Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos: Incompatibilidad de Cargos y Restauración del Control Fiscal

Martes, 27/01/2026 05:13 AM

La arquitectura legal de los hidrocarburos en Venezuela ha experimentado una transformación tectónica con la aprobación en primera discusión del Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos el 22 de enero de 2026 (Asamblea Nacional:2026). Este instrumento legislativo no solo modifica artículos técnicos, sino que representa un cambio en la filosofía de gestión del recurso más estratégico de la nación, pasando de un modelo de reserva estatal rígida —consolidado en las reformas de 2001 y 2006— hacia un esquema de apertura pragmática fundamentado en la viabilidad económica y la gestión privada integral (Rodríguez:2026). 

La Industria Petrolera Nacional requiere una transformación que pase de un modelo de reserva estatal rígida hacia una gestión transparente y eficiente. Durante las últimas décadas, la industria ha sufrido un colapso de sus contrapesos institucionales debido a la fusión recurrente de los cargos de Ministro de Petróleo (ente regulador) y Presidente de PDVSA (ente operador).

Justificación de la Reforma:

  • Falla de Supervisión: La dualidad de funciones eliminó la capacidad del Estado para supervisarse a sí mismo, convirtiendo la industria en una estructura opaca que facilitó la mayor fuga de capitales en la historia del país.

  • Historial de Corrupción: La acumulación de poder sin auditoría externa derivó en la criminalización de gestiones estatales, con desfalcos que superan los $30.000 millones de dólares en casos como el "Fondo Atlantic" y "PDVSA-Cripto".

  • Casos Críticos: La falta de separación de roles permitió que figuras como Rafael Ramírez, Tareck El Aissami y Pedro Tellechea gestionaran la industria sin fiscalización técnica radical, derivando en malversación, desfalcos con criptomonedas y vulneraciones a la soberanía tecnológica.

Esta propuesta busca blindar la transparencia mediante la Incompatibilidad de Cargos, asegurando que la máxima autoridad regulatoria no sea, al mismo tiempo, la encargada de la ejecución operativa. Solo mediante esta separación de funciones y una fiscalización técnica radical se podrá transformar la riqueza natural en prosperidad colectiva blindada contra la corrupción sistémica que ha descapitalizado a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en los últimos años, más allá de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el Gobierno de Estado Unidos y sus aliados.

1. La dualidad Ministro-Presidente: El colapso de los contrapesos (2001-2026)

Desde 2004, una práctica administrativa recurrente ha sido la fusión de los cargos de Ministro de Petróleo (ente regulador) y Presidente de PDVSA (ente operador) en una misma persona. Esta dualidad eliminó la capacidad del Estado para supervisarse a sí mismo, convirtiendo a la industria en una "caja negra" que facilitó la mayor fuga de capitales de la historia venezolana.

Análisis de la Gestión Petrolera y Tramas de Corrupción

El siguiente cuadro detalla cómo la acumulación de poder y la falta de auditoría externa derivaron en la criminalización de casi todas las gestiones estatales bajo la LOH de 2001-2006:

 

La captura de Tareck El Aissami en 2024 marcó el punto más crítico del modelo estatal, evidenciando que el uso de la estructura pública para evadir sanciones terminó creando un sistema de "pranato" financiero que desangró el erario nacional (Saab:2024; S_S25).

2. Modificaciones estructurales y gestión privada (2026)

El Proyecto de Reforma busca corregir estos vicios mediante la desestatización operativa (Asamblea Nacional:2026).

  • Autonomía Operativa (Art. 36): La reforma permite al socio privado gestionar la comercialización y las cuentas bancarias del proyecto, rompiendo el monopolio estatal que facilitó los desvíos de fondos en la trama PDVSA-Cripto.

  • Contratos de Participación (Art. 40): Se formalizan los contratos donde la operadora privada asume todo el riesgo, evitando que las deudas operativas recaigan sobre el balance de PDVSA (Rodríguez:2026).

3. Recomendaciones de la Consultora Poli-data.com

Desde la perspectiva del Dr. Andrés Giussepe (2024), la soberanía moderna no reside en que un ministro firme contratos, sino en la capacidad técnica de auditoría:

  1. Eliminación de la Dualidad: La ley debe prohibir explícitamente que una persona ejerza cargos en el Ministerio y en PDVSA simultáneamente para restaurar el control fiscal.

  2. Soberanía Tecnológica: El Estado debe auditar el "cerebro" automatizado mediante una comisión técnica nacional para evitar casos como el de Tellechea (Ministerio Público:2024).

4. Propuesta de Artículo Parlamentario

Artículo XX (De la Incompatibilidad de Cargos): Queda terminantemente prohibido que la máxima autoridad del Ministerio con competencia en hidrocarburos ejerza, de forma simultánea, cargos de dirección o presidencia en empresas de exclusiva propiedad del Estado o empresas mixtas. El incumplimiento de esta norma anulará cualquier acto administrativo o contrato suscrito bajo dicha dualidad.

Conclusión

El Proyecto de Reforma de 2026 reconoce el fracaso ético y operativo del control estatal absoluto. Mientras la LOH de 2001/2016 facilitó el saqueo por falta de contrapesos, la nueva ley debe blindar la transparencia. Solo a través de la separación de roles y una fiscalización técnica radical, Venezuela podrá transformar su riqueza natural en una prosperidad colectiva blindada contra la corrupción sistémica (Moleiro:2024; Giussepe:2024).

Referencias Bibliográficas

Nota leída aproximadamente 252 veces.

Las noticias más leídas: