«Ustedes son un ejemplo de dignidad. Hoy somos más quienes decidimos acompañar su lucha y exigencias de derechos humanos. No son terroristas ni delincuentes, son inocentes», señaló Martha Lía Grajales, activista de Surgentes y una de las agredidas la noche del martes, durante una actividad a las afueras del PNUD (este de Caracas).
Grajales, quien leyó un mensaje firmado por los más de 170 activistas y ONG, fue detenida a pocos metros del lugar luego de que culminara la actividad.
«Hoy les decimos que no están solas, que las hemos visto durante un año convirtiendo su dolor en fuerza, movilizando a cientos de personas en torno a la exigencia de justicia y libertad para sus hijos, quienes están injustamente detenidos», dijeron los activistas.
También repudiaron la «agresión violenta que sufrieron a manos de más de 80 personas armadas, que las golpearon, amenazaron y robaron». Indicaron que esta acción «expresa una cobardía y barbarie que debe ser condenada colectivamente. Buscaba generar terror y desmovilizar» a los familiares, quienes se han conformado en el Comité de Madres en Defensa de la Verdad.
Raúl Cubas, activista y fundador de Provea, recordó que «exigir derechos no es delito», al tiempo que señaló la «escalada represiva gubernamental» que ha mantenido bajo arresto a varios defensores de derechos humanos, entre ellos al abogado Kennedy Tejeda, el profesor universitario Javier Tarazona o la abogada Rocío San Miguel.
Más temprano, la Relatora de Naciones Unidas para la Libertad de Asociación y Reunión, Gina Romero, condenó el ataque y denunció que es una grave violación al derecho a la protesta. «Es muy problemático que hayan sido violentadas por individuos encapuchados, posiblemente grupos parapoliciales, que además de golpearlas les confiscaron sus documentos de identidad y teléfonos».
Advirtió que no basta con liberar a los presos políticos, sino que se debe proteger también «la acción de búsqueda de justicia y verdad (…) La vigilancia ilegal contra las organizaciones debe parar de forma inmediata».