Había un gobierno que mostraba gran preocupación por cómo se "violaban los derechos humanos" de las personas que en un país vecino protestaban. Fue tal su preocupación por el asunto que no dudó en ofrecer su territorio y apoyo a quienes tenían el propósito firme de derrocar al "régimen" que gobernaba en su país vecino.
Pero un día, por una propuesta de reforma tributaria que intentaba poner en marcha su gobierno, comenzaron a ocurrir "hechos vandálicos sistemáticos" en distintas ciudades de su país. Ese "buen gobernante", al enterarse que existían "grupos infiltrados" giró instrucciones a la Policía y al propio Ejército para que hicieran presencia en las ciudades y "protegieran a los ciudadanos" y desmantelaran estas "bandas criminales".
Sin embargo, el "buen gobernante", a pesar de saber que el vandalismo de los grupos infiltrados estaba dirigido a afectar ciertas estructuras y a generar desordenes, decidió suspender la propuesta de reforma aprobada, y aceptó la renuncia de uno de los responsables del diseño de la misma.
Pero el virus de las protestas en lugar de apaciguarse lo que hizo fue extenderse, por lo que el gobernante, en su condición de Comandante de las Fuerzas Armadas, apeló a la figura de "asistencia militar" para en el contexto de lo que ocurría "proteger a la población".
Pasada una semana de movilizaciones y protestas, "la acción criminal de vándalos", en la versión de los responsables de la Policía, dejó decenas de muertes y heridos todo como consecuencia de la "amenaza terrorista" que enfrentaba el país, dirigida por "organizaciones criminales"; sin embargo, el "buen presidente" anunció su deseo de instalar un "espacio para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones".
Dejó claro el gobernante que en el espacio de diálogo que convoca no deben mediar diferencias ideológicas, pero fue enfático ante las acusaciones de extralimitación policial, rechazando los ataques a los uniformados que "intentan evitar actos vandálicos".
Aunque no luce imposible que el buen gobernante termine solicitado la renuncia de su Ministro de Defensa, la del Director de la Policía y de quien dirige los Escuadrones Antimotines, si fuera necesario, sobrarán quienes vengan a seguir cumpliendo el sagrado deber de "proteger a los ciudadanos y la propiedad". Este gobernante está tranquilo porque sabe que su gobierno no será acusado de "vulnerar los derechos humanos".
Quizás sólo se oirán los susurros del gobierno del país vecino, más por rencor y envidia, que intentara poner en marcha una campaña internacional para enlodar la democracia perfecta e impoluta que ha reinado en este país por décadas.