El 27-F de 1989, hace 37 años, el pueblo venezolano protagoniza una rebelión antineoliberal, la primera registrada en la Historia Contemporánea en contra del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el llamado Consenso de Washington.
En la historiografía quedó registrado como "El Caracazo" o el "Día que bajaron de los cerros", porque fue en Caracas donde hubo la mayor conmoción, el levantamiento de la gente en los barrios y sectores populares, amén de más de 3.600 venezolanos asesinados.
El pueblo dijo: ¡Ya Basta!
Aunque, Lilian Blazer, documentalista, docente y cineasta venezolana, quien registró los históricos momentos, aclara que el pueblo rebelde se hizo sentir en Guarenas, La Guaira, San Cristóbal, Barquisimeto, Maracaibo, Maracay, Valencia, Ciudad Guayana y en la capital, Caracas.
El aumento del pasaje fue el detonante para estremecer la vida nacional. Estudiantes de educación media iniciaron la protesta, en las terminales de pasajeros de las rutas inter-urbanas, de las llamadas ciudades dormitorios adyacentes a Caracas, en La Guaira, los Valles del Tuy, los Altos Mirandinos, el terminal del Nuevo Circo.
Aunque fue en la ciudad de Guarenas, estado Miranda, donde el desmedido incremento del pasaje, producto del aumento de la gasolina, incluido en un paquete de medidas económicas de corte neoliberal, condicionadas por el FMI, dio inicio a la rebelión popular.
El pueblo dijo "¡Ya Basta!" al puntofijismo, a la oligarquía burguesa criolla, a la corrupción, la injusticia, el acaparamiento y las desigualdades.
A los estudiantes de liceos se sumaron los universitarios, las amas de casa, los trabajadores, profesionales, y pare usted de contar.
27-F: Respuesta de un gobierno indolente, la represión
Amilcar Carvajal, sociólogo, recuerda aquél lunes fatídico, cuando en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en el cafetín de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES), se detiene a observar el noticiero y una estudiante de la Escuela de Letras, de la Facultad de Humanidades, da unas declaraciones, quien señala que lo ocurrido en Guarenas era el resultado de una crisis social producto del mal gobierno que existía.
"Horas después que esa joven dio esas declaraciones, fue asesinada por un efectivo de la Policía Metropolitana", señala el también docente de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV).
Las fuerzas militares y policiales ya estaban desplegadas en la capital, aunque la represión no había iniciado y se limitaban a acciones preventivas. Sin embargo, ese 27 de febrero se generó la primera víctima.
Se trató de Yulimar Reyes, la estudiante de Letras de la UCV, la que horas antes señalaba al gobierno de Carlos Andrés Pérez (CAP) por el caos en la ciudad.
Reyes fue asesinada en Parque Central, centro de Caracas, por un policía que descargó su escopeta de perdigones en la cara y el cuello, hiriéndola mortalmente.
La masacre del gobierno de AD
Desde los sectores de clase media en San Bernardino, hasta los sectores más deprimidos de Caracas: Petare, El Valle, El Cementerio, 23 de Enero, Propatria, y todo el corredor de la Avenida Sucre que va desde Caño Amarillo hasta los Magallanes de Catia, protagonizaron el descontento del pueblo.
De forma inevitable todas las zonas de protestas se convirtieron en escenario de enfrentamientos con los efectivos de la Policía Metropolitana, que fue la primera línea represiva, que movilizó CAP para contener la situación.
Este cuerpo de seguridad ejerció sus operaciones disparando a discreción, masacrando al pueblo en la calle. En ningún operativo la PM detuvo a ningún manifestante, fue una masacre campal, la acción fue echarle plomo a la gente en la calle, reprimiendo con la muerte de los manifestantes.
Al día siguiente, la primera plana de un medio de circulación nacional, presentaba una foto a toda página, de un niño asesinado por la policía, yaciendo en la calle, con un envase de margarina cerca de su mano.
Imponer el orden con sangre y dolor
Pese a que, la Policía Metropolitana actuaba aplicando la pena de muerte, su actuación fue desbordada por los miles de manifestantes desafiando la muerte para expresar su descontento.
Los hechos violentos continuaron al día siguiente, el 28 de febrero. Ante esta situación a Pérez no le tembló el pulso para ordenar la aplicación del Plan Ávila, disponiendo la movilización del Ejército y la Guardia Nacional para desplegarse por todas las calles de Caracas.
La responsabilidad del operativo estuvo sobre el Comando Estratégico del Ejército al mando del general (Ej) Manuel Heinz Azpúrua, con el apoyo del Comando Regional 5 de la Guardia Nacional a las órdenes del Gral. (GN) Freddy Maya Cardona, junto con los organismos Policía Metropolitana, DISIP y DIM.
En la tarde de ese día 28 de febrero, el presidente Pérez anuncia en cadena de radio y televisión la aprobación del Decreto Nº 49, estableciendo el toque de queda y la suspensión de las garantías constitucionales en todo el territorio nacional.
Fueron suspendidos los derechos a la libertad individual (artículo 60, 1, 2, 6 y 10); inviolabilidad del domicilio (art. 64); libertad de tránsito (art. 64); libertad de expresión (art. 66); derecho a reunión (art. 71) y derecho a la manifestación pacífica (art. 115).
Las Fuerzas Armadas salieron a imponer el orden ejecutando una dolorosa masacre, causando un baño de sangre que dejó cicatrices para siempre en la piel del bravo pueblo venezolano.
Desocupar las calles con el fuego de fusiles
Tras la suspensión de las garantías constitucionales, las manifestaciones de la multitud en las calles fueron barridas con el fuego de los fusiles.
El gobierno aprovechó la conmoción para ejecutar asesinatos selectivos contra personas consideradas incómodas. Muchos fueron acribillados en sus propias camas durante la madrugada, otros fueron liquidados con disparos certeros de francotiradores en medio de las protestas.
El plomo, la sangre y la muerte fue la respuesta de un gobierno indolente hacia un pueblo que salió a la calle a manifestar su rabia, contra un sistema que gobernaba para sí mismo, y no para toda una sociedad digna de un mejor destino.
"Si algo quedó en la memoria colectiva de ese momento, fue cómo el derecho a la vida estaba por debajo del derecho a la propiedad privada, dicho de otro modo, cómo el derecho a la propiedad privada estaba por encima del derecho a la vida y cómo, de forma alguna, el sistema político estaba priorizando las ganancias, el capital, la macroeconomía con respecto a la vida de las personas", puntualiza Carvajal.
De igual modo, el Sociólogo destaca la acción de las Fuerzas Armadas, en ése momento, que hasta entonces "estaba bien vista como uno de los sectores de mayor credibilidad social, y cómo terminó siendo un instrumento del neoliberalismo para reprimir y asesinar".
"Felizmente años después, surge un hombre como el comandante Hugo Chávez quien reivindica el papel, no solo de las Fuerzas Armadas sino de todo el Estado a favor de una población desposeída, maltratada y en condiciones sociales de pobreza", puntualiza el docente universitario.
"La Peste": Intento de ocultar la muerte
Los humildes fueron reprimidos a tal punto que, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, años después reconoció que el Estado, liderado por el neoliberal Carlos Andrés Pérez, violó el Derecho a la Vida, a la Integridad Personal, a la Libertad Personal, a las Garantías Judiciales, a la Protección Judicial y, Suspensión de Garantías, a lo largo del mes de febrero y marzo de 1989.
El Gobierno de Acción Democrática siempre negó la existencia de la cantidad de muertos ametrallados en las calles y barriadas de Caracas donde se ejerció la represión con las armas, que desbordó el trabajo del reconocimiento legal y la disposición de los cadáveres.
Esa actividad se hizo inmanejable. La atrocidad de la masacre de "El Caracazo" intentó ocultarse en una fosa común que posteriormente se conoció como "La Peste", en el Cementerio General del Sur.
Ataúdes y cadáveres amortajados, por la escasa disposición de urnas, fueron trasladados en caravanas de camiones hacia ese campo santo.
Un reportero gráfico captó la contundente imagen, convertida en un ícono de la masacre del 27 y 28 de febrero de 1989, que tiñó de sangre y dolor las páginas de la historia nacional.
Jóvenes universitarios, poetas, mujeres embarazadas, niños, abuelos, líderes sociales, militares, hombres y mujeres, fueron asesinados por órdenes del régimen neoliberal de Carlos Andrés Pérez y del entonces, gobernador Antonio Ledezma, hoy prófugo de la justicia venezolana, por terrorista.
Muchos de ellos fueron asesinados en sus casas, cuando comían, jugaban, hablaban por teléfono, llegaban a sus residencias, compraban una medicina o asistían a quienes eran vilmente abaleados en las calles.
Reparar a las víctimas
El 29 de agosto del año 2002, la Corte Interamericana de DDHH determinó la obligación del Estado venezolano de reparar a las víctimas y familiares de asesinados y desaparecidos durante "El Caracazo".
El Estado venezolano, representado por el líder histórico de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, se comprometió de forma responsable y en justicia ante el pueblo venezolano, a indemnizar a las víctimas que determinó la Corte Interamericana de DDHH.
Sin embargo, en el año 2006, el gobierno del presidente Hugo Chávez anuncia la indemnización para las víctimas que no fueron acogidas por la sentencia.
Neoliberalismo conduce a la pobreza
A manera de reflexión, Amilcar Carvajal, considera que una de las lecciones del Caracazo, que forma parte del ADN político de los venezolanos es que, "las medidas económicas neoliberales y capitalistas del corte que sean, inevitablemente van a llevar a la pobreza, la miseria y el deterioro de las condiciones sociales y de vida de cualquier país".
De seguidas, afirma: "No hay ningún país en el mundo donde el capitalismo haya estado, que termine resultando mejor a cualquier otro proyecto que se planteen en otra nación".
Explica que, el capitalismo implica, en su versión más terrible que es el neoliberalismo, el deterioro en el ámbito educativo, de salud, cultural, "y generan un abismo y una relación de desigualdad que conlleva a una tremenda injusticia social".
Aplicar la lección del 27-F en la situación actual, en la búsqueda de salida a los problemas y desafíos presentes como nación, "pasan por la construcción de opciones sociales, comunitarias, solidarias y complementarias, interconectadas".
El 27 de febrero del año 2007 la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela decretó la fecha como el Día Nacional por el Respeto de los Derechos Humanos y el Poder Popular.
"El Caracazo no fue un motín, fue el espejo roto de una Venezuela que se creía distinta, fue el día en que el pueblo bajó del cerro y el Estado respondió con plomo", señala la historiadora María de Jesús Daza.