"La soberanía no se negocia en mesas de diálogo tuteladas por potencias extranjeras; se ejerce y se defiende en el marco de la legalidad vigente."
En el léxico de la politología hegemónica y los laboratorios de la extrema derecha internacional, la palabra “transición” se ha presentado como un eufemismo técnico para ocultar lo que, en el rigor del Derecho Constitucional, no es otra cosa que una ruptura del hilo democrático.
Bajo el pretexto de "elecciones anticipadas", se pretende ignorar la arquitectura institucional de Venezuela para imponer una agenda que responde a intereses transnacionales y no a la voluntad popular expresada en las urnas.
Nuestra Carta Magna es taxativa. El ordenamiento jurídico venezolano no contempla la figura de la "transición" como un estadio intermedio o una zona gris para el ejercicio del poder. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, y esta se delega a través del sufragio en los periodos constitucionalmente establecidos.
Para que exista un proceso electoral sobrevenido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela exige la configuración de una falta absoluta (Art. 233). La realidad es que no existe muerte, renuncia, destitución, ni incapacidad física o mental certificada del Jefe de Estado.
Inventar una "transición" cuando el Presidente se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones es, sencillamente, un golpe de Estado continuado bajo ropaje retórico.
La extrema derecha, subordinada a centros de poder imperiales, intenta posicionar la matriz de que las instituciones son prescindibles si el resultado no favorece a sus intereses comerciales y geopolíticos. Al exigir elecciones fuera del calendario legal, no solo violan el principio de autodeterminación, sino que intentan ejecutar un "secuestro" de la voluntad general.
Desde la perspectiva de la politología antiimperialista, entendemos que la "transición" es la herramienta de la doctrina del shock para desmantelar el Estado social de derecho y de justicia. Defender la constitucionalidad del periodo presidencial no es solo un acto jurídico, es un acto de resistencia patriótica frente a quienes pretenden convertir a Venezuela en una colonia administrativa sin Constitución.
La Constitución no es un obstáculo que se pueda saltar para satisfacer pedidos internacionales; es la muralla contra la cual deben chocar las pretensiones golpistas de quienes desprecian la paz nacional.
El antichavismo quiere aprovecharse del “secuestro” para pescar en río revuelto. Sin embargo, para algunos sectores de la oposición consideran que las encuestas dicen que si hay elecciones en estos momentos pueden perder.