La precariedad laboral se consolida en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei con la aprobación de una reforma que permite extender la jornada laboral hasta 12 horas diarias mediante mecanismos como el banco de horas, reduce significativamente las indemnizaciones por despido al modificar su base de cálculo (excluyendo conceptos como el aguinaldo, las vacaciones y otros rubros no mensuales), convierte el pago de las horas extras en algo negociable y optativo en lugar de obligatorio con recargo, y restringe el derecho a huelga al ampliar la lista de sectores considerados esenciales y exigir servicios mínimos más elevados (hasta el 75 % en varios casos).
Estas medidas, presentadas como “modernización” del mercado laboral, representan un retroceso histórico en derechos conquistados durante décadas, profundizando la explotación y la inseguridad para millones de trabajadores en un contexto de crisis económica ya extremadamente aguda. Mientras tanto, la agenda mediática y las redes sociales se desvían hacia temas como los therians —fenómeno que la ultraderecha instrumentaliza para ridiculizar y atacar a la comunidad LGBTQIA+—, desviando la atención de estos graves atropellos laborales y contribuyendo a una despolitización muy conveniente para los sectores conservadores.