Tabla de contenido
Introducción 3
1 La crisis de la democracia representativa en Colombia y en el mundo 9
Definición 13
2. La Asamblea Constituyente de 1991 y la Consulta Popular de 2025 16
3. Los cambios en el capitalismo y el colapso de la democracia liberal 30
La oligarquía tecnológica y la crisis de la democracia representativa liberal 30
La globalización neoliberal y la concentración de riqueza 31
La financiarización de la economía 33
La acumulación por desposesión (saqueo y despojo) 34
La globalización neoliberal y la concentración de la riqueza 37
Caracterización de la oligarquía tecnológica 39
Debilitamiento de la organización laboral y la crisis de la democracia liberal 41
Conclusión ¡Error! Marcador no definido.
4.La necesidad de ‘Otras democracias’ para transformar la democracia 42
La democracia directa en Grecia y la democracia representativa liberal: dos modelos en contraste 43
Formas de democracia alternativas 46
La Consulta Popular como oportunidad para transformar la democracia 47
5. La Consulta Popular, una oportunidad y un desafío progresista 51
Antecedentes 52
La Consulta Popular como mecanismo de participación ciudadana 58
Experiencias previas de referendos y consultas populares en Colombia 65
Referendo de 2003 (Uribe): contexto, resultados y consecuencias 65
Referendo de 2016 (Santos y la paz): contexto, resultados y consecuencias 70
Referendo anticorrupción de 2018: contexto, resultados y consecuencias 72
Referendo del Agua (iniciativa popular): contexto, resultados y consecuencias 75
Análisis del momento político del país 84
Coyuntura política actual en Colombia 84
Posiciones de los partidos políticos y grupos de interés frente a la Consulta Popular 88
La Consulta Popular sobre la reforma laboral 90
Preguntas planteadas para la Consulta Popular 90
Desafíos y oportunidades de la Consulta Popular 100
Desafíos institucionales y logísticos para la realización de la Consulta Popular 100
Oportunidades para la participación ciudadana y la profundización de la democracia 102
Conclusiones 111
Bibliografía 112
El presidente Gustavo Petro ha convocado una Consulta Popular para enfrentar el bloqueo institucional que ha golpeado y afectado su gobierno y sus principales iniciativas, entre ellas, las "reformas sociales" (salud, laboral, ley de refinanciación, etc.) en el Congreso Nacional. Dicho bloqueo se hizo manifiesto y explícito en la Comisión Séptima del Senado cuando se archivó -por parte de un grupo de Senadores ligados a la ultraderecha- el proyecto de reforma laboral sin desarrollarse el debate normal y necesario.
Inicialmente, la propuesta de Consulta Popular se planteó como un instrumento para movilizar al pueblo en torno al contenido específico de la reforma laboral y obligar con ese mandato a los congresistas a que finalmente conviertan el proyecto de reforma en Ley. Sin embargo, por lo que se observa en el desarrollo de los acontecimientos relacionados con esa iniciativa, pareciera que se va a ir convirtiendo en una especie de plebiscito en torno al apoyo o al rechazo al gobierno progresista, que colocará en la escena pública el debate sobre las barreras -institucionales, empresariales y mediáticas-, que han impedido que el gobierno popular avance y concrete los cambios propuestos, y que obtuvieron mayorías en la elección presidencial de 2022.
Además, dado que el bloqueo institucional al gobierno no sólo ha provenido del Congreso, sino que ha operado desde las Cortes Judiciales (Corte Constitucional, Corte Suprema y Consejo de Estado), los órganos de control (Procuraduría y la Fiscalía cuando estaban en manos de Margarita Cabello y Francisco Barbosa) y el Consejo Nacional Electoral, el ejercicio de la Consulta Popular adquiere una connotación más amplia en relación al régimen político colombiano, o sea, al carácter y formas de la democracia colombiana.
Ese fenómeno de bloqueo institucional a todo nivel también lo vivieron hace pocos años los gobiernos progresistas y/o de izquierda en América Latina como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, Honduras y Paraguay. En algunos de ellos se desató una verdadera "guerra jurídica" (lafware) que llevó a juicios y hasta golpes de Estado "blandos" y "duros" que como en Paraguay, Honduras y Perú, sirvieron para destituir a sus respectivos presidentes.
Para resolver esa situación de bloqueo institucional, en aquellos países en donde los presidentes progresistas y/o de izquierda habían logrado triunfos electorales importantes (Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia), se convocaron Asambleas Constituyentes para cambiar –por lo menos en materia formal– las Constituciones, y poder impulsar transformaciones más profundas en las instituciones de esos países.
El pulso que se va a jugar el gobierno progresista con la Consulta Popular tiene que ver con la contradicción evidente entre la existencia de una institucionalidad conservadora, heredada desde la Colonia, y el programa de gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo aprobado en los primeros meses del gobierno progresista. De lograrse una participación contundente de los ciudadanos y del pueblo colombiano en respaldo a las reformas bloqueadas y saboteadas, no sólo podría asegurarse la continuidad del gobierno progresista en las elecciones de 2026 sino que se dejaría la puerta abierta a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en el siguiente período gubernamental.
Además, es importante anotar que lo que ocurre en Colombia no es algo excepcional. Hace parte de lo que a nivel mundial se identifica como la crisis de la democracia representativa liberal de Occidente ("colapso de la democracia", la llama Paul Krugman), en donde proyectos políticos de tipo autoritario y neofascista han ido ganando terreno político, con base en discursos y propuestas que cuestionan el "sistema" y que se proponen no solo reformar el Estado sino socavarlo y "destruirlo" desde adentro, como ocurre actualmente en los EE.UU., en donde la élite de los "nuevos señores tecno-feudales" (oligarquía tecnológica) están llevando al extremo lo que soñaron –en su momento– los teóricos más radicales del neoliberalismo pero, ahora, no con la visión de la globalización neoliberal sino con una concepción "nacionalista de gran potencia"[1].
Por ello, por lo que la Consulta Popular en ciernes representa en este momento de la vida política de nuestro país, es que se elabora este ensayo con una mirada amplia y compleja. En ese sentido se aborda, en primera instancia, lo que es el colapso de la democracia representativa en Colombia y en el mundo, sus causas y consecuencias para la población, especialmente para los trabajadores y para los pueblos marginados y oprimidos. En esa dinámica se identifican los síntomas de la crisis de la democracia representativa en Colombia, como la corrupción, la desigualdad y la violencia; se analizan las causas profundas de la crisis, como la concentración del poder económico y político en manos de una élite; y se muestra cómo la crisis de la democracia representativa afecta a los ciudadanos y a la sociedad en general por su incapacidad para atender las demandas sociales.
En un segundo momento del ensayo, se realiza una revisión de lo que fue el proceso de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y de la Constitución Política que fue resultado de ese ejercicio, dado que lo que hoy ocurre en Colombia está totalmente ligado a ese momento de la vida colombiana. Se describe el contexto histórico y político en el que se llevó a cabo la ANC de 1991; se analizan los logros y limitaciones de la Constitución Política aprobada y se muestra cómo la Constitución ha sido reformada y reinterpretada a lo largo del tiempo hasta la actualidad.
En un tercer momento, para comprender con mayor profundidad lo que ocurre en el campo del Estado tanto en Colombia como en el mundo, se describen los principales cambios que han ocurrido en el capitalismo y el surgimiento de una oligarquía tecnológica que se comporta como una versión posmoderna de "señores tecno feudales", que son resultado de décadas de globalización neoliberal y grandes transformaciones tecnológicas. Se aborda el surgimiento de esa oligarquía tecnológica y su impacto en la economía y la política, a fin de mostrar cómo esas nuevas élites de "mil-millonarios digitales" están desafiando no solo la democracia liberal representativa sino también, desde su "nacionalismo imperial", desconocen y destruyen todas las normas internacionales que se aprobaron después de la segunda guerra mundial que se basaban en colocar la soberanía nacional de todos los países en términos de autonomía de los pueblos y autodeterminación de las naciones.
Un cuarto tema que se trabaja en el ensayo, que necesariamente surge como respuesta a la crisis de la democracia liberal, es el de la necesidad de construir y fortalecer formas nuevas de democracia que efectivamente sean más participativas, inclusivas y transparentes, para enfrentar las derivas autoritarias y dictatoriales que están en pleno desarrollo en el mundo. Para hacerlo se aborda en forma sintética la revisión de la evolución de la democracia desde Grecia y Roma, pasando por la revolución francesa y estadounidense, hasta llegar al momento actual. Allí podremos ver cómo la humanidad ha construido "otras democracias" como la directa, la "representativa limitada", la deliberativa, la "ilustrada" o del conocimiento (consejos de sabios y sabias, ancianos y ancianas), la participativa y la plebiscitaria, que en Colombia también tiene diversas manifestaciones a lo largo de su historia.
El quinto punto a trabajar es la Consulta Popular que está en proceso de ser convocada y realizada en las próximas semanas y meses. Se describe el contexto y el propósito de esa Consulta; se analizan los desafíos y oportunidades que plantea ese proceso para la democracia en Colombia y se plantea cómo la Consulta Popular puede ser un mecanismo para fortalecer la participación ciudadana, el poder popular y la democracia en Colombia. En este aparte se elabora un balance de la experiencia de los referendos de 2003, 2016 y 2018, y del abortado Referendo del Agua. También se abordan los temas jurídicos de la Consulta y se identifican los sujetos sociales que entrarán en tensión y dinámica política con ocasión de esa iniciativa política que va a poner a prueba a la sociedad colombiana, en donde saldrán a flote las contradicciones y conflictos que se han acumulado a lo largo del tiempo y que irrumpieron con vigor en el pasado "estallido social" de 2021.
Finalmente, en las conclusiones se presentan una serie de propuestas relacionadas con el contenido de las preguntas de la Consulta Popular y con la estrategia para lograr movilizar no sólo a los trabajadores y sectores que participan tradicionalmente en los procesos electorales sino para tratar de llegarle al 45% de la población que no participa en política en nuestro país.
1 La crisis de la democracia representativa en Colombia y en el mundo.
La crisis de la democracia representativa en el mundo, que el economista Paul Krugman ha denominado "El colapso de la democracia" se manifiesta en la desconfianza generalizada en las instituciones públicas, que es un problema común en muchos países, lo que ha llevado a una menor participación ciudadana en la política y a una mayor apatía hacia la democracia.
Las encuestas de opinión pública han mostrado una disminución en la confianza en las instituciones públicas en muchos países occidentales. Por ejemplo, según una encuesta de Gallup en 2020, solo el 43% de los estadounidenses tenía confianza en el gobierno federal.
Las protestas y movilizaciones sociales han sido una manifestación común de la desconfianza en las instituciones públicas. Por ejemplo, los movimientos como "Occupy Wall Street" en Estados Unidos o el movimiento de los "chalecos amarillos" en Francia han expresado su descontento con la política y las instituciones públicas. La crisis de legitimidad de las instituciones públicas ha llevado a una menor participación ciudadana en la política y a una mayor apatía hacia la democracia. La abstención en las elecciones ha aumentado en muchos países occidentales.
Además, los escándalos de corrupción y la percepción de que las instituciones públicas están al servicio de los intereses de una élite económica, han contribuido a la desconfianza en las instituciones públicas. Por ejemplo, el escándalo de corrupción en la Unión Europea conocido como Qatargate, ha generado una gran controversia y ha erosionado la confianza en las instituciones europeas.
Igualmente, la desconfianza en los medios de comunicación ha contribuido en que la población no tenga la más mínima credibilidad en las instituciones públicas. Por ejemplo, la percepción de que los medios de comunicación están sesgados o manipulados ha llevado a una mayor prevención frente a la información que se difunde a través de estos medios.
En el caso de Colombia, la situación es más grave. Según una medición de capital social realizada por la Corporación para el Control Social (Contrial) en 2018, la confianza en la administración pública en general es muy baja, con solo 1,9 sobre 10. La confianza en el gobierno municipal y departamental también es baja, con 1,72 y 1,14 sobre 10, respectivamente.
El Congreso es la institución con el nivel más bajo de confianza ciudadana, con 0,86 sobre 10, según la misma medición. La Iglesia, por otro lado, es la institución con mayor confianza, con 6,4 sobre 10. La Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional (EDI) realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 2018 encontró que el 42,8% de los servidores públicos considera que la ausencia de valores éticos es el factor que más influencia puede tener para que se presenten prácticas irregulares en la administración pública.
La corrupción y el abuso de poder son algunos de los motivos que contribuyen a la desconfianza en las instituciones públicas en Colombia. Según un estudio de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), el 80% de la población colombiana desconfía en las instituciones públicas debido a estos motivos. La pandemia del Covid-19 ha paralizado al mundo y ha fracturado alianzas, lo que ha expandido brechas que se estaban sanando. Esto ha contribuido a aumentar la desconfianza en las instituciones públicas en Colombia.
Lo anterior ha creado condiciones para que se presente una ola de movimientos populistas lo que se constituye en una manifestación evidente de la crisis de la democracia representativa, ya que estos movimientos a menudo cuestionan la legitimidad de las instituciones democráticas y promueven soluciones autoritarias.
Entre los movimientos populistas en el mundo tenemos, por ejemplo, el movimiento Tea Party, que surgió en 2009 en Estados Unidos. Es un movimiento populista que se opone a la globalización neoliberal y a la intervención del gobierno en la economía. También, la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y 2024, se caracterizó por un discurso populista que apelaba a la nostalgia por un pasado glorioso y a la oposición a la globalización y la inmigración. El movimiento de los "chalecos amarillos" en Francia, que comenzó en 2018, es un ejemplo de un movimiento populista que se opone a las políticas económicas y sociales del gobierno frances. También, el ascenso de partidos populistas como el Frente Nacional en Francia, el Partido de la Libertad en Países Bajos y el UKIP en el Reino Unido, han sido influenciados por la oposición a la globalización y la inmigración.
En América Latina los ejemplos más visibles de este tipo de movimientos son los procesos políticos liderados por Jair Bolsonaro en Brasil, Nayib Bukele en El Salvador y Javier Milei en Argentina. Se podría decir que los procesos revolucionarios de Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales, portaban ciertos aspectos "populistas" aunque con enfoques de izquierda, y también fueron resultado de la crisis y el colapso de la democracia liberal.
El ascenso de líderes populistas como Narendra Modi en la India y Rodrigo Duterte en Filipinas, también hicieron parte de ese mismo proceso y fueron influenciados por la oposición a la globalización neoliberal y la búsqueda de una mayor soberanía nacional.
El caso de Colombia.
Otro tipo de manifestaciones de la crisis de la democracia representativa "liberal", en el caso de Colombia, se concreta en las protestas y movilizaciones sociales. Estas han sido una manifestación común de la crisis de la democracia representativa en Colombia, ya que los ciudadanos buscan expresar su descontento y exigir cambios. La crisis de legitimidad de las instituciones públicas es un problema grave en Colombia, lo que ha llevado a una menor confianza en el gobierno y en las instituciones democráticas. La corrupción y el clientelismo han sido problemas endémicos, lo que ha debilitado la confianza en las instituciones públicas. La desigualdad económica y social es un problema de mayor importancia en Colombia, lo que ha llevado a una sensación de exclusión y marginación entre ciertos grupos de la población.
Otras manifestaciones de esa situación las encontramos en la existencia de democracias "iliberales" (Ver https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_iliberal ) que conservan la práctica de las elecciones periódicas, pero revocan o limitan las garantías constitucionales y la transparencia en las acciones de gobierno. También, el surgimiento de autocracias que ofrecen supuestas respuestas a las necesidades de los ciudadanos, pero niegan las libertades individuales y los sistemas de Estado de derecho.
La democracia representativa en Colombia y en el mundo ha sido criticada por ser selectiva y discriminatoria, y por no permitir la participación directa y real de los ciudadanos en la toma de decisiones.
¿Qué podemos entender por "crisis de la democracia"?
La crisis de la democracia representativa en el mundo occidental se puede definir como el agotamiento de la capacidad de control, la ingobernabilidad y ausencia de participación, la resistencia y los desafíos de la globalización neoliberal, la crisis de legitimidad política, y la aparición de lo que algunos teóricos denominan "postdemocracia" (Ver https://es.wikipedia.org/wiki/Posdemocracia ). Todo lo anterior, obliga a plantearse la necesidad de redefinir la democracia. Alrededor de ese tema se ha abierto el debate entre democracia procedimental y sustantiva y la importancia de redefinir los llamados valores democráticos.
La democracia representativa "liberal" ha mostrado debilidades en su capacidad para controlar y responder a las demandas de la sociedad. Esto se debe en parte a los cambios que se han producido en el capitalismo y a los efectos de la globalización neoliberal, que han llevado a una desconexión entre los intereses de los ciudadanos y las acciones de los gobiernos que, por lo general, representan los intereses de las poderosas oligarquías financieras, que en los últimos años se han consolidado como "milmillonarios tecnológicos" o "oligarcas tecno-feudales".
Los "oligarcas tecnológicos" o "tecno-feudales" son aquellos líderes y dueños de las grandes empresas tecnológicas que, según la teoría del tecno-feudalismo, ejercen un poderío comparable al de los señores feudales en la Edad Media. Estos individuos controlan vastos recursos, plataformas y datos, creando una dependencia de los usuarios que se asemeja a la relación entre los siervos y los señores en el pasado.
Los principales tecnoligarcas y las empresas que lideran son Jeff Bezos, dueño de Amazon; Mark Zuckerberg, de Meta o Facebook; Elon Musk de X (antes Twitter); Tim Cook de Apple; Sundar Pichai de Google; Shou Zi Chew de TikTok; Satya Nadella de Microsoft; Pável Dúrov de Telegram; y Sam Altman de OpenAI. Estos líderes milmillonarios, al controlar plataformas digitales que son esenciales para la comunicación, el comercio y la vida diaria, ejercen un poder económico, político y social significativo. La teoría del tecnofeudalismo, desarrollada por economistas como Yanis Varoufakis, argumenta que este nuevo sistema de dominación (capitalismo de la nube) está reemplazando al capitalismo tradicional.
Retomando la idea del colapso de la democracia, se puede afirmar que la ingobernabilidad y la falta de participación ciudadana son problemas significativos. La democracia representativa ha sido criticada por ser más una herramienta de las oligarquías financieras y tecnológicas que controlan en forma absoluta la economía de los diferentes países, lo que lleva a la deslegitimación de la autoridad y el desgaste de los gobiernos.
La globalización neoliberal ha generado nuevos desafíos para la democracia representativa, como la des-intermediación política y la posibilidad de una democracia virtual. Algunos estudiosos y teóricos argumentan que la tecnología puede ser una herramienta para mejorar la participación ciudadana, mientras que otros analistas la perciben como una amenaza a la democracia representativa tradicional.
La crisis de legitimidad es un tema central en la discusión sobre la democracia representativa. La percepción de que los gobiernos no responden a las necesidades y demandas de los ciudadanos ha llevado a una erosión de la confianza en las instituciones democráticas. Por ello, algunos autores hablan del surgimiento de una "postdemocracia", en la que la democracia representativa tradicional está siendo reemplazada por nuevas formas de relación entre los ciudadanos y el poder. Esto podría incluir la manipulación mediática y la pérdida de control ciudadano sobre las decisiones políticas.
Existe un consenso generalizado en que la democracia representativa necesita ser redefinida para abordar los desafíos actuales. Esto podría implicar la búsqueda de nuevas formas de participación ciudadana, revivir y reinventar "otras democracias" como la directa, la deliberativa, la "ilustrada" o consejos de sabios o ancianos, y la incorporación de tecnologías para mejorar la democracia y la reevaluación de los valores fundamentales de la democracia, en el contexto de lo que ahora se conoce como la sociedad digital.
El debate sobre la democracia también se centra en la distinción entre democracia procedimental (nominal o formal) y la democracia sustantiva (basada en valores). La crisis de la democracia representativa podría estar relacionada con la tensión entre estos dos enfoques.
Así, el análisis y estudio de estos fenómenos ha hecho que los valores democráticos como la igualdad, la libertad y la participación ciudadana vuelvan a estar en el centro de la discusión y convertirse en aspectos fundamentales para el funcionamiento de la democracia. La crisis de la democracia representativa podría estar relacionada con la erosión de estos valores y la necesidad de replantearlos sobre las bases de una realidad que se hace visible para muchos sectores de la población y de la sociedad.
2. La Asamblea Constituyente de 1991 y la Consulta Popular de 2025
En esta parte se realiza una revisión de lo que fue el proceso de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y de la Constitución Política que fue resultado de ese ejercicio, dado que lo que hoy ocurre en Colombia está totalmente ligado a ese momento de la vida colombiana. Se describe el contexto histórico y político en el que se llevó a cabo la ANC de 1991; se analizan los logros y limitaciones de la Constitución Política aprobada y se muestra cómo la Constitución ha sido reformada y reinterpretada a lo largo del tiempo hasta la actualidad. Las preguntas que nos planteamos acá son: ¿Por qué las fuerzas democráticas, progresistas, de izquierda y de movimientos sociales que participaron de la ANC de 1991, no lograron sostener la iniciativa política para profundizar la democracia en Colombia? ¿Por qué después de 34 años de ese proceso, no existe una amplia y poderosa participación de los ciudadanos y comunidades populares en las decisiones políticas que determinan su futuro? ¿Qué pasó tanto en la ANC como en los años posteriores? ¿Cómo se explica esta situación de cara a la realización de una Consulta Popular convocada por el primer gobierno popular que existe en Colombia?
Para comprender la importancia de la iniciativa del presidente Petro de convocar una Consulta Popular para enfrentar y derrotar el bloqueo institucional que desde el Congreso de la República y otras instituciones públicas ha sufrido su gobierno desde que inició su gestión, es necesario retrotraernos al momento de la convocatoria y realización de la Asamblea Constituyente de 1991, que aprobó la Constitución Política vigente en Colombia. Ello, porque fueron las fuerzas democráticas, progresistas, de izquierda y de movimientos sociales los que propusieron e impulsaron los mecanismos e instrumentos de la democracia participativa que quedaron plasmados en los artículos 40, 103 y 104 de dicha carta constitucional.
Es importante recordar que durante los años 60s, 70s y 80s del siglo XX se desarrolló un potente movimiento popular, encabezado inicialmente por las masas campesinas lideradas por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC y por el Consejo Regional Indígena del Cauca y la Organización Nacional Indígena de Colombia. Después del Paro Cívico Nacional de 1977, se fortalece la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE y surge la Central Unitaria de Trabajadores CUT.
Igualmente, durante la década de los años 80s, aparecen numerosos movimientos cívicos en cientos de municipios de las diferentes regiones del país, que agruparon a diversos sectores sociales que luchaban por el acceso a servicios públicos como agua potable, electrificación, construcción de carreteras, educación, salud, vivienda y comunicaciones. Al calor de esas luchas surgieron formas nuevas de articulación de las diversas organizaciones en regiones como el Cauca, Nariño, Nordeste Antioqueño, Eje cafetero, Caquetá, Meta, Magdalena Medio y en ciudades de la Costa Caribe como Barranquilla y Santa Marta.
Todo ese proceso de luchas populares exigía la descentralización política, fiscal y administrativa, y esa presión popular fue canalizada hacia la aprobación del Acto Legislativo N° 1 de 1985 que consagró la elección popular de alcaldes, como parte de los Acuerdos de La Uribe, firmados entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc; y fue la antesala de lo que posteriormente se aprobó en la Constitución Política de 1991 (elección popular de gobernadores, la formulación del ordenamiento territorial y la democracia participativa).
Es decir, durante esas décadas de los años 60s, 70s y 80s del siglo XX, a pesar de la presencia de las guerrillas insurgentes, en forma paralela amplios sectores populares estaban creando formas de democracia directa que, por un lado, impulsaba y concretaba la consigna de "la tierra para el que la trabaja" mediante la recuperación de hecho de territorios y tierras (especialmente en el Cauca) o mediante la presión al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA para que esa institución interviniera grandes latifundios para ser parcelados y entregados a los campesinos sin tierra (especialmente en zonas de la Costa Caribe, en departamentos como Córdoba, Bolívar y Sucre).
Se puede afirmar que la oligarquía liberal conservadora que había dominado la vida política del país desde el siglo XIX, observaba con preocupación cómo, las comunidades rurales y de los barrios populares de grandes ciudades, creaban diversas formas de organización que eran un verdadero y efectivo poder "desde abajo". Surgieron en esa época, gran parte de las organizaciones populares y sociales que están en la actualidad a la cabeza de las luchas por la tierra, por servicios públicos, por la recuperación de los derechos laborales, por la vivienda, contra la discriminación racial, por la paz y la justicia social.
Sin embargo, entre la dirigencia popular más avanzada de nuestro país no existía plena consciencia de esa situación y de su potencialidad transformadora. La dirigencia vinculada a la insurgencia y otros pequeños partidos obreros y/o campesinos, tenían en mente la "toma del poder" mediante el derrocamiento de las clases dominantes al estilo de lo ocurrido en Cuba (insurrección popular apoyada por guerrillas insurgentes) o mediante una "guerra popular prolongada" como la que se realizó en China. Por lo general, despreciaban cualquier ejercicio que implicara la participación en la "democracia burguesa". El legado de abstencionismo activo, del cual hizo parte el cura revolucionario Camilo Torres Restrepo se mantenía entre la mayoría de grupos de izquierda, a excepción del Movimiento Independiente Obrero y Revolucionario MOIR, y del Partido Comunista Colombiano PCC.
Esa dirigencia no estaba al tanto de los debates que surgieron dentro de la Unión Soviética sobre la forma en que las expresiones de democracia directa que surgieron durante las revoluciones de 1905 y febrero de 1917, o sea, los "soviets" (comités de obreros, campesinos y soldados) fueron absorbidos, cooptados y destruidos por el Estado soviético que, en pocos años, cerró cualquier forma democrática de participación popular en los asuntos de esa gran nación compuesta por múltiples nacionalidades. Esa situación se justificó, principalmente, por la existencia del bloqueo económico y político que implementaron las potencias imperialistas contra el joven Estado proletario y el pueblo ruso, pero, a pesar de los esfuerzos de Lenin para impedir el proceso de burocratización que alcanzó a percibir antes de su muerte, la dinámica de los hechos llevaron a que la URSS reconstruyera en gran medida, el Estado zarista que pretendían derrotar y superar, ahora con la ideología y los estandartes de un marxismo de manual, pero con las mismas formas autocráticas y autoritarias de "un Estado que se colocaba por encima del pueblo" .
Así, en Colombia es la oligarquía la que es consciente del peligro de que esas formas de democracia directa que habían surgido desde los años 60s del siglo XX, pudieran convertirse en un poder paralelo que les disputara "desde abajo" su hegemonía política. Así, en el marco de la política neoliberal y aprovechando el ambiente de "apertura democrática" que estaba en el ambiente por efecto de los procesos de paz con el M19 y otras pequeñas guerrillas (GAQL, EPL, PRT), se utiliza la Asamblea Nacional Constituyente y la Constitución Política de Colombia para canalizar todas esas expresiones organizativas de democracia directa hacia la democracia representativa liberal.
Es así como luego de aprobada la Constitución de 1991, gran cantidad de los movimientos sociales que venían liderando las luchas sociales en todo el territorio, tanto a nivel local como regional y nacional, se involucran en la lucha política y electoral para elegir alcaldes y gobernadores, concejales y asambleístas, y apoyan algunas de las candidaturas al Congreso y la Presidencia. El movimiento indígena y más adelante las comunidades afrodescendientes que habían logrado las circunscripciones especiales, se introducen en esas dinámicas electorales que, en algunos casos les han servido para fortalecer sus procesos de autonomía y de planes de vida "propios" pero, que en general, ha servido también para generar divisiones, y también, ha creado condiciones para que la politiquería tradicional aproveche sus personerías jurídicas para descomponer y destruir procesos organizativos que tenían gran potencialidad.
Claro, entre la dirigencia más preparada y experimentada que participó en la redacción de la Constitución Política de 1991, se intentó generar –desde la norma– condiciones para ampliar y fortalecer la "democracia participativa" como quedó plasmado en los artículos 40, 103 y 104, que más adelante se reglamentaron con las Leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015. Sin embargo tales propósitos quedaron frustrados por el camino, los mecanismos de participación ciudadana que se aprobaron en esas leyes (referendo, plebiscito, consulta popular, veedurías, etc.), quedaron subordinados a la democracia representativa liberal en cuanto a su nivel de efectividad (ser vinculantes y obligatorias sus decisiones), y las condiciones que se aprobaron tanto para su convocatoria como para su realización tienen una serie de requisitos que, en general, son obstáculos para lograr una amplia participación de la población, como se pudo comprobar en la realización de los referendos de 2003, 2016 y 2018 y en los cientos de procesos de revocatorias de alcaldes que han sido una completa frustración.
Lo importante para el momento que se vive en Colombia es comprender cuáles fueron las causas para que ese intento de ampliar y profundizar la democracia no hubiera logrado esos objetivos. Reflexionar sobre ello es indispensable para que durante el proceso de convocatoria y de realización de la Consulta Popular que impulsa actualmente el gobierno de Petro, se puedan desarrollar algunas prácticas concretas y creativas para retomar esos objetivos y anhelos democratizadores; lo que se puede alimentar y cualificar con las nuevas experiencias que se han vivido en América Latina y el mundo en materia de democracia directa y "otras democracias".
Antes de identificar las principales causas de lo ocurrido durante los 24 años siguientes a la aprobación de la Constitución Política de 1991, es necesario revisar en forma sintética lo que ha sido la denominada "democracia restringida" existente en Colombia, para poder entender a cabalidad las circunstancias en que vivía la dirigencia democrática y de izquierda en ese momento histórico, y comprender al máximo sus ideas, propuestas y acciones, y poder tanto evaluar con objetividad ese esfuerzo sin que ello implique que en 2025 se vuelva a repetir lo ocurrido en 1991. Veamos:
- En Colombia, desde el siglo XIX, o sea, en toda su vida republicana, ha existido una democracia representativa bastante restringida y limitada. Las confrontaciones y los acuerdos se desarrollaban y hacían entre las élites conservadoras y liberales. Esa era la característica principal de la "democracia" que había heredado prácticas coloniales que excluían a la mayoría de la población de la participación política, como a campesinos, indígenas, afrodescendientes y población pobre y trabajadora no propietaria de las ciudades. Los conservadores representaban los intereses de los grandes terratenientes, y los liberales, mayoritariamente, de la burguesía comercial intermediaria de las potencias imperiales de turno (Inglaterra y EE.UU.) y minoritariamente, de sectores económicos que aspiraban a crear industria y autonomía productiva (artesanos, industriales). Es decir, en este país la democracia estaba atravesada por la violencia (asesinato de Rafael Uribe Uribe en 1914 y de Jorge Eliécer Gaitán en 1948) y de la exclusión política de la mayoría de la población. Solo hasta 1945 se establece el voto universal y en 1957 se reconoce el voto a las mujeres.
- En la primera mitad del siglo XX, por efecto de las luchas de los trabajadores y de los pueblos indígenas impulsadas desde 1910, se presenta en 1936 la denominada "Revolución en Marcha" que encabezó el banquero liberal Alfonso López Pumarejo, que aprobó una tímida reforma agraria (ley 200 de 1936). Con ocasión de esa ley agraria, se desencadenó la acción violenta de los grandes latifundistas y fue el antecedente de la violencia de los años 50s del siglo pasado (XX).
- Esa violencia ha marcado la vida de nuestro país y aún no termina. Sin embargo, desde los años 60s del siglo XX, las luchas sociales se reorganizaron y lograron mediante la presión social y la movilización que las élites iniciaran un proceso de democratización en 1991 que incluía el ordenamiento territorial, la ampliación de la participación democrática y el reconocimiento de derechos fundamentales para toda la población, declarando a Colombia como participativa, pluricultural y multiétnica, y como un Estado Social de Derecho.
- A pesar de todas esas circunstancias, la antesala de la ANC también fue manchada de sangre democrática y popular. Cuatro candidatos presidenciales fueron asesinados en menos de un lustro: Jaime Pardo Leal de la Unión Patriótica fue asesinado el 11 de octubre de 1987; Luis Carlos Galán Sarmiento del Nuevo Liberalismo sufrió un atentado mortal en Soacha el 18 de agosto de 1989; Bernardo Jaramillo Ossa fue asesinado por un sicario el 22 de marzo de 1990; y Carlos Pizarro Leongómez, del movimiento guerrillero M-19 fue asesinado el 26 de abril de 1990. Son hechos y situaciones que influían en forma determinante en los dirigentes de aquella época y que influyeron en sus decisiones.
- En las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente los movimientos de carácter democrático popular lograron elegir 23 constituyentes con un 32,9% de la votación (AD- M19, 19; UP, 2; y ONIC-AICO, 2). Participaron también constituyentes no elegidos por votos en representación del EPL, PRT y GAQL - No obstante, aunque fue la segunda fuerza después del partido liberal que era de gobierno (35,76%), respecto al conjunto de los constituyentes representaban sólo una tercera parte de la totalidad. Además, el partido liberal se dividía entre los sectores socialdemócratas que lideraba Horacio Serpa Uribe y los neo-liberales que estaban encabezados por el presidente César Gaviria Trujillo. Igualmente, algunos conservadores habían creado una fuerza política independiente que organizó Álvaro Gómez Hurtado denominada "Movimiento de Salvación Nacional", que se mostraba relativamente progresista.
- Los resultados anteriores significaron que la Constituyente no tenía mayorías definidas. La Asamblea dispuso de una presidencia colegiada ejercida por tres constituyentes: Antonio Navarro Wolf, Horacio Serpa Uribe y Álvaro Gómez Hurtado. Se conformaron cinco comisiones temáticas (Principios, Derechos y Deberes; Ordenamiento Territorial; Estructura del Estado; Rama Judicial; Asuntos Económicos y Hacienda Pública), y las alianzas que se tejieron fueron múltiples, según los temas tratados.
- Luego de que se aprobó la Constitución de 1991, se realiza un acuerdo político entre la AD-M19 y Alfonso López Michelsen, quien se había opuesto a la reforma constitucional que impulsaba el expresidente Virgilio Barco, siendo la cabeza del proyecto neoliberal en Colombia desde su gobierno (1974-1978), que consistía en que quienes fueran constituyentes no podrían ser candidatos al Congreso Nacional en el período inmediatamente siguiente. No se conocen los detalles de ese acuerdo, pero era evidente que las fuerzas progresistas y de izquierda serían las más perjudicadas con esa decisión dado que no contaban con suficientes figuras para ser candidatos viables. Además, Antonio Navarro aceptó el ministerio de Salud durante el gobierno neoliberal de César Gaviria, lo cual debilitó la imagen de transformación ý de cambio que se había construido a lo largo de una década, mucho más cuando a la sombra de su ministerio se aprobó la Ley 100 de 1993 que privatizó los servicios de salud creando las famosas Empresas Promotoras de Salud EPS.
Con base en este corto recuento se pueden presentar algunas respuestas a las preguntas planteadas arriba:
¿Por qué las fuerzas democráticas, progresistas, de izquierda y de movimientos sociales que participaron de la ANC de 1991, no lograron sostener la iniciativa política para profundizar la democracia en Colombia?
- Existía el temor de que, si se impulsaba en forma sostenida una estrategia de confrontación con las castas dominantes colombiana y sus partidos tradicionales, no sólo estaba en peligro la aprobación de la nueva Constitución, sino que las mayorías del establecimiento oligárquico avalaría una revisión constitucional de su contenido por parte de la Corte Suprema de Justicia, lo cual le quitaba el carácter de omnímoda y soberana a la ANC.
-También, se especulaba que, si se intentaba ir más allá de los acuerdos entre las tres principales fuerzas representadas en la ANC, o sea, la Alianza Democrática-M19, el Partido Liberal y el Movimiento de Salvación Nacional, los sectores más reaccionarios y derecha podrían promover un golpe de Estado, aduciendo que esa Constitución iba a ser utilizada por los "comunistas" para destruir el país.
- Además, existía cierta inseguridad e incertidumbre respecto de que tanto las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Farc-Ep como el Ejército de Liberación Nacional Eln, no participaron en ese proceso constituyente, y se mostraban reacios a reconocer cualquier tipo de reforma progresista que, de alguna manera, deslegitimaba su acción armada insurgente.
-Igualmente, el movimiento social popular se encontraba muy disperso y se centraba en luchas sociales sectoriales y territoriales (local y regional) y en proyectos concretos, y no existía una fuerte conexión con las expresiones políticas que habían surgido en tan corto tiempo. Y, también, las agrupaciones políticas portaban concepciones reduccionistas y sindicaleras del movimiento social adjudicándole a sus organizaciones tareas exclusivamente reivindicativas.
¿Por qué después de 34 años de ese proceso, no existe una amplia y poderosa participación de los ciudadanos y comunidades populares en las decisiones políticas que determinan su futuro?
-Es evidente que no ha existido una estrategia para enfrentar las prácticas clientelistas y politiqueras que predominan en la política colombiana. A nivel local, en algunas ciudades como Bogotá, que ha sido centro de migración de pobladores expulsados de los diversos territorios del país han surgido fuertes expresiones de lo que se ha denominado "ciudadanías libres", que actúan electoralmente con cierta autonomía e independencia, pero no es la regla general. Igualmente, departamentos como Cauca, Nariño, La Guajira, y últimamente, el pacífico colombiano y la Costa caribe empiezan a mostrar cierta rebeldía electoral, pero pareciera que fueran fenómenos en torno a las elecciones nacionales mientras que a nivel local y regional los feudos y clanes politiqueros y corruptos mantienen su poder.
- La división y el enfrentamiento interno entre las fuerzas progresistas y de izquierda han impedido un avance más sostenido. El sectarismo y el grupismo predominan y sólo ahora, después de experiencias fallidas como las del Polo Democrático, pareciera que se es más consciente de la necesidad de la unidad con base en una articulación planeada y consensuada entre los diversos grupos y dirigentes.
¿Qué pasó tanto en la ANC como en los años posteriores?
Por las razones que se han expuesto arriba, pareciera que hubo exceso de conciliación con las fuerzas de la tradición liberal-conservadora. El pragmatismo político, las alianzas de momento por intereses personales o grupales se pusieron por encima de los acuerdos programáticos y esa situación hace que muchas personas se aíslen o que rechacen la política. Hasta ahora el abstencionismo pasivo se mantiene entre cerca del 45% de la población en capacidad de votar, lo cual es un problema a resolver. La Consulta Popular tiene ese reto por delante.
¿Cómo se explica esta situación de cara a la realización de una Consulta Popular convocada por el primer gobierno progresista que existe en Colombia?
Todavía no se aborda la Consulta Popular con una mirada estratégica. Algunos sectores no evalúan ni estudian el pasado y asumen esta importante tarea con un sentido pragmático. "Se necesitan votos para pasar el umbral y no importa cómo se consigan esos votos", dicen algunos. Otros sectores conciben la Consulta como una estrategia puramente electoral de frente a las elecciones de 2026, y, por tanto, ya están pensando en "instrumentalizar" esa campaña, lo cual puede ser contraproducente para el mismo proceso.
Algunas pocas personas vienen planteando que para ser consecuentes con el espíritu transformador de algunos constituyentes como Orlando Fals Borda (qepd) y Lorenzo Muelas, además de realizar todas las tareas y actividades proselitistas, electorales y propagandistas para movilizar a las grandes mayorías nacionales, también se deben impulsar en los Comités de Impulso y demás organizaciones que surjan dentro de este proceso, nuevas formas de organización que sean la concreción de "otras democracias" (directa, deliberativa, "ilustrada", plebiscitaria, digital, y también, la representativa pero limitada), reduciendo el poder de quienes son elegidos, sin tanto privilegio, y que sus cargos sean fácilmente revocables por su electorado inconforme. Ese tema se desarrolla más adelante
3. Los cambios en el capitalismo y el colapso de la democracia liberal
Para comprender con mayor profundidad lo que ocurre en el campo del Estado (y la crisis de la democracia representativa liberal) tanto en Colombia como en el mundo, se describen los principales cambios que han ocurrido en el capitalismo y el surgimiento de una oligarquía tecnológica que se comporta como una versión posmoderna de "señores tecno feudales", que son resultado de décadas de globalización neoliberal y grandes transformaciones tecnológicas. Se analiza el surgimiento de esa oligarquía tecnológica y su impacto en la economía y la política, a fin de mostrar cómo esas nuevas élites de "milmillonarios digitales" están desafiando no solo la democracia liberal representativa sino también, desde su "nacionalismo imperial" desconocen y destruyen todas las normas internacionales que se aprobaron después de la segunda guerra mundial que se basaban en colocar la soberanía nacional de todos los países en términos de autonomía de los pueblos y autodeterminación de las naciones.
La oligarquía tecnológica y la crisis de la democracia representativa liberal
En las últimas décadas, el capitalismo ha experimentado cambios significativos que han llevado al surgimiento de una oligarquía tecnológica que se comporta como una versión posmoderna de "señores tecno-feudales" (Varoufakis). Esta oligarquía tecnológica ha sido resultado de la globalización neoliberal y las grandes transformaciones tecnológicas que han permitido la concentración de riqueza y poder en manos de unos pocos individuos y empresas.
La globalización neoliberal ha permitido la libre circulación de capitales, mercancías y servicios a nivel global, la deslocalización de empresas que estaban en la búsqueda de mano de obra barata y de países donde pudieran violar a voluntad las normas ambientales que en sus propios países tenían que respetar. Todo lo anterior produjo la concentración de la riqueza en manos de poderosas corporaciones transnacionales, creó las condiciones para la financiarización de la economía y para el nuevo proceso de acumulación de capital por saqueo y despojo (Harvey). Esto ha llevado a la creación de una economía globalizada que beneficia a los más ricos y poderosos.
La globalización neoliberal y la concentración de riqueza
La globalización neoliberal ha sido un proceso económico y político que ha transformado la forma en que las economías y las sociedades interactúan a nivel global. Se inició con ocasión de la "reestructuración posfordista" de los procesos productivos a fin de "acabar con los tiempos muertos" (utilizar al máximo la infraestructura instalada), desarrollar el concepto de la "calidad total" (que perfecciona el concepto y práctica de la obsolescencia programada u obsolescencia planificada), desconcentrar y descentralizar procesos productivos, incluyendo la deslocalización de empresas, y en general, realizar una serie de transformaciones para incrementar la productividad del trabajo y explotar intensamente la mano de obra laboral, incluyendo el "trabajo cognitivo", aprovechando los enormes avances y desarrollos tecnológicos de la informática y la cibernética (computadores, Internet, digitalización de la información, inteligencia artificial, robótica, automatización, etc.).
Esas transformaciones ocurridas en los procesos productivos a todo nivel, obligaron a los empresarios a visualizar cambios en términos políticos y laborales. Se requerían nuevas instituciones y normas para implementar a nivel global los cambios que el gran capital requería para retomar un nuevo camino de crecimiento económico y de acumulación de capital. Ello coincidió con el derrumbe o colapso de la Unión Soviética y la "caída del Muro de Berlín", lo cual hizo posible que en el Consenso de Washington se aprobara ese paquete neoliberal que incluyó la "reducción y modernización del Estado", la "apertura económica", la des-regulación del mercado laboral, y otra serie de transformaciones políticas que incluyó el apoyo abierto a gobiernos autoritarios y dictatoriales en los años 80s del siglo XX (Pinochet, Videla, otros).
La globalización neoliberal ha permitido la libre circulación de capitales a través de las fronteras nacionales, lo que ha facilitado la inversión extranjera y la especulación financiera. La des-regulación de los mercados financieros y laborales ha permitido a las corporaciones transnacionales operar con mayor libertad y flexibilidad, la privatización de empresas estatales y servicios públicos ha permitido a las corporaciones transnacionales adquirir activos y proporcionar servicios que anteriormente eran responsabilidad del Estado.
La financiarización de la economía
La financiarización de la economía se refiere al proceso por el cual el sector financiero se vuelve cada vez más importante y dominante en la economía de un país o a nivel global. Esto se manifiesta en la creciente influencia de las instituciones financieras, los mercados financieros y los instrumentos financieros en la toma de decisiones económicas y la distribución de recursos. Así, el sector financiero crece en importancia y tamaño en relación con la economía real; se crean nuevos instrumentos financieros, como derivados y productos estructurados, que permiten a los inversores y las empresas gestionar riesgos y aprovechar oportunidades de ganancia. La financiarización lleva a un aumento de la especulación y la volatilidad en los mercados financieros; y las instituciones financieras y los mercados financieros ejercen una influencia creciente en la toma de decisiones económicas y políticas.
La consecuencia de la financiarización de la economía lleva a una desconexión entre la economía financiera y la economía real, lo que genera burbujas especulativas y crisis financieras. La financiarización de la economía incrementa y dispara la desigualdad económica y social, ya que los beneficios de la especulación y la inversión financiera tienden a concentrarse en manos de unos pocos, y además, aumenta el riesgo sistémico del modo de producción capitalista (crisis cíclicas y recurrentes), ya que la interconexión de los mercados financieros y la dependencia de la economía de los instrumentos financieros pueden hacer que un problema en un sector se propague rápidamente a otros sectores.
Entre algunos ejemplos recientes de los efectos de la globalización neoliberal y la financiarización de la economía tenemos la crisis financiera de 2008 generada por la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos y la posterior crisis financiera global, lo que demostró la interconexión y la fragilidad del sistema financiero. Igualmente, el crecimiento de los mercados de derivados como los contratos de futuros y opciones, es un ejemplo de la financiarización. Estos instrumentos financieros permiten a los inversores y las empresas gestionar riesgos y aprovechar oportunidades de ganancia, pero también pueden aumentar la especulación y la volatilidad. En resumen, la financiarización de la economía se refiere al creciente papel del sector financiero en la economía y la toma de decisiones económicas. Si bien puede ofrecer beneficios, como la gestión de riesgos y la asignación de recursos, también puede llevar a la especulación, la desigualdad y el riesgo sistémico.
La acumulación por desposesión (saqueo y despojo)
Otro cambio en el capitalismo contemporáneo que tiene que ver con la globalización neoliberal y que tiene consecuencias para el Estado, la democracia representativa liberal y la vida de la sociedad humana, es el de la acumulación por despojo. Es un concepto clave en el análisis de la globalización neoliberal. El concepto de acumulación por despojo, desarrollado por el geógrafo y teórico marxista David Harvey, se refiere a los procesos mediante los cuales la riqueza y los recursos son transferidos de las manos de los trabajadores, los campesinos y los pequeños productores a las de los capitalistas y las corporaciones. Esto se logra a través de la expropiación y el despojo de los medios de producción, la tierra, los recursos naturales y otros activos.
La acumulación por despojo implica la expropiación de los medios de producción, la tierra y otros activos de los trabajadores y los pequeños productores, acudiendo a formas de violencia e intervención de los territorios, instrumentalizando todo tipo de conflictos nacionales, étnicos, culturales y ambientales, a fin de dividir a los pueblos y comunidades, especialmente rurales. El despojo se refiere a la privación de los derechos y los recursos de las comunidades y los individuos, lo que implica la transferencia de riqueza de las manos de los trabajadores y los pequeños productores a las de los capitalistas y las poderosas corporaciones capitalistas. En América Latina ese proceso ha sido brutal, en donde el despojo de territorios ricos en materias primas ha implicado golpes e intentos de golpes de Estado, intervenciones armadas, bloqueos económicos, y diversas formas de utilización de economías criminales para justificar el saqueo y el despojo violento de la riqueza que estaba en manos de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.
La acumulación por saqueo y despojo está íntimamente ligada a la globalización neoliberal que ha promovido la privatización de los bienes públicos y los recursos naturales, lo que ha permitido a las corporaciones y los capitalistas acumular riqueza a través del saqueo y el despojo. También, la desregulación de los mercados y la flexibilización de las leyes laborales han permitido a las corporaciones explotar a los trabajadores y despojarlos de sus derechos; así como la liberalización del comercio ha permitido a las corporaciones acceder a nuevos mercados y recursos, lo que ha llevado a la expropiación de los pequeños productores y los campesinos. Así mismo, la acumulación por despojo está imbricada con la financiarización de la economía, y el desarrollo de formas de explotación parasitaria, no basada en verdaderos procesos productivos sino en la explotación rentística de la riqueza social.
La financiarización de la economía ha permitido a los capitalistas y las corporaciones especular con los activos y los recursos, lo que ha llevado a la acumulación de riqueza a través del despojo. Igualmente, la deuda ha sido un mecanismo clave para la acumulación por despojo, ya que los trabajadores y los pequeños productores son obligados a endeudarse para sobrevivir, lo que les permite a los capitalistas y las corporaciones acumular riqueza a través de los intereses y las comisiones. También, la financiarización de la economía ha permitido a las corporaciones y los capitalistas privatizar los riesgos y socializar las pérdidas, lo que ha llevado a la acumulación de riqueza a través del despojo.
Entre los ejemplos más significativos de acumulación por despojo tenemos en América Latina, Asia y África, la privatización del agua en muchos países lo que ha llevado a la expropiación de los derechos de acceso al agua de las comunidades y los individuos. La expansión de la agricultura industrial ha llevado a la expropiación de la tierra, de las semillas y de los saberes de los campesinos y los pequeños productores. La especulación inmobiliaria ha llevado a la expropiación de las viviendas y los activos de las comunidades y de los individuos afectados por tales políticas. Además, la expropiación violenta de territorios ricos en materias primas y en biodiversidad, ha sido la constante en las últimas cuatro décadas, y en la segunda década del siglo XXI, observamos cómo ese fenómeno se está generalizando y "normalizando", como lo que ocurre con la extorsión que hacen los EE.UU. a Ucrania con ocasión de la guerra y la lucha por el control de las "tierras raras" ricas en minerales vitales para las tecnologías digitales e informáticas del mundo actual.
En resumen, la acumulación por despojo es un concepto clave para entender los procesos de expropiación y despojo que ocurren en la globalización neoliberal y la financiarización de la economía. Estos procesos han llevado a la acumulación de riqueza en manos de los capitalistas y las corporaciones, mientras que los trabajadores y los pequeños productores han sido despojados de sus derechos y recursos.
La globalización neoliberal y la concentración de la riqueza
Volviendo sobre la globalización neoliberal se puede afirmar que las consecuencias de todo este proceso-económico político es que ha generado la concentración de riqueza en manos de las corporaciones transnacionales y de individuos súper-ricos, que hoy están representados por la "oligarquía tecnológica y digital" que tiene el monopolio de las empresas tecnológicas especializadas en el control de la información, los datos, los conocimientos y tecnologías más avanzadas, incluyendo la energía cuántica y la inteligencia artificial. Esto se debe a que las corporaciones pueden aprovechar las diferencias en la producción de escala, manejo de los costos laborales y las regulaciones ambientales entre países para maximizar sus ganancias.
Además, la globalización neoliberal ha exacerbado la desigualdad económica entre países y dentro de los países. Los países más ricos y las corporaciones transnacionales han sido los principales beneficiarios de este proceso; lo que a su vez ha generado pérdida de soberanía nacional en muchos países, ya que las decisiones económicas y políticas son cada vez más influenciadas por las instituciones financieras internacionales y las corporaciones transnacionales.
Así, la globalización neoliberal ha creado una economía globalizada que está interconectada y depende de la producción y el consumo a nivel global; las corporaciones transnacionales han creado cadenas de suministro globales que abarcan múltiples países y regiones; y ha creado las condiciones para la precarización del trabajo y la explotación de los trabajadores en muchos países, especialmente en la industria manufacturera y en los servicios.
Igualmente, las transformaciones tecnológicas en el área de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), han permitido la creación de nuevas formas de producción y distribución de bienes y servicios. Esto ha llevado a la emergencia de empresas tecnológicas que han revolucionado la forma en que vivimos y trabajamos. La combinación de la globalización neoliberal y las transformaciones tecnológicas ha llevado a la concentración de riqueza y poder en manos de unos pocos individuos y empresas. Esto ha creado una oligarquía tecnológica que se comporta como una versión posmoderna de "señores tecno feudales".
La dinámica del "tecno-feudalismo" que lidera y canaliza la oligarquía tecnológica ha creado una economía digital que se basa en la extracción de datos y la monetización de la atención. Esto ha llevado a la creación de nuevos modelos de negocio que benefician a las empresas tecnológicas a expensas de los consumidores y los trabajadores. Esa oligarquía tecnológica ha comenzado a influir en la política y en la vida en general de las personas. Los "milmillonarios digitales" están utilizando su riqueza y poder para influir en las decisiones políticas y desafiar la democracia liberal representativa.
Esa oligarquía tecnológica y digital, especialmente la estadounidense, está generando una nueva narrativa política y cultural, utilizando las consecuencias de la política de globalización neoliberal. Acusa a la burguesía globalista neoliberal de haber debilitado la base económica de los EE.UU. y de haber desindustrializado a ese país, generando sufrimiento entre amplios sectores de la población estadounidense. Por ello, vienen fortaleciendo lo que podríamos denominar un "nacionalismo imperial de nuevo tipo", en donde atacan al "progresismo identitario" (woke) de querer destruir los valores de lo que para ellos es la esencia estadounidense: la familia blanca defensora de la tradición imperial, de los valores; la oligarquía tecnológica está promoviendo un "nacionalismo imperial" que desconoce y destruye las normas internacionales que se aprobaron después de la segunda guerra mundial. Esto incluye la soberanía nacional de los países y la autodeterminación de las naciones.
Caracterización de la oligarquía tecnológica
La oligarquía tecnológica se refiere a un grupo de individuos y empresas que han acumulado un poder y una influencia en la economía y la política a través de su control sobre las tecnologías de la información y la comunicación. Estos "posmodernos señores tecno feudales" han irrumpido en la política de manera significativa, aprovechando su riqueza y su influencia para promover sus intereses y sus agendas.
La oligarquía tecnológica controla las tecnologías de la información y la comunicación, lo que les permite influir en la forma en que se produce, distribuye y consume la información. Ha acumulado una riqueza y un poder significativos a través de su control sobre las tecnologías y de los mercados de datos, que está en la base de todas las áreas de la economía global. Dicha oligarquía ha comenzado a influir en la política de manera importante, aprovechando su riqueza y su influencia para promover sus intereses corporativos, financieros y sus planes de control absoluto de la población mediante el monopolio de las criptomonedas, la subordinación de los Estados y sus bancos, la manipulación del consumo material de las gentes, del entretenimiento y de la programación de nuevas modalidades de neurociencias aplicadas al control de la mente humana,
Donald Trump es un ejemplo de cómo la oligarquía tecnológica puede influir en la política a través de la manipulación de la información y de la emoción. Javier Milei es otra muestra de cómo la oligarquía tecnológica puede promover agendas económicas libertarias (ultraliberales) que beneficien a los intereses de las corporaciones y los individuos ricos. Nayib Bukele es otro ejemplo de cómo la oligarquía tecnológica puede influir en la política a través del uso de las tecnologías para promover agendas y controlar la información.
Debilitamiento de la organización laboral y la crisis de la democracia liberal.
La crisis de la democracia representativa liberal también se ha visto influenciada significativamente por los cambios en el campo laboral, especialmente con la desregulación y las transformaciones en la estructura y organización del trabajo. Estos cambios han llevado a una derrota de los procesos de organización de los trabajadores y un cambio en el enfoque de lucha socio económica de los partidos políticos de izquierda.
La desregulación laboral ha conducido a una mayor precarización y fragmentación de la fuerza laboral, lo que dificulta la organización y la acción colectiva de los trabajadores; las transformaciones en la estructura y organización del trabajo, como la externalización y la automatización, han reducido la influencia y el poder de negociación de los trabajadores; y el cambio en el enfoque de lucha socio económica por políticas "identitarias", son aspectos que deben tenerse en cuenta.
Los partidos políticos de izquierda han cambiado su enfoque de lucha socioeconómica, priorizando temas identitarios como género (feminismo), etnia (racismo), cultura, migración y edad, que están identificados en la tendencia woke. Esto ha llevado a un abandono de las temáticas socioeconómicas tradicionales, como la justicia laboral y la redistribución de la riqueza, que antes eran bandera de la izquierda.
La derecha populista ha aprovechado este vacío para apropiarse de temas socioeconómicos y presentar soluciones simplistas y autoritarias a los problemas económicos y sociales. La crisis de la democracia liberal se ha profundizado debido a la desconexión entre los ciudadanos y los políticos, y la falta de representación de los intereses de los trabajadores y las clases populares.
En resumen, la oligarquía tecnológica es un fenómeno que está desafiando la democracia liberal representativa y la soberanía nacional de los países. Es importante que los ciudadanos y los gobiernos tomen conciencia de este fenómeno y trabajen para regular y controlar el poder de las empresas tecnológicas. Esto puede incluir la creación de leyes y regulaciones que protejan la privacidad y la competencia, y que promuevan la transparencia y la responsabilidad en la economía digital.
4. La necesidad de ‘Otras democracias’ para transformar la democracia
Un cuarto tema que se trabaja en este documento, que surge como respuesta a la crisis de la democracia liberal, es el de la necesidad de construir y fortalecer formas nuevas de democracia que efectivamente sean más participativas, inclusivas y transparentes, para enfrentar las derivas autoritarias y dictatoriales que están en pleno desarrollo en el mundo. Para hacerlo se aborda en forma sintética la revisión de la evolución de la democracia desde Grecia y Roma, pasando por la revolución francesa y estadounidense, hasta llegar al momento actual. Allí podremos ver cómo la humanidad ha construido "otras democracias" como la directa, la "representativa limitada", la deliberativa, la "ilustrada" o del conocimiento (consejos de sabios y sabias, ancianos y ancianas), la participativa y la plebiscitaria, que en Colombia también tiene diversas manifestaciones a lo largo de su historia.
Como se planteó en los primeros apartes de este texto, la democracia representativa (liberal) ha sido la forma de gobierno predominante durante el último siglo y medio en muchos países de Occidente, enfrenta una crisis profunda en la actualidad. Se habla de colapso de la democracia. La desconfianza en las instituciones, la corrupción y la falta de representación efectiva de los ciudadanos son solo algunos de los problemas que aquejan a este sistema. En este contexto, es fundamental explorar alternativas y formas de democracia que puedan revitalizar y fortalecer la participación ciudadana, comunitaria y popular.
La democracia directa en Grecia y la democracia representativa liberal: dos modelos en contraste
Es importante empezar diciendo que la democracia directa en la antigua Grecia y la democracia representativa liberal que surgió después de las revoluciones francesa y estadounidense son dos modelos de gobierno que tienen objetivos y características muy diferentes. La democracia directa en Grecia surgió en el Estado ciudad de Atenas en el siglo V a.C. como una respuesta de parte de los campesinos (georgos) y de los artesanos (technites) a la oligarquía ateniense, que concentraba el poder en manos de los patricios. En la democracia directa, los ciudadanos (varones adultos atenienses) se reunían en la Asamblea para tomar decisiones sobre los asuntos públicos. La participación era directa y no había representantes intermedios.
El objetivo principal de ese tipo de democracia directa era administrar los asuntos públicos dándole poder y voz a todos los ciudadanos (polites, o sea, sujetos de la acción política), para contrarrestar el poder autocrático de los patricios. Claro, es importante precisar que, aunque la democracia directa era más inclusiva que las formas de poder de la oligarquía ateniense, tenía limitaciones importantes, como la exclusión de mujeres, esclavos y extranjeros. Además, un aspecto que es el más importante a resaltar en nuestro tiempo, era que los magistrados (funcionarios ejecutivos) no eran elegidos mediante el voto o comicios, sino que eran escogidos y nombrados por períodos fijos y cortos, y podían ser revocados si no cumplían con la misión que se les encomendaba. Es decir, en gran medida el aparato de Estado que surgió en esa época era controlado "desde abajo". El pueblo no delegaba ni entregaba su voluntad soberana a los funcionarios encargados.
La democracia representativa liberal surgió después de las revoluciones francesa y estadounidense, en el contexto de la Ilustración y el liberalismo. En esa forma de organización del Estado los ciudadanos eligen representantes para que tomen decisiones en su nombre. La participación es indirecta y se limita a la elección de representantes. El objetivo de la democracia representativa es –supuestamente– proteger los derechos individuales y promover la libertad y la igualdad. Sin embargo, en sus inicios y aún en la actualidad, esos objetivos no se han logrado. Es más, en EE.UU., ese tipo de democracia igualitaria y libertaria permitía la opresión, segmentación, segregación y exclusión de las comunidades negras esclavas, a quienes se les negaban sus derechos civiles y políticos hasta hace muy pocas décadas.
Aunque la democracia representativa ha sido exitosa en muchos aspectos, especialmente aquella que se construyó en Europa en lo que se denominó "el Estado de Bienestar" como reacción, por un lado, al avance de la revolución proletaria en Rusia, y por el otro, a la crisis económica denominada la "Gran Depresión" (1929), ha sido cuestionada por su tendencia a la oligarquización (la mayoría de representantes terminan cooptados por el Gran Capital) y se produce una enorme desconexión entre los representantes y los ciudadanos.
Resumiendo, sobre las principales diferencias entre esas dos formas de democracia se puede afirmar que, la democracia directa implica la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones, mientras que la democracia representativa se basa en la elección de representantes. En la democracia directa, no hay representantes intermedios, mientras que, en la democracia representativa, los representantes son elegidos para tomar decisiones en nombre de los ciudadanos, y son ellos los que controlan el aparato del Estado (burocracia y ejército). Además, la democracia directa busca frenar el poder de los poderes económicos (oligarquías) y dar voz a los ciudadanos, mientras que la democracia representativa busca proteger los derechos individuales y promover la libertad y la igualdad, creando una narrativa en donde supuestamente los ciudadanos son iguales ante la ley (lo cual es solo una falacia que, a su vez, genera el "fetichismo de la Ley").
Es importante aclarar que la democracia directa puede ser más legítima en términos de participación ciudadana, pero puede ser más difícil de implementar en sociedades grandes y complejas, especialmente porque los "poderes fácticos" no están interesados en promoverla usando métodos adecuados que se correspondan con los avances científicos y tecnológicos actuales. Igualmente, la democracia representativa puede ser más eficiente en términos de toma de decisiones, pero puede llevar a la desconexión entre los representantes y los ciudadanos.
Formas de democracia alternativas
A lo largo de la historia, han existido diversas formas de democracia que han buscado profundizar la participación ciudadana y mejorar la representación. Algunas de estas formas son la democracia deliberativa, la participativa, la ilustrada (o consejos de ancianos o sabios), la plebiscitaria, y la digital. La democracia deliberativa se centra en la deliberación y el debate ciudadano informado para tomar decisiones colectivas. Un ejemplo es el modelo de jurados ciudadanos, donde un grupo representativo de ciudadanos se reúne para discutir y decidir sobre cuestiones públicas. La democracia participativa implica la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones, a menudo a través de mecanismos como presupuestos participativos o consultas ciudadanas. La democracia ilustrada se basa en la idea de que los ciudadanos deben estar bien informados y educados para tomar decisiones efectivas, pero que en muchas ocasiones se requiere la intervención calificada de gentes expertas y experimentadas. En ella se pueden incluir la denominada "democracia de ancianos" que, en algunas culturas, como la iroquesa, los sabios ancianos jugaban un papel importante en la toma de decisiones colectivas, aportando su experiencia y sabiduría (en el pueblo Nasa y Misak, Cauca, Colombia, se les llama consejos de "taitas" y "mamas"). La democracia plebiscitaria implica la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones a través de votaciones y referendos. La democracia digital aprovecha las tecnologías digitales para mejorar la participación ciudadana y la transparencia en la toma de decisiones.
Los pueblos indígenas, como los iroqueses o Alianza de los 5 pueblos se refieren a lo mismo, pero con diferentes enfoques. La "alianza de los 5 pueblos" o "confederación iroquesa" (Haudenosaunee) se refiere a la coalición de las cinco naciones iroquesas: Mohawk, Oneida, Onondaga, Cayuga y Seneca. Los iroqueses, como término más amplio, abarca a estos cinco pueblos y también a otros pueblos que compartían la lengua y cultura iroquesa, como los Tuscarora que más tarde se unieron a la confederación. Al igual que lo hicieron muchos otros pueblos de América, desarrollaron formas de democracia que han sido influyentes en la historia de la democracia moderna. La Confederación Iroquesa, por ejemplo, es un sistema de gobierno que se basa en la participación de los miembros de la confederación y la toma de decisiones colectiva. Algunos de los padres fundadores de los Estados Unidos, como Benjamín Franklin y Thomas Jefferson, estuvieron influenciados por este sistema y lo tomaron como modelo para la creación de la república estadounidense.
La Consulta Popular como oportunidad para transformar la democracia.
Como se ha planteado anteriormente, entre algunos constituyentes de la ANC de 1991, que hacían parte del movimiento democrático, progresista, de izquierda y de algunos movimientos sociales que lograron esa representación, existía el espíritu de impulsar formas y mecanismos de participación ciudadana que fueran más allá de la simple elección de sus representantes cada 4 años en municipios, departamentos y la Nación. Por ello incluyeron el tema de la democracia participativa para ser desarrollada en el futuro inmediato. Sin embargo, ni los movimientos políticos ni los sociales tenían la preparación y el conocimiento para llevar esa tarea gigantesca y verdaderamente revolucionaria al pueblo.
Además, un inmediato pasado de antidemocracia, exclusión clasista, racista y patriarcal combinado con todo tipo de violencias, no había permitido que lo más avanzado de nuestro pueblo pudiera concebir la democracia más allá del derecho al voto. No obstante, las necesidades urgentes frente al tema de la tierra, a los conflictos ambientales que han aparecido frente a los grandes proyectos minero-energéticos que afectan a bosques y fuentes de agua, a los temas relacionados con las crisis recurrentes de los precios de los productos agrícolas (café, arroz, panela, leche, cebolla, papa), la privatización de los servicios públicos domiciliarios y de la salud y educación, y muchos otros problemas, han obligado a las gentes a organizarse y a movilizarse masivamente.
Desde 2008, cuando confluye la Miga Social y Comunitaria con el paro de los trabajadores "corteros" de caña del norte del Cauca y del Valle del Cauca que enfrentaron al gobierno de Uribe y, por primera vez lo derrotaron, se inició el ascenso sostenido del movimiento social en Colombia, con los paros estudiantiles de 2011 y 2018, los paros agrarios y de cocaleros de 2013 y 2016, y las movilizaciones por la paz de la juventud citadina en octubre y noviembre de 2019, que tienen su continuidad y remate con el estallido social de 2021, en donde millones de colombianos se movilizaron contra el gobierno de Duque y sus políticas antipopulares.
Por ello, en esta coyuntura cuando se tiene el primer gobierno progresista y de izquierda en Colombia, la convocatoria y realización de una Consulta Popular no puede olvidar que -en gran medida- la democracia representativa "liberal" que existe en Colombia está en una profunda crisis, al igual que lo está en la gran mayoría de países del mundo occidental. La crisis de la democracia representativa es un llamado a la reflexión y la acción. Es hora de explorar y experimentar con formas alternativas de democracia que puedan profundizar la participación ciudadana y mejorar la representación.
Las "otras democracias" son formas de organización y participación "desde abajo", que por ahora deben surgir por fuerza de la necesidad. La corrupción no va a ser liquidada y derrotada desde adentro de los gobiernos mientras la sociedad, el pueblo, las comunidades, no asuman la tarea de controlar desde sus propios procesos de organización, la forma y la manera como se ejecutan los proyectos y las obras que se le entregan a contratistas privados. Las actuales veedurías no sirven, no controlan nada, son revisores de oficio de obras entregadas y presupuestos invertidos a escondidas, con miles de trampas y de mañas, sin que los organismos de control hagan nada. Ni siquiera el gobierno progresista ha estado libre de ese mal (UNGR, Regalias, Findeter, Invias, Agencia de Tierras, Fomag) y la única solución tiene que venir "desde abajo". La tarea es concebir el presupuesto nacional, regional y local como "bienes comunes" y organizarse en grande para participar en la ejecución de los proyectos con fuerza y decisión, controlando los contratos de proveeduría de materiales, las compras de terrenos que se intervienen, y todos los procedimientos que implican la realización de obras o la prestación de servicios.
Es más, al proceso de la llamada "paz total" le ha hecho falta una verdadera y efectiva participación ciudadana y popular, que sea autónoma frente al Estado, pero también frente a los grupos armados ilegales. Antes de que el gobierno se lanzara a impulsar ese proceso, tendría que haberse llegado a un consenso con las comunidades que más sufren el flagelo de la violencia y de las economías criminales (narcotráfico y minería ilegal) sobre cómo caracterizar a los actuales grupos que mantienen un "lenguaje insurgente" pero que implementan prácticas básicamente delincuenciales, de extorsión, chantaje y amedrentamiento por la fuerza de la población civil.
Si entre el movimiento popular y social colombiano y los movimientos y partidos políticos que se nombran progresistas y de izquierda se acuerda una estrategia para profundizar la democracia en Colombia, no con leyes, normas y decretos, sino con hechos y acciones que empoderen a las comunidades para que construyan formas de poder paralelo, "de hecho", efectivamente autónomo, estaríamos iniciando un nuevo camino, en donde se combinen experiencias de "auto-organización popular" con la presión sostenida frente al "Estado heredado", que no va a cambiar de un momento a otro por el hecho de que lleguen unos cuantos funcionarios progresistas o de izquierda, como lo estamos comprobando en este instante en Colombia, y como ya lo han constatado las experiencias de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil y Argentina.
5. La Consulta Popular, una oportunidad y un desafío progresista.
El quinto punto a trabajar es la Consulta Popular que está en proceso de ser convocada y realizada en las próximas semanas y meses no obstante se negación por el Senado el pasado 14 de mayo por 49 votos del bloque de la ultraderecha, lo que ha dado pie a una nueva convocatoria por parte del presidente Petro, incluyendo 4 preguntas adicionales sobre temas de la salud como el control de los precios de los medicamentos, para ser radicada el lunes 19 de mayo en los términos previstos por la Constitución y las leyes.
Así, se describe el contexto y el propósito de esa Consulta; se analizan los desafíos y oportunidades que plantea ese proceso para la democracia en Colombia y se plantea cómo la Consulta Popular puede ser un mecanismo para fortalecer la participación ciudadana y la democracia en Colombia. En este aparte se elabora un balance de la experiencia de los referendos de 2003, 2016 y 2018, y del abortado Referendo del Agua. También se abordan los temas jurídicos de la Consulta y se identifican los sujetos sociales que entrarán en tensión y dinámica política con ocasión de esa iniciativa política que va a poner a prueba a la sociedad colombiana, en donde saldrán a flote las contradicciones y conflictos que se han acumulado a lo largo del tiempo y que irrumpieron con vigor en el pasado "estallido social" de 2021.
Para hacer la descripción y el análisis de la Consulta Popular convocada por el presidente Gustavo Petro, que tiene como propósito principal conseguir el apoyo ciudadano y popular para la reforma laboral que fue archivada por la comisión séptima del Senado, se hace necesario describir el contexto político y social en Colombia.
La situación política actual en nuestro país se caracteriza por varios aspectos y factores claves que influyen en la estabilidad y el desarrollo del país. Algunos de los principales aspectos tienen que ver con la estabilidad macroeconómica, los desafíos económicos y productivos, las desigualdades sociales y territoriales, la integración con el mundo, la política frente al cambio climático y la crisis ambiental, el apoyo financiero internacional, y los desafíos y oportunidades frente al tema de la paz y la seguridad.
De acuerdo al Banco Mundial (2025), Colombia ha mantenido una estabilidad macroeconómica sólida gracias a instituciones fuertes, un régimen moderno de metas de inflación y un tipo de cambio flexible. Sin embargo, el crecimiento económico ha sido insuficiente y la productividad se ha estancado en las últimas dos décadas. La economía colombiana creció un 1,7% en 2024, impulsada por el consumo privado y la inversión modesta. Se prevé que la economía crecerá un 2,4% en 2025 y alcanzará su tasa de crecimiento potencial de 2,9% en 2027.
Sin embargo, persisten desigualdades regionales y sociales significativas en el país, lo que afecta negativamente la calidad de vida de muchos ciudadanos. La pobreza disminuyó ligeramente al 31,3% de la población en 2024, pero aún hay mucho trabajo por hacer. La limitada integración global de Colombia dificulta la diversificación de sus exportaciones y el crecimiento económico. Se requieren inversiones en infraestructura y servicios públicos más eficientes para mejorar la competitividad del país.
El gobierno progresista que lidera el actual presidente Petro ha planteado objetivos climáticos ambiciosos y busca transitar hacia una economía más diversificada y resiliente frente a la crisis ambiental global y al cambio climático como parte de un colapso ambiental que los científicos del mundo entero han pronosticado. Ello podría contribuir tanto a la sostenibilidad ambiental como a las perspectivas económicas de largo plazo, aunque los sectores económicos que siempre han disfrutado y se han beneficiado de la "economía fósil" (carbón, petróleo y gas), tienden a crear incertidumbre frente a los planes y programas de "descarbonización" de la producción y economía colombiana.
El Banco Mundial BM está trabajando estrechamente con Colombia para fortalecer el desarrollo territorial y promover un modelo económico más inclusivo y sostenible. El Marco de Alianza de País (CPF) aprobado en 2024 respalda este esfuerzo (BM, 2025). El BM Tiene una cartera activa de proyectos en Colombia, incluyendo iniciativas para mejorar la calidad de los servicios de salud, promover viviendas dignas y fortalecer la democratización de la tenencia de la tierra por medio de la reforma rural integral aprobada en el Acuerdo Final del proceso de paz (Gobierno, 2016).
La nación enfrenta en este momento algunos desafíos significativos, pero también tiene oportunidades para crecer y desarrollarse de manera sostenible. La colaboración entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil será fundamental para abordar estos desafíos y aprovechar estas oportunidades. Sin embargo, el aspecto más importante está relacionado con la confluencia de las economías criminales (narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, extorsión, delincuencia común, etc.) con el fortalecimiento de diversos grupos armados, que cada vez más, responden a dinámicas internacionales y ponen en cuestión los avances y esfuerzos que realiza el país, el gobierno y la población en general (Viento Sur, 2024).
El gobierno progresista ha propuesto varias reformas sociales para su discusión y aprobación en el Congreso de la República. Entre ellas, las más importantes han sido la reforma laboral, la reforma al sector salud y la reforma pensional. La reforma laboral busca mejorar la estabilidad laboral, fortalecer los derechos de los trabajadores y regular las condiciones de contratación. Algunos de los cambios propuestos incluyen reducir la precarización laboral, fortalecer la seguridad social de los trabajadores y regular (frenar) la tercerización para reducir gradualmente el trabajo informal. La reforma laboral se centra en mejorar los mecanismos para garantizar el cumplimiento de la ley y proteger los derechos de los trabajadores, aunque, algunos expertos consideran que la solución a los problemas laborales en Colombia no pasa por flexibilizar las normas laborales, sino por generar más empleos.
La reforma al sector salud propone estructurar un modelo de atención en salud que garantice plenamente el Derecho a la Salud. Algunos de los propósitos u objetivos básicos de esa reforma tienen que ver con la definición de quiénes serán los responsables del aseguramiento y la gestión del riesgo individual, establecer cómo se gestionarán los recursos de salud, que ascienden a casi 100 billones de pesos (25 mil millones de dólares) y eliminar las EPS (Entidades Promotoras de Salud) y que los recursos económicos y financieros sean girados directamente por las Administradoras de Riesgo de Salud (ARS) a las IPS (Instituciones Prestadoras de Salud). Sin embargo, algunos expertos vinculados a los sectores que se han beneficiado desde hace 30 años de esa intermediación, advierten que eliminar las EPS podría ser un retroceso y afectar a los sectores más pobres y vulnerables.
La reforma pensional busca mejorar el bienestar económico de las personas mayores bajo principios de equidad y sostenibilidad fiscal. Algunos de los objetivos propuestos son aumentar la cobertura del programa Colombia Mayor, moderar los subsidios que se destinan a los futuros pensionados en el esquema de reparto de Colpensiones, y mejorar el marco regulatorio que afecta a los fondos de pensiones y las aseguradoras. Algunos expertos consideran que la reforma pensional es necesaria, pero que debe ser sostenible en el tiempo y no generar un costo fiscal excesivo.
La única reforma social que logró la aprobación del Congreso de la República y se convirtió en ley, fue la reforma pensional, aunque, en la actualidad está en revisión por parte de la Corte Constitucional, tanto en lo que tiene que ver con su contenido como en los procedimientos que se surtieron para garantizar su aprobación. Dicha ley es la 2381 de 2024 (16 de julio) por la cual establece un nuevo Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte de Origen Común en Colombia, estructurado en cuatro pilares: Solidario, Semicontributivo, Contributivo y Ahorro Voluntario. Este sistema busca mejorar la cobertura y equidad, asegurando que más colombianos puedan disfrutar de una vejez digna (Congreso, 2024).
En cuanto a los problemas y dificultades que se han presentado para aprobar estas reformas, tienen que ver con la resistencia de parte de algunos parlamentarios y las bancadas de oposición en el Congreso que han generado diversas clases de bloqueos legislativos, lo que ha impedido su aprobación, principalmente en el Senado. Ha sido muy difícil construir consenso debido a la interferencia de los sectores económicos poderosos (oligarquía financiera) que han manejado los Fondos de Pensiones y las EPS. También, juega en contra de las reformas el tema de los costos fiscales, dado que algunas de las reformas podrían generar costos fiscales significativos, lo que ha generado preocupación en algunos sectores. Algunas de las reformas han enfrentado resistencia y bloqueos legislativos, lo que ha impedido su aprobación.
El gobierno de Petro, teniendo en cuenta el bloqueo institucional que ha impedido no sólo la aprobación de esas reformas, sino que también se ha manifestado desde las Cortes Judiciales y otras instituciones, mediante fallos y sentencias que obstaculizan las acciones y programas dirigidos a construir equidad y justicia social, ha impulsado una Consulta Popular para que los ciudadanos decidan sobre la reforma laboral. La Consulta Popular busca darle al pueblo colombiano la posibilidad de decidir directamente sobre temas fundamentales para el país.
En realidad, esa iniciativa busca enfrentar el bloqueo institucional acudiendo al Constituyente Primario, para neutralizar la ofensiva conservadora que se ejecuta desde casi todas las instituciones como las cortes judiciales, el consejo de Estado, el consejo nacional electoral, y la Procuraduría y la Fiscalía general cuando estaban dirigidos por Margarita Cabello y Francisco Barbosa. Además, se trata de presionar al Congreso en lo inmediato para que fluya la legislatura hasta el 20 de julio de 2025, y en gran medida, se adelanta la campaña electoral para fortalecer la unidad del Pacto Histórico e ir fortaleciendo una coalición más amplia como un Frente Amplio.
Es también evidente que las condiciones de una Consulta Popular crean la posibilidad de impulsar con fuerza la articulación de los Movimientos Sociales a fin de que, en este caso, se apoye a los trabajadores asalariados, y, que en el futuro inmediato de las elecciones de 2026, se logre el triunfo para lograr un "gobierno de continuidad progresista", y se pueda avanzar en planes y programas que garanticen los derechos de otros sectores sociales, incluyendo a los campesinos, indígenas, afros, informales, los profesionales precariados y otros.
Resumiendo, el contexto político de Colombia en esta coyuntura se caracteriza por un manejo relativamente responsable por parte del gobierno progresista de la economía y de las relaciones internacionales, pero a nivel interno, el bloqueo institucional y el cerco informativo de los medios de comunicación privados, ha generado una polarización creciente que tiene ahora, como principal escenario, la convocatoria a la Consulta Popular, que de una u otra manera, va a determinar la dinámica política en este país.
La Consulta Popular como mecanismo de participación ciudadana.
La Consulta Popular es un mecanismo de participación ciudadana en Colombia que permite a los ciudadanos tomar decisiones directas sobre temas específicos de interés nacional o local a través de un voto directo y secreto. Este mecanismo está regulado por la Constitución Política de Colombia (artículos 103 y 170), las leyes 134 de 1994 y la 1757 del 2015, que establecen los procedimientos y requisitos para su realización.
El artículo 103 de la Constitución Política de Colombia dice taxativamente lo siguiente:
Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los reglamentará.
El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan (Constitución Política, 1991).
El artículo 170 de la Constitución Política de Colombia establece lo siguiente:
Artículo 170. Un número de ciudadanos equivalente a la décima parte del censo electoral, podrá solicitar ante la organización electoral la convocación de un referendo para la derogatoria de una ley. La ley quedará derogada si así lo determina la mitad más uno de los votantes que concurran al acto de consulta, siempre y cuando participe en éste una cuarta parte de los ciudadanos que componen el censo electoral. No procede el referendo respecto de las leyes aprobatorias de tratados internacionales, ni de la Ley de Presupuesto, ni de las referentes a materias fiscales o tributarias (Constitución Política, 1991).
Existen dos tipos de Consulta Popular en Colombia. La que se realiza a nivel nacional y se utiliza para decidir sobre temas de interés nacional y la que se realiza a nivel local (municipal o departamental) y se utiliza para decidir sobre temas de interés local. La iniciativa para realizar una Consulta Popular puede provenir del Gobierno Nacional, el Congreso de la República o un grupo de ciudadanos que representen al menos el 10% del censo electoral. La Consulta Popular debe ser aprobada por el Congreso de la República o por el Gobierno Nacional, dependiendo de quién haya presentado la iniciativa.
Una vez aprobada la Consulta Popular en el Congreso, se convoca a los ciudadanos a votar en un día específico. El gobierno tiene tres (3) meses para poder hacerlo. Los ciudadanos votan en un proceso de votación secreta y directa. La Consulta Popular puede tratar sobre cualquier tema de interés nacional o local, siempre y cuando no se refiera a temas que estén fuera del ámbito de la competencia del Estado o que violen derechos fundamentales. Este mecanismo es un importante logro de participación ciudadana en Colombia, ya que permite a los ciudadanos tomar decisiones directas sobre temas que les afectan y promueve la democracia participativa.
Además de las normas constitucionales (artículos 103 y 170) existen leyes que regulan la Consulta Popular como la Ley 134 de 1994, que establece las condiciones para ser promotor de una iniciativa legislativa y normativa o de una solicitud de referendo, determina la entidad que debe elaborar el formulario para la inscripción , la información que éste debe contener, la forma de redacción de la iniciativa popular legislativa y normativa , el registro de éstas y de solicitudes de referendo y los efectos de la inscripción, señalando además el trámite que debe cumplirse. Además, señala el porcentaje de respaldo que deberán tener las iniciativas populares legislativas y normativas, las materias que pueden ser objeto de la mismas ante las corporaciones públicas, forma de presentación y publicación y reglas para el trámite ante las corporaciones públicas. Así mismo, determina el respaldo que deberá tener la convocatoria de un referendo y/o consulta popular, así como la materia de los mismos, campaña, votación y adopción de la decisión.
La ley 1775 de 2015, estatutaria, es una norma sobre el derecho a la participación democrática. El objetivo de esa la ley es promover y proteger el derecho a la participación democrática en Colombia, garantizando la participación efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones que afecten sus vidas y el desarrollo del país. Se basa en principios para garantizar la participación efectiva de los ciudadanos, promover la inclusión de todos los sectores de la sociedad, garantizar la transparencia en la toma de decisiones y en la gestión pública, promover la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y de los representantes de los ciudadanos.
Esta ley establece varios mecanismos de participación ciudadana, incluyendo voto o derecho a votar en elecciones y referendos. Regula el plebiscito como un mecanismo de participación ciudadana que permite a los ciudadanos decidir sobre temas específicos; el referendo que permite a los ciudadanos aprobar o rechazar leyes o decisiones gubernamentales, la iniciativa legislativa que le otorga el derecho de los ciudadanos a presentar proyectos de ley ante el Congreso de la República, las audiencias públicas como mecanismos de participación ciudadana que permiten a los ciudadanos interactuar con los funcionarios públicos y representantes de los ciudadanos. Además, establece garantías para la participación democrática, incluyendo el acceso a la información pública y la transparencia en la gestión pública, la protección de los derechos a participar en la toma de decisiones y a ser escuchados.
Igualmente, la ley garantiza la no discriminación en la participación democrática, establece instituciones y mecanismos para promover y proteger la participación democrática, incluyendo el Consejo Nacional de Participación Ciudadana que es un órgano que promueve y coordina la participación ciudadana en el país. También establece las instancias de participación ciudadana a nivel local, departamental y nacional. En resumen, la Ley 1757 de 2015 busca promover y proteger el derecho a la participación democrática en Colombia, garantizando la participación efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones y promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.
En cuanto a los fallos y sentencias de la Corte Constitucional sobre la materia se tienen como las principales la C-180 de 1994, C-551 de 2003 y C-150 de 2015.
La Sentencia C- 180 de 1994 de la Corte Constitucional de Colombia es un fallo importante que aborda los mecanismos de participación ciudadana en el país. La Sentencia destaca la importancia de la democracia participativa, que implica la aplicación de principios democráticos en esferas diferentes a la electoral, y busca fortalecer los canales de representación y promover un pluralismo más equilibrado. Este fallo de la Corte Constitucional aclara las diferencias entre plebiscito y el referendo en que no se consulta sobre un texto normativo ya formalizado, sino sobre una decisión no plasmada en un texto normativo. Precisa que el referendo puede ser derogatorio o aprobatorio, y se utiliza para aprobar o rechazar leyes o reformas constitucionales.
También aclara y precisa la naturaleza de la revocatorio del mandato que es un derecho político fundamental que permite a los ciudadanos controlar a los elegidos y revocar su mandato si no cumplen con sus compromisos, y establece que la iniciativa legislativa es un derecho político fundamental que permite a los ciudadanos presentar proyectos de ley ante el Congreso. Otros aspectos importantes tienen que ver con el papel de la Corte Constitucional en el control de constitucionalidad de los mecanismos de participación ciudadana, especialmente en el caso de los referendos. Así, destaca la importancia de la participación ciudadana en la conformación, ejercicio y control del poder político.
La Sentencia C-551 de 2003 de la Corte Constitucional de Colombia destaca la importancia de la democracia participativa como un principio fundamental de la Constitución Política de Colombia. Analiza la constitucionalidad de los mecanismos de participación ciudadana, específicamente el referendo derogatorio, aclarando que la Corte Constitucional considera que el referendo derogatorio es un mecanismo de participación ciudadana que permite a los ciudadanos decidir sobre la derogación de una ley o norma. También establece los requisitos para la validez del referendo derogatorio, incluyendo el quórum mínimo de participación ciudadana para que el referendo sea válido y que se requiere una mayoría de votos para que la decisión sea aprobada. Igualmente, precisa el papel de la Corte Constitucional en el control de constitucionalidad de los mecanismos de participación ciudadana, incluyendo el referendo derogatorio. Destaca la importancia de la participación ciudadana: se destaca la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones y en la conformación del poder político.
La Sentencia C-150 de 2015 de la Corte Constitucional de Colombia desarrolla la jurisprudencia sobre la Democracia Participativa. Se analiza la constitucionalidad de los mecanismos de participación ciudadana, específicamente la consulta popular y el referendo.
La Corte Constitucional considera que la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana que permite a los ciudadanos decidir sobre temas específicos de interés nacional, regional o local, y establece las diferencias entre consulta popular y referendo, destacando que la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana que no tiene carácter vinculante, mientras que el referendo sí tiene carácter vinculante.
En forma taxativa la Corte Constitucional plantea lo siguiente:
Los instrumentos participativos no tienen un poder absoluto capaz de sustituir el modelo de gobierno esencialmente representativo en nombre de la voluntad popular, porque "el pueblo tiene límites para su pronunciamiento dado que la agenda la fija un grupo de ciudadanos que no actúa como poder constituyente o el Gobierno Nacional" (Corte Constitucional, 2015).
Es importante entonces, precisar que, en la práctica, desde el primer momento de vigencia de la Constitución Política de 1991, era claro que para las clases dominantes colombianas esas definiciones legales son puramente formales y retóricas. En la reglamentación de esos mecanismos se plasmó la visión que eran instrumentos ocasionales y excepcionales para dirimir problemas y conflictos importantes para la sociedad en momentos y circunstancias especiales. En la jurisprudencia y en la reglamentación de los artículos constitucionales, se va precisando y limitando el alcance de los instrumentos participativos. Se aclara que no tienen un poder absoluto capaz de sustituir el modelo de gobierno esencialmente representativo en nombre de la voluntad popular, porque "el pueblo tiene límites para su pronunciamiento dado que la agenda la fija un grupo de ciudadanos que no actúa como poder constituyente o el Gobierno Nacional" (Corte Constitucional, 2015).
Además, en el proceso de reglamentación la ley aprobó una serie de requisitos formales que obstaculizan la participación amplia de las comunidades y de la población, además de los elevados porcentajes que se requieren para que estos instrumentos lleguen a buen término hacen muy difícil que, en un país con tasas de participación política tan bajas, un referendo, plebiscito, consulta popular, revocatoria o cualquier otro mecanismo participativo, supere los requisitos exigidos.
Experiencias previas de referendos y consultas populares en Colombia
Referendo de 2003 (Uribe): contexto, resultados y consecuencias
El Referendo de 2003 en Colombia fue un evento político significativo promovido por el presidente Álvaro Uribe Vélez, con el objetivo de aprobar 15 reformas constitucionales. El referendo se realizó el 25 de octubre de 2003, después de que Uribe asumiera la presidencia en agosto de 2002. El objetivo era implementar cambios constitucionales que fortalecieran la democracia y la transparencia en el país.
Las 15 preguntas del referendo abordaban temas como la reforma política, modificando artículos relacionados con la elección de senadores y representantes; transparencia y rendición de cuentas con medidas para aumentar la responsabilidad de los servidores públicos; regulación de la financiación de campañas políticas; ajustes al sistema pensional para garantizar su sostenibilidad y en temas de educación y saneamiento básico para priorizar recursos para estos sectores.
El referendo propuesto por Álvaro Uribe estaba orientado hacia la modernización de algunos aspectos del Estado colombiano en la perspectiva de liberalización económico- financiera del mercado, bajo un modelo de Estado mínimo que restringe su papel y limita sus funciones en dichas áreas, y racionalizar el presupuesto público. Buena parte de las medidas del referendo tendían a incrementar el cálculo en la administración estatal con el fin de eliminar los vicios que reducían la eficacia y la eficiencia económica en el funcionamiento de las instituciones públicas, como el clientelismo y la corrupción, evidentes en la compra de votos, la apropiación y el despilfarro de dinero público por parte de funcionarios estatales, los "carruseles pensionales", y el "tráfico de influencias".
En cuanto a la racionalización del presupuesto público, se trataba de aplicar el cálculo al manejo del mismo, con lo que buscaba generar un ahorro para subsanar el déficit fiscal proyectado en 4.0% del PIB para el 2003, tal como aparece consignado en el memorando de Política económica del Acuerdo firmado entre Colombia y el FMI en diciembre de 2002.
El primer eje comprendía dos objetivos claros: Aumentar la separación de los medios materiales de administración con respecto a los funcionarios encargados de administrarlos y se incluían medidas como la pérdida de derechos políticos para los funcionarios corruptos que hubieran cometido delitos contra el patrimonio estatal, y también, se trataba de eliminar las suplencias ocasionadas por faltas o vacancias temporales, la asignación de la prestación de los servicios administrativos y técnicos del Congreso a una persona natural o jurídica ajena a los congresistas, que desempeñaría dicha función por concurso, la ampliación de causales de pérdida de investidura, la prohibición de los auxilios con dineros públicos y la institución del voto nominal público obligatorio.
Así mismo, se trataba de reforzar la profesionalización de la política, mediante la consolidación de partidos políticos fuertes y no atomizados. Se incluía aquí la reducción del Congreso, unicameral al comienzo junto con exigentes umbrales de votación, planteamiento que cedió bastante durante los debates con los parlamentarios; el aumento del umbral electoral como requisito para que los partidos o movimientos políticos obtuviesen su personería jurídica. Adicionalmente, se formulaba que aquellos partidos o movimientos que obtuvieran representación en el Congreso, las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales y las Juntas Administradoras Locales, deberían actuar como bancadas en la respectiva corporación.
En cuanto al segundo eje del referendo, orientado a gestar un ahorro para contribuir a subsanar el déficit fiscal, se dispuso congelar por dos años el gasto estatal, que incluía los salarios y pensiones de los funcionarios públicos superiores a 2 SMLM. También se dispuso congelar pensiones y salarios superiores a 20 SMLM (umbral que pasó a 25 SMLM luego de los debates en el Congreso), limitar los honorarios de diputados y concejales, aunque esta medida fue eliminada del referendo; suprimir 32 contralorías departamentales y 35 municipales, adjudicando el control fiscal a la Contraloría General y otorgándole un plazo a la Contraloría General para suprimir las contralorías municipales y respetando el período de los contratos vigentes. Finalmente, se propuso eliminar las personerías de las capitales y de los municipios de más de cien mil habitantes. Con las modificaciones hechas a estas medidas durante los debates en el Congreso los ahorros fiscales generados se redujeron.
La reducción del Congreso era contemplada, además, por sus consecuencias fiscales, al aminorar las obligaciones salariales y pensionales del Estado junto con el número de congresistas mediante el aumento del umbral electoral requerido para la asignación de curules. Durante los debates con los parlamentarios, ésta propuesta cambió por un Congreso bicameral reducido cuyas consecuencias políticas y fiscales pasaron a ser mínimas con respecto a las proyectadas en la propuesta inicial. Aun así, el ahorro estimado era de 650 millones de pesos anuales, por reducción del Senado de 102 miembros a 81, y de 1200 millones de pesos anuales.
Aunque la mayoría de las preguntas fueron aprobadas por los votantes, solo una pregunta alcanzó el umbral del 5% del censo electoral requerido para ser válida. Los resultados en general fueron negativos. Contó con una concurrencia del 26,62%, lo que refleja una baja participación ciudadana, aunque las preguntas formuladas y aprobadas obtuvieron entre el 86% y el 94% de votos a favor.
A pesar de la baja participación y la validez limitada de los resultados, el referendo tuvo algunas consecuencias importantes. A partir de ese momento se impulsaron reformas parciales con base en algunas de las preguntas aprobadas que se implementaron parcialmente a través de otros mecanismos legislativos. El referendo y sus resultados negativos para el presidente Uribe, generó un debate sobre la efectividad de los mecanismos de participación ciudadana en Colombia. El resultado del referendo se consideró como un termómetro para evaluar la gestión del presidente Uribe y su capacidad para impulsar reformas (Amézquita, 2009).
En conclusión, el referendo de 2003 en Colombia, promovido por el presidente Álvaro Uribe, tuvo un resultado limitado debido a la baja participación ciudadana y la falta de aprobación de las preguntas en su mayoría. Las causas de ese resultado, de acuerdo a diversos analistas estuvo en la falta de consenso y polarización, dado que el referendo se convirtió en un tema polarizador, lo que generó divisiones y falta de consenso entre los partidos políticos y la sociedad civil. Además, la complejidad y cantidad de preguntas puede haber generado confusión y desinterés entre los votantes. También faltó más pedagogía y educación, no se realizó una campaña efectiva para informar a los ciudadanos sobre los contenidos y beneficios de las reformas propuestas. Igual, se subestimó la abstención lo que afectó la legitimidad y eficacia del proceso. En general, se puede afirmar que no se aprovecharon los mecanismos de participación ciudadana para generar un debate informado y constructivo sobre las reformas propuestas, y la comunicación sobre el referendo y sus objetivos no fue lo suficientemente clara, lo que puede haber generado confusión y desinterés entre los votantes.
Estos errores pueden servir de lección para la realización de la actual Consulta Popular para generar consenso y diálogo para aumentar la legitimidad y eficacia del proceso; simplificar y clarificar las preguntas para que los votantes puedan entenderlas y tomar decisiones informadas; realizar campañas de pedagogía y educación para informar a los ciudadanos sobre los contenidos y beneficios de las reformas propuestas, prever y abordar la abstención y tomar medidas para aumentar la participación ciudadana.
Referendo de 2016 (Santos y la paz): contexto, resultados y consecuencias.
El Referendo de 2016 en Colombia, también conocido como el Plebiscito sobre el Acuerdo de Paz, fue un mecanismo de refrendación para aprobar los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
El referendo se realizó el 2 de octubre de 2016, después de que el gobierno de Santos y las FARC-EP firmaran un acuerdo de paz en La Habana, Cuba, el 26 de agosto de 2016. El objetivo era que la ciudadanía expresara su aprobación o rechazo al acuerdo de paz.
Aunque la mayoría de los votantes apoyó el acuerdo de paz, la abstención fue alta, del 62,59%, y el "No" ganó con un estrecho margen. Los resultados fueron: Votos por el Sí: 6.219.781 (49,78%) y votos por el No: 6.431.372 (50,22%).
A pesar de la victoria del "No", el gobierno de Santos decidió continuar con el proceso de paz y renegociar el acuerdo considerando las objeciones de los opositores. Algunas de las consecuencias de esa situación fue que el gobierno se vio obligado a renegociar el acuerdo de paz con las FARC-EP, incorporando algunas de las objeciones planteadas por los opositores. No obstante, a pesar del resultado del referendo, el acuerdo de paz se implementó parcialmente, y las FARC-EP se desmovilizaron y dejaron las armas.
Otra consecuencia fue que el referendo generó un debate sobre la efectividad de los mecanismos de participación ciudadana en Colombia y la importancia de la educación y la pedagogía para informar a los ciudadanos sobre los acuerdos de paz y, se acrecentó la polarización política en Colombia, con el partido Centro Democrático, liderado por Álvaro Uribe, oponiéndose al acuerdo de paz, mientras que el gobierno de Santos y otros partidos políticos lo apoyaban (Gómez, 2017).
El balance del resultado del referendo de 2016 demuestra que hubo mucha dificultad para comprender el acuerdo de paz. La complejidad del acuerdo y la falta de comprensión de sus contenidos pueden haber influido en el voto por el "No". Además, tanto el presidente Santos como los dirigentes de las FARC hicieron una campaña a favor del "Si" apoyándose en sectores políticos territoriales que no tenían legitimidad y se hizo demasiada demagogia alrededor del acuerdo de Paz.
Igualmente, no se tuvo en cuenta el enorme rechazo que tenía esa guerrilla debido al grado de degradación de la guerra y a graves errores cometidos por la insurgencia, al colocar como principal objetivo de sus acciones a campesinos medios y ricos, y al actuar y comportarse en gran cantidad de territorios como verdaderos ejércitos de ocupación. Su delirio guerrerista los llevó a privilegiar una línea de acción basada en el poderío económico y logístico (financiado con recursos del narcotráfico, la minería ilegal y el secuestro), mientras que su ideario y práctica política se redujo a un simple discurso.
Todo lo anterior le facilitó la campaña a quienes promovían el "No". La oposición uribista se centró en generar miedo e indignación hacia los crímenes cometidos por las FARC-EP y la percepción de impunidad para sus líderes. Además, la oposición al acuerdo de paz basó su accionar en la ideología política que consideraba que el acuerdo era una forma de imponer el llamado "castro-chavismo" y, se acudió a todo tipo de mentiras relacionadas con la defensa de la familia, la tradición y la propiedad privada.
Referendo anticorrupción de 2018: contexto, resultados y consecuencias
La consulta popular anticorrupción de 2018 en Colombia fue un proceso electoral realizado el 26 de agosto de ese año, con el objetivo de refrendar siete preguntas relacionadas con la lucha contra la corrupción.
La consulta fue promovida por la senadora Claudia López Hernández, la representante Angélica Lozano y el activista Carlos Felipe Parra, como parte de una campaña llamada "Consulta Popular Anticorrupción". La consulta buscaba reducir la corrupción en el país mediante cambios en la legislación y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.
Las siete preguntas de la consulta estaban relacionadas con reducir y limitar el salario de los congresistas a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes; incrementar el castigo a funcionarios corruptos y que las personas condenadas por corrupción cumplan la totalidad de las penas en la cárcel sin posibilidades de reclusión especial; establecer pliegos tipo para reducir la manipulación en la contratación pública; realizar audiencias públicas para discutir y priorizar el presupuesto de inversión y obligar a los congresistas a rendir cuentas anualmente sobre su gestión. Otras preguntas trataban sobre obligar a los funcionarios electos a hacer pública su declaración de bienes y patrimonio y establecer un límite de máximo tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación pública.
Aunque la mayoría de las preguntas obtuvieron más de 11 millones de votos a favor, ninguna alcanzó el umbral de participación requerido del 33,3% del censo electoral (12.140.342 votos). La participación fue del 32,04%, con 11.671.420 votantes.
A pesar de no alcanzar el umbral, el presidente Iván Duque presentó algunas de las propuestas ante el Congreso para su aprobación. Algunas de las preguntas se convirtieron en leyes como la que establece que las personas condenadas por corrupción deben cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, se aprobó la ley que establece pliegos tipo para reducir la manipulación en la contratación pública, se aprobó la ley que obliga a los congresistas a rendir cuentas anualmente sobre su gestión. Y la que obliga a los funcionarios electos a hacer pública su declaración de bienes y patrimonio.
El Referendo Anticorrupción de 2018 en Colombia no alcanzó el umbral de participación requerido del 33,3% del censo electoral, lo que llevó a su fracaso electoral. Las causas principales de ese resultado tienen que ver con la falta de apoyo político. El referendo no contó con el apoyo unánime de los partidos políticos, y se convirtió en una campaña muy personalizada alrededor de sus promotoras. Hizo falta una campaña más efectiva de pedagogía y educación sobre las preguntas y objetivos del referendo. La abstención fue alta, lo que puede haber sido causado por la falta de interés en el tema, la desconfianza en la efectividad del referendo o la percepción de que el resultado no tendría impacto significativo. También faltó apoyo de los medios de comunicación, lo pudo haber limitado la visibilidad y el impacto del referendo.
Además, la desconfianza en la clase política y en las instituciones, especialmente en el Congreso, puede haber generado escepticismo sobre la efectividad del referendo y la capacidad de los políticos para implementar cambios reales. Igualmente, no existió una estrategia de movilización efectiva en cuanto a que la población se empoderara de la tarea, lo que puede haber limitado la capacidad de los promotores del referendo para generar interés y participación entre los votantes. Así mismo, la recolección de firmas para promover el referendo fue un proceso difícil y limitado, lo que parece que afectó la visibilidad y el impacto del referendo (Haman, 2019).
Referendo del Agua (iniciativa popular): contexto, resultados y consecuencias.
El 14 de octubre de 2008 fue radicado en el Congreso de la República de Colombia el Proyecto de Ley 117 a la Cámara de Representantes "por medio de la cual se convoca a un Referendo Constitucional para consagrar el derecho al agua potable como fundamental y otras normas concordantes". Esta propuesta de reforma constitucional tenía como objetivo principal quitarle el valor monetario al agua potable y dotarla de un valor social, comunitario, pues buscaba desarrollar principios como la gratuidad del mínimo vital teniendo en cuenta la población con menores ingresos, la protección de los ciclos en el ecosistema y fuentes de agua por parte del Estado, y la organización del mismo para la prestación del servicio.
Además, el proyecto de ley planteaba la urgencia del referendo en tanto existía –y aún existe– una problemática por la escasez de este recurso hídrico con respecto a la posición privilegiada de Colombia al estar rodeada por los océanos Atlántico y Pacífico. Por otro lado, pretendían derogar las acepciones referentes al agua de la Ley 142 de 1994, "por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones" (Congreso, 1994) –que actualmente sigue vigente-, pues en ella se le da un tratamiento mercantil a este recurso natural, teniendo como resultado consecuencias negativas en términos de aumentos de tarifas y la imposibilidad a su acceso por parte de la población más pobre.
Esta movilización social se inspiró y siguió los pasos de un proceso muy similar llevado a cabo en Uruguay, en donde el 31 de octubre de 2004 la ciudadanía apoyó la iniciativa de las organizaciones nucleadas en la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV). En Colombia Ecofondo, una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro y de interés público; junto con 130 organizaciones no gubernamentales a nivel nacional, conformaron el Comité Nacional de Defensa del Agua (CNDA). A través de redes de organizaciones cívicas, ambientalistas, comunitarias e indígenas circularon a través del país para conformar comités, realizar asambleas populares y hacer propaganda sencilla para concientizar a la ciudadanía sobre el cuidado del agua y recalcar la necesidad de considerarla explícitamente un derecho fundamental en la Constitución Política, En dos años de arduo trabajo, esta iniciativa popular logró inscribirse en la agenda política y mediática del país, consagrándose como un fenómeno de gran interés e importancia (Torres, 2019).
El Referendo del Agua buscaba reconocer el derecho fundamental al agua potable y promover la gestión sostenible de los recursos hídricos en el país. El objetivo del referendo buscaba incluir en la Constitución Política de Colombia el derecho fundamental al agua potable. Esa iniciativa popular fue promovida por un grupo de organizaciones sociales, ambientales y comunitarias que recogieron firmas para presentar la propuesta ante el Congreso de la República. Se recolectaron más de 3 millones de firmas para respaldar la iniciativa, superando el umbral requerido para presentar la propuesta ante el Congreso. Sin embargo, a pesar de la recolección de firmas y el apoyo popular, el Congreso de la República obstaculizó el proceso, lo que impidió que el referendo se llevara a cabo. Algunos de los argumentos esgrimidos por los opositores al referendo incluían la preocupación por el impacto económico y la posible afectación a la inversión en el sector hídrico.
Aunque el referendo no se llevó a cabo, la iniciativa generó un debate nacional sobre la importancia del agua y la necesidad de proteger este recurso vital. El Referendo del Agua fue un proceso que demostró la importancia de la participación ciudadana y la necesidad de proteger los recursos naturales en Colombia. Aunque no se logró el objetivo inicial, la iniciativa sentó las bases para futuras discusiones y acciones en torno a la gestión sostenible del agua en el país. Actualmente, como continuidad de ese proceso se está impulsando una "ley propia" para la gestión comunitaria del agua en Colombia, que cuenta con el apoyo de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios que reúne asociaciones y redes regionales de acueductos comunitarios, organizaciones sociales, académicas y ambientalistas de más de 18 departamentos del país (Bedoya, 2025).
Tabla 1. Cuadro comparativo referendos nacionales
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Variable /Elemento |
Referendo Uribe 2003 |
Referendo Santos 2016 |
Referendo Anticorrupción 2018 |
Referendo del Agua |
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Objeto |
Reforma constitucional |
Apoyo Proceso de Paz |
Reformas legales |
Reforma constitucional de iniciativa popular |
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Forma del referendo |
15 preguntas |
Si o no |
7 preguntas |
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Contenido |
Las 15 preguntas del referendo abordaban temas como la reforma política, modificando artículos relacionados con la elección de senadores y representantes; transparencia y rendición de cuentas con medidas para aumentar la responsabilidad de los servidores públicos; regulación de la financiación de campañas políticas; ajustes al sistema pensional para garantizar su sostenibilidad y en temas de educación y saneamiento básico para priorizar recursos para estos sectores. |
El Referendo de 2016 en Colombia, también conocido como el Plebiscito sobre el Acuerdo de Paz, fue un mecanismo de refrendación para aprobar los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). |
La consulta popular anticorrupción de 2018 en Colombia fue un proceso electoral realizado el 26 de agosto de ese año, con el objetivo de refrendar siete preguntas relacionadas con la lucha contra la corrupción. La consulta buscaba reducir la corrupción en el país mediante cambios en la legislación y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos. |
El 14 de octubre de 2008 fue radicado en el Congreso de la República de Colombia el Proyecto de Ley 117 a la Cámara de Representantes "por medio de la cual se convoca a un Referendo Constitucional para consagrar el derecho al agua potable como fundamental y otras normas concordantes". Esta propuesta de reforma constitucional tenía como objetivo principal quitarle el valor monetario al agua potable y dotarla de un valor social, comunitario, pues buscaba desarrollar principios como la gratuidad del mínimo vital teniendo en cuenta la población con menores ingresos, la protección de los ciclos en el ecosistema y fuentes de agua por parte del Estado, y la organización del mismo para la prestación del servicio. |
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Resultados concretos |
Aunque la mayoría de las preguntas fueron aprobadas por los votantes, solo una pregunta alcanzó el umbral del 5% del censo electoral requerido para ser válida. Los resultados en general fueron negativos. Contó con una concurrencia del 26,62%, lo que refleja una baja participación ciudadana, aunque las preguntas formuladas y aprobadas obtuvieron entre el 86% y el 94% de votos a favor. |
Aunque la mayoría de los votantes apoyó el acuerdo de paz, la abstención fue alta, del 62,59%, y el "No" ganó con un estrecho margen. Los resultados fueron: Votos por el Sí: 6.219.781 (49,78%) y votos por el No: 6.431.372 (50,22%). |
Aunque la mayoría de las preguntas obtuvieron más de 11 millones de votos a favor, ninguna alcanzó el umbral de participación requerido del 33,3% del censo electoral (12.140.342 votos). La participación fue del 32,04%, con 11.671.420 votantes. |
Aunque el referendo no se llevó a cabo, la iniciativa generó un debate nacional sobre la importancia del agua y la necesidad de proteger este recurso vital. El Referendo del Agua fue un proceso que demostró la importancia de la participación ciudadana y la necesidad de proteger los recursos naturales en Colombia. Aunque no se logró el objetivo inicial, la iniciativa sentó las bases para futuras discusiones y acciones en torno a la gestión sostenible del agua en el país. Actualmente, como continuidad de ese proceso se está impulsando una "ley propia" para la gestión comunitaria del agua en Colombia, que cuenta con el apoyo de la Red Nacional de Acuerdos Comunitarios que reúne asociaciones y redes regionales de acueductos comunitarios, organizaciones sociales, académicas y ambientalistas de más de 18 departamentos del país |
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Consecuencias |
A pesar de la baja participación y la validez limitada de los resultados, el referendo tuvo algunas consecuencias importantes. A partir de ese momento se impulsaron reformas parciales con base en algunas de las preguntas aprobadas que se implementaron parcialmente a través de otros mecanismos legislativos |
A pesar de la victoria del "No", el gobierno de Santos decidió continuar con el proceso de paz y renegociar el acuerdo considerando las objeciones de los opositores. Algunas de las consecuencias de esa situación fue el gobierno se vio obligado a renegociar el acuerdo de paz con las FARC-EP, incorporando algunas de las objeciones planteadas por los opositores. No obstante, a pesar del resultado del referendo, el acuerdo de paz se implementó parcialmente, y las FARC-EP se desmovilizaron y dejaron las armas. |
A pesar de no alcanzar el umbral, el presidente Iván Duque presentó algunas de las propuestas ante el Congreso para su aprobación. Algunas de las preguntas se convirtieron en leyes como la que establece que las personas condenadas por corrupción deben cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, se aprobó la ley que establece pliegos tipo para reducir la manipulación en la contratación pública, se aprobó la ley que obliga a los congresistas a rendir cuentas anualmente sobre su gestión. Y la que obliga a los funcionarios electos a hacer pública su declaración de bienes y patrimonio. |
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Causas del resultado |
Las causas de ese resultado: 1. falta de consenso y polarización; 2. complejidad y cantidad de preguntas puede haber generado confusión y desinterés entre los votantes. 3. Faltó más pedagogía y educación; 4. Se subestimó la abstención por exceso de triunfalismo. En general, se puede afirmar que no se aprovecharon los mecanismos de participación ciudadana para generar un debate informado y constructivo sobre las reformas propuestas, y la comunicación sobre el referendo y sus objetivos no fue lo suficientemente clara, lo que puede haber generado confusión y desinterés entre los votantes. |
El balance del resultado del referendo de 2016 demuestra que hubo mucha dificultad para comprender el acuerdo de paz. La complejidad del acuerdo Y la falta de comprensión de sus contenidos pueden haber influido en el voto por el "No". Además, tanto el presidente Santos como los dirigentes de las FARC hicieron una campaña a favor del "Si" apoyándose en sectores políticos territoriales que no tenían legitimidad y se hizo demasiada demagogia alrededor del acuerdo de Paz. |
Las causas principales de ese resultado tienen que ver con la falta de apoyo político. El referendo no contó con el apoyo unánime de los partidos políticos, y se convirtió en una campaña muy personalizada alrededor de sus promotoras. Hizo falta una campaña más efectiva de pedagogía y educación sobre las preguntas y objetivos del referendo. La abstención fue alta, lo que puede haber sido causado por la falta de interés en el tema, la desconfianza en la efectividad del referendo o la percepción de que el resultado no tendría impacto significativo. También faltó apoyo de los medios de comunicación, lo pudo haber limitado la visibilidad y el impacto del referendo. |
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Otras causas del resultado |
Igualmente, no se tuvo en cuenta el enorme rechazo que tenía esa guerrilla debido al grado de degradación de la guerra y a graves errores cometidos por la insurgencia, al colocar como principal objetivo de sus acciones a campesinos medios y ricos, y al actuar y comportarse en gran cantidad de territorios como verdaderos ejércitos de ocupación. Su delirio guerrerista los llevó a privilegiar una línea de acción basada en el poderío económico y logístico (financiado con recursos del narcotráfico, la minería ilegal y el secuestro), mientras que su ideario y práctica política se redujo a un simple discurso. |
Además, la desconfianza en la clase política y en las instituciones, especialmente en el Congreso, puede haber generado escepticismo sobre la efectividad del referendo y la capacidad de los políticos para implementar cambios reales. Igualmente, no existió una estrategia de movilización efectiva en cuanto a que la población se empoderara de la tarea, lo que puede haber limitado la capacidad de los promotores del referendo para generar interés y participación entre los votantes. |
Fuente: Elaboración propia
Análisis del momento político del país.
Coyuntura política actual en Colombia
La coyuntura política en Colombia se caracteriza fundamentalmente por el hecho de que por primera vez un gobierno progresista y de izquierda logró elegir en el año 2022 un presidente como Gustavo Petro, quien fue militante del movimiento armado M19. Él se desmovilizó a principios de los años 90s y ha sido, a lo largo de los últimos 30 años, un protagonista importante de las luchas sociales y políticas de este país. En la primera década del siglo XXI, denunció y enfrentó el contubernio entre numerosos políticos liderados por Álvaro Uribe Vélez, los grupos paramilitares y agentes del Estado para despojar de tierras a cientos de miles de campesinos bajo la sombra o cobertura de la "lucha contra el terrorismo" (principalmente las FARC-EP). Además, esa alianza criminal asesinó a numerosos dirigentes y líderes sociales con el argumento de que eran agentes y colaboradores de las guerrillas.
Luego de firmarse el proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC- EP en 2016 y del fracaso del referendo de ese año que ganó la oposición que impulsó el "No", el expresidente Uribe logró poner en la cabeza del gobierno a Iván Duque quien se dedicó a "hacer trizas la paz", aunque ante la ONU y otros organismos internacionales que colaboraron con ese proceso, aparentaba que estaba cumpliendo el acuerdo de paz. Durante el gobierno de Duque se sufrió la Pandemia de Covid (2020), y más adelante, en abril del 2021 se presentó el llamado "estallido social" que puso contra las cuerdas al gobierno y lo obligó a archivar una reforma tributaria regresiva, que fue el detonante de esa amplia y fuerte protesta popular.
En ese contexto de fuerte confrontación política se realizaron las elecciones de 2022. Los partidos y fuerzas políticas se agruparon en tres (3) bloques claramente diferenciados: la derecha uribista que estaba bastante debilitada por la mediocre gestión de Duque, a pesar de que tenía candidato propio (Oscar Iván Zuluaga) se disfrazó tras una coalición de exalcaldes y exgobernadores denominada "Coalición Equipo Colombia"; el centro político agrupó a diversos partidos, algunos de ellos divididos, y en figuras de la "centro derecha" como Sergio Fajardo, Claudia López, Juan Manuel Galán e Ingrid Betancur, y conformó la "Coalición Centro Esperanza". La izquierda y el progresismo, después de realizar una consulta para escoger candidato presidencial, escogió la dupla compuesta por Gustavo Petro y la lideresa social y afro Francia Márquez que representaba a la "Coalición Pacto Histórico".
En la dinámica política de la primera vuelta de mayo de 2022 los resultados favorecieron a Gustavo Petro quien obtuvo el 40,33% de los votos, mientras que Rodolfo Hernández, una especie de candidato "outsider", consiguió el segundo lugar con 28,15%. Los grandes derrotados fueron Federico Gutiérrez (23,92%) candidato de Uribe y Sergio Fajardo, quien se fundió en medio de la polarización política y solo obtuvo un 4,20%. En la segunda vuelta se enfrentaron Petro y Hernández, siendo elegido como presidente de la república el candidato del Pacto Histórico con un 50,33% frente a un 47,31% obtenido por el candidato de la Liga de gobernantes anticorrupción.
Luego de la posesión del presidente Petro el 7 de agosto de 2022 la situación política en Colombia se ha polarizado y tensionado al máximo. Durante los primeros meses de gobierno parecía que la propuesta de un "acuerdo nacional" propuesto por el primer mandatario, se iba a concretar en acciones de "cambio". Se aprobó la reforma tributaria y el plan nacional de desarrollo con la participación en el gabinete ministerial de personalidades provenientes de los partidos tradicionales como el liberal, conservador y La U (Ocampo, Gaviria, López Montaño, Liscano, y otros), pero más adelante, en la medida en que el gobierno presentaba sus propuestas de "reformas sociales" ante el Congreso, esa especie de alianza multipartidista se fue deteriorando hasta romperse durante el año 2024.
Se puso en evidencia que muchos de los parlamentarios que se declararon "de gobierno", estaban interesados en la burocracia y contratos que podían canalizar desde los ministerios y otras entidades, pero cuando se llegara al momento de las definiciones importantes que afectan a la oligarquía financiera y a los sectores económicos y políticos que viven del Estado (burguesía burocrática), ellos iban a mostrar su verdadero rostro, su naturaleza cortesana, y se iban a alinear con los intereses de los grandes grupos económicos que dominan la economía colombiana.
Hoy, esos intereses corporativos del gran capital, representados por políticos como Efraín Cepeda (presidente del Senado) y muchos otros actores políticos y judiciales que actúan abierta o soterradamente, están enfrentados con el gobierno progresista en relación a la convocatoria de la Consulta Popular que, de salir adelante, iniciaría un nuevo período político en Colombia que se concretará en la tensión y el desarrollo de la contradicción entre la democracia directa y la democracia representativa liberal. No es sólo la continuidad del gobierno progresista la que está en juego, sino que tiene que ver con la profundización de la verdadera democracia "participativa", no tanto en las normas y leyes sino desde la realidad de los movimientos y organizaciones sociales.
Posiciones de los partidos políticos y grupos de interés frente a la Consulta Popular
Algunos partidos políticos en Colombia han expresado su apoyo o rechazo a la Consulta Popular dependiendo de sus intereses y posiciones ideológicas. Los partidos de gobierno como el Pacto Histórico y algunos sectores de la Alianza Verde apoyan decididamente la Consulta Popular, igual que la gran mayoría de organizaciones sociales.
Los partidos de oposición como el Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Conservador, algunos sectores del Partido Liberal y de La U, rechazan y están en contra de Consulta Popular, no sólo porque están en contra del contenido de la reforma laboral sino porque son conscientes que, si esa convocatoria logra una gran movilización social y política, ello puede significar que en 2026 el Pacto Histórico pueda darle continuidad al gobierno progresista.
Igualmente, la mayoría de sectores empresariales se oponen a la Consulta Popular porque han construido una narrativa en torno a la reforma laboral en cuanto, según ellos, afecta el empleo formal y, en las actuales condiciones nacionales y globales, crea condiciones negativas para la competitividad de la economía colombiana. En general, no reconocen que esa reforma incrementa los ingresos de los trabajadores y que, aunque aumentan los costos laborales y en lo inmediato puede reducir sus ganancias, a la larga, se crean condiciones para una mayor dinámica de la producción y del mercado interno.
Los partidos políticos y organizaciones sociales que apoyan la Consulta Popular se basan en las normas existentes que, aunque limitadamente, promueven la democracia directa, participativa y plebiscitaria, mientras que aquellos sectores políticos y económicos que se oponen, buscan todo tipo de argumentos para impedir que esa consulta se lleve a cabo. Sacan a relucir el costo de esas elecciones o que ese tipo de ejercicios debilita el poder y función del Congreso y, puede poner en riesgo la separación de los poderes públicos.
Alrededor de esa convocatoria han surgido múltiples posiciones políticas y divergencias jurídicas. En forma sintética se puede afirmar lo siguiente:
El gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, confió en que la plenaria del Senado aprobaria la Consulta Popular sobre la reforma laboral, considerando que las preguntas son "loables y necesarias" y forman parte de convenios internacionales y fallos de la Corte Constitucional; desafortunadamente eso no fue así, y la Consulta inicial fue descartada por el Senado en una sesión cargada de trampas, fraudes y engaños con el protagonismo del Senador Efraín Cepeda como presidente de la Corporación; lo que propicio la formulación de una nueva iniciativa, incluyendo cuatro preguntas adicionales sobre el derecho a la salud, en previsión de que el correspondiente proyecto de Ley fracasaría en la Comisión 7 del Senado.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, asegura que la consulta es un mecanismo de participación ciudadana legítimo y que el gobierno tiene confianza en que las preguntas alcanzarán el umbral requerido.
El Instituto de Ciencia Política (ICP) considera que la consulta popular es una estrategia para desconocer al Congreso y desviar la atención del fracaso de la reforma laboral. Advierte que la consulta presenta graves limitaciones jurídicas y políticas, y que no puede usarse para legislar sobre temas laborales con implicaciones fiscales. Sectores empresariales como la ANDI, Fenalco y la SAC han advertido que las medidas propuestas en la consulta podrían generar rigideces en el mercado laboral, incremento de la informalidad y disminución de la inversión.
En cuanto a las divergencias jurídicas, el ICP y otra serie de instituciones jurídicas que siguen líneas institucionales tradicionales y conservadoras (Fedesarrollo), cuestionan la legitimidad del gobierno para convocar una consulta popular que desconozca la autoridad del Congreso, mientras que el gobierno argumenta que la consulta es un mecanismo de participación ciudadana legítimo.
La Consulta Popular sobre la reforma laboral
Preguntas planteadas para la Consulta Popular
Las preguntas de la Consulta Popular propuesta por el presidente Petro son:
1. ¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00
a. m. y las 6:00 p. m.? ☐ Sí ☐ No
2. ¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo? ☐ Sí ☐ No
3. ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeña y medianas empresas productivas preferentemente asociativas reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos? ☐ Sí ☐ No
4. ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes? ☐ Sí ☐ No
5. ¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores? ☐ Sí ☐ No
6. ¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral? ☐ Sí ☐ No
7. ¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social? ☐ Sí ☐ No
8. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios? ☐ Sí ☐ No
9. ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales? ☐ Sí ☐ No
10. ¿Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social? ☐ Sí ☐ No
11. ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general? ☐ Sí ☐ No
12. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas? ☐ Sí ☐ No
En la nueva versión radicada el 19 de mayo están las preguntas sobre la salud así:
- ¿Está de acuerdo con que el gobierno nacional compre o produzca los medicamentos necesarios para garantizar la entrega completa y oportuna a los pacientes?
- ¿Está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestoras de salud y la ADRES pague directamente a Hospitales y Clínicas?
- ¿Está de acuerdo en que se garantice a los colombianos un modelo de atención primaria en salud, preventivo y resolutivo, con ampliación de los servicios especializados necesarios, de carácter público, privado y mixto?
- ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial que garantice a los empleados y trabajadores de la salud la vinculación formal, los derechos laborales y el salario justo?
Esta nueva iniciativa se da por el casi seguro hundimiento del proyecto de ley con la reforma a la salud en el Senado de la república.
En esas condiciones está en curso una nueva estrategia política del movimiento popular para expresar su fuerza y capacidad de presión. El presidente ha citado a Cabildos abiertos municipales –ya presidió uno en Barranquilla a su regreso del viaje a China- y ha sugerido la realización de paros escalonados de una hora, hasta llegar a la parálisis general del país contra el bloqueo institucional y judicial de la ultraderecha; las centrales obreras y los movimientos sociales, en una cumbre realizada el lunes 19 de mayo, han anunciado un paro de dos días, el 28 y 29 de mayo, en la perspectiva de una huelga política general y de masas para destrabar el curso de la actual transición política hacia la paz con justicia social y ambiental.
Esta nueva etapa de la confrontación política y social requiere acreditar la mayor pericia en el movimiento social, popular y en las fuerzas de izquierda para evitar caer en las provocaciones o facilitar el juego engañoso de la ultraderecha que dispone de enormes recursos políticos, mediáticos y materiales para imponerse en su inveterado dominio hegemónico.
Hay que evitar la fantasía y el aventurerismo al que se inclinan algunas tendencias infantiles en el mundo del movimiento popular.
Lo que está en juego es de dimensiones históricas en tanto que de lo que se trata es de consolidar el acumulado político alcanzado en la movilización social y política a lo largo de los últimos 120 meses, con huelgas, protestas y la emergencia de nuevos actores sociales con una enorme incidencia en el curso y desarrollo de las transformaciones estructurales de la nación.
En la actual coyuntura, lo que se debe resaltar es el protagonismo de la clase obrera en alianza con los movimientos sociales y populares. Por supuesto, gravitan otros segmentos de la sociedad que se desplazan con cierto sobresalto e incertidumbre. Me refiero a lo que ahora se denomina el "precariado", a la extensa malla de pequeños propietarios del café, lecheros, arroceros, paneleros, microempresas de turismo y maiceros. Que deben ser atraídos al campo popular con políticas claras desde las entidades públicas.
Estamos inmersos en una campaña electoral para alcanzar definiciones parlamentarias y presidenciales en el primer semestre del 2026. Hay temas que necesitan el mayor cuidado como el del fenómeno de la corrupción. El robo de los dineros públicos y el azote de las mafias de la corrupción en sectores como Regalias (Ocad paz, Ocad regionales), Findeter, salud (Fomag), Invias, política social, infraestructura educativa, Sistema General de Participaciones y Ministerio de Defensa, requieren la mayor participación ciudadana con el control social, las veedurías ciudadanas y las auditorias comunitarias.
La opinión publica conserva el asco contra estas prácticas aberrantes, tal como se han visto en la Unidad de Riesgos, en Invias, el Dapre y en el Sistema General de Regalias, con foco en el Ocad paz (Ver su sesión del 13 de diciembre del 2025) y el Ocad regional que se chupan en saqueo cifras cercanas a los 18 billones de pesos.
El bloque popular, la izquierda, sus líderes y candidatos deben ser contundentes en sus posiciones, como en el caso del señor Carlos Ramón Gonzales, señalado de graves casos de corrupción y con oscuros antecedentes como cabeza del movimiento político de los verdes.
Sobre las nuevas preguntas en el ámbito de la salud resultan oportunas y acertadas las reflexiones de la ex Ministra de Salud, Carolina Corcho, quien afirma que: "..es falso y mentirosas las afirmaciones de los exministros que lo que allí se pregunta está contenido en las leyes colombianas, dado estas imprecisiones que han rodado en la opinión pública nos proponemos hacer un examen sucinto de cada pregunta.
1. ¿Está de acuerdo con que el Gobierno Nacional compre o produzca los medicamentos necesarios para garantizar la entrega completa y oportuna a los pacientes?
En la actualidad la compra de medicamentos están a cargo de las EPS por un mandato legal, en el cual estas son las ordenadoras del gasto en salud, es decir, el fondo público ADRES gira de manera anticipada mensualmente a las EPS lo que estas ordenen, para este año sería en promedio 100 billones de pesos, con los que deben responder por la compra y dispensación de medicamentos, pero esto no se está dando, ha aumentado las PQR, peticiones, quejas y reclamos por no entrega de medicamentos, aún cuando a estas organizaciones se les han entregado los recursos para cumplir esta función. Alrededor de esto se han construido un conjunto de conglomerados de negocios, cadenas de intermediaciones sin regulaciones, con transacciones opacas en un mercado que no le interesa si se sacrifica la vida, por privilegiar sus ganancias. Recientemente el gobierno reveló que se tenía en bodegas insulinas, mientras no se estaban dispensando las mismas. Aún, cuando el Estado les gira los recursos a las EPS, en estas transacciones opacas de deudas con operadores logísticos como Cruz Blanca, se compromete el cumplimiento con los pacientes.
La pregunta apunta hacia que el gobierno tenga la posibilidad de hacer compras centralizadas de medicamentos como lo hacen muchos países del mundo, lo que le facilitaría una mayor sostenibilidad financiera al sistema, eso implica que pueda contar con recursos de la UPC para ello, genera una posibilidad de hacer economía de escala. En cuanto a la producción nacional de medicamentos, la apuesta de los Estados es tener una soberanía farmacéutica en el mayor número de medicamentos posibles. En la actualidad la industria nacional genera el 80% de todos los medicamentos, pero solo percibe menos del 20% de los recursos de la salud por medicamentos, los demás corresponden a importaciones de medicamentos por enfermedades huérfanas, de alto costo y otras, muchas de estas podría producirse en Colombia a menor costo, pero eso requiere una política pública de reindustrialización del país que destine recursos públicos en la proyección estratégica de inversión en ciencia, tecnología e innovación, que le permita al país generar una línea industrial de vacunas y medicamentos, que impulse la investigación, el empleo, la soberanía farmacéutica. Todo esto requiere inversiones públicas por parte del Estado que deben estar claramente estipuladas normativamente con fuerza de ley. Esto implica además que se recupere la rectoría pública de sistema de salud, evitando así la captura del bienestar colectivo por intereses comerciales particulares.
Las alternativas de solución que existen es que se diseñe un mecanismo financiero de reversión que permita al gobierno nacional adquirir los medicamentos cuando no son garantizados por las EPS. Se debe fortalecer la producción pública de medicamentos con centros de investigación, lo que supone una inversión estatal en el marco de una política de industrialización. Como lo plantea la reforma a la salud, se requiere un sistema de información público en línea que permita identificar los incumplimientos en entrega y abastecimiento de medicamentos y adoptar medidas de manera oportuna.
2. ¿Está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestoras de salud y la ADRES pague directamente a Hospitales y Clínicas?
El manejo privado y opaco de los recursos públicos de la salud y la imposibilidad práctica de control sobre los mismos, ha propiciado la ineficiencia y falta de transparencia en el manejo de billonarias sumas de recursos para la salud. En la actualidad las EPS reciben alrededor de 100 billones de pesos al año de recursos públicos, tienen deudas superiores a los 25 billones con los prestadores. La pregunta alude que el fondo público ADRES que hoy recauda los recursos de la salud sea un pagador único, que pague de manera directa a quienes prestan los servicios de salud. La normatividad vigente permite que el ADRES sea un girador ciego (Decreto 489 del 2024), bajo la ordenación del gasto discrecional y opaca de las EPS, que acumulan deudas, y tiene serios cuestionamientos e investigaciones por presunto desvío de por lo menos 11 billones de pesos en un año.
El pago directo del ADRES estaría mediado por cuatro mecanismos anticorrupción: doble sistema de auditoría, uno que haría las gestoras a los prestadores, otra que haría el ADRES a los gestores, un sistema de información público para hacer el seguimiento a cada peso de la salud, un control social dados por los consejos departamentales, municipales y nacional de salud con participación ciudadana, y una regulación tarifaria. Estos mecanismos no existen en la actualidad.
La falta de transparencia y trazabilidad en el uso del dinero del sistema ha provocado el desgreño administrativo y el desvío de recursos de la salud incluso a paraísos fiscales.
En la actualidad no existe reglamentación vigente para que las EPS se transformen en gestoras y que elimine su papel como intermediarias financieras y ordenadoras discrecionales del gasto en salud.
El proyecto de ley de reforma a la salud establece que las Gestoras no manejarán los recursos de la UPC, sino que recibirá una remuneración por gestión del 5% y un incentivo adicional hasta del 3% por resultados en salud y satisfacción del usuario.
3. ¿Está de acuerdo en que se garantice a los colombianos un fuerte modelo de atención primaria en salud, preventivo y resolutivo, con ampliación de los servicios especializados necesarios, de carácter público, privado y mixto?
La ausencia de una política de prevención y cuidado de la salud acorde con los postulados de la OMS y las dificultades de acceso a los servicios generales y especializados, ha generado múltiples barreras de la población a los servicios de salud, generando un modelo curativo e ineficiente.
Si bien la ley 1438 de 2011 estableció una política de Atención Primaria en Salud, los recursos para llevar a cabo la misma, quedaron a discrecionalidad de las EPS, menos del 10% de los recursos del sistema se dirigen a lo que se denomina de manera general como salud pública o intervenciones colectivas y estas acciones están fragmentadas en el sistema de atención en salud. La puerta de entrada al sistema de salud son los servicios de urgencias, la población fallece por patologías que si se detectaran a tiempo serían curables.
La pregunta busca que el sistema de salud esté fundamentado en la estrategia de Atención Primaria en Salud que implica el cuidado integral de la vida, desde la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la intervención en los determinantes sociales de la salud como el agua, el ambiente, hasta el máximo nivel de atención de complejidad.
4. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial que garantice a los empleados y trabajadores de la salud la vinculación formal, los derechos laborales y el salario justo?
Se hace necesario solucionar la precaria situación laboral de los trabajadores de la salud por más de dos décadas, en las cuales se han precarizado las condiciones de trabajo digno y decente.
El crecimiento de intermediarios tercerizadores de los trabajadores y trabajadoras de la salud, que los ha llevado a la precarización como casi la única vía para acceder al trabajo; ha sacrificado las condiciones laborales de los trabajadores como el "cierre financiero" del negocio, a costa de vulnerar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud, considerados héroes en la Pandemia del COVID.
En Colombia aún no existe un régimen laboral especial que garantice estabilidad laboral y pago oportuno para todos los trabajadores del sector salud. Si bien la Constitución y algunas leyes reconocen derechos laborales fundamentales, en la práctica, muchos trabajadores de la salud enfrentan condiciones precarias, sin garantías de estabilidad, prestaciones sociales ni reconocimiento de la antigüedad o experiencia.
En el marco normativo existente Decreto 1072 de 2015 regula condiciones generales de trabajo, pero no contempla un marco diferencial para el sector salud. La Ley 100 de 1993 estableció un marco general de seguridad social, sin incluir una carrera específica para el personal de salud. La Ley 269 de 1996 introdujo algunas disposiciones especiales para el personal asistencial, pero su aplicación ha sido parcial y limitada a algunas entidades públicas. Por la complejidad del sector salud, la especificidad de su talento humano especializado, el régimen laboral requiere diversas modalidades de contrato laboral en lo público y lo privado que posibilite su formalización" (Ver https://www.sur.org.co/la-consulta-popular-y-la-reforma-a-la-salud/ ).
Desafíos y oportunidades de la Consulta Popular.
Desafíos institucionales y logísticos para la realización de la Consulta Popular
La realización de una Consulta Popular en Colombia implica varios desafíos institucionales y logísticos que deben ser considerados para garantizar su éxito. Entre los desafíos institucionales, los principales tienen que ver con la coordinación interinstitucional que requiere la Consulta Popular, mucho más cuando es una iniciativa de un gobierno progresista. Se necesita la coordinación de varias instituciones, incluyendo el gobierno nacional, el Congreso, el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y las autoridades electorales, lo que en la actual situación del país no va a ser fácil.
Además, la Consulta Popular debe ser percibida como legítima y transparente por la ciudadanía, lo que requiere una gestión eficiente y transparente del proceso, para lo cual tanto el gobierno como las comunidades y la ciudadanía deberán estar atentas y vigilantes para impedir que desde la misma institucionalidad se ponga en cuestionamiento es legitimidad y transparencia. Por ello, la Consulta Popular debe ajustarse a los principios y normas establecidos en la Constitución Política de Colombia y la legislación vigente, sin que ello implique que la acción autónoma que se desarrolle desde el movimiento social y las organizaciones populares para apoyar y lograr resultados positivos en la votación y en el avance de la democracia participativa se puedan poner en cuestionamiento.
Entre los desafíos logísticos la Consulta Popular requiere una planificación y organización detallada, incluyendo la definición de los objetivos, la identificación de los temas a consultar, la elaboración de las preguntas y la determinación de los mecanismos de participación. Igualmente, esa iniciativa requiere una infraestructura adecuada, incluyendo locales de votación, personal capacitado y recursos tecnológicos y financieros suficientes. También, se requiere una estrategia de comunicación y difusión efectiva para informar a la ciudadanía sobre el proceso y los temas a consultar. Finalmente, la Consulta Popular requiere medidas de seguridad y control para garantizar la integridad del proceso y prevenir cualquier tipo de fraude, manipulación o interferencia de grupos armados ilegales.
Otros desafíos adicionales tienen que ver con que la Consulta Popular requiere una participación ciudadana activa y significativa, lo que puede ser un desafío en un país con una cultura política y cívica diversa, relativamente débil y caracterizada por la abstención estructural. Por ello, dicha iniciativa exige una educación y conciencia ciudadana adecuadas sobre los temas a consultar y los mecanismos de participación, y una gestión de expectativas adecuada para evitar frustraciones y desilusiones en caso de que los resultados no sean los esperados.
Oportunidades para la participación ciudadana y la profundización de la democracia.
Es claro que la convocatoria de una Consulta Popular por parte de un gobierno progresista y de izquierda, tiene unas connotaciones y crea unas condiciones diferentes a las que tuvieron los referendos de 2003, 2016 y 2018. El hecho de que haya una continuidad entre los actores políticos que en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 propusieron los artículos para promover mecanismos y formas de democracia participativa y los que hoy están en cabeza del actual gobierno, crea unas condiciones especiales que deben ser consideradas en cualquier tipo de análisis.
También es evidente que en la reglamentación de los artículos constitucionales (103 y 170) que promueven la democracia participativa intervinieron fuerzas políticas, sociales y económicas que, después del proceso constituyente, se esforzaron por colocarle limitaciones y obstáculos a ese propósito democratizador, y que las fuerzas progresistas de entonces, no fueron conscientes de la necesidad de profundizar y avanzar hacia formas de democracia directa (asambleas populares, autogobiernos, "contrapoderes", etc.,) y se ilusionaron con los alcances de la democracia representativa "liberal".
En este caso, es muy importante que durante el mismo proceso de organización y trabajo de los Comités de Impulso de la Consulta Popular y de la campaña por obtener una votación masiva que supere los umbrales dispuestos por la norma (13,6 millones de votos), las comunidades construyan formas de democracia directa que se mantengan en el tiempo y aborden los problemas que sufre la mayoría de la población colombiana "desde abajo", es decir, siendo conscientes que el Estado colombiano, en las condiciones actuales no va a afrontar ni a solucionar en lo inmediato las causas estructurales y profundas que están detrás de la pobreza, la desigualdad e inequidad y la corrupción que sufre la población colombiana.
Por otro lado, teniendo en cuenta que el pasado 14 de mayo de 2025, el Senado de la República rechazó por una mayoría ínfima (49 a 47 votos) la realización de la Consulta Popular y revivió el trámite legislativo de la reforma laboral, aprobando una apelación que había estado congelada por más de un mes, se hace necesario que las fuerzas del gobierno y de los movimientos sociales replanteen el procedimiento para darle continuidad al proceso. Es evidente que las fuerzas opositoras logran en parte su objetivo de desmontar la Consulta Popular pero también es claro que, al retomar el trámite de la reforma laboral, tienen que debatir el contenido de esa reforma y avanzar con ese trámite.
Las fuerzas progresistas son conscientes de que las mayorías en el Senado que están contra la reforma laboral pueden jugar a alargar los plazos del debate y tratar de hundirla por falta de tiempo, o también, pueden intentar aprobar algunos puntos de la reforma que hacen parte de un mini proyecto que presentó el partido liberal, y, por tanto, aprobar una reforma bastante recortada. Es por ello que una alternativa para presionar al Congreso y, a la vez, mantener la ofensiva política es transformar la Consulta Popular de iniciativa gubernamental por una de iniciativa popular o ciudadana, lo que le permitiría al presidente Petro convocarla por decreto una vez se cumplan los requisitos relacionados con la recolección de firmas (5% del censo electoral).
Al respeto, Medina Gallego propone lo siguiente: "La reciente derrota de la propuesta de Consulta Popular en el Senado de la República no sólo evidencia el cerco institucional que la oposición ha impuesto en torno al proyecto político progresista, sino que desnuda con crudeza la captura del aparato legislativo por una coalición que no representa el mandato del pueblo, sino los intereses del capital financiero, los gremios económicos, los grandes medios y una clase política enquistada en el privilegio. En este contexto, insistir en tramitar una nueva consulta popular por la misma vía que la rechazó —el Congreso— parece, en términos políticos y estratégicos, no solo ingenuo, sino profundamente inútil.
El Congreso actual, dirigido por figuras como Efraín Cepeda y dominado por los partidos tradicionales, no es una institución de mediación democrática sino una muralla diseñada para impedir cualquier transformación real del modelo social, económico y laboral vigente. Y mientras se traba el debate sobre los mecanismos de participación directa, la oposición lanza al ruedo su propia "reforma laboral", no como apuesta sincera por la justicia social, sino como un movimiento cínico para disputar el relato popular, suavizar la precariedad sin tocar las estructuras y capitalizar el descontento con reformas cosméticas que perpetúan el orden dominante.
1.Una Consulta Popular sin Congreso: ¿Misión Imposible o Desafío Constitucional?
La Constitución Política de Colombia consagra, en su artículo 3°, que "la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público". Este principio —inspirado en las más radicales tradiciones democráticas— ha sido vaciado de contenido por una arquitectura institucional diseñada para subordinar la voluntad popular a los filtros de las élites representativas. Así, aunque los mecanismos de participación ciudadana están previstos en el ordenamiento jurídico (Consulta Popular, Referendo, Cabildo Abierto, Iniciativa Legislativa y Revocatoria del Mandato), su realización efectiva se encuentra supeditada a órganos de control cooptados o a un Congreso profundamente refractario a la democratización del poder.
El artículo 378 de la Constitución permite al Presidente de la República someter a Consulta Popular un tema de trascendencia nacional, pero sólo "con previo concepto favorable del Senado". Este requisito, de corte aristocrático, convierte al Senado —no al pueblo— en el verdadero soberano. Por eso, proponer una nueva consulta sobre los mismos temas que ya fueron negados por el Senado no sólo es inviable desde el punto de vista político, sino antitético desde la lógica de la democracia participativa.
2. ¿Qué otras rutas quedan? La movilización constitucional del constituyente primario
Frente a este cerco institucional, cobra relevancia la exploración de mecanismos alternativos para activar la soberanía popular sin depender del arbitrio del Congreso. Entre ellas destacan:
1. El Referendo por Iniciativa Ciudadana (Art. 378 y Ley 134 de 1994):
Este mecanismo permite a la ciudadanía convocar un referendo con el respaldo del 5% del censo electoral (aproximadamente 2 millones de firmas válidas). Si bien también requiere revisión previa por la Corte Constitucional y enfrenta múltiples controles burocráticos, su mayor virtud radica en que no necesita concepto favorable del Senado. La dificultad: los costos logísticos, el desgaste de movilización y el riesgo de nulidad por tecnicismos.
2. La Asamblea Nacional Constituyente (Art. 376):
Aunque se trata de un camino extraordinario, no puede descartarse como una vía legítima ante el agotamiento del modelo de representación actual. La convocatoria puede surgir por iniciativa popular con el apoyo del 10% del censo, por el Gobierno o por el Congreso mismo, pero debe ser refrendada mediante referendo. El riesgo: la incertidumbre sobre su composición, el control que pueden ejercer sectores conservadores sobre su contenido, y el largo plazo para su concreción.
3. Cabildos Abiertos Territoriales y Pactos Populares Vinculantes:
Aunque su fuerza jurídica es limitada a nivel nacional, los cabildos y pactos regionales pueden operar como dispositivos de pedagogía política, acumulación de fuerza social y articulación territorial del poder popular. En algunos casos pueden generar efectos jurídicos si se incorporan a políticas públicas o planes de desarrollo municipal y departamental.
4. Litigio estratégico y control constitucional de omisión legislativa:
Puede plantearse ante la Corte Constitucional la figura de la omisión legislativa relativa, alegando que el Congreso impide el ejercicio del derecho a la participación política directa al bloquear sistemáticamente los mecanismos de consulta. Sin embargo, este camino también se encuentra limitado por la cultura legalista y el formalismo de la Corte.
3. El problema de fondo: la cultura política del miedo y la delegación
Si bien existen rutas jurídicas alternativas, todas enfrentan un obstáculo mayor: la cultura política dominante. En Colombia, la democracia ha sido secuestrada no sólo por la arquitectura del poder sino por una ciudadanía entrenada para delegar, desconfiar y resignarse. El miedo a las transformaciones, la manipulación mediática, el clientelismo estructural y la violencia histórica contra líderes sociales y promotores del cambio han desincentivado la organización popular.
Los movimientos sociales, aunque fuertes en ciertos territorios, carecen de una articulación nacional sostenida que permita materializar estos mecanismos de participación con contundencia. El reto no es sólo técnico, es profundamente pedagógico, político y cultural" (Ver https://www.sur.org.co/consulta-popular-soberania-secuestrada-y-reformismo-de-oportunidad/ ).
Medina Gallego, sugiere frente a la maniobra del tramite en la Comisión 4 del Senado de la Reforma laboral que:
4.La falsa reforma laboral de la oposición: simulacro y oportunismo
Mientras se bloquea el camino de la participación directa, los sectores que frenaron la consulta presentan una "reforma laboral alternativa" que no es más que una estrategia de camuflaje. Detrás de un lenguaje tecnocrático y moderado, lo que se oculta es una intención de perpetuar la ⁷ órdenes de prestación de servicios como norma, y limitar el derecho a la negociación colectiva bajo el pretexto de la sostenibilidad fiscal y la productividad.
Esta reforma no nace del diálogo social sino del cálculo político. Busca robar la bandera de la justicia laboral al progresismo, dividir la opinión pública, y posicionar al empresariado como interlocutor legítimo del pueblo. Se trata de una jugada peligrosa, no porque sea innovadora, sino porque pretende legitimar lo ilegítimo: el continuismo del modelo económico basado en la informalidad, el desempleo estructural y la tercerización como regla.
5. Recuperar el horizonte estratégico: pedagogía, movilización y poder constituyente
En este escenario, la tarea no es simplemente insistir ante el Congreso, sino desplazar el eje del debate hacia la base social. Se requiere una ofensiva pedagógica nacional que explique la trampa de la "democracia representativa", la urgencia de activar el poder constituyente, y las vías posibles para recuperar la soberanía popular. Esto implica:
Construir una narrativa común que revalorice la participación directa, no como un recurso de emergencia, sino como principio rector del nuevo contrato social.
Articular sectores sociales, sindicatos, juventudes, comunidades indígenas, movimientos feministas, ambientalistas y populares en torno a una agenda mínima de país que sirva de plataforma para activar mecanismos constitucionales. Es necesario pensar en un Frente Unido del Pueblo con una plataforma de reivindicaciones sociales básicas que hagan efectiva la justicia social.
Promover asambleas populares, cabildos abiertos, foros constituyentes, y ejercicios territoriales de deliberación vinculante que generen legitimidad y presión política.
Formular una nueva propuesta de consulta o referendo con respaldo ciudadano, soporte jurídico sólido y un dispositivo logístico nacional robusto.
6. De la resistencia institucional a la refundación democrática
Colombia atraviesa un momento decisivo. Las élites políticas han demostrado su capacidad de resistencia, pero también su desconexión con el pueblo. El Congreso no es hoy la casa de la democracia, sino su negación. Por eso, más que insistir en una consulta bloqueada por la institución que representa la minoría privilegiada, se impone el deber ético y político de abrir nuevos caminos para que el constituyente primario —el pueblo soberano— tome la palabra y la historia en sus manos.
La ruta no será fácil. Los mecanismos legales están cruzados por controles, las instituciones no son neutrales y la cultura política está atravesada por la desconfianza. Pero tampoco lo fue la independencia, ni la resistencia a la guerra, ni las luchas por la tierra, ni el surgimiento de los movimientos sociales que hoy disputan el sentido del país.
En definitiva, la soberanía no se mendiga ni se delega: se ejerce. Y el pueblo colombiano, si logra articular su voz con claridad, podrá recordarles a quienes hoy celebran en el Senado su victoria pírrica, que la historia no la escriben las mayorías parlamentarias, sino las mayorías sociales" (Ver https://www.sur.org.co/consulta-popular-soberania-secuestrada-y-reformismo-de-oportunidad/ ).
La Consulta Popular en Colombia es un mecanismo de participación ciudadana que permite a la población expresar su opinión sobre temas específicos a través de un voto. La Consulta Popular se introdujo en la Constitución de 1991, que consagró la participación ciudadana como pilar del sistema democrático. El proceso incluye iniciativa, aprobación, convocatoria, votación y resultados, que se dan a conocer públicamente.
El impacto potencial en la política colombiana, de realizarse la Consulta Popular este año 2025 tiene que ver, con el fortalecimiento de la participación ciudadana y permite que la población tenga una voz más activa en la toma de decisiones. Proporciona información valiosa al gobierno sobre la opinión pública y puede influir más adelante en la formulación de políticas públicas, dado que se promueve el debate público y la discusión informada sobre temas de interés nacional y local.
En términos generales, la Consulta Popular puede contribuir a construir un país más justo, equitativo y sostenible al permitir que la población tenga una voz más activa en la toma de decisiones, y más adelante, en el futuro inmediato puede ser utilizada para abordar temas como la paz, la corrupción y el medio ambiente.
De realizarse la Consulta Popular por iniciativa ciudadana, o sea por recolección de firmas, puede darle al gobierno la oportunidad de enfrentar y derrotar el bloqueo legislativo e institucional que ha sufrido el actual gobierno progresista de parte de la institucionalidad que está dominada por posiciones y sectores conservadores.
Además, si se impulsa un proceso de organización masivo alrededor de la recolección de las firmas y se realiza un trabajo pedagógico sostenido y de alta calidad, ello puede contribuir a que se empiecen a sentar las bases de otras formas de democracia que limiten la democracia representativa y que abran el abanico de participación democrática de la población en todos los territorios y en la nación, lo que puede empoderar a las comunidades frente a otros problemas e iniciativas de reforma que están planteados en el plan de desarrollo nacional.
Amézquita Quintana, C. (2009). El referendo de 2003 en Colombia. Sectores en pugna y movilización política ante un intento de reforma del Estado. XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires, Argentina.
Asamblea Constituyente (1991). Constitución Política de Colombia. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125
Banco Mundial BM (2025). Colombia: panorama general. Informe del 23 de abril de 2025. https://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview
Bettelheim, Ch. (1984). La lucha de clases en la URSS. (primer y segundo período). https://creandopueblo.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/09/las-luchas-de-clases-en-la-urss-primer-periodo-1917-1923-charles-bettelheim.pdf
Contrial. (2020). La brecha entre la Sociedad, la Política y el Estado. La Cuarta Medición del Capital Social de Colombia. https://contrial.co/barcas4/
Congreso de la República (2024). Ley 2381 de 2024 (julio 16). Diario Oficial N° 52.819 https://www.colpensiones.gov.co/info/rpm/media/gaceta_700%20pensional.pdf
--------------------------------- (1994). Ley 134 de 1994 (mayo 31). https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=330#
-------------------------------- (2015). Ley 1757 de 2015. (julio 6). https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62230
Corte Constitucional (1994). Sentencia C-180 de 1994. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/c-180-94
----------------------------------- (2003). Sentencia C-551 de 2003. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/c-551-03
------------------------------------- (2015). Sentencia C-150 de 2015. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/c-150-15.htm
DANE (2018). Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional (EDI) realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/gobierno/encuesta-sobre-ambiente-y-desempeno-institucional-nacional-edi/edi-2018-anexos
Gobierno de Colombia (2016). Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2016/12.11_1.2016nuevoacuerdofina l.pdf
Harvey, D. (2004). El "nuevo" imperialismo: acumulación por desposesión. Buenos Aires, CLACSO. https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20130702120830/harvey.pdf
Jiménez, D. I. & Pallares, D. S. (2020). Dinámica de la desconfianza en las instituciones públicas colombianas en pandemia. Recuperado de: http://hdl.handle.net/20.500.12749/13910
Krugman, P. (2024). Las consecuencias económicas. The New York Times. https://www.nytimes.com/interactive/projects/cp/opinion/election-night-2016/paul-krugman-the-economic-fallout
Universidad de Los Andes (2025). Tres puntos clave para tres reformas en Colombia. https://www.uniandes.edu.co/es/noticias/gobierno-y-politica/tres-puntos-clave-para-tres-reformas-en-colombia
Uprimny, R. (2025). Las preguntas de la consulta. Artículo de opinión publicado en El Espectador. https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/rodrigo-uprimny/las- preguntas-de-la-consulta/
Varoufakis, Y. (2023). Tecno feudalismo. El sigiloso sucesor del capitalismo. Editorial Deusto. Barcelona. https://proassetspdlcom.cdnstatics2.com/usuaris/libros_contenido/arxius/56/55895_Tecno_ Feudalismo.pdf
Viento Sur (2024). La situación política de Colombia hoy: perspectivas y desafíos. Artículo de Esteban Morales Estrada publicado el 14 de marzo de 2024. https://intervencionycoyuntura.org/la-situacion-politica-en-colombia-hoy-perspectivas-y- retos/
[1] Sobre la crisis de la democracia liberal occidental resulta sugerente hacer la lectura del texto de Steven Leviysky & Daniel Ziblatt "Como mueren las democracias" (Ver https://www.onpi.org.ar/documentos/publicaciones/publicaciones-del-notariado-internacional/como_mueren_las_democracias.pdf )