La desconfianza que suscita el discurso económico dominante puede atribuirse tanto a la experiencia histórica como a la persistencia de la tesis —formulada con claridad por Marx— según la cual la política constituye una superestructura condicionada por las relaciones económicas. Sea cual sea el origen de esta percepción, lo cierto es que la economía, en su formulación hegemónica contemporánea, no ofrece un marco interpretativo ni normativo que resulte intelectualmente satisfactorio ni socialmente fiable.
Desde una perspectiva histórica, la economía ha ejercido una influencia determinante sobre la política, hasta el punto de subordinarla a su propia racionalidad. Este proceso se ha intensificado con la financiarización de las economías capitalistas avanzadas, cuyos efectos sobre la cohesión social y la distribución de la riqueza están ampliamente documentados. La primacía de las finanzas introduce dinámicas autónomas, escasamente controlables por los poderes públicos, que erosionan los fundamentos mismos de la soberanía económica de los Estados. Un indicador significativo de esta cesión de soberanía es confiar la evaluación de la solvencia estatal a un reducido número de agencias privadas de calificación crediticia.
La contabilidad constituye, sin duda, un instrumento imprescindible para la gestión pública, del mismo modo que lo es para la empresa o la familia. Sin embargo, cuando el crédito y el endeudamiento —impulsados por la ideología neoliberal— se transforman en ejes estructurales del crecimiento económico, se produce la indeterminación sistemática de responsabilidades en los episodios de insolvencia. La imputación de la culpa oscila entre el prestatario y el prestamista, sin que se examine adecuadamente el riesgo más relevante desde una perspectiva social: la incapacidad del endeudamiento para generar riqueza real y sostenible.
El agiotaje, la especulación financiera abusiva y la generalización de prácticas especulativas con cobertura institucional constituyen mecanismos centrales del capitalismo financiero contemporáneo. Estos mecanismos no solo facilitan procesos acelerados de acumulación de capital, sino que también intensifica el empobrecimiento y la exclusión social, como factores estructurales de inestabilidad económica, politica y social.
Desde este enfoque, la economía puede entenderse como una derivación funcional de la política. No obstante, si se pretende preservar el núcleo del sistema económico no socialista y dotarlo de mayor estabilidad, resulta imprescindible invertir la relación de subordinación actualmente existente. Esto exige impedir que las manipulaciones financieras dominen la economía productiva y que esta, a su vez, continúe imponiendo sus constricciones y restricciones a la acción política.
La situación crítica que atraviesan amplias regiones de Europa —incapaces de articular una defensa coherente de la moneda común y de corregir las disfunciones del sistema financiero— es consecuencia directa de la renuncia de los responsables políticos a ejercer un control efectivo sobre las finanzas. En este contexto, el campo de la economía académica occidental presenta un grado notable de fragmentación teórica y prescriptiva.
Las discrepancias entre economistas no se limitan a matices técnicos, sino que adoptan la forma de oposiciones conceptuales irreconciliables. Frente a crisis de naturaleza estructural, unos prescriben políticas inflacionarias como instrumento de ajuste, mientras otros defienden estrategias deflacionarias orientadas a la estabilidad monetaria; unos abogan por la expansión del gasto público y el estímulo fiscal, mientras otros insisten en la contracción presupuestaria y la disciplina fiscal; unos reclaman una intervención activa del Estado en la economía, mientras otros promueven su retirada sistemática. Esta heterogeneidad de diagnósticos y recomendaciones se mantiene incluso entre economistas reconocidos con el Premio Nobel, lo que pone de manifiesto la ausencia de un consenso teórico mínimamente operativo.
Si la excelencia intelectual asociada a tales reconocimientos se tradujera en una capacidad efectiva de orientación normativa, los Estados podrían asumir estas prescripciones como guías racionales de acción. Sin embargo, la proliferación de recomendaciones contradictorias ha ido acompañada de resultados persistentemente insatisfactorios. A esta insuficiencia se suma una omisión estructural: la escasa atención que la economía dominante concede a la justicia distributiva, es decir, al reparto equitativo de la riqueza como objetivo prioritario de la politica dirigida al bien común.
En términos ideológicos, la economía política constituye el sustrato material de la ideología dominante. Dicha ideología se caracteriza por su simplicidad normativa: la privatización progresiva de los bienes comunes y la reducción del intervencionismo estatal. Este conjunto de ideas funciona como legitimación de los intereses de las clases dominantes y actúa como barrera frente a políticas que pudieran alterar la distribución existente del poder económico. El carácter excepcional de episodios como la solicitud, por parte de las élites económicas francesas, de un aumento de la presión fiscal confirma esta regla general.
Por último, la reiterada proclamación de una voluntad política orientada a la eliminación de los paraísos fiscales carece de correspondencia empírica. Tras años de declaraciones públicas y recomendaciones técnicas, la arquitectura financiera opaca permanece sustancialmente inalterada, lo que revela los límites reales de la acción política en el marco del capitalismo financiero globalizado.
Todo parece indicar que el capitalismo financiero ha alcanzado un umbral crítico de agotamiento. Su incapacidad para satisfacer las necesidades de las mayorías sociales genera respuestas defensivas por parte de las élites económicas y profundiza las tensiones sociales. Más allá de las crisis coyunturales —como la del euro—, el problema es de naturaleza estructural: mientras no se neutralicen las prácticas depredadoras del sistema financiero, ni se supere la estrechez analítica de una economía que ignora las necesidades básicas de los sectores más vulnerables, la inestabilidad y la desigualdad seguirán constituyendo rasgos persistentes del orden económico contemporáneo de las naciones occidentales.