El tráfico de droga y el consumo, sin duda afecta severamente a la sociedad estadounidense, tienen el mayor consumo y la mayor cantidad de fallecidos por consumo de droga eso es verdad. Pero no se sabe qué hace el Gobierno para cuidar a sus ciudadanos. No hay una cifra exacta y actualizada sobre cuántos narcotraficantes están presos en Estados Unidos, cuantos capos gringo están en el negocio del maltratico presos, no me hable del El Chapo Guzmán, él no es gringo, sabemos que fue condenado a cadena perpetua en el año 2018, dicen que lo condenaron por ser Ciudadano Mexicano. El país norteamericano, uno de los mayores consumidores de estupefacientes del mundo, "las drogas no se venden solas". Aun no se sabe quién la vende y quien la compra, pero el demente Donald Trump, ha asesinado en menos de un mes a 27 pescadores, que tampoco se sabe quiénes son. Los carteles gringos compra la droga a granel. "A partir de ahí ya son los carteles gringos los que se encargan de toda la logística: el transporte, la distribución, la venta, ponerle el precio y recuperar el dinero a través del lavado de dinero, tanto en instituciones financieras como en bruto
La "guerra contra las drogas" ha sido, durante décadas, un estandarte de la política exterior de Estados Unidos, hacia América Latina. Sin embargo, un examen minucioso de la aplicación de esta política revela un patrón de conveniencia geopolítica, donde la supuesta lucha contra el narcotráfico se subordina con frecuencia a los súper capos. La historia del narcotráfico en el Continente Americano desde los EE.UU. es controlado por lo ideológico, los aliados de la Casa Blanca no tienen problema con drogas más bien son protegidos.
Mientras algunos gobiernos son fustigados y sancionados con todo el rigor de la ley, una serie de casos demuestra que políticos y expresidentes latinoamericanos, cuyas agendas coinciden con los intereses de Washington, han disfrutado de una notable impunidad o de un tratamiento benevolente, a pesar de existir serias acusaciones y evidencias que los vinculan con el crimen organizado y el lavado de dinero. En octubre de 2022, un informe de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) del Congreso paraguayo sacudió los cimientos del establishment político debido a que Horacio Cartes fue descrito como el "arquitecto del tráfico ilícito de productos de tabaco en la región". El ahora expresidente del país (2013-2018) y uno de los hombres más poderosos del Cono Sur fue vinculado a lavado de dinero, evasión fiscal, tráfico de armas e incluso alianzas con Hezbollah.
Muchos analistas consideran el levantamiento de las sanciones emitido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como un pretexto para blanquear a un aliado estratégico. Cartes es actualmente titular del oficialista Partido Colorado y tiene una gran influencia en el gobierno de Santiago Peña, quien fue su ministro de economía y es considerado su ahijado político. Peña cumplió dos años en el cargo con mayoría en ambas cámaras del Congreso y un fuerte apoyo en el Poder Judicial. De hecho, en junio pasado la fiscalía paraguaya pidió desestimar las denuncias contra el expresidente.
El candidato estrella de Javier Milei para las elecciones legislativas de 2025, José Luis Espert, se vio envuelto en un escándalo a finales de septiembre pasado. Fue denunciado formalmente por sus vínculos con el narcotráfico y la investigación judicial reveló que había recibido 200 mil dólares para su campaña de Federico "Fred" Machado. El candidato admitió el recibimiento de los fondos, aunque alegó desconocer el origen ilícito del dinero.