Fiscalía de la CPI cerrará su oficina en Caracas ante la falta de “progreso real”
02-12-25.-La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció este lunes su decisión de cerrar la oficina que mantenía en Caracas, al considerar que no se han registrado avances sustanciales en materia de “complementariedad”, principio que establece que un Estado debe investigar de forma genuina los crímenes que se le imputan antes de que el tribunal internacional asuma competencia.
Durante su discurso de apertura de la 24ª Asamblea de los Estados Parte de la CPI, el fiscal adjunto, Mame Mandiaye Niang, explicó que, a pesar del “compromiso sostenido” entre el organismo y las autoridades venezolanas, el balance final indica que “el progreso real sigue siendo un reto”. En consecuencia, la Fiscalía optó por poner fin a las operaciones de la oficina que fue instalada en 2024 para colaborar directamente con las instituciones del país.
“Siendo conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros recursos limitados, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas”, afirmó Niang.
A pesar de esta medida, el funcionario dejó claro que la actuación del tribunal en relación con Venezuela no se detiene. Según precisó, la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad atribuidos a autoridades venezolanas “permanece activa” y continuará siendo dirigida por un equipo de fiscales que operará desde la sede del organismo en La Haya.
Caracas mantiene su rechazo a la investigación internacional
Desde el inicio del proceso, el Gobierno de Venezuela ha rechazado la actuación de la Corte Penal Internacional, al insistir en que debe respetarse el principio de complementaridad. Según la posición oficial, el tribunal no puede sustituir a la justicia nacional y solo tendría competencia en caso de que el Estado no investigue de manera efectiva los hechos denunciados.
El cierre de la oficina en Caracas representa un nuevo capítulo en una relación marcada por intercambios constantes entre la CPI y el Ejecutivo venezolano, en medio de las acusaciones relacionadas con violaciones de derechos humanos y la posible responsabilidad penal de funcionarios del Estado.
En abril de 2024, el entonces fiscal de la CPI, Karim Khan, calificó la apertura de esta representación en Venezuela como una “oportunidad única” para profundizar las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad y, además, establecer un vínculo entre el marco legal y el apoyo técnico que el tribunal ofrecería al país.
La investigación contra Venezuela fue abierta oficialmente en 2018, luego de una remisión realizada por varios países. Posteriormente, el Gobierno de Nicolás Maduro intentó detener el proceso al argumentar que el sistema judicial interno ya estaba adelantando actuaciones. Sin embargo, esa postura fue rechazada por la Corte en 2023, cuando autorizó reactivar las pesquisas relacionadas con presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.
Con información de EFE.
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