Human Rights Watch (HRW) urge a "reformar las instituciones judiciales y electorales" en Venezuela
Por: Agencias
Jueves, 19/02/2026 06:06 AM
Se refiere especialmente al proceso de excarcelaciones de presos políticos que se ha estado ejecutando tras la captura de Nicolás Maduro.
Al respecto, HRW afirma que las excarcelaciones concretadas suponen «un alivio», pero insiste en que «el aparato represivo que el gobierno utilizó para detenerlos sigue vigente», según lo denuncia Juanita Goebertus, directora de HRW para las Américas.
«Las autoridades venezolanas deberían implementar reformas reales en las instituciones y leyes judiciales y electorales clave. Cualquier otra medida equivaldría a una transición falsa que, si bien podría beneficiar a los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, no reivindicará los derechos del pueblo venezolano», advierte.
El texto también menciona que unas 600 personas siguen encarceladas en Venezuela por razones políticas y que los que han sido excarcelados continúan bajo procesos judiciales y enfrentan restricciones de sus libertades.
«Algunas figuras de la oposición han sido transferidas a arresto domiciliario , entre ellas Juan Pablo Guanipa, líder opositor que fue liberado (excarcelado) el 9 de febrero y detenido nuevamente horas después», indica.
Y añade: «Desde 2014, las autoridades venezolanas, a menudo recurriendo a la Fiscalía General de la República y al poder judicial, han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos, incluyendo procesos penales infundados y con motivaciones políticas contra opositores políticos, periodistas y defensores de derechos humanos».
Asimismo, menciona que casi 19.000 personas han sido detenidas por motivos políticos, según los registros del Foro Penal.
«Las autoridades han arrestado arbitrariamente y han llevado a personas a desaparecer forzosamente. Muchos detenidos han sido recluidos en régimen de incomunicación, se les ha negado el acceso a abogados, se les han imputado cargos en masa en audiencias virtuales y han sido sometidos a malos tratos y tortura», denuncia.
Elecciones
De igual forma, HRW reclama que «durante la última década, las autoridades venezolanas también han llevado a cabo elecciones injustas, plagadas de violaciones de derechos humanos e irregularidades que han mantenido la igualdad de condiciones. Tras las elecciones presidenciales de 2024, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo declararon la reelección de Maduro. La oposición recopiló actas que mostraban que Edmundo González, quien cuenta con el respaldo de la líder opositora María Corina Machado, obtuvo más de dos tercios de los votos emitidos en el 81,7% de los colegios electorales. Observadores independientes del Centro Carter revisaron dichas actas y concluyeron que eran precisas y legítimas».
Al respecto, la organización insta a las autoridades venezolanas a «tomar medidas urgentes para crear las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas, incluyendo la revisión de la composición del Consejo Electoral».
En ese sentido, remarca que los «miembros actuales del CNE tomaron medidas para impedir la inscripción de candidatos de la oposición en elecciones anteriores».
Poder judicial
Por otra parte, HRW también llamó a implementar medidas para restaurar la integridad e independencia del poder judicial.
«Este dejó de funcionar como un poder independiente del gobierno en 2004, cuando el entonces presidente Hugo Chávez aprobó una serie de cambios legislativos y llenó el Tribunal Supremo con sus partidarios. Desde entonces, el tribunal ha apoyado firmemente al poder ejecutivo en la represión de sus críticos», denuncia.
Y refiere que la Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre Venezuela (FFM) también encontró que los tribunales de la jurisdicción especial para casos de terrorismo cometieron «violaciones sistémicas del debido proceso».
«La Misión de Fiscalía (FFM) afirmó que el Fiscal General Tarek William Saab lideró la acción estatal que resultó en violaciones de derechos humanos tras las elecciones de 2024. Concluyó que Saab forma parte del ‘aparato represivo del gobierno para dar una apariencia de legalidad a las graves violaciones de derechos humanos cometidas'», dice la organización.
Y reafirma: «Dado su historial, la continuidad de Saab como fiscal general es incompatible con cualquier esfuerzo significativo de reformas para respetar los derechos y defender el estado de derecho».
Asamblea Nacional
En otro orden de ideas, HRW insta a la Asamblea Nacional a modificar o derogar las leyes «que han permitido violaciones de los derechos humanos». Entre ellas menciona las siguientes:
La Ley de Supervisión, Regularización, Funcionamiento y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales de 2024 , que otorga al gobierno amplios poderes regulatorios sobre el funcionamiento y el financiamiento de los grupos y establece motivos vagos para disolverlos.
La Ley Orgánica Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela de 2024 , que penaliza cualquier crítica a las autoridades, la promoción de sanciones contra Venezuela o la persecución de funcionarios específicos. Quienes la incumplan enfrentan penas de hasta 30 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La Ley contra el Odio de 2017 , que impone penas de 10 a 20 años a cualquiera que públicamente “promueva, aliente o incite al odio, la discriminación o la violencia” y se ha utilizado para arrestar a críticos en virtud de estos delitos ampliamente definidos.
La Ley contra el Crimen Organizado y el Financiamiento del Terrorismo de 2012 , que se ha utilizado para procesar a opositores políticos, manifestantes y ciudadanos extranjeros, entre otros, por presuntos cargos relacionados con el terrorismo y que conllevan penas que van de 25 a 30 años.
La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión de 2004 , enmendada en 2010, que se ha utilizado para restringir la libertad de expresión y la libertad de prensa, y para censurar y cerrar medios de comunicación.
El gobierno de Rodríguez debería permitir a los observadores internacionales de derechos humanos, incluidos la FFM y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acceso irrestricto para visitar Venezuela y documentar la situación de los derechos humanos en el país.
Por otro lado, llamó a permitir que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) restablezca su oficina en Venezuela, sin imponer restricciones indebidas, señaló Human Rights Watch.
Ley de Amnistía
Por último, HRW hizo mención de la Ley de Amnistía. al respeto, advierte que «el proyecto actual requeriría que las personas solicitaran la amnistía ante un tribunal y solo beneficiaría a las personas detenidas en el contexto de eventos específicos, como las elecciones de 2024 y las protestas de 2017 y 2014».
En ese sentido, Goebertus opina: «La amnistía propuesta no garantiza la liberación incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente. Su consideración por parte de los legisladores no debe utilizarse como excusa para retrasar la liberación incondicional de los presos políticos ni las reformas estructurales más amplias necesarias para restaurar la democracia en Venezuela».