La madrugada del 3 de enero de 2026 marcó un hito doloroso en la historia contemporánea de Venezuela. El secuestro de la pareja presidencial (Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores) por fuerzas militares estadounidenses no solo constituye una violación flagrante del derecho internacional y de la soberanía nacional, sino que también ha revelado, con crudeza, el verdadero rostro de la llamada “extrema derecha nacional”.
Aquellos que se autoproclaman defensores de la patria han celebrado con júbilo un acto de agresión imperialista, demostrando que su proyecto político no se fundamenta en el amor por Venezuela, sino en el desprecio hacia su pueblo y sus instituciones.
Durante años, sectores de la extrema derecha venezolana han solicitado activamente sanciones económicas, bloqueos financieros y ataques directos contra la moneda nacional. Estas medidas, lejos de afectar únicamente al gobierno, han golpeado con dureza a la población: limitando el acceso a alimentos, medicinas y recursos esenciales.
Pedir sanciones contra la propia nación es, en sí mismo, un acto de traición, pues implica sacrificar el bienestar colectivo en aras de una agenda política subordinada a intereses extranjeros.
Lo más alarmante es que, frente al secuestro del presidente constitucional y su esposa, estos sectores no han mostrado indignación ni dolor, sino satisfacción. Han celebrado la intervención militar como si se tratara de una victoria política, ignorando que lo que está en juego no es un liderazgo individual, sino la soberanía de todo un país.
La extrema derecha “nacional” se ha alineado con la lógica imperialista, renunciando a cualquier vestigio de dignidad nacional y demostrando que su proyecto no es democrático ni patriótico, sino dependiente y subordinado.
Resulta paradójico que, pese a la agresión, el hilo constitucional venezolano se mantenga intacto. Los poderes públicos continúan ejerciendo sus funciones, y la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, ha sido reconocida incluso por el propio gobierno estadounidense como presidenta encargada. Este reconocimiento, aunque contradictorio, confirma que la institucionalidad venezolana no ha sido quebrada. Sin embargo, la extrema derecha nacional, en lugar de defender esta continuidad constitucional, se regocija en la violencia y en la humillación de la figura presidencial.
El desprecio de la extrema derecha hacia Venezuela se manifiesta en tres dimensiones claras:
Económica: al pedir sanciones y bloqueos que afectan directamente al pueblo.
Política: al celebrar la intervención extranjera como mecanismo de sustitución del poder.
Moral: al renunciar a la defensa de la soberanía y alinearse con intereses imperiales.
Este desprecio no es accidental, sino estructural: responde a una visión de país que concibe a Venezuela como territorio subordinado, incapaz de decidir su propio destino sin la tutela de potencias extranjeras.
El secuestro de la pareja presidencial es un acto de agresión imperialista que hiere profundamente la dignidad nacional. Pero más doloroso aún es constatar que sectores de la extrema derecha “nacional” han celebrado este atropello, confirmando que su proyecto político no busca la libertad ni la democracia, sino la entrega de la patria.
Frente a ello, corresponde al pueblo venezolano reafirmar su compromiso con la soberanía, la independencia y la defensa de la Constitución. Porque cuando la extrema derecha desprecia a Venezuela, es la nación misma la que debe levantarse para recordarle al mundo que nuestra dignidad no se negocia ni se entrega.