La publicación de la Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos en la Gaceta Oficial N° 6.978 Extraordinario, el 29 de enero de 2026, marca el fin de un ciclo de cincuenta años de nacionalismo petrolero estatista en Venezuela. Este instrumento jurídico no representa una simple modificación administrativa, sino una reconfiguración radical de la relación entre el Estado, el subsuelo y el capital transnacional.
La reforma surge en un vacío institucional sin precedentes, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, lo que ha llevado a diversos analistas a cuestionar la validez de los actos legislativos por posibles vicios de consentimiento bajo coacción internacional. No obstante, desde una perspectiva técnica y comercial, la ley busca desesperadamente reactivar una industria colapsada, que pasó de producir más de tres millones de barriles diarios en los años noventa a niveles de supervivencia técnica.
El centro del debate jurídico y político de esta reforma reside en la alteración de los mecanismos de control parlamentario sobre los contratos petroleros, tradicionalmente considerados de "interés público nacional" bajo el Artículo 150 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). La eliminación de la aprobación previa de la Asamblea Nacional para la constitución de empresas mixtas y su sustitución por un régimen de mera notificación representa un cambio de paradigma en el sentido de propiedad y soberanía sobre el recurso natural más estratégico de la nación.
Estudio Comparativo Definitivo: LOH 2001-2006 vs. LOH 2026
La arquitectura legal de 2001, nacida al inicio del ciclo político de Hugo Chávez, fue diseñada para blindar el control estatal y maximizar la captura de renta mediante la figura de la "Soberanía Petrolera". Por el contrario, la ley de 2026 es un instrumento de "apertura pragmática" que prioriza la operatividad y el pago de acreencias sobre la participación fiscal directa.
El Petróleo como Dominio Público: Evolución Histórica y Fundamentos Doctrinales
Para comprender la magnitud de la ruptura que representa la LOH 2026, es imperativo analizar la evolución del concepto de "dominio público" en la legislación venezolana. Venezuela ha mantenido históricamente una tradición legada del derecho hispánico (Ordenanzas de Minería de Nueva España de 1783), donde la propiedad de las minas y yacimientos no pertenece al dueño del suelo, sino a la Corona y, posteriormente, a la República.
Cronología de la Propiedad del Petróleo
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1829: El Decreto de Guayaquil de Simón Bolívar ratifica que las minas de cualquier clase pertenecen a la República.
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1922: La primera gran Ley de Hidrocarburos de la era de Juan Vicente Gómez establece que el petróleo es un bien sobre el cual el Estado otorga concesiones temporales, pero retiene la nuda propiedad.
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1943: La Ley de Hidrocarburos unifica el régimen concesionario y establece la regalía como el pago por la propiedad del recurso ("Renta de la Tierra").
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1975: La Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos (Ley de Nacionalización) elimina el sistema de concesiones y crea PDVSA para ejercer el monopolio operativo.
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1999: La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela eleva a rango constitucional en su Artículo 12 que los yacimientos de hidrocarburos son bienes del dominio público, inalienables e imprescriptibles.
Autores y Tesis de la Propiedad Nacional
Diversos autores han desarrollado la tesis del petróleo como patrimonio común, destacando que el Estado no es un empresario, sino un "propietario rentista" que debe velar por el bienestar de las generaciones futuras.
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Juan Pablo Pérez Alfonzo: En sus libros como "El Pentágono Petrolero", desarrolló la doctrina de que el petróleo, al ser un recurso agotable, debe ser extraído solo en la medida en que la nación pueda absorber productivamente la renta. Acuñó el concepto de la regalía como un "derecho de propiedad" sagrado que no debe negociarse como si fuera un simple impuesto a las ganancias.
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Gastón Parra Luzardo: Expresidente de PDVSA y del Banco Central, defendió en sus obras la tesis de la "Soberanía Técnica". Para Parra Luzardo, entregar la gestión operativa a las transnacionales anula la capacidad del Estado para conocer la realidad de sus yacimientos y lo convierte en un sujeto ciego ante el socio privado.
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Adrián Goizueta y economistas del desarrollo: Han sostenido que el petróleo en Venezuela es un "bien de interés público" por su capacidad de afectar la macroeconomía total del país. Por lo tanto, cualquier contrato que comprometa volúmenes de extracción afecta el patrimonio de todos los ciudadanos y requiere el máximo control democrático.
El Quiebre del Artículo 150: La "Interpretación Psiquiátrica" del Control Parlamentario
El punto de mayor fricción constitucional en la aprobación de la LOH 2026 ocurrió durante el debate parlamentario liderado por Jorge Rodríguez. El Artículo 150 de la CRBV establece taxativamente: "La celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley".
El Argumento de la Oposición
El diputado Pablo Pérez argumentó que los contratos petroleros son, por definición, de "interés público nacional" debido a que comprometen el activo principal de la República y tienen el potencial de generar reclamaciones internacionales que atenten contra la soberanía. Según su intervención, el Artículo 34 de la nueva ley es un "autogol" institucional, ya que al sustituir la "aprobación" por la "notificación", la Asamblea Nacional renuncia a su facultad de co-decidir sobre el patrimonio nacional.
La Respuesta de Jorge Rodríguez
El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, desestimó estas preocupaciones calificándolas como una "interpretación psiquiátrica del término". Su tesis jurídica se basa en que el Artículo 150 de la Constitución otorga a la ley (en este caso, la propia LOH) la potestad de "determinar" cuáles contratos requieren aprobación y cuáles no. Al redactar la ley de forma que solo se exija una notificación, Rodríguez sostiene que se está cumpliendo con la formalidad legal, aunque esto signifique eliminar el control previo parlamentario que existía desde la ley de 2001.
Esta interpretación representa un giro radical: el petróleo venezolano deja de ser un recurso cuya explotación debe ser discutida en el foro democrático y pasa a ser una herramienta de gestión discrecional del Ejecutivo de turno. Jurídicamente, esto representa una "mutación constitucional" donde el espíritu de control de la carta de 1999 es subordinado a las necesidades operativas de corto plazo.
Choque con Principios Fundamentales: Inalienabilidad y Soberanía
La nueva Ley de Hidrocarburos 2026 entra en colisión directa con varios principios que han regido la doctrina jurídica venezolana durante décadas.
El Principio de Inalienabilidad
El Artículo 12 de la CRBV declara que los yacimientos son inalienables. Sin embargo, la LOH 2026 permite, a través de los Artículos 25 y 42, transferir a empresas privadas derechos sobre bienes muebles e inmuebles requeridos para la actividad, así como el uso de áreas operacionales. Si bien la propiedad del crudo "in situ" sigue siendo estatal, la cesión de la infraestructura crítica (taladros, estaciones de flujo, oleoductos) y la potestad de comercializar directamente el recurso (Art. 68) constituye una "alienación de facto" de la cadena de valor.
El Principio de Soberanía Petrolera
La soberanía no es solo una declaración política, sino la capacidad efectiva de un Estado de decidir sobre su recurso. Bajo el modelo de 2026, PDVSA se convierte en una "agencia administradora de contratos" o un "simple rentista". Al permitir que el socio privado maneje la información técnica (reservas, costos) y financiera (cuentas offshore), el Estado pierde el mando sobre la política de producción, la cual ahora quedará determinada por el interés de rentabilidad de las corporaciones y no por el interés social de la nación.
El Principio de Propiedad de los Recursos Naturales
La tesis de que el petróleo pertenece a todos los venezolanos se diluye cuando el control sobre su beneficio económico se centraliza en el Ejecutivo sin contrapesos. La eliminación de la "aprobación" parlamentaria rompe el vínculo directo entre el soberano (el pueblo, representado en la AN) y el administrador (el Ejecutivo).
Análisis de los Beneficios y Pérdidas para Venezuela
La reforma ha sido recibida con un optimismo cauteloso por los sectores económicos y con severas críticas por los sectores nacionalistas. A continuación, se presenta un desglose técnico de lo que gana y pierde el país.
Beneficios Proyectados (El Modelo de Eficiencia)
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Atracción de Capital Intensivo: Se estima que la ley permitirá atraer inversiones por el orden de los 1.400 millones de dólares en 2026 y hasta 10.000 millones en los años subsiguientes. Esto es vital para desarrollar los "campos verdes" o vírgenes que requieren alta tecnología inaccesible para la PDVSA actual.
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Recuperación del Flujo de Caja: Al permitir la comercialización directa, las empresas pueden cobrar sus deudas acumuladas directamente con crudo, lo que incentiva la perforación inmediata de nuevos pozos.
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Seguridad Jurídica y Arbitraje: La inclusión del arbitraje internacional (Art. 8) elimina el miedo al sesgo judicial nacional, lo que reduce el "riesgo país" para inversores de primer orden como Occidental, Conoco o Repsol.
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Eficiencia Operativa: El Artículo 36 impone estándares de costos internacionales a las empresas mixtas, buscando romper con la estructura de costos inflados y corrupción que caracterizó la gestión estatal directa.
Pérdidas y Riesgos (El Modelo de Sacrificio de Renta)
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Reducción del Government Take: El Estado recibirá menos dólares por cada barril producido. La flexibilidad de regalías (pudiendo bajar del 30%) y la eliminación de impuestos extraordinarios reducen la participación estatal neta.
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Opacidad Contractual: Los Contratos de Participación Productiva (CPP) son, por naturaleza, menos transparentes que las empresas mixtas tradicionales. Al no pasar por la AN, la ciudadanía desconoce los términos de entrega de áreas estratégicas.
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Riesgo Sistémico de Corrupción: El modelo de "juez y parte", donde el Ejecutivo autoriza, negocia y notifica a sí mismo a través de una AN complaciente, crea un entorno fértil para tramas de autogestión ilícita.
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Pérdida de Jurisdicción: Al ceder la resolución de dudas a tribunales internacionales, Venezuela se expone a fallos que pueden comprometer otros activos nacionales en el exterior en caso de impagos o desavenencias.
El Impacto Técnico del Nuevo Régimen Fiscal
La reforma sustituye un sistema de impuestos múltiples por un esquema simplificado pero altamente discrecional. El cálculo de la participación del Estado se altera profundamente.
Ecuación del Government Take según Modelos
Bajo la LOH de 2001-2006, la fórmula para el Estado era:
En este modelo, el Estado aportaba capital y asumía pérdidas.
Bajo la LOH de 2026, la fórmula se transforma en:
Donde el inversor privado asume el 100% del CAPEX/OPEX, ahorrándole al Estado la inversión inicial, pero capturando una parte mayor de la utilidad neta para recuperar su capital.
Este cambio de esquema fiscal es fundamental para proyectos en campos maduros donde el costo de extracción es elevado. La ley de 2026 permite ajustar la carga tributaria para que estos proyectos sean económicamente viables, algo que la rigidez de la ley de 2001 impedía, llevando al abandono de miles de pozos en el Zulia y el Oriente.
Las Siete Derogaciones: El Fin de la Era de Chávez
La LOH 2026 incorpora disposiciones derogatorias que desmantelan pieza a pieza el "Legado Petrolero" del periodo 2006-2013.
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Ley de Regularización de la Participación Privada (2006): Esta ley forzó la migración de los antiguos Convenios de Asociación a Empresas Mixtas. Su derogación permite ahora una mayor flexibilidad en la estructura de propiedad.
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Ley Orgánica de Bienes y Servicios Conexos (2009): Eliminó la participación privada en servicios críticos como transporte en el lago y muelles. Su derogación es un beneficio directo para las PYMES y empresas internacionales de servicios que podrán volver a operar activamente.
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Ley de Contribución por Precios Extraordinarios (2013): Considerada un "castigo fiscal" por los inversores, su eliminación garantiza que las empresas retengan beneficios ante picos de mercado, incentivando la inversión a largo plazo.
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Decreto 5.200 (2007): El decreto de nacionalización de la Faja del Orinoco. Su anulación formaliza que el control de la reserva de crudo más grande del mundo ya no será exclusivo de PDVSA.
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Acuerdos de la AN de 2006 y 2009: Estos acuerdos establecían el "Modelo de Contrato" único. Ahora, cada proyecto tendrá términos y condiciones ajustados a su realidad geológica y económica.
Implicaciones para la Seguridad Energética y la Transición
Un aspecto novedoso y poco discutido es la mención de la "adecuación a la transición energética" en el Artículo 1. Esto sugiere que la reforma busca no solo extraer petróleo, sino posicionar a Venezuela en la cadena de valor de minerales críticos y gas natural, elementos esenciales para la economía verde global. El desarrollo de proyectos de LNG (gas natural licuado) en el Oriente del país, bajo esquemas de inversión privada total, es uno de los objetivos subyacentes de la flexibilización fiscal y operativa de esta ley.
Sin embargo, el éxito de esta transición depende de la reconstrucción de la infraestructura eléctrica y de transporte, la cual requiere una inversión estimada en 20.000 millones de dólares adicionales que la ley por sí sola no garantiza.
Conclusiones del Análisis Técnico-Jurídico
La Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2026 es el acta de defunción de la PDVSA operativa y el nacimiento de una PDVSA "holding" o administradora. El país ha transitado de un modelo de captura de renta agresiva a un modelo de supervivencia operativa.
En resumen:
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Se gana: Operatividad inmediata, financiamiento privado sin deuda estatal, acceso a mercados occidentales (vía Método Chevron), y una simplificación fiscal que mejora la rentabilidad de los proyectos.
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Se pierde: Control parlamentario sobre el patrimonio nacional, soberanía técnica sobre los yacimientos, un porcentaje significativo de la renta neta por barril, y la transparencia en la adjudicación de áreas estratégicas.
El conflicto con el Artículo 150 de la Constitución y la eliminación de los contratos como instrumentos de "interés público" para evadir a la Asamblea Nacional dejará una mancha de inseguridad jurídica a largo plazo. Si en el futuro se produce un cambio de gobierno o una restauración del hilo constitucional, estos contratos "notificados" y no "aprobados" podrían ser objeto de nulidad, repitiendo el ciclo de inestabilidad que ha perseguido a la industria petrolera venezolana por más de un siglo.