El aniversario número 76 de Tribuna Popular, órgano del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) coincide con un momento inédito de la historia política contemporánea: Las siglas del PCV le han sido arrebatadas a su legítima militancia por el Tribunal Supremo de Justicia para entregárselas a un grupúsculo de mercenarios pagados por el Gobierno de Nicolás Maduro.
Y decimos «inédito» porque aunque existe un PCV registrado ante el Consejo Nacional Electoral, lo cierto es que esa organización está bajo control de la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela y, desde luego, al servicio de su política neoliberal.
En sus casi ocho décadas, Tribuna Popular ha corrido la misma suerte que el PCV en los combates de clase: allanamientos, ilegalizaciones, incautaciones… De hecho, la primera ilegalización del periódico ocurrió el 13 de mayo de 1950, pocos días después del inicio de uno de los episodios de lucha más importantes del proletariado venezolano: la segunda gran huelga petrolera. La Junta Militar prohibió las actividades del PCV y la salida de su periódico. Sin embargo, esto no amilanó a los comunistas que una semana más tarde sacaron a la luz su primera edición clandestina.
Tribuna Popular, mayo de 1952. Edición clandestina.
Durante los siguientes años, la persecución y el «terror policial» impidió que Tribuna Popular se editara regularmente. Sin embargo, el periódico mantuvo su rol, promoviendo la «unidad democrática» para derrotar a la dictadura de Pérez Jiménez.
En aquellos años, las torturas estaban a la orden del día y en las páginas de TP se reseñaron crueles relatos. Entre ellos, los tormentos infligidos al destacado dirigente Federico Rondón; detenido por la Seguridad Nacional en 1954, a su regreso del III Congreso Sindical Mundial: «Desde el propio día de su detención se le comenzaron a aplicar las más salvajes torturas, propinándole planazos en todo el cuerpo, colgándolo por los pies y golpeándole la cabeza con toda clase de instrumentos».
Denunciando la traición puntofijista
Tribuna Popular, abril de1962. Un mes antes de la ilegalización del PCV.
Tras el derrocamiento de la dictadura en enero de 1958, los exiliados políticos regresan al país; uno de ellos, Gustavo Machado, fundador del periódico. Desde ese momento, una nueva etapa legal se inicia.
En febrero de 1959 se instala el Gobierno de coalición con Rómulo Betancourt al frente. Las aspiraciones populares fueron traicionadas rápidamente; en agosto se registran las primeras acciones represivas contra protestas pacíficas. Un año más tarde, las primeras planas de Tribuna Popular documentarán las violaciones a las libertades democráticas. También se harán habituales en sus páginas las listas de detenidos durante del betancourismo.
Las tensiones entre el Gobierno y TP se agudizaron y el 28 de octubre de 1960 los talleres donde se imprimía el periódico fueron asaltados. Marchas, protestas, huelgas, allanamientos a sindicatos, detenciones arbitrarias, estudiantes desaparecidos… El 29 de noviembre se suspenden las garantías constitucionales y se ordena la clausura de TP, señalada como «prensa subversiva».
Aunque TP estaba proscrita, el PCV aún era una organización política legal. De tal modo que se trató de recuperar la legalidad del periódico durante todo el año 61, pero no fue sino hasta enero de 1962 que se logró la autorización. Obviamente, la línea editorial se mantuvo y a tan sólo un mes del alzamiento militar de Carúpano, se podían leer titulares como «El Presidente viola Constitución Nacional y el compromiso con diputados».
TP y la guerra revolucionaria
Tribuna Popular , 17 de diciembre de 1964. Edición clandestina
Finalmente, el PCV es ilegalizado. Desde mayo de ese convulso 1962 y durante seis años, TP circulará clandestinamente para convertirse en órgano de expresión ya no sólo de las luchas obreras en curso, sino de la lucha guerrillera.
La batalla de aquel entonces también se disputó en el campo simbólico: el Gobierno prohibió a la prensa referirse a los movimientos insurreccionales como organizaciones de izquierda y ordenó llamarlos «extremistas»; mientras que los guerrilleros debían ser denominados «bandoleros».
La censura militar impedía publicar noticias de las acciones de la insurgencia sin permiso del Ministerio de Relaciones Interiores. No obstante, esto no evitó que TP contara los horrores del terrorismo de Estado.
Desde el 24 de abril de 1969, un mes después de la legalización del PCV, TP recuperó también su condición legal y así se mantuvo durante medio siglo hasta que el pasado 11 de agosto de 2023, el Gobierno de Maduro despojara a la militancia comunista de su personalidad jurídica.
Tribuna Popular. Septiembre de 2023. Edición especial tras el robo de la personalidad jurídica del PCV.
Al mes, circuló una edición especial que daba luces sobre los antecedentes de esta peculiar ilegalización; el viraje reaccionario del Gobierno y las consecuencias para la vida de la clase trabajadora venezolana. El titular de la edición resume la inquebrantable convicción en la justeza de la línea política trazada y la firmeza de principios de los comunistas venezolanos: «El PCV no se doblegará ante el asalto judicial».
*Neirlay Andrade. Directora de Tribuna Popular.