La situación actual no es ninguna anomalía. España no pasó de una dictadura de cuarenta años a una democracia plena, sino a un sistema de partidos cuidadosamente delimitado. Se sustituyó un poder por otro, pero no se desmontaron sus cimientos. Hoy, con la irrupción sin complejos del neofranquismo, lo que se ve no es una novedad: es la continuidad.
En España siempre ha pesado más la estructura que la persona: el ejército más que el soldado, la Curia más que el sacerdote, el Estado más que el ciudadano, la justicia más que el reo, la colmena más que la abeja. No es una metáfora literaria; es una constante histórica.
Las sociedades evolucionan lentamente desde la horda al clan, del clan a la tribu, y de ahí a formas más complejas de organización. España arrastra todavía rasgos de clan. No sólo por parentesco, sino por herencia de poder. Las familias vencedoras de 1936 conservaron posiciones estratégicas en la economía, en la judicatura, en la administración territorial y en los centros de influencia. Esa continuidad es el verdadero armazón del sistema. La alternancia electoral no lo altera.
La Transición de 1978 consolidó ese equilibrio. Se pactó una alternancia bipartidista funcional, no una ruptura estructural. El diseño electoral, la configuración territorial y el peso del poder judicial aseguraron que nada esencial cambiara. Las derechas pueden perder elecciones sin perder el control real. Por eso actúan, cuando no gobiernan, como si el Ejecutivo careciera de legitimidad. No es crispación circunstancial: es una concepción patrimonial del poder.
El resultado es un deterioro progresivo de la atmósfera pública. La política deja de ser confrontación democrática y vuelve a ser disputa por la posesión del Estado. Cuando las instituciones se convierten en botín y no en garantía, la involución es inevitable. Y entonces reaparece la forma más primitiva de la organización humana: la horda.