Corría el mes de septiembre de 2008 y se acercaban las fechas para la escogencia del director/a de la escuela de Sociología, es decir, para la “Consulta”. No es una elección propiamente dicha, ya que lo arcaico y antidemocrático del régimen universitario no permite a las comunidades de las carreras elegir esa autoridad; ni siquiera en los términos de “democracia censitaria” en que se vota para las autoridades rectorales. Son las autoridades de la facultad –que son producto también de un mecanismo estamental y excluyente– quienes tienen la potestad de decidir “a dedo” a los postulados a directoras/es para que, finalmente, sea el Consejo Universitario quien los nombre (art. 67, numeral 9, Ley de Universidades).
Sin embargo, es tan insostenible semejante negación de un derecho democrático elemental a los miembros de las carreras, que por uso y costumbre algunas escuelas habían conquistado el derecho a realizar elecciones de carácter consultivo (no vinculante), para que esa opinión fuera tomada en cuenta luego por el decano o decana a la hora de tomar su decisión. A su vez, esta consulta se hacía bajo un sistema electoral discriminatorio.
Estudiantes, profesoras/es y empleados/as de Sociología aspiraban a una elección verdaderamente democrática y demandaron de las autoridades de la escuela que se abriera una discusión pública al respecto. Sin embargo, el 15 de septiembre el Consejo de Escuela decidía que iba la consulta para director/a con el mecanismo de participación vigente: una consulta no vinculante, donde solo el 30% del profesorado (escalafones altos) –que a su vez representaban poco menos del 3% del total de la comunidad de la escuela– podía postularse y solo ellos tenían el poder de voto real para decidir la elección. También decidió el Consejo que no había nada que discutir públicamente con la comunidad de la escuela.
Esto fue el pitazo para que un importante movimiento de estudiantes y profesores/as instructores/as se comenzara a generar, informando por volantes, pasando por curso y convocando asambleas. El 24 sept. se concretó la primera asamblea que decidió movilizarse para exigir al Consejo de Escuela que echara para atrás su decisión; gracias a la presión de la movilización, el 1º de octubre se llevó a cabo un Consejo de Escuela Ampliado, en el que se votó a favor de llamar a un referéndum; por parte de la dirección de la escuela, algunos profesores/as, e incluso quienes dirigían el Centro de Estudiantes, quisieron impedir el referéndum, intentaron boicotear la decisión de ese consejo ampliado; sin embargo, era firme la voluntad expresada por las bases de la comunidad, finalmente, también las autoridades de la escuela avalaron la realización del referéndum y, de hecho, participaron del mismo. Se llevó a cabo el 22 de octubre, con participación igualitaria y sin discriminación.
“¡Se va a acabar, se va acabar, la ‘democracia’ estamental!”
Las condiciones en las que se realizaría el referéndum marcaban desde el inicio que se trataba de un movimiento verdaderamente democrático. Hacerlo había sido una decisión producto de discusiones abiertas y con participación de las bases estudiantiles, docentes e incluso empleados administrativos. El mecanismo sería el voto universal, votaban todos los miembros de la comunidad en igualdad de condiciones, 1 persona = 1 voto, lo que sería la concreción del histórico reclamo del “1x1x1”, es decir, que voten estudiantes, profesores y trabajadores no docentes, en igualdad de condiciones. Tal como a la hora de elegir autoridades del país, de los estados y los municipios no se hace una jerarquización del voto de las personas de acuerdo a su nivel académico formal, ocupación u otra condición.
En el referéndum votó un 60% de la comunidad, un alto porcentaje para el nivel usual de participación en unas votaciones en la universidad, y para ser un evento al margen de la legalidad universitaria y contra la voluntad de las autoridades de la facultad y de la escuela. Marcando un récord de participación y mostrando los niveles de legitimidad del mismo.
Los resultados fueron los siguientes:
1. La elección del director o directora debe ser mediante el voto universal (1 persona = 1 voto) de todos los miembros de la comunidad, sin proporción ni diferenciación: 70% de aprobación.
2. Los/as profesores/as instructores/as tienen pleno derecho a postularse también para la dirección de la escuela: 62% de aprobación.
3. Las decisiones de los consejos de escuela ampliados (con participación de toda la comunidad) son vinculantes (de obligatorio cumplimiento), tanto como las del consejo ordinario: 63% de aprobación.
El hastío con un sistema de gobierno universitario y de “búsqueda del conocimiento” antidemocrático y excluyente, se expresó con mucha fuerza entre el estudiantado, los trabajadores y muchos/as profesores/as la escuela. Al conocerse los resultados una gran algarabía estalló, estábamos dando un muy importante paso, inédito, en el camino de lograr una radical transformación democrática del régimen universitario (por lo menos a nivel de la escuela). El canto “¡Se va a acabar, se va a acabar, la ‘democracia’ estamental!”, resonó entre abrazos y alegría.
Poco más de un mes de lucha y movilización habían conducido a abrir esa grieta en el régimen de privilegios y antidemocracia que impera en la universidad (y en todas las universidades del país). Las distintas maniobras de la “santa alianza” entre un sector de los profesores, la dirección de la escuela y el Centro de Estudiantes fueron rebasadas por la fuerza de la movilización y la voluntad de transformación democrática. Como señalamos en ese momento, a pesar de tener varios límites, ese hecho representaba una importante victoria de las aspiraciones democráticas a lo interno de la universidad.
Una grieta en el régimen de privilegios… que fue cerrada por la imposición autoritaria
Sin embargo, aun faltaba el round contra la legalidad y el régimen universitarios expresados en la decana (Sary Levy en ese entonces) y el Consejo de Facultad.
Siempre supimos que ese referéndum democrático no tenía cabida en la legislación universitaria vigente, y que como mucho tendría un carácter consultivo, mas no vinculante. Sin embargo, ¿acaso habría Historia si las comunidades y grupos humanos limitasen sus aspiraciones a lo que la norma del momento dicta? A su vez, algunos pensaron que, siendo que el Consejo de Facultad venía con la tradición de reconocer los resultados de las consultas de directores, se podía acudir a ese "derecho consuetudinario” para que se reconociese también el resultado de esa consulta.
No fue así, la decana y el consejo se negaron rotundamente a aceptar la voluntad democrática expresada por la comunidad de Sociología, mostrando así lo muy limitado que es el espacio democrático ganado por la escuela ante el régimen universitario. El mecanismo de poder imperante en la universidad tolera un pequeño y limitado espacio de democracia siempre y cuando no implique una verdadera transformación democrática, ni bien aparece algo en ese sentido, se cierra e impone su legalidad antidemocrática.
Hubo derechos de palabra ante el Consejo de Facultad y de Escuela, nuevas asambleas y movilizaciones a ambas instancias, pero las autoridades fueron intransigentes. Con el pasar de las semanas hubo desgaste, llegaron las fechas de las evaluaciones y bajó la participación en las actividades, debilitándose el movimiento.
Para poder ganar la pelea al autoritarismo del régimen universitario, o mejorar la correlación de fuerzas, había que dar un salto de calidad en el movimiento, bien sea ganando mayor masividad –lo que venía en declive– o con nuevas medidas, como por ejemplo que las profesoras y profesores que estaban con la lucha se declararan en huelga, lo que hubiese sido contundente y además liberaba a los estudiantes de la presión de las evaluaciones, lo que a su vez podría contribuir a mejorar la mermada participación en las movilizaciones y asambleas. Esa fue la discusión que un sector de los estudiantes hicimos en ese momento, sin embargo, los profesores se negaron a esa perspectiva.
Finalmente, no hubo manera de hacer torcer el brazo a las autoridades y la lucha fue derrotada. La voluntad de transformación democrática de la comunidad de la escuela de Sociología fue ninguneada y pisoteada por el régimen de casta que impera en la universidad.
La “autonomía” en la universidad y la “democracia” en Sociología
En ese proceso, el más reciente y avanzado intento de superar la antidemocracia en el gobierno de las universidades, no había TSJ ni sus sentencias, no era una movida del PSUV ni del gobierno, no había la más mínima injerencia del Estado. Se trató de un proceso genuino, surgido desde las bases y por lo tanto con diversidad de corrientes políticas: había tanto gente afín al gobierno como quienes desde la izquierda lo enfrentábamos y rechazábamos sus políticas en el movimiento obrero y en las universidades, así como personas independientes movidas por su aspiración de cambios democráticos en la universidad.
Para decirlo con todas las letras: no había nada que pusiera en riesgo la autonomía universitaria, no estaba en escena la injerencia gubernamental, y aún así las autoridades se opusieron férreamente, negando la voluntad democrática de la comunidad de Sociología. Lo que demuestra que cuando se habla de transformaciones democráticas del régimen universitario, el problema de las autoridades no es tanto la “defensa de la autonomía” como sí sus privilegios de casta.
La Universidad Central cuenta así con antecedentes, con experiencias previas de luchas por superar la antidemocracia interna imperante, que no tienen que ver con los intentos bonapartistas del gobierno nacional. Este movimiento de Sociología, de hace apenas poco más de una década, sirve como ejemplo de cómo puede lucharse desde las bases en ese sentido, sin que tal lucha tenga relación alguna con medidas de un gobierno profundamente autoritario y represivo que, dicho sea de paso, mantiene en las universidades que controla un régimen interno peor de antidemocrático que el de las universidades autónomas.
A su vez, para la comunidad de la escuela de Sociología de la UCV es muy caro tener en cuenta este precedente, puesto que permite comprender que lo que hoy tiene como “democracia” (la limitada consulta de directores/as), si bien es más progresivo que lo estipulado en la Ley de Universidades de 1970, en realidad es un mecanismo que hace no mucho fue ampliamente cuestionado por lo limitado del mismo, proponiéndose en cambio mecanismos que apuntaban a verdaderas transformaciones democráticas del régimen de gobierno universitario.
Solo si se borra de la historia este movimiento reciente, solo si se hace como si no hubiese existido, se puede presentar como “democracia” lo actual. La consecuencia negativa de que la comunidad de esta escuela olvide su pasado reciente sería bajar bruscamente su nivel de aspiraciones democráticas, limitándose a mantener lo existente, aquello con lo cual la antidemocracia interna de la universidad ha podido convivir, mientras en cambio le negó rotundamente lo que hubiese podido abrir paso a una verdadera democratización del gobierno universitario.
Para las nuevas generaciones de estudiantes de la carrera es importante esta memoria, para que cuando alguien quiera señalar las luchas contra el régimen antidemocrático interno como sinónimo de injerencia estatal, o presentarles el estatus quo existente como lo más democrático a lo que se puede aspirar, puedan responderles: no le vengan a echar cuentos al que sabe de historia