En su cuenta de X, la organización indicó que, durante la última semana se ha evidenciado un preocupante aumento de detenciones efectuadas por cuerpos de seguridad del Estado en distintas regiones del país. No se informa sobre las circunstancias o el paradero de las personas privadas de libertad.
Para la ONG esto configura un patrón de desapariciones forzadas de corta duración y detenciones arbitrarias. "Familiares y defensores han denunciado la ausencia total de notificación oficial, el desconocimiento de los centros de detención y la negativa de acceso a abogados o representantes de confianza".
Aumentaron las detenciones y el silencio
En este contexto, afirmó que esta situación constituye una violación directa a los derechos fundamentales de las personas afectadas. Refieren en particular el derecho a la libertad personal, al debido proceso y a la integridad física y moral, así como al derecho de sus familiares a conocer la verdad sobre su paradero.
La JEP exigió a las autoridades venezolanas garantizar la información inmediata y veraz sobre la identidad, el paradero y la situación jurídica de todas las personas detenidas. También del acceso irrestricto a abogados de confianza y la posibilidad de comunicarse con sus familiares, como lo establecen la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Estado.
La organización no gubernamental mencionó el caso de los cuatro trabajadores audiovisuales detenidos el pasado viernes. Reallizaban labores de preproducción en las cercanías de un centro penitenciario, como parte de un trabajo especial de grado de la Universidad Central de Venezuela.
Esta información la dio a conocer la ONG SurGentes, dedicada a la defensa de derechos humanos. Precisó que Noel Cisneros, Katiuska Castillo Vásquez, Ingrid Briceño Venegas y Marcela Hernández Guerra al parecer tomaron una fotografía de la fachada de la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua. Fueron detenidos.
*Con información de EFE