Mucho se especula sobre el uso y la regulación de la inteligencia artificial. Mientras se barajan fórmulas que, me imagino, no irán mucho más allá que la obligatoriedad de registrar al usuario —como ocurre ya con muchas aplicaciones—, el asunto crucial es otro: la confrontación en la vida real.
En salud, en derecho, en ciencia y tecnología reaparece siempre el mismo problema: la discrepancia entre especialistas. Dos médicos que ofrecen tratamientos distintos para un mismo tumor; dos bufetes que aconsejan estrategias jurídicas opuestas en un pleito laboral; dos ingenieros que discrepan sobre la seguridad de un puente. ¿Qué hace entonces el ciudadano común, desorientado y sin criterio técnico propio?
La IA, por su imparcialidad aparente —carente de emociones, ambición o fatiga—, puede desempeñar un papel decisivo en esos momentos. Pensemos en un paciente que, en pleno agosto, recibe diagnósticos contradictorios sobre la conveniencia de una operación urgente: el acceso inmediato a un sistema de IA entrenado en millones de casos clínicos podría aclarar la probabilidad de éxito y orientar la decisión. O en un litigio de herencias en el que dos abogados ofrecen interpretaciones opuestas de un mismo artículo del Código Civil: un modelo jurídico, alimentado por la jurisprudencia más reciente, puede señalar la interpretación dominante y ahorrar meses de pleitos.
Estos ejemplos muestran que la IA no es un "juego informático" más, sino un instrumento que puede evitar incertidumbres costosas y, a veces, dramáticas. Pero esa promesa exige clarificar qué entendemos por "regular".
Regular no puede limitarse a un registro de usuario. Regulación es imponer límites y establecer responsabilidades: ¿al proveedor del sistema? ¿al profesional que lo consulta? ¿a la administración que lo certifica? Sin respuestas precisas, la regulación corre el riesgo de ser cosmética o, peor aún, de obstaculizar una herramienta que puede resultar crucial.
En suma: no se trata de aceptar la IA sin condiciones, ni de prohibirla por principio. Se trata de decidir para qué la queremos y cómo vamos a responsabilizar a quienes la diseñan y la aplican. Porque regular bien exige más que prohibiciones genéricas: exige criterios claros sobre responsabilidad, transparencia y control humano.