse en saqueadores y secuestradores.
En vez de éso, usted debe reconocer que en Venezuela existe un marco regulatorio para hacer negocios con nuestros recursos, usted no debe y no puede imponernos por la fuerza ninguna otra condición que no esté enmarcada en la Constitución y la vigente Ley de Hidrocarburos, recuerde: la fuerza no es estratégica.
Le repito existe una CRBV vigente -así el gobierno no la cumpla- y una ley de hidrocarburos y una LOTTT que deben respetarse. Cualquier negociación que el gobierno de turno o los nuevos "salvadores" intenten imponerle a la República en el marco de una vulgar extorsión, son nulos de nulidad absoluta, las petroleras y sus abogados lo saben: ningún contrato firmado bajo coacción es VÁLIDO. Porque no HAY LIBERTAD PARA CONTRATAR, los recursos son de la República soberana, no del gobierno de turno y mucho menos a quien pretende imponernos contrataciones leoninas y declarar una "interdicción civil" sobre nuestro país con la excusa de que ustedes son mejores administradores que los dueños legítimos de los recursos.
Están calculando mal. El neoliberalismo con todas sus desviaciones al menos, era prudente. Reino Unido, por ejemplo, atrajo a los países y hasta les dio libertad y soberanía. Ahí están India y Qatar por citar 2 ejemplos.
Su actitud de "saqueadores modernos" es lo que menos le conviene, pues en el corto plazo se les va a voltear la población y van a generar un nacionalismo fuerte, comprendan los venezolanos más temprano que tarde nos vamos a reagrupar en un torno a un nacionalismo radical para defender lo que es nuestro y nos lo ganamos guerreando. Seria un movimiento muy torpe. Y no duraría mucho su teatro y papel desde pirata moderno.
En cambio, piense en una relación ganar - ganar, una Alianza para el progreso. Ni robo ni saqueo. Si los 50 millones de barriles son el inicio de un plan para saldar las cuentas pendientes con las transnacionales -esas que expropiamos en el pasado y que hoy reclaman miles de millones-, el país tiene derecho a saber el precio de liquidación. No podemos aceptar que se nos cobre "a precio de gallina flaca" bajo la coacción de la máxima presión.
Si este petróleo es para pagarle a ExxonMobil o a los bonistas de Wall Street, exigimos que se respete el piso sagrado de la Regalía del 30%. La Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001 es el legado de soberanía que no puede ser borrado por un plumazo en Washington. ¿Se está quedando el Estado venezolano con su 30% para pagar sueldos, hospitales y educación, o Trump se está cobrando el 100% como si Venezuela fuera una sucursal en quiebra de su Departamento de Energía?
Lo que usted plantea no es una exportación soberana; es una Gerencia de Enclave. Cuando un presidente extranjero anuncia el envío de buques cisterna y decide el destino de los dividendos, PDVSA deja de existir como empresa nacional para convertirse en una caja chica controlada desde la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
Cualquier gobierno decente sabe que debe rendirle cuentas al país para mantener la calma y publicar los Contratos para demostrar que esos acuerdos petroleros han sido aprobados por la Asamblea Nacional, si eso no sucede ¿Quién va a autorizar la salida de esos buques? ¿Bajo qué ley venezolana se amparan? Nadie en su sano juicio, siendo venezolano de verdad y después de pasado el trago amargo del bombardeo y la imposición de un gobierno de "transición" va a aceptar de buena gana, la falta de transparencia, la intervención descarada en el manejo soberano de nuestros recursos, y un nuevo saqueador de la comarca. Ustedes necesitan paz para los capitales, nosotros conservar la soberanía sobre nuestros recursos, o eso es así o no habrá paz. No somos un protectorado.
Según nuestra ley cada barril enviado a EE.UU. debe dejar en las cuentas del fisco nacional el 30% de regalía líquida. No nos está permitido aceptar "pagos en especies" que no llenen las neveras de los venezolanos hoy. Eso es un motivo para que se desate una explosión social.
Lo inteligente correcto y decente es transparentar el sistema de finanzas nacionales y de la hacienda pública, de tal forma que todos los venezolanos donde estemos físicamente podamos en vivo y directo conocer desde y hacia dónde va el dinero ingresado y con su respectiva Auditoría en tiempo real y auditoria forense que debe rendirse al país -los dueños legítimos de la riqueza que reposa en nuestro suelo y subsuelo- de manera permanente y periódica.
Incluso pudiera pensarse en una veeduría internacional (BRICS+, ONU y ONGS y la sociedad civil en general) que audite y garantice que ese dinero no se evapore en comisiones de intermediarios o en el pago de intereses de una deuda inflada por la mora.
Venezuela no es un botín de guerra. El petróleo es nuestra última línea de defensa económica. Es una torpeza mayúscula entregar la "joya de la corona" para sobrevivir políticamente, debe saber que la historia -y el pueblo organizado- no perdonará la entrega de la soberanía a cambio de tranquilidad palaciega.
Jurídicamente, - esto lo saben los abogados de las trasnacionales - todo contrato, arreglo, ley, concesión o acto administrativo que firme Venezuela bajo coacción será nulo de toda nulidad y los que cooperen en este momento serán luego sometidos a investigación para determinar si actuaron bajo presión o por traición a la patria.
Cualquier firma bajo este esquema de "Máxima Presión" es jurídicamente vulnerable bajo el derecho internacional (Coacción del Estado). Los contratos actuales bajo el marco de la Ley Antibloqueo y bajo la coacción llamada eufemísticamente "interdicción temporal" que usted aplica al país son activos tóxicos a largo plazo si no se logra la pacificación total de la ciudadanía en general, el sector académico y militar nacionalista.
Si usted plantea una alianza estratégica y de primeros socios en todos los rubros, jamás debe tocar el artículo 12, 156, 302 y 303 de la Constitución, y le aconsejaría que no escuche a la Exxon Mobil, porque está ardida y con la bala adentro, Exxon perdió dos juicios frente a las expropiaciones y son quiénes junto a decenas de empresas, están explotando nuestro petróleo en el Esequibo violando el Acuerdo de Ginebra.
Tratar de desaplicar -ley antibloqueo dixit- enajenar estos artículos de la Constitución, así como la ley de hidrocarburos. Esto sin duda alguna, más temprano que tarde, despertaría un espíritu nacionalista en cada venezolano, que en su momento antes de Chávez y con Chávez alzó las banderas del rescate a la identidad nacional. El caribe es caliente y nacionalista frente a la opresión de tiranos e invasores.
Lo importante para darle piso jurídico a cualquier negociación con su gobierno y las trasnacionales es reinstitucionalizar los poderes, TSJ, CNE, FGR, CGR, AN, para según establece la Constitución una vez vencido el lapso de la ausencia temporal, ir a un proceso de elecciones transparentes, libres, en igualdad de condiciones, donde los partidos tengan el mismo peso y trato que los ciudadanos, sin trabas burocráticas para postulaciones y darle coherencia así a la edificación de la República.
Entienda, el subsuelo es venezolano esa es una herencia del Libertador, no importa los barriles que necesite o quiera negociar, no profane la Constitución y las leyes vigentes.
Pasar de un autoritarismo férreo a un "protectorado fuerte" serían dos cuernos de una misma cabeza. Por eso las elecciones son cruciales.
Exigimos que se respete la voluntad del pueblo venezolano y autodeterminación y se devuelva la soberanía nacional que es inalienable e irrenunciable. Eliminar de un plumazo y bajo chantaje y coacción las leyes que protegen le herencia nacional para los venezolanos. Ningún país hoy frente a este atropello puede hacerse el loco: la próxima víctima pueden ser ellos.
El usufructo de la renta pública es un bien común y debe ser repartido justamente con equidad, así lo establece no sólo la Ley Bolívar desde 1829, sino nuestra Constitución y la jurisprudencia sobre la cosa pública. Debemos conformar un régimen administrativo, fiscal, jurídico destinado a colocar a todos los habitantes del país a cubierto de riesgos o catástrofes naturales o no, que pongan en peligro su existencia, disminución, suspensión o perdida de la capacidad para el trabajo, enfermedad, accidente, invalidez, maternidad, vejez y desamparo de la familia.
Sin la tierra, seremos esclavos, quiénes sean desalojados, sacados, rota su vinculación con la labor, con la tierra y con los recursos que nos pertenecen como herencia intergeneracional, devendrá más temprano que tarde en lucha feroz por recupera lo nuestro. Tierra, territorio y libertad están juntos y equivalentes.
Finalmente, la garantía para hacer negocios estables, perdurables y jurídicamente invulnerables es la observancia incondicional de la legislación de Venezuela no sólo por las trasnacionales, por su gobierno y por todos los ciudadanos, funcionarios públicos, los organismos de Estado, los partidos políticos, y las organizaciones sociales, económicas, comerciales, financieras y religiosas, y todo aquel que haga vida en nuestro país.
Garanticemos con inteligencia financiera una cooperación equitativa y mutuamente beneficiosa de Venezuela, ante todo, así como revisar la pertinencia histórica y práctica de relaciones y alianzas con otros Estados del mundo.
El mundo observa silencioso el intento neocolonial sobre Venezuela y nosotros decimos desde acá con firmeza "solo el pueblo salva al pueblo"
Alea jacta Est
Nos toca Luchar!!!
MARIA ALEJANDRA DIAZ MARIN
Abogado constitucionalista y defensora de DDHH