PCV denuncia que reforma de la Ley de Hidrocarburos desmantela la soberanía petrolera
Por: Tribuna Popular
Viernes, 30/01/2026 06:12 AM
La agresión militar de Estados Unidos está siendo instrumentalizada como coartada política para justificar el desmontaje de la soberanía petrolera venezolana a través de un nuevo y grave episodio de violación del orden constitucional. Este proceso no es circunstancial ni coyuntural: tiene antecedentes claros en la denominada “ley antibloqueo”, mediante la cual la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) institucionalizó la opacidad, la discrecionalidad y el ocultamiento sistemático de los asuntos estratégicos del país, y se profundizó con los acuerdos suscritos con la empresa Chevron, cuyos términos continúan siendo deliberadamente ocultados al pueblo venezolano, incluso hasta el día de hoy.
En este contexto, el PCV exige la derogación inmediata de la “ley antibloqueo” y denuncia el llamado “Modelo Chevron” como un conjunto de maniobras lesivas a la soberanía nacional, orientadas a subastar los recursos estratégicos del país a cambio de garantizar la permanencia de la élite gobernante en el poder, al margen de la Constitución, del control democrático y del interés nacional.
Esta posición no implica un rechazo absoluto, a priori, de toda participación de capital privado en la actividad petrolera nacional, siempre que dicha participación responda al interés nacional y no implique, bajo ninguna circunstancia, la pérdida de soberanía frente a las pretensiones de dominio imperialista. La industria petrolera venezolana atraviesa una profunda crisis que no solo es consecuencia de las criminales medidas coercitivas unilaterales impuestas por el imperialismo, sino también del fracaso de la política gubernamental, caracterizada por la corrupción, la improvisación y el progresivo desmantelamiento institucional. El peligro inminente radica en que la “salida” impulsada por la cúpula del PSUV no está orientada a la recuperación y desarrollo soberano de las fuerzas productivas, sino a satisfacer las apetencias del capital transnacional, profundizando la dependencia y comprometiendo el futuro del país.
Bajo el falso argumento de la “modernización” y la “eficiencia económica”, la propuesta de reforma de la LOH abre de manera progresiva y sistemática las puertas a la privatización de las actividades petroleras primarias, desconociendo principios constitucionales expresos y debilitando el control democrático del Estado sobre la principal riqueza del país.
En primer lugar, la reforma viola el artículo 302 de la Constitución, que consagra el dominio exclusivo del Estado sobre las actividades primarias de exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento inicial de los hidrocarburos. La incorporación explícita de empresas privadas, sin participación estatal alguna, como operadoras directas de estas actividades, así como la creación de contratos que les permiten ejecutarlas a su exclusivo costo y riesgo, representa una renuncia práctica al control estatal, aunque se pretenda mantener formalmente la propiedad de los yacimientos.
Esta violación se agrava al permitir que dichas empresas privadas reciban su retribución en especie, mediante la entrega de volúmenes de hidrocarburos para su comercialización directa, lo que implica un traspaso efectivo de la renta petrolera y una pérdida de soberanía económica en beneficio del capital privado.
Asimismo, la reforma entra en abierta contradicción con el artículo 151 de la Constitución, al eliminar la obligación de que las controversias contractuales sean resueltas por los tribunales de la República, abriendo la posibilidad de recurrir a mecanismos alternativos ajenos al sistema jurídico nacional. Esta disposición expone al país a instancias de arbitraje internacional y a decisiones contrarias a los intereses nacionales, lesionando gravemente la soberanía jurídica de la República.
De igual forma, se vulnera el artículo 150 de la Constitución, al reducir de manera sustancial las competencias de la Asamblea Nacional en la aprobación de contratos de interés público nacional. Mientras la legislación vigente exige la aprobación previa del Parlamento para la constitución de empresas mixtas y la definición de las condiciones bajo las cuales se realizan las actividades primarias, la reforma se limita a exigir una simple notificación, vaciando de contenido las funciones de control, contraloría y auditoría que corresponden al Poder Legislativo.
La reforma también introduce mecanismos que permiten que la gestión efectiva de las empresas mixtas quede en manos del socio minoritario privado, subordinando la dirección de un sector estratégico a criterios de rentabilidad empresarial y no al interés nacional. La exigencia de garantizar el “equilibrio económico-financiero” y el “retorno de la inversión” abre la puerta a interpretaciones que podrían comprometer al Estado a asegurar condiciones de ganancia al capital privado.
En materia fiscal, la reducción diferenciada de regalías e impuestos de extracción para empresas privadas y mixtas constituye una cesión inaceptable de ingresos públicos, en un contexto de profunda crisis social. Estas rebajas fiscales, inexistentes en la legislación vigente, solo se explican por la introducción de actores privados en actividades que constitucionalmente están reservadas al Estado.
El PCV alerta que esta reforma no es un hecho aislado, sino parte de una política sistemática de desmantelamiento de la soberanía petrolera, ejecutada al margen del debate democrático y en abierta contradicción con el texto constitucional aprobado por el pueblo venezolano.
Reiteramos que la defensa de los hidrocarburos como patrimonio de la nación venezolana es inseparable de la defensa de la Constitución y del derecho del país a decidir soberanamente su modelo de desarrollo.
El PCV llama a la clase obrera y en general a las fuerzas revolucionarias, populares, genuinamente democráticas y patrióticas a rechazar esta reforma y a defender el carácter estratégico, público y soberano de la industria petrolera venezolana.
Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela
Caracas, 29 de enero de 2026