La retirada por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de la figura del llamado “Cártel de los Soles” en la acusación contra Nicolás Maduro no es una corrección técnica ni un detalle jurídico menor. Es un acto político confesional: el imperialismo estadounidense reconoce que la arquitectura legal que utilizó para intervenir en Venezuela no se sostiene.
Con este movimiento, Washington no fortalece su caso. Por el contrario, lo desarma. Y al hacerlo, deja al descubierto la naturaleza real de una operación que no fue judicial, sino que fue un acto de fuerza imperial, ejecutado en el marco de la disputa global por la hegemonía, con China como enemigo central.
EL PUNTO JURÍDICO DECISIVO: SIN DELITO TRANSNACIONAL NO HAY JURISDICCIÓN
La nueva formulación de la acusación es clara: los hechos imputados se describen como redes de corrupción y protección del narcotráfico “dentro del Estado venezolano”.
Esto, desde el punto de vista del propio derecho burgués internacional es letal para la causa estadounidense: serían delitos internos, ocurridos en territorio venezolano y cometidos por funcionarios de un Estado independiente. Estos no generan jurisdicción penal extraterritorial.
El principio de territorialidad —uno de los pilares del orden jurídico internacional— queda automáticamente restablecido. Sin una organización criminal transnacional real, sin operaciones probadas en suelo estadounidense, sin estructura externa, Estados Unidos no tiene base legal alguna para juzgar, detener ni capturar a un jefe de Estado extranjero.
Desde este momento, el proceso deja de ser jurídico y se convierte abiertamente en político.
El llamado “Cártel de los Soles” fue una construcción funcional como excusa para una agresión militar.
Su función era triple:
1. Criminalizar un Estado considerado enemigo.
2. Borrar la soberanía venezolana, presentándola como fachada criminal.
3. Habilitar la violencia imperial bajo cobertura legal.
El imperialismo no inventó la corrupción —que es inherente al capitalismo—, pero sí la reorganizó discursivamente para convertirla en pretexto de intervención.
Al retirar esta figura, Washington reconoce lo que siempre fue evidente, que no había un cartel, había un Estado fuera de su control directo.
LA LEGALIDAD BURGUESA
Desde el marxismo, este caso confirma una ley general:
El derecho no limita al imperialismo; lo acompaña mientras es útil.
Cuando la legalidad sirve para justificar sanciones, bloqueos o capturas, se invoca con solemnidad. Cuando deja de servir, se reescribe. Y cuando se convierte en obstáculo, se ignora.
La secuencia es reveladora:
1. primero se captura,
2. luego se ajusta la acusación,
3. finalmente se intenta salvar la apariencia de legalidad.
No estamos ante un error judicial, sino ante la forma normal de funcionamiento del imperialismo en su fase de decadencia, cuando ya no puede sostener su dominio exclusivamente por medios económicos y recurre cada vez más a la coerción directa y a la fuerza bruta.
VENEZUELA NO ES EL OBJETIVO FINAL: CHINA SÍ LO ES
El secuestro de Maduro no puede entenderse como un hecho aislado ni personalista. Venezuela ocupa un lugar estratégico en la economía política global por tener las reservas petroleras más grande del planeta, ruptura parcial con el dólar y estar bajo la órbita de China.
Golpear al Estado venezolano es golpear un punto de apoyo importante de China en América Latina.
El mensaje imperial claro es que ningún Estado periférico puede salirse del eje de dominación estadounidense sin pagar un precio ejemplar, y más aún de lo que históricamente han considerado su patio trasero.
No se trata de “democracia” ni de “narcotráfico”. Se trata de disciplinar el espacio geopolítico frente al ascenso de un competidor.
EL DILEMA INSOLUBLE: POR QUÉ EEUU NO PUEDE LIBERARLO
Aquí se concentra la contradicción central. Desde el punto de vista jurídico, Maduro debería ser liberado inmediatamente. Esto debido a que no hay jurisdicción ni base legal, es decir no hay legitimidad procesal.
Desde el punto de vista de la lucha por la hegemonía mundial Estados Unidos no puede liberarlo sin pagar un costo político internacional gigantesco.
Liberarlo implicaría admitir que la acusación original fue una ficción política, que se violó la soberanía de un Estado, que se ejecutó un secuestro internacional, y que se usó el sistema judicial como coartada.
Las consecuencias serían explosivas:
Precedente jurídico internacional contra la extraterritorialidad estadounidense.
Debilitamiento de futuras intervenciones.
Refuerzo en todo el mundo del sentimiento antiimperialista.
Victoria política para el bloque liderado por China.
Por eso, Washington está atrapado: no puede juzgarlo sin base legal, pero tampoco puede soltarlo sin deslegitimarse.
El resultado probable será que no habrá justicia ni liberación. Lo que se abre no es un camino judicial, sino un limbo político de procesos interminables, redefiniciones constantes de la acusación, dilaciones calculadas y el uso de Maduro como ficha de negociación geopolítica.
No estamos ante un preso común. Más allá de liderar un gobierno bonapartista burgués en Venezuela, estamos claramente ante un rehén del imperialismo.
La retirada del “Cártel de los Soles” no debilita una acusación: desnuda un sistema.
Muestra que el derecho es instrumental, la soberanía es condicional y la legalidad burguesa se subordina a la hegemonía.
Estados Unidos es una potencia en declive, cada vez más obligada a pisotear las propias reglas de la legalidad burguesa para sostener su dominación frente al ascenso de China y la fragmentación del orden mundial. Son tendencias bonapartistas y autoritarias.
La pregunta ya no es si Maduro es culpable o inocente.
La pregunta es:
¿Cuánto más puede el imperialismo violar el derecho internacional burgués sin acelerar su propia decadencia histórica?
el_mute@hotmail.com