Según el comunicado del comité, la eucaristía —parte de la campaña “Canonización en Libertad”— se realizó en la Capilla San Antonio, en la avenida San Martín, donde un grupo de al menos diez personas, algunas con prendas y consignas oficialistas, irrumpió en el lugar con tono amenazante.
Los asistentes denunciaron agresiones verbales y físicas, así como amenazas de encarcelamiento arbitrario, en lo que calificaron como una violación a la libertad de culto y al derecho a la reunión pacífica, consagrados en los artículos 59 y 68 de la Constitución.
El Clippve señaló que tres funcionarias de inteligencia, haciéndose pasar por feligresas, ingresaron al templo para grabar y fotografiar a los asistentes, extendiendo la intimidación dentro del recinto religioso. Al finalizar la misa, los agresores se trasladaron hasta la Plaza Italia, frente a la iglesia Nuestra Señora de Lourdes, acompañados por al menos 20 motorizados sin placas pertenecientes a grupos identificados como “colectivos”.
El comité denunció que estas personas continuaron el hostigamiento contra madres, familiares y defensores de derechos humanos que se retiraban pacíficamente del lugar. Entre los presentes había niños, adultos mayores y personas vulnerables. También periodistas y trabajadores de medios que cubrían la actividad fueron increpados con “interrogatorios amenazantes”, en lo que Clippve calificó como un intento de intimidar a la prensa libre.
Los hechos, afirmó el comité, fueron registrados en video y difundidos en redes sociales, donde se observan los rostros y acciones de los agresores, así como la supuesta participación de grupos paramilitares vinculados con hechos de represión política. En las imágenes —añadieron— algunos de los implicados aseguraron que contactarían a una “alcaldesa” para detener la ceremonia, lo que evidenciaría una coordinación con autoridades locales.
Antecedentes y exigencias
El Clippve recordó que hechos similares ocurrieron el 5 de agosto de 2024, cuando más de 50 madres de jóvenes detenidos tras las protestas postelectorales fueron agredidas frente al Tribunal Supremo de Justicia, sin que se identificaran ni sancionaran a los responsables.
El comité insistió en que el Ministerio Público tiene la obligación legal de abrir una investigación de oficio, en virtud de lo establecido en el artículo 285 de la Constitución, el artículo 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y el artículo 108 del Código Orgánico Procesal Penal. “No se requiere denuncia formal previa para que el Ministerio Público actúe”, subraya el comunicado.
Clippve exigió tres acciones concretas: una investigación penal inmediata que identifique a los responsables materiales e intelectuales; medidas de protección urgentes para familiares y defensores en riesgo, y garantías de no repetición de estos actos de violencia.
Llamado a la comunidad internacional
El comité hizo un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y la Corte Penal Internacional, a documentar este nuevo episodio de hostigamiento. Aseguró que el ataque “confirma el patrón de represión y criminalización descrito por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos”.
Asimismo, Clippve pidió al papa León XIV su acompañamiento solidario y reiteró su compromiso de continuar con acciones pacíficas “por la verdad, la justicia y la libertad”.
La fe y la esperanza nos inspiran a exigir justicia y libertad, sin miedo y con la verdad como bandera. El silencio ante estos abusos solo alimenta la impunidad”, concluye el texto.