El país, uno de los más pobres del mundo, es escenario desde 2013 de una guerra civil que fue muy mortal al inicio pero que bajó de intensidad desde 2018. Sin embargo, a fines de 2020 el presidente Faustin Archange Touadéra pidió a Moscú rescatar a un Ejército débil y sin recursos para repeler una ofensiva rebelde que amenazaba a su régimen.
Cientos de paramilitares rusos (mercenarios de la compañía privada de seguridad Wagner, según la ONU y países occidentales) fueron enviados a reforzar a otros centenares que apoyaban al régimen desde 2018. Gracias a ellos, los grupos armados, rebeldes o simples depredadores, fueron expulsados de la mayoría de los dos tercios del territorio que ellos aún ocupaban en 2020.
Pero la ONU, la Unión Europea (UE) y países como Francia acusan a los "mercenarios" de Wagner de cometer crímenes y atropellos contra civiles, y el Gobierno de Toudéra les permitió saquear los recursos del país a cambio de apoyo militar.
"Pruebas convincentes muestran que las fuerzas identificadas como rusas que apoyan al Gobierno centroafricano cometieron graves abusos contra civiles con total impunidad", resumió Ida Sawyer, directora de crisis y conflictos de Human Rights Watch (HRW), en un informe de 13 páginas basado en testimonios de decenas de víctimas, allegados y testigos, publicado este martes (3.05.2022).
"Fuerzas identificadas por los testigos como rusas parecen haber cometido ejecuciones sumarias, torturas y golpeado civiles desde 2019", denunció HRW. Y agregó que "el Gobierno centroafricano tiene derecho de solicitar ayuda internacional en materia de seguridad, pero no puede permitir que fuerzas extranjeras maten y abusen de civiles con toda impunidad".
Consultados por HRW sobre las denuncias, ni el Gobierno centroafricano ni el ministerio ruso de Relaciones Exteriores se pronunciaron, según la ONG. Moscú ha dicho que los paramilitares rusos son "instructores militares no armados", encargados de entrenar a los soldados centroafricanos.
*Con información de DW, Afp, Hrw