La reciente denuncia de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, sobre las acciones de Estados Unidos en el Caribe, abre un debate estratégico en torno al derecho internacional y la soberanía de los Estados.
Su afirmación de que Washington ha instaurado un "caos legal" mediante la intensificación de su presencia militar y la imposición de un bloqueo naval de facto contra Venezuela, no es una mera declaración diplomática: es la constatación de un patrón histórico de transgresiones que amenaza directamente el orden jurídico global.
La Carta de las Naciones Unidas establece principios claros: la prohibición del uso de la fuerza, el respeto a la soberanía y la igualdad jurídica de los Estados. Del mismo modo, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 consagra la libertad de navegación y la prohibición de medidas coercitivas unilaterales en aguas internacionales.
Sin embargo, las acciones estadounidenses en el Caribe parecen ignorar estos pilares normativos, reinstalando prácticas que evocan la piratería y el saqueo de épocas coloniales.
El "caos legal" denunciado por Zajárova no es un concepto retórico vacío. Se trata de la erosión sistemática de las normas que sostienen la convivencia internacional. Cuando una potencia decide imponer su voluntad militar sobre un Estado soberano, sin mandato del Consejo de Seguridad ni acuerdo multilateral, se produce una fractura en el tejido jurídico que protege a las naciones más vulnerables.
Venezuela, en este caso, se convierte en el epicentro de una disputa que trasciende lo regional y pone en entredicho la vigencia misma del derecho internacional. El apoyo explícito de Rusia al gobierno de Nicolás Maduro refleja la dimensión geopolítica del conflicto.
No se trata únicamente de un diferendo bilateral entre Caracas y Washington, sino de un pulso global entre quienes defienden la soberanía nacional y quienes buscan imponer un orden basado en la fuerza.
La presencia militar estadounidense en el Caribe no solo amenaza la seguridad de Venezuela, sino que envía un mensaje intimidatorio a toda la región: la legalidad internacional puede ser suspendida cuando los intereses estratégicos de una potencia así lo demanden.
En este contexto, la defensa de la soberanía venezolana adquiere un carácter simbólico y práctico. Simbólico, porque reafirma la resistencia de un país frente a la injerencia externa; práctico, porque garantiza la estabilidad interna y la continuidad de un proyecto político que se niega a ser subordinado.
La denuncia de Zajárova, al respaldar los esfuerzos de Caracas, subraya que la lucha por la soberanía no es un asunto aislado, sino parte de una batalla mayor por preservar el equilibrio internacional.
La referencia a la "piratería" no es una exageración. El bloqueo naval de facto implica restricciones a la libre circulación de mercancías, la amenaza de confiscación de bienes y la imposición de sanciones que carecen de sustento jurídico.
Estas prácticas recuerdan los asaltos marítimos de siglos pasados, cuando imperios coloniales se apropiaban de recursos ajenos bajo la lógica de la fuerza. Hoy, bajo un ropaje moderno, se reinstalan mecanismos de coerción que contradicen los avances civilizatorios alcanzados en el siglo XX.
La apropiación de bienes en aguas internacionales, denunciada por Rusia, constituye una violación flagrante de la Convención del Mar. Más aún, erosiona la confianza en las instituciones multilaterales, pues demuestra que los compromisos internacionales pueden ser ignorados por quienes se consideran inmunes a la legalidad.
Este es el verdadero "caos legal": un escenario donde las normas existen, pero son aplicadas selectivamente, según la conveniencia de los poderosos. El caso venezolano revela una paradoja inquietante: mientras se proclama la defensa de la democracia y los derechos humanos, se socavan los principios básicos del derecho internacional.
La denuncia de Zajárova debe ser entendida como una advertencia: si se normaliza la violación de la Carta de la ONU y de la Convención del Mar, el sistema internacional corre el riesgo de convertirse en un espacio anárquico, donde la fuerza sustituye a la norma y la soberanía se convierte en un privilegio, no en un derecho.
Frente a este panorama, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de alzar la voz. Venezuela, como Estado soberano, merece respeto a su integridad territorial y a su derecho a decidir su destino sin presiones externas.
El "caos legal" no es solo una amenaza para Caracas, sino para todos los países que confían en que el derecho internacional es el escudo que protege su existencia. Defenderlo hoy es garantizar la posibilidad de un orden mundial justo y equilibrado mañana.