NUEVA YORK – 8 de enero de 2026 — En un giro sin precedentes para la justicia global, un bloque de juristas internacionales y organismos defensores de la soberanía anunciaron hoy que cuentan con bases legales sólidas para procesar judicialmente al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Las acusaciones, que buscan elevarse a los más altos tribunales penales, se centran en crímenes de agresión, la autorización de incursiones militares encubiertas y el diseño de una arquitectura financiera destinada al despojo sistemático de los recursos soberanos del Estado venezolano.
Un expediente contra la impunidad
El documento jurídico detalla cómo las políticas de la administración Trump no solo violaron el Derecho Internacional Público, sino que ignoraron flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas. Entre los puntos clave del expediente se encuentran:
Agresiones Militares: Pruebas sobre la planificación y financiamiento de operaciones tácticas destinadas a desestabilizar el orden interno de Venezuela.
Expolio de Activos: La apropiación y congelamiento de fondos, oro y empresas estatales (como CITGO), y el robo de petróleo de buques en el caribe, acciones que los juristas califican como "piratería del siglo XXI".
Impacto Humanitario: El vínculo directo entre estas órdenes ejecutivas y la vulneración de los derechos humanos de la población civil venezolana.
Declaración Oficial
Durante la presentación del informe en Nueva York, los portavoces del comité de defensa fueron enfáticos en la necesidad de sentar un precedente histórico:
"La comunidad internacional no puede normalizar el expolio de las naciones ni la ley del más fuerte. Lo ocurrido con los activos internacionales de Venezuela y las agresiones militares no fueron actos de política exterior, sino delitos transnacionales que requieren una reparación judicial inmediata y una condena ejemplar", declaró el portavoz del comité.
Se ha confirmado que en los próximos días se presentará un nuevo compendio de pruebas documentales y testimoniales. Estos archivos vincularían de manera directa e irrefutable a las figuras de más alto nivel de la administración Trump con la firma de órdenes secretas para la incautación de bienes venezolanos.
Este proceso promete sacudir la política exterior de Washington, en un momento donde la comunidad internacional exige mayor rendición de cuentas por los abusos cometidos bajo el pretexto de "sanciones económicas".