Como se esperaba, este lunes, 2 de febrero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió una nueva licencia indirectamente relacionada con Citgo, en la que extendió por un mes más la «protección» de la empresa frente a los acreedores del bono Pdvsa 2020. Esto es crucial: la supuesta protección solo se refiere a a esos bonos impagos, por lo que el resto de procedimientos que involucran a PDV Holding, incluyendo la subasta, sigue su curso sin ningún impedimento u obstáculo por parte del Tesoro.
Desde la semana pasada, este medio, Sumarium.info, había estado llamando la atención sobre la importancia de la decisión que adoptara la Ofac este febrero, ya que los términos de la nueva licencia podrían dar indicios de la política que adoptará Donald Trump con relación a Citgo ahora que el entorno político venezolano cambió drásticamente, llevándolo a un escenario en el que Estados Unidos supervisa y «controla», según palabras del propio Trump, las decisiones relativas a la industria petrolera venezolana.
Pues bien, ante todo es necesario aclarar que, en términos estrictos, la «protección» de Citgo por parte de la Ofac no está escrita de esa manera, no tiene tal estructura y ni siquiera hace mención de Citgo, sino que se limita a impedir que los tenedores del bono Pdvsa 2020 ejecuten transacciones vinculadas a esos títulos antes del 20 de marzo de 2026.
En consecuencia, la «protección a Citgo» es indirecta, ya que la obstaculización a los bonos Pdvsa 2020, involucra la teórica imposibilidad de reclamar acciones o activos de Citgo.
Dicho esto, ese obstáculo a los Pdvsa 2020 está vinculado al argumento que precisamente están usando Gold Reserve y la junta administradora ad hoc de Pdvsa para anular la subasta de Citgo, puesto que la puja le fue adjudicada a Amber Energy, una filial de Elliot, que ofreció un pago a los tenedores del Pdvsa 2020, pese a que otros postores reclamaban que esa acción era irregular ya que la validez de los bonos sigue siendo cuestionada en Estados Unidos.
Más allá de eso, la Licencia 5U publicada este lunes por la Ofac permite entrever que no hay un cambio de posición respecto a otros acreedores, incluyendo las numerosas empresas transnacionales que ganaron juicios a su favor y que reclaman Citgo como forma de compensación, lo que dio pie a la subasta en la Corte de Delaware.
Por lo tanto, hasta este momento, no hay indicios que sugieran que la administración Trump pudiera marchar en la dirección de favorecer una anulación de la subasta, ante su plan para la industria petrolera venezolana.
Sobre ese punto, es necesario mencionar que la propiedad de Citgo podría haber sido considerado como un punto trascendental en medio del control que está ejerciendo Trump sobre el petróleo venezolano, pero la situación jurídica de Citgo parece un obstáculo.
En el pasado, antes de que se lanzará la Operación Lanza del Sur que derivó en la caída de Maduro, Trump llegó a sugerir que sería adecuado que Citgo, la séptima refinería más importante de Estados Unidos, estuviera en manos estadounidenses.
No obstante, el nuevo entorno podría haber abierto una rendija a la posibilidad de que se tomara alguna nueva decisión referente a Citgo, especialmente si se tiene en cuenta que la razón por la que se dio la subasta de la empresa es porque diversas compañías ganaron juicios que obligan al Estado venezolano a compensarlas por la expropiación de sus activos en Venezuela.
En ese sentido, ante la imposibilidad de recibir esas compensaciones por parte de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, las compañías en cuestión solicitaron a la justicia estadounidense que permitiera el uso de Citgo para la ejecución de las indemnizaciones.
Trump se ha referido a esas expropiaciones, llamándolas «robos» y ha asegurado que las empresas estadounidenses van a recuperar sus activos en Venezuela. En ese contexto, surge la interrogante de si podría darse la posibilidad de que los acreedores sean compensados por otros medios, bien sea con los recursos obtenidos por la venta de petróleo venezolano (que serán gestionados por Estados Unidos) o con nuevas concesiones en territorio venezolano, en lugar del reclamo por Citgo.
En cualquier caso, la administración Trump sigue sin fijar públicamente una posición sobre Citgo. Por su parte, la Licencia 5U de hoy, que limita las acciones de los bonistas del Pdvsa 2020, no contiene elementos que permitan hacer suposiciones sobre un cambio de política referente a Citgo.
La subasta adjudicada
El principal obstáculo actual con relación a Citgo es que la venta, teóricamente, ya se concretó. Como se mencionó, Amber Energy ganó la subasta en noviembre con una oferta de alrededor de 5.900 millones de dólares, en un esquema que incluye un pago destinado a los tenedores de los polémicos bonos Pdvsa 2020.
Amber ya ha dicho que planea mantener tanto los activos como a los trabajadores de Citgo.
Sumarium.info se comunicó hace unas semanas con Amber Energy para obtener declaraciones sobre una apelación introducida por Pdvsa ad hoc en enero y sobre la posición de la empresa ante el plan de Trump para Pdvsa.
Amber declinó hacer comentarios.
Apelación por conflicto de intereses
Ahora bien, judicialmente, no todo esta perdido, pues, incluso antes de que se concretara la adjudicación, la junta administradora ad hoc de Pdvsa y otros postores de la subasta dijeron que apelarían la decisión.
En efecto, así fue confirmado el martes, 13 de enero, por Pdvsa ad hoc. De acuerdo con un comunicado, esta instancia introdujo una solicitud ante la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos el jueves, 8 de enero, para anular la venta de PDV Holding por «conflictos de interés y vicios legales en la subasta», argumentando que había ofertas de mayor valor.
A todas estas, tampoco está claro qué va a suceder con la junta Pdvsa ad hoc. Cabe recordar que esta fue designada por el extinto gobierno interino de Juan Guaidó, una acción que fue posible porque la Casa Blanca desconocía a Maduro y reconocía a Guaidó como legitimo mandatario de Venezuela.
En este punto, es importante mencionar que en la junta ad hoc y en la gestión de la compañía debe prevalecer el criterio de independencia y visión corporativa para evitar que tribunales declaren la existencia del «alter ego», como ya sucedió en el pasado, permitiendo que se hiciera la subasta.
Ahora bien, en un contexto en el que Trump avala lo que denomina «autoridades provisionales» de Venezuela (en referencia a Delcy Rodríguez) también surge la incógnita de si la representación de Pdvsa en Venezuela podría ser reemplazada.
Sin protección
En otro orden de ideas, es importante recordar que desde 2019, el Departamento del Tesoro mantuvo un esquema de protección hacia Citgo, que impedía que los acreedores del Estado venezolano ejecutaran embargos contra la empresa.
No obstante, todo cambió en mayo de 2023 cuando el Tesoro emitió la Licencia General 42 que habilitaba a la Asamblea Nacional electa en 2015 para negociar con los acreedores «en relación con cualquier deuda del gobierno de Venezuela, Petróleos de Venezuela o cualquier entidad en la que Pdvsa sea propietaria, directa o indirectamente».
En otras palabras, se eliminó el bloqueo estricto a las acciones de los acreedores en contra de Citgo.
Y esta ventana de posibilidades se unió al hecho de que en marzo de 2023, la Corte de Delaware dictara dos sentencias perjudiciales para Venezuela, pero muy favorables para los acreedores: el «alter ego» entre Citgo y Juan Guaidó, si bien esta figura ya se había cumplido con Chávez y con Maduro.
Esta figura jurídica implica que en una empresa propiedad de un Estado, no se cumple el criterio de independencia corporativa, es decir que la persona reconocida como «presidente» del Estado actúa como si también fuese propietario de la compañía en cuestión. En consecuencia, la compañía debe pagar por las deudas del Estado, algo que no sucedería si la empresa es manejada con total autonomía.
Pues bien, en marzo de 2023, la Corte de Delaware dictaminó el «alter ego» entre Guaidó y Citgo, lo que se unió al levantamiento de restricciones por parte del Departamento del Tesoro y propició la subasta.
«El gobierno de Guaidó mantiene un amplio control económico sobre Pdvsa. Venezuela trata los activos de Pdvsa como propios. El gobierno de Guaidó ha accedido a los activos de las subsidiarias de Pdvsa en Estados Unidos y los utilizó para financiarse, eludiendo cualquier derecho que pudiera haber tenido Pdvsa a los dividendos corporativos», señalaban las sentencias, en beneficio de un total de seis acreedores.
Los dos dictámenes también señalaban que «el gobierno de Guaidó también ha utilizado los activos de Pdvsa para financiar la defensa legal de Venezuela. En ocasiones, Pdvsa comenzó -y luego se detuvo- a pagar las deudas de Venezuela. El presidente Guaidó anunció que pretende tratar de la misma manera las deudas de Venezuela y las deudas de Pdvsa en una eventual reestructuración de deuda».
En este punto, es precisó explicar que lo que constituye el «alter ego» no es el hecho de que una empresa sea propiedad de un Estado. Al contrario, la legislación estadounidense prohíbe que un demandante pretenda cobrar una deuda haciéndose con activos que son propiedad de algún Estado. Esto solo ocurre si el demandante logra probar que la compañía y el Estado funcionan como uno solo.
En otras demandas no ha podido probarse el «alter ego», por ejemplo en el caso de Girard y G&A contra PDV Holding, cuya sentencia emitida en junio de 2025 por la Corte de Nueva York concluyó que PDV Holding no es «alter ego» de Venezuela y que, por lo tanto, «no puede ser responsable por una acreencia de más de 1.000 millones de dólares entre principal e intereses»
Límites a los bonistas del Pdvsa 2020
Ahora bien, con frecuencia el alcance de la mencionada «protección» del Tesoro respecto a Citgo causa una notable confusión, ya que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) ha seguido emitido sentencias o prórrogas, como la de hoy, que suelen ser leídas como «una protección» a Citgo, pero, en realidad, su alcance está claramente delimitado.
Tras la Licencia General 42 que habilitaba a la Asamblea Nacional electa en 2015 a negociar directamente con los acreedores, la supuesta «protección» se refiere únicamente a los tenedores de los bonos Pdvsa 2020.
Como se dijo al principio, este podría ser un punto clave para tratar de revertir la reciente venta de Citgo. De hecho, este tema ya fue controvertido durante la subasta, ya que Amber Energy obtuvo la adjudicación con una oferta que incluye a estos bonistas, pese a que estos tienen prohibida la ejecución de acciones contra Citgo.
Mientras tanto, varios acreedores, incluyendo Gold Reserve, argumentaron durante la puja que las ofertas que incluyeran a los bonistas del Pdvsa debía ser descalificadas ya que consideraba «irregular» que la Corte de Delaware aceptara propuestas que incluyeran a estos acreedores sin esperar la resolución de un caso separado en Nueva York sobre la validez de esos bonos. En septiembre, este tribunal dictaminó la validez de los bonos, pero Pdvsa ad hoc dijo que iba a apelar, así que el proceso judicial aún está activo y sin una resolución a la vista, en un punto crítico, pues están por vencer otros bonos del Estado venezolano: Los Soberanos 2027.
Volviendo al bono impago, al momento de la subasta la Corte de Delaware reconocía a ciertos acreedores que ya habían obtenido sentencias firmes en procesos judiciales contra el Estado venezolano. Los bonistas del Pdvsa 2020 no estaban en esa lista de lo que puede denominarse «acreedores reconocidos».
Por consiguiente, desde el punto de vista de los acreedores y de algunos postores, la subasta debía centrarse en conseguir la mayor cantidad posible de dinero para pagar las indemnizaciones a los «acreedores reconocidos» y no a los bonistas.
Con la decisión de septiembre de la Corte de Nueva York, los bonistas tendrían que ser considerados «acreedores reconocidos» en Delaware, pero el proceso sigue sin sentencia firme ante la apelación de Pdvsa ad hoc.
Entre las empresas que han ganado fallos contra el Estado venezolano en tribunales estadounidenses -e incluso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi)- se encuentran las siguientes:
- Koch Minerals and Nitrogen, con sentencia a su favor desde marzo de 2023.
- Crystallex, con sentencia a su favor desde agosto de 2018.
- MUFG Union Bank, con sentencia a su favor desde octubre de 2019.
- Red Tree Investments, con sentencia a su favor desde abril de 2022.
- ConocoPhillips, con sentencia a su favor desde octubre de 2022.
- Siemens Energy, con sentencia a su favor desde diciembre de 2022.
- OI European Group (Owens Illiniois), con sentencia a su favor desde marzo de 2023.
- Huntinton Ingalls Inc, con sentencia a su favor desde marzo de 2023.
- ACL1 Investments, con sentencia a su favor desde marzo de 2023.
- Rusoro Mining Ltd, con sentencia a su favor desde marzo de 2023.
- Gold Reserve Inc, con sentencia a su favor desde marzo de 2023.
Citgo ha comenzado a comprar petróleo venezolano
Para finalizar es de mencionar que en medio de todo este complejo escenario, Citgo ya hizo su primera orden de compra de petróleo venezolano tras más de seis años sin intercambio.
La transacción se dio a conocer extraoficiamente el jueves 29 de enero, que la refinería adquirió una carga de 500.000 barriles de crudo venezolano, que serán entregados en febrero mediante Trafigura.
https://sumarium.info/wp-content/uploads/2026/02/venezuela_gl5u_0.pdf