El reciente robo de un barco petrolero venezolano y el secuestro de su tripulación en aguas del Mar Caribe constituye un acto de agresión que trasciende lo económico y lo humano: es una violación flagrante del Derecho Internacional Público y, en particular, del Derecho del Mar, cuerpo normativo que regula la convivencia de los Estados en los espacios marítimos.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM, 1982) establece con claridad los principios que deben regir la utilización de los océanos. Desde el mar territorial (que se extiende hasta 12 millas náuticas bajo plena soberanía estatal) hasta la alta mar, donde prevalece la libertad de navegación, el objetivo de este marco jurídico es garantizar la paz, la productividad y la protección del medio ambiente marino.
El ataque contra un buque venezolano en el Caribe no es un hecho aislado: se inscribe en una larga historia de prácticas imperialistas que buscan socavar la soberanía de los pueblos y apropiarse de sus recursos estratégicos. El petróleo, columna vertebral de la economía venezolana, se convierte en objetivo de agresiones que, disfrazadas de operaciones contra el narcotráfico, en realidad constituyen actos de piratería moderna.
Este acto de agresión no puede ser reducido a un incidente aislado de seguridad marítima. Es, en esencia, una manifestación de la política de presión y despojo que históricamente han ejercido las potencias hegemónicas sobre América Latina y el Caribe.
La apropiación de un barco petrolero venezolano es un mensaje de fuerza que busca intimidar y condicionar la soberanía nacional, en abierta contradicción con los principios de igualdad soberana y no intervención consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
El Derecho del Mar no es un simple tratado técnico: es un pacto civilizatorio que pretende evitar que los océanos se conviertan en escenarios de saqueo y violencia, cuando se quebranta, se abre la puerta a la anarquía marítima y a la imposición de la ley del más fuerte.
Venezuela, como país ribereño y miembro activo de la comunidad internacional, tiene el derecho y el deber de defender su soberanía marítima y de proteger a su pueblo frente a estas agresiones.
La defensa del Derecho del Mar es, en última instancia, la defensa de la paz, de la dignidad de los pueblos y de la posibilidad de construir un orden internacional basado en la justicia y la cooperación.
Hoy más que nunca, frente al robo del barco petrolero y el secuestro de su tripulación, Venezuela debe levantar su voz con fuerza: el mar no es propiedad de los imperios, sino patrimonio común de la humanidad, regido por normas que garantizan la soberanía de los Estados y la libertad de los pueblos.