Al respecto, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela denunció el sábado, 6 de septiembre, «con extrema preocupación la detención arbitraria y desaparición forzada de Miriam Fernández Ruiz (72 años), Miguel Ángel Guillén Ibarra (17), Chantal Niulany Guillén (21) y la bebé Nicole de Los Ángeles Palermo (2 años)».
La organización indicó que estos arrestos ocurrieron entre el 4 y 5 de septiembre de 2025 en el estado Carabobo.
Según otros familiares y allegados, el 4 de septiembre funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana ingresaron sin orden judicial a la vivienda de la familia en Paso Real. En ese momento se llevaron a Miriam Fernández y a su nieto Miguel Ángel Guillén.
«Al día siguiente, Miguel fue obligado a llamar a su hermana Chantal para que acudiera a la sede de la PNB en La Esmeralda. Ella se presentó junto a su hija Nicole, de apenas dos años, y ambas quedaron igualmente detenidas sin justificación alguna», dijo la ONG.
Y remarcó que desde entonces, los funcionarios policiales «niegan el paradero de los cuatro miembros de la familia, impidiendo toda comunicación con ellos y negando información oficial sobre el lugar de detención o su estado de salud. Este patrón cumple con los elementos de una desaparición forzada, prohibida por la Constitución venezolana y por el derecho internacional».
«La detención y desaparición de una niña de dos años, junto a su madre, su hermano adolescente y su abuela, constituye una violación aberrante que evidencia la práctica sistemática de represalias contra familiares (Sippenhaft), método de persecución política que busca sembrar miedo en la sociedad», expresó el Comité.
También recordó que «la desaparición forzada de personas, de menores de edad, adolescentes y adultos mayores constituye un crimen de lesa humanidad que no prescribe y cuya responsabilidad recae directamente sobre el Estado».
E hizo un llamado a la comunidad internacional, a los organismos de las Naciones Unidas, en especial a la Unicef, a documentar y pronunciarse sobre este hecho, a fin de resguardar los derechos de la infancia y la adolescencia, conforme a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Lopnna.
«Exigimos al Estado venezolano informar de manera inmediata el paradero de Miriam, Miguel, Chantal y la bebé Nicole, garantizar su vida, integridad física, psicológica y emocional, permitir acceso inmediato a familiares, abogados de confianza y atención médica, proceder a su liberación inmediata e incondicional», señaló la ONG.
Y llamó a la sociedad venezolana «a condenar con firmeza este crimen, que viola cualquier estándar de legalidad y humanidad, y que refleja el nivel de crueldad de un sistema que desprecia la vida y la dignidad humana».
«La vida y la dignidad de una familia inocente, incluida una niña de apenas dos años y un adolescente de 17, no pueden ser borradas por el silencio y la opacidad institucional. Basta de impunidad», culminó el Comité.
Los partidos Vente Venezuela y Voluntad Popular calificaron este hecho como «terrorismo de Estado implementado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello».
Edmundo González también se refirió a estos hechos, que consideró como una demostración de «barbarie».
«Con engaños detuvieron a una madre y, con ella, a su hija de apenas 2 años. Una niña inocente convertida en rehén del poder. Esto es barbarie», escribió.