29-01-26.- El Comité de Madres en Defensa de la Verdad presentó este martes 27 de enero, en la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV), una propuesta de Ley de Amnistía orientada a la liberación plena de las personas perseguidas, procesadas o encarceladas por motivos políticos desde febrero de 2014, así como a la restitución integral de sus derechos civiles y políticos.
El Comité de Madres acompaña actualmente más de un centenar de casos de jóvenes, en su mayoría detenidos arbitrariamente durante la escalada represiva que siguió a las elecciones presidenciales de 2024. Las voceras del Comité hicieron especial énfasis en la situación de 37 jóvenes que aún permanecen privados de libertad de forma arbitraria en el centro penitenciario del estado Aragua, conocido como Tocorón. Asimismo, denunciaron tres casos de jóvenes recluidos en el comando de la Guardia Nacional Bolivariana en Punto Fijo, estado Falcón, además de un joven detenido en La Guaira y otro en el centro penitenciario de Tocuyito.
El codirector del colectivo de Derechos Humanos Surgentes, Antonio González, declaró que “Amnistía es el nombre que tiene hoy en Venezuela la posibilidad de subir la escalera de recuperar la democracia; es la posibilidad de un país que aprenda a vivir nuevamente sin miedo; es la posibilidad de recuperar la justicia” y agregó que es por eso que “esa palabra está generando tanto consenso en personas que piensan distinto y en sectores políticos que hasta poco tenían diferencias muy importantes”.
De acuerdo al comité, esta iniciativa de 12 artículos surge “de una percepción generalizada de haber cruzado un umbral intolerable de dolores y violencias”, acumuladas a lo largo de más de una década de conflicto político procesado —afirmaron— fuera de los márgenes constitucionales.
Los familiares solicitaron públicamente al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez una audiencia para presentar el proyecto de ley que está disponible en el sitio web https://www.juntosporlaamnistia.org
https://youtu.be/8qQQf2dhqkI
Fundamento constitucional y alcance temporal
El proyecto se fundamenta en el artículo 187, numeral 5, de la Constitución, que otorga a la Asamblea Nacional la competencia exclusiva para decretar amnistías, y reafirma garantías como el debido proceso y la presunción de inocencia (artículo 49), así como los derechos a la participación política (artículos 62, 65 y 70).
El ámbito de aplicación propuesto es amplio: abarca todos los hechos ocurridos desde el 1 de febrero de 2014, fecha que las proponentes identifican como el inicio de una escalada sostenida del conflicto político. El objetivo —explicaron— es garantizar que ninguna víctima de persecución política quede excluida de los mecanismos de reparación y reconciliación previstos en la ley.
Entre los beneficiarios potenciales se incluyen trabajadores, dirigentes sindicales, luchadores sociales, periodistas, activistas políticos, defensores de derechos humanos, integrantes de comités de víctimas, militares y personas detenidas o perseguidas en el contexto de las movilizaciones posteriores a las elecciones del 28 de julio de 2024, muchas de ellas imputadas por delitos como terrorismo, incitación al odio, conspiración o traición a la patria.
Libertad inmediata y extinción de causas
El articulado establece la extinción de pleno derecho de todas las acciones penales, administrativas, judiciales y disciplinarias derivadas de los hechos amnistiados, así como la nulidad de confiscaciones, la restitución de pasaportes, el levantamiento de prohibiciones de salida del país y la eliminación de antecedentes penales. La libertad de las personas privadas de libertad sería inmediata, y cualquier retraso acarrearía responsabilidad civil y administrativa para los funcionarios involucrados.
Asimismo, la propuesta consagra el principio de non bis in idem, impidiendo que las personas amnistiadas puedan ser nuevamente investigadas o juzgadas por los mismos hechos.
Exclusiones y estándares de derechos humanos
Uno de los ejes centrales del proyecto es la exclusión expresa de los delitos de lesa humanidad y de las graves violaciones a los derechos humanos, conforme al artículo 29 constitucional. Quedan fuera de la amnistía los responsables de ejecuciones extrajudiciales, tortura, tratos crueles e inhumanos, desapariciones forzadas y homicidios políticos, individuales o colectivos. El texto también deja claro que el cumplimiento de órdenes superiores no podrá alegarse para solicitar el beneficio.
Comisión independiente y verificación internacional
La propuesta contempla la creación de una Comisión Independiente de Verificación, integrada por representantes de la Asamblea Nacional, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, universidades autónomas, iglesias, organizaciones de familiares de presos políticos y el propio Comité de Madres en Defensa de la Verdad, así como por delegados internacionales, entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y representantes de los gobiernos de Colombia y Brasil.
Este órgano tendría la tarea de supervisar la correcta aplicación de la ley, verificar el cumplimiento de los requisitos y publicar informes semestrales, garantizando transparencia y rendición de cuentas.
Reparación, no repetición y cultura de paz
El proyecto subraya que la amnistía no menoscaba el derecho de las víctimas a la reparación integral, que incluye restitución, indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición, ni el derecho a la verdad y a la justicia en casos de violaciones graves a los derechos humanos.
Además, plantea compromisos estatales orientados a prevenir nuevas persecuciones políticas, fortalecer el pluralismo ideológico y promover políticas públicas de memoria histórica y cultura de paz. Las personas beneficiadas, por su parte, asumirían el compromiso de ejercer la acción política por vías democráticas y sin violencia.
Las proponentes insistieron en que la Ley de Amnistía debe entenderse como parte de una acción más amplia del Estado y de la sociedad, destinada a revertir la clausura democrática, la normalización de la violencia política y la pérdida de soberanía nacional. “Renacionalizar, redemocratizar y reconstitucionalizar el conflicto venezolano es un reto que convoca a todos los sectores del país”, señala el texto.