La reciente aprobación por unanimidad de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática en la Asamblea Nacional no debe leerse simplemente como un acto de clemencia política, sino como un hito jurídico fundamental que redefine la relación entre el Estado, la justicia y el ciudadano. Con este instrumento legal se busca sanar la fractura del tejido social mediante la transición de una justicia punitiva hacia una justicia restaurativa.
El espíritu de nuestra Carta Magna de 1999 no es otro que la refundación de la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica. En este sentido, la nueva ley se apoya en el Artículo 187, numeral 5, que otorga a la Asamblea Nacional la facultad de conceder amnistías. Sin embargo, su impacto jurídico trasciende la mera facultad legislativa; se inserta en el principio de progresividad de los derechos humanos.
¿Qué implica este cambio de paradigma jurídico?
Extinción de la Acción Penal: Jurídicamente, la amnistía borra la responsabilidad penal de actos específicos vinculados a la conflictividad política, permitiendo que el sistema judicial se descongestione de causas que, en esencia, requieren soluciones negociadas y no solo sentencias.
Seguridad Jurídica: Al ser aprobada por unanimidad, el mensaje al mundo y a los mercados internacionales es de estabilidad. La ley actúa como un blindaje contra la arbitrariedad, garantizando que el reconocimiento del "otro" político es ahora una norma de obligatorio cumplimiento.
Reparación a las Víctimas: A diferencia de leyes de impunidad del pasado, este texto incorpora mecanismos de justicia restaurativa. No se trata de olvidar, sino de dignificar a las víctimas a través de la verdad y la no repetición.
Es imperativo destacar que este texto legal es el "producto terminado" de una arquitectura de acuerdos complejos. La unanimidad no fue un accidente, sino el resultado de una negociación distributiva y transformacional.
La ley funciona como un contrato social renovado. En política, la confianza es una variable volátil; en derecho, la confianza se codifica. Al elevar los acuerdos de las mesas de diálogo a rango de Ley de la República, se minimiza el riesgo de retroceso y se incentiva la participación de todos los actores en el juego democrático.
El impacto jurídico inmediato recaerá sobre los tribunales de la República. El Poder Judicial enfrenta ahora el reto de interpretar esta ley bajo el principio pro homine. Los jueces no deben ver en la amnistía un obstáculo para la justicia, sino una herramienta para la paz social, que es, en última instancia, el fin supremo del Derecho.
Puntos clave del impacto legal:
Revisión de Causas: Obliga a una auditoría inmediata de expedientes políticos.
Reinserción Civil: Restablece plenamente los derechos políticos (elegir y ser electo) de los beneficiarios.
Convivencia Democrática: Establece límites claros contra la retórica del odio, transformando la confrontación en debate parlamentario.
La "Ley de Amnistía y Convivencia Democrática" es el primer paso firme hacia la reinstitucionalización del país. No estamos ante un "borrón y cuenta nueva" vacío, sino ante un compromiso ético y legal de procesar nuestras diferencias mediante las instituciones y no a través del conflicto.
La reconciliación estimulada a través de la ley de Amnistía, no es solo un sentimiento del perdón, es una estructura jurídica necesaria que permite la coexistencia entre las y los que piensan diferentes y reducir a su mínima expresión toda forma de violencia política.