Cofavic, con una amplia experiencia en la defensa de los derechos humanos luego del Caracazo (1989), propuso mencionar la obligación del Estado de crear un mecanismo para la revisión y evaluación «de diferentes tipos de reparación y garantías de no repetición para las víctimas y la sociedad».
Igualmente sugirió «declarar el sobreseimiento de todas las causas penales que afecten a las personas detenidas arbitrariamente», así como la restitución de sus derechos constitucionales.