Tras el procedimiento de rigor, el ente rector de los precios procedió a dictar sanciones por contrabando de extracción sustentado en el artículo 57 de la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ) y corrupción entre particulares en el artículo 63 del mismo texto legal.
Asimismo, aplicó como medida preventiva, el comiso preventivo (Art. 70 numeral 1 LOPJ) de las medicinas detalladas con uso institucional y la remisión al Ministerio Público (Art. 75 LOPJ) por los delitos antes mencionados.
Durante la inspección se evidenció la comercialización ilegal de antibióticos, hipertensivos, anticonceptivos, entre otros.
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Con ello, busca proteger a la población más vulnerable a la guerra económica orquestada por agentes internos y externos que pretende doblegar la dignidad del venezolano y la venezolana.