Organizaciones sociales, sindicales y políticas claman alto a la persecución frente a la Defensoría del Pueblo
Un grupo de 28 organizaciones políticas, sociales y ciudadanos se congregó frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas para denunciar la persecución sistemática que enfrentan activistas, académicos y manifestantes en Venezuela. Estas agrupaciones condenaron las acusaciones del gobierno de Nicolás Maduro, que tilda a los críticos de “desestabilizadores” y “conspiradores” para justificar una campaña de difamación. Entre los afectados destacan los sociólogos Alexandra Martínez, Emiliano Terán Mantovani, Edgardo Lander y el antropólogo Francisco Javier Velasco, señalados por medios oficiales como Radio Nacional de Venezuela.
Las organizaciones afirmaron que estas acusaciones carecen de fundamento y buscan silenciar a quienes cuestionan políticas gubernamentales, especialmente las prácticas extractivistas en el Arco Minero del Orinoco, que han generado controversia por su impacto ambiental y social. Edgardo Lander, un referente en la sociología latinoamericana, ilustra el calibre de los profesionales atacados, con una carrera dedicada al análisis crítico de temas como ecología política, desarrollo y movimientos sociales. Su trayectoria, reconocida globalmente, refuerza la ilegitimidad de estas campañas de desprestigio.
Exigencia de Derechos y Autonomía
Las organizaciones exigieron a la Defensoría del Pueblo garantizar el derecho a la protesta, consagrado en la Constitución, y detener la criminalización de la disidencia. Citaron el caso de la activista de derechos humanos Martha Lía Grajales, víctima reciente de este patrón de represión que incluye detenciones arbitrarias, hostigamiento y difamación.
También condenaron los ataques al Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), dirigido por Francisco Javier Velasco, acusado sin pruebas de ser un “centro de injerencia extranjera”. Este instituto, con 64 años de prestigio, ha contribuido con investigaciones rigurosas al desarrollo nacional, lo que hace estos señalamientos un intento claro de deslegitimar su labor.
La UCV, a través de su Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FaCES) y la Escuela de Sociología, respaldó esta denuncia. Enfatizaron la necesidad de proteger la libertad de pensamiento y la autonomía universitaria.
Las organizaciones instaron a la Defensoría a cumplir su mandato constitucional de defensa de los derechos humanos. Tambíen exigen emitir un pronunciamiento claro contra estas violaciones. Advirtieron que la escalada represiva amenaza los cimientos de la democracia venezolana y vulnera el Estado de Derecho.
Compromiso con la Lucha Ciudadana
Las agrupaciones reafirmaron su compromiso de seguir movilizadas hasta lograr el cese de la persecución y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales. Subrayaron que la libertad de expresión y el derecho a la protesta son pilares esenciales para construir una sociedad democrática y justa. En este contexto, destacaron la importancia de instituciones como la UCV, cuya labor académica y social es crucial para el progreso del país. La comunidad universitaria, junto a las organizaciones, llamó a la ciudadanía a unirse en la defensa de estos valores y a rechazar cualquier intento de silenciar la crítica. Este movimiento busca no solo proteger a los académicos y activistas señalados, sino también sentar un precedente para que el Estado respete los derechos de todos los venezolanos.
Agosto, 14/2025