La corrupción en España tiene raíces históricas que se remontan al origen de la propiedad privada. Acaparar desde tiempo inmemorial en Castilla, en Andalucía o Extremadura latifundios, grandes extensiones de terreno, supone haberse también adueñado del dinero y del poder. Más tarde, la usurpación por parte de los ganadores de la propiedad y riqueza de los perdedores de la guerra civil, decide otro significativo distanciamiento entre grandes partes de la población donde predominaba el minifundio: prácticamente en la cornisa cantábrica y en la casi totalidad del norte de España.
Luego, durante la transición, se establecieron mecanismos para controlar la corrupción, pero la consolidación democrática ha sido incapaz de erradicar estas prácticas.
La corrupción en España se manifiesta en diversas formas: sobornos, malversación de fondos públicos, mordidas, tráfico de influencias, nepotismo. Afecta tanto a los dos partidos políticos de la alternancia como a la judicatura.
Así, la corrupción ha ido erosionando considerablemente la confianza ciudadana en las instituciones, en la clase política y en la justicia. Ha contribuido a la desafección política, al aumento del abstencionismo y a la aparición de nuevos partidos que prometen regeneración en su discurso pero el debilitamiento de su causa corre a cargo de un elemento disolvente: el periodismo.
Se han implementado leyes y organismos para combatir la corrupción, como la Ley de Transparencia, la Fiscalía Anticorrupción y la creación de tribunales especializados. Sin embargo, la percepción pública sigue siendo que la corrupción es un problema estructural. Es más, siendo la justicia el mecanismo ad hoc para depurarla con más o menos eficacia, en el poder judicial no es infrecuente la prevaricación, el retraso deliberado de procesos pendientes de sentencia o de ejecución de sentencia según quien sea el encausado, como precipitada la resolución atolondrada de otros casos, como ha ocurrido recientemente con el Fiscal general del gobierno actual.
La judicialización de la política se refiere al fenómeno por el cual los conflictos políticos se resuelven en los tribunales en lugar de intentar resolverse en el ámbito político o parlamentario. En España, esto se ha intensificado especialmente en temas relacionados con el independentismo catalán, corrupción y derechos fundamentales. Pero la politización de la justicia es otra evidencia, pues los jueces y magistrados pueden paralizar procesos políticos y aumentar la polarización social. Lo que está generando cada vez más desconfianza en el sistema judicial
El juicio y condena a líderes independentistas catalanes tras el referéndum de 2017, es un ejemplo concluyente. Las condenas impuestas a esos líderes, propias del delito de asesinato, no pueden ser más elocuentes en cuanto a la índole profesional, social y política de los magistrados españoles.
Es tal el grado de corrupción que de nada van servir propuestas y medidas para mitigarla, como fomentar el diálogo político y mecanismos de mediación antes de acudir a la vía judicial. De nada va a servir tampoco reformar el sistema judicial para garantizar mayor independencia y transparencia. La no renovación estratégica durante años del Consejo de Poder Judicial pone la impronta de la nula voluntad de la derecha, tanto en la politica como en la justicia.
Tampoco van a progresar en absoluto las propuestas para mejorar la cohesión territorial y política de España, pues la oposición radical a avanzar hacia un modelo federal que reconozca la diversidad territorial y garantice una distribución equilibrada de competencias y recursos, hace imposible mejorar la coordinación entre el Estado central y las comunidades autónomas para evitar duplicidades y conflictos. Las Diputaciones, de factura enteramente franquista, son otro obstáculo insalvable. Ni se van a diseñar políticas educativas que integren la diversidad cultural y lingüística con un sentido de pertenencia común.
Conclusión
La superación de los problemas estructurales que afectan a España requiere un enfoque integral que combine reformas políticas, judiciales, educativas y sociales. Solo a través de un compromiso real con la transparencia, el diálogo y el reconocimiento de la diversidad se podrí avanzar hacia una España más cohesionada y democrática. Todo esto equivaldría al pacto social sobre el que no hay señal alguna de que vayan a avenirse a al acuerdo las clases o castas sociales dominantes, dueñas de las finanzas, de la gobernanza e incluso de toda la política como superestructura social. Porque el dominio y control de la sociedad española, gobierne quien gobierne, está en manos de la derecha relativamente moderada, y ahora también de la extrema. Las fuerzas de la intolerancia cuyos principios franquistas hacen imposible todo avance y muy posible la involución más peligrosa… a menos que de alguna forma intervenga la Europa Comunitaria.