A este cronista le da hoy por fantasear y se inventa al gobierno (sí, ése que sólo los necios y los ingenuos se niegan a llamarlo así) sentado a la mesa de negociaciones con los gringos, digamos Jorge Rodríguez mirando a la cara a Richard Grenell, y, luego de haberla acordado con la oposición democrática en Venezuela, poniendo esta propuesta sobre la mesa:
- Comisión parlamentaria ampliada a individualidades fuera de la Asamblea Nacional para comenzar a debatir una reforma constitucional pactada que conduzca luego a una relegitimación de todos los Poderes (como en 2000). Tal vez haya que subrayarlo: pactada, es decir, con unas bases comiciales que requieran de la participación del 51% del Registro Electoral activo en Venezuela para que su aprobación en referendo sea válida y con el voto de las ⅔ partes de los votantes. Eso no es imposible. En Venezuela hemos tenido varias Constituciones que han contado con un requisito que debe serles consustancial: que sean consensuadas y no impuestas por una parte a la otra. Puede agregarse que el calendario de debate y aprobación de esa reforma sea a dos años plazo como máximo.
- Levantamiento progresivo de todas (subrayo todas) las recompensas, sanciones y otras medidas coercitivas ilegales impuestas a Venezuela por EEUU y Europa. Esa progresión puede ir a la par del cumplimiento del calendario de debate y aprobación de la reforma que se apruebe.
- Impulso a un programa de inversiones estadounidenses intenso en Venezuela, incluyendo la privatización de muchas de las empresas estatizadas que aún para la fecha dependan del subsidio público. Puede tomarse como referencia el programa de apertura económica de China en los años 80.
- Acuerdo trinacional de las policías antidrogas de EEUU, Colombia y Venezuela para establecer una coordinación en la lucha contra el tráfico de narcóticos en el Caribe.
- Sanción de una ley de amnistía que, tomando como referencia la española de 1977 y las características de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación establecida en 1995 en Sudáfrica, perdone los delitos con intencionalidad política cometidos desde el 1 de enero de 1999 hasta la fecha de aprobación de la ley por activistas contrarios a los gobiernos vigentes dentro de esas fechas y a las autoridades, funcionarios y agentes del orden público siempre que no hubieran supuesto violencia grave comprobada judicialmente contra la vida o la integridad física de las personas. De lo que se deduce que se actuará para dar conclusión al juicio incoado en la CPI.
- Apertura y pluralización democráticas de las empresas del Estado, institutos autónomos, servicio exterior y algunos espacios que puedan negociarse en el actual gabinete del Poder Ejecutivo.
- Estricta pluralidad gobierno/oposición, más allá de la conformación cuantitativa de la cámara, de la directiva de la AN y de las presidencias de las comisiones permanentes.
- Despartidización progresiva de los Poderes Judicial, Ciudadano y Electoral.
- Pacto político para la conformación de un gobierno de unidad nacional que se corresponda con los resultados electorales obtenidos durante el proceso de relegitimación de los Poderes posterior a la reforma constitucional, comenzando en cualquier caso por la designación de un vicepresidente o de una vicepresidenta que cuente con la aquiescencia de la fuerza política que obtenga el segundo lugar de las preferencia electorales.
- Pacto Social Antiinflacionario entre empresarios, gremios, sindicatos y Estado.
¿Acaso es un delirio? No tiene por qué serlo. Basta sólo de algo de buena voluntad y de abandonar las rígidas posturas extremistas, tanto en un lado como en el otro del tablero. Puede hacerse. Aún estamos a tiempo.