El discurso económico oficial en Venezuela, ejemplificado por las declaraciones del diputado Jesús Farías, a menudo presenta el aumento salarial como una medida "arbitraria" e inviable, supeditada a la "estabilidad política" y a las restricciones impuestas por las sanciones internacionales. Si bien estos factores tienen un peso real, este enfoque omite y minimiza la responsabilidad del Estado en el diseño de políticas económicas que activamente generan riqueza y la distribuyen de manera equitativa.
El problema central no radica en la falta de capacidad para generar recursos, sino en cómo se gestionan y distribuyen los que ya se tienen. A continuación, se presenta un análisis detallado que deconstruye este argumento y propone un conjunto de políticas viables para garantizar un salario digno y reducir la desigualdad, incluso en el contexto actual.
La Falacia de la Imposibilidad y la Prioridad Política
El argumento de que un aumento salarial es "arbitrario" en las condiciones actuales es una falacia que desvía la atención de las decisiones políticas que han llevado a la devaluación del salario. La necesidad de un salario digno no es una arbitrariedad, sino una necesidad humana fundamental y un motor para el desarrollo económico. La supuesta "estabilidad política" que se busca al costo de la miseria salarial es una estabilidad frágil, que genera un profundo descontento social y una masiva fuga de talento humano, socavando así cualquier intento de crecimiento a largo plazo.
El optimismo que el diputado Farías menciona contrasta fuertemente con la realidad de los trabajadores venezolanos. La verdadera "consulta" con la masa trabajadora en Venezuela se manifiesta en las protestas callejeras y la constante exigencia de un salario que les permita cubrir sus necesidades básicas.
Es una contradicción insistir en que el crecimiento es la solución, sin reconocer que el crecimiento solo es sostenible si el poder adquisitivo de los trabajadores aumenta y genera demanda interna.
Estrategias para un Crecimiento Inclusivo: Del Rentismo a la Producción
Para que el crecimiento del PIB se traduzca en una mejora real para los trabajadores, es fundamental que el Estado, a través del Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela (BCV), oriente la economía hacia la producción y no hacia la importación y la especulación. Las siguientes políticas demuestran que es posible aumentar la participación de los salarios en el PIB y reducir la desigualdad, incluso con sanciones.
1. Reorientación de la Política Cambiaria: De la Estabilización a la Productividad
El BCV actualmente utiliza una parte significativa de los ingresos en divisas (principalmente del petróleo) para vender dólares masivamente en el mercado y mantener la estabilidad del tipo de cambio. Sin embargo, esta política a menudo beneficia a un grupo de importadores, sin generar una contraprestación productiva para la nación. Esta estrategia es un drenaje de recursos que podrían ser utilizados para fortalecer la economía real.
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Propuesta: El BCV debe redirigir esta política. En lugar de vender divisas indiscriminadamente, debería crear un sistema de créditos productivos en moneda extranjera con tasas preferenciales. Estos créditos estarían disponibles para empresas que demuestren un plan de inversión en la producción nacional, la diversificación económica y, crucialmente, la mejora de los salarios y condiciones laborales de sus empleados. De esta manera, las divisas se convertirían en capital de inversión que crea empleos de calidad y valor agregado.
2. Acumulación Estratégica y Creación de Fondos Soberanos
Los excedentes de los ingresos petroleros y de otras exportaciones no deben ser liquidados para financiar gastos corrientes o estabilizar el mercado cambiario que ha sido un rotundo fracaso, porque la devaluación no se detiene. Deben ser gestionados con una visión a largo plazo.
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Propuesta: Los ingresos extraordinarios deben ser depositados en un Fondo de Riqueza Soberano. Este fondo, gestionado de manera transparente e independiente, invertiría en mercados internacionales para generar rendimientos a largo plazo. Los ingresos de este fondo podrían ser utilizados para financiar planes de desarrollo social, infraestructura y, específicamente, un aumento gradual y sostenible de los salarios, desvinculando esta mejora del riesgo de la hiperinflación.
3. Política Fiscal Progresiva y Fortalecimiento del Poder de los Trabajadores
Para asegurar que las remuneraciones crezcan más rápido que las ganancias empresariales, el Estado debe utilizar sus herramientas de planificación y regulación.
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Propuesta: Se debe implementar un sistema fiscal progresivo que recaude impuestos sobre las ganancias extraordinarias de los sectores más lucrativos (financiero, importador) y sobre las grandes fortunas. Estos ingresos deben ser canalizados para financiar planes de inversión social y garantizar un salario mínimo digno que no solo cubra las necesidades básicas, sino que también refleje el crecimiento de la productividad del país.
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Propuesta: El Ministerio del Trabajo debe fortalecer el papel de la negociación colectiva y los sindicatos. Un marco legal que empodere a los trabajadores les permite negociar salarios justos y mejores condiciones laborales, asegurando que las ganancias de productividad se distribuyan de manera más equitativa.
En conclusión, el camino para mejorar los salarios en Venezuela no es esperar una "estabilidad política" o la eliminación de las sanciones. Es un camino de decisiones económicas concretas, valientes y estratégicas.
La verdadera estabilidad se construye con una economía que genere riqueza y la distribuya de manera justa, reconociendo que la prosperidad de una nación se mide por el bienestar de su gente, no por la estabilidad de su tipo de cambio, que aumente la producción de PDVSA, se acaben los corruptos, Estados Unidos levante las sanciones o que la oposición deje de chillar.