Debemos entender la libertad como principio irrenunciable, incluso al margen del texto constitucional actual, implica reconocerla como un derecho natural e inherente a la persona que precede a cualquier norma escrita. Bajo esta perspectiva, la libertad se fundamenta en los siguientes pilares: la libertad como Derecho Natural (Pre-Constitucional) entendida como una cualidad sagrada del ser humano. Jurídicamente, esto significa que el Estado no "otorga" la libertad, sino que simplemente la reconoce y garantiza; segundo la Dignidad Humana, como principio rector del cual emanan todas las libertades y tercero, la Autonomía de la Voluntad, que no es otra cosa que la capacidad del individuo para decidir su propio proyecto de vida sin interferencias arbitrarias.
Con el desmontaje sistemático de la Constitución y su falta de aplicación estricta, la libertad apenas sobrevive en Venezuela. Invocada a veces inútilmente, a través del cumplimiento de los principios generales del derecho, que incluyen, el principio de Legalidad, según el cual ninguna persona puede ser sancionada por actos que no estén previamente prohibidos por una ley clara; el respeto a los derechos humanos, como pieza fundamental para un sistema legal equitativo y operando como un límite al poder, incluso en situaciones de colapso institucional; y la equidad y buena fe que deberían actuar como marcos éticos para la convivencia social.
Suena bonito en el papel, pero la práctica nos enseña día tras día, no sólo la tragedia de un sistema de justicia en metástasis y la crisis de la concepción del Poder Judicial como visión sistémica dada en la Constitución de 1.999 acogiendo el paradigma del "sistema" el cual está integrado ya no sólo por jueces y juezas, funcionarios administrativos tribunalicios, sino por fiscales, defensores y abogados públicos y privados; que ha sido permeado y utilizado como arma para -no sólo cometer abusos, corruptelas de toda ralea-, perseguir inocentes por razones políticas, criminalizar a los trabajadores y a quiénes les estorba al poder, ejercido como tiranía sobre los ciudadanos. Un sistema de justicia inmoral que no persigue hacer justicia, sino que responde a los vaivenes de las autoridades de turno en funciones partidistas y usándolo como llave para sellar con decisiones retrógradas el desmontaje no sólo de la Constitución sino de la República y sus intereses.
Es imposible aplicar la justicia si no hay autoridad moral y ética, e idoneidad en nuestros jueces y juezas para hacerlo, igual sucede con los Fiscales, defensores y abogados que integran el Sistema de Justicia.
Se han convertido en una maquinaria de trituración humana, comparables e incluso peores que las que se vivieron en Alemania nazi, la cortina de hierro o las dictaduras del cono sur. No son juristas, son monstruos con licencia para meter en prisiones horrendas miles de inocentes.
Resulta incomprensible el comportamiento de nuestros juzgadores (no todos afortunadamente) que obviando el mandato constitucional continúan aplicando la norma a su real saber y entender y respondiendo a "órdenes de arriba" jugando con eliminar las libertades no sólo física, sino económica, de comunicación, de movilización, de protestar pacíficamente o de simplemente criticar al gobierno.
Han sido y son instrumentos no sólo de persecución política sino judicial. En una especie de "armamentizacion judicial" (weaporing), instrumentalizaron la justicia para perseguir anular, criminalizar y eliminar derechos a los ciudadanos.
Por ello, resulta incomprensible que después de todo lo que hemos vivido, aún persistan posiciones reformistas dentro del Sistema de Justicia, negándose a cumplir la Constitución Nacional, dictando sentencias que eliminan derechos y conquistas sociales, beneficiando a quién no se debe beneficiar, negociando las imputaciones, no ejerciendo las defensas de manera adecuada y con responsabilidad y compromiso, retardando decisiones, cobrándole peaje a los abogados para dictar sentencias y lo más grave aún, dictando sentencias desde el TSJ que desconocen los postulados constitucionales, y peor aún "sellan" decisiones que por la puerta trasera desmontan todo el entramado jurídico garantista del sistema legal venezolano.
Resultará inútil, -por decir lo menos- cualquier esfuerzo relativo a temas de paz -ley de amnistía mediante- sino le metemos el pecho en serio al tema de la transformación judicial, la cual comienza por apertura de concursos para que ingresen a la carrera judicial los más probos, éticos y decentes jueces y juezas, que aquellos que estén incumpliendo sus funciones sean expulsados previo juicio y derecho a la defensa y que no sean reciclados como sucede hoy, cuando los suspenden o los botan de una institución y aparecen nombrados como fiscales o defensores en otras instituciones o ministerios.
En el contexto venezolano, existe una tensión histórica entre el texto constitucional y la realidad política. Este hecho es innegable, porque mientras la Constitución de 1999 es "garantista" en derechos, la libertad se ve comprometida en la práctica por la instrumentalización del sistema de justicia y el uso indebido e ilegal de los tribunales para perseguir voces críticas, violando el debido proceso; el uso del ostracismo y la persecución mediante vías de hecho o simplemente medidas administrativas, que limitan las libertades civiles, como una forma de restringir sistemáticamente la libertad de expresión, información, participación política, movilidad, ejercicio libertad del ejercicio de la profesión, acceso al sistema financiero, acceso al sistema de identificación y todas una serie de medidas que restringen y conculcan libertades ciudadanas.
Sin la transformación profunda y adecuada del sistema de justicia venezolano, de nada valdrá una ley de Amnistía que según el proyecto circulado, pone en manos de los verdugos la libertad de cientos de seres humanos que hoy se encuentran encarcelados en centros de reclusión y torturas y en cárceles "civiles y administrativas", ocasionando la muerte civil de cientos de venezolanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
No habrá paz sin justicia, por ello sugerimos como lo hicieran otros autores que dicha ley debería enfocarse en combatir la impunidad, rescatar la justicia, amnistiar y resarcir a las víctimas de todos los excesos y desmanes ocasionados por el Estado. Es imprescindible crear los dispositivos necesarios contra el reseteo jurídico a la carta de cualquier grupusculo o mayoría circunstancial.
Deben cesar de forma inmediata todas aquellas acciones de condena o procesamiento de carácter administrativo, disciplinario, mercantil, civil o judicial que hayan sido dictadas o aplicadas, sea por vía de hecho o por instancias administrativas tales como CGR, SAIME, SAREN, CNE y TSJ, que limiten los derechos políticos, civiles, mercantiles, laborales y jurídicos que vulneren los derechos a la libre participación política, a la educación, a la identificación, a la libre movilización, a la libre disposición de bienes, al trabajo y al libre ejercicio de la libertad de expresión, pensamiento y comunicación, entre otros, así todas aquellas medidas dictadas que vulneren derechos humanos fundamentales.
Si hay verdadera intención de libertad deben devolverle los partidos y siglas secuestrados judicialmente mediante sentencias TSJ, cesar en la aplicación de inhabilitaciones como arma para eliminar competidores y por razones políticas y no referidas a la corrupción, así como el cese inmediato de medidas administrativas por parte del CNE negando inscripción de nuevos partidos políticos.
La amnistía no es un "acto de clemencia". Las amnistías implican una renuncia al ejercicio del poder punitivo del Estado que abarca casos ya finalizados y los que estén en curso. Por tanto, y para mayor seguridad jurídica, deben establecerse plazos para el cumplimiento -15 días proponemos- y el expreso mandato de celeridad y de la afirmación de la libertad como regla.
La persecución ha sido continua. No cabe limitarla las fechas "preseleccionadas" de ocurrencia, pues de esta manera quedan por fuera muchas situaciones que califican claramente para la amnistía pero que no tuvieron lugar en los momentos "elegidos".
Así mismo, la exclusión de determinados delitos en específico, en general de delitos comunes o contra el patrimonio público, desconoce que el sistema judicial se sirvió de estas calificaciones infundadas para "justificar" actos que no tenían sentido jurídico, sino político. En estos casos, mejor sería eliminar la exclusión expresa de estos tipos penales o abrir la puerta a la consideración de que en algunos casos la imputación de ciertos delitos no se basó en la verdad ni en criterios jurídicos válidos, sino en valoraciones netamente políticas. ¿Cómo van a quedar los casos de militares, trabajadores, sindicalistas, amas de casa, estudiantes, profesionales de varias especialidades, campesinos y luchadores de DDHH que han sido acusados con tipos penales que se enmarcan en delitos comunes y fueron perseguidos y encarcelados por motivos políticos o porque le estorbaban al Estado sus reclamos?
Las amnistías son para y de las víctimas. Cualquiera que de acuerdo a la ley pueda ser tenida como tal (Art. 121 del COPP) debe tener derecho a hacer su solicitud, esté o no en el país, por sí mismo o a través de sus representantes, sin que esto esté sujeto a restricciones. Recordemos excarcelar no es liberar ni librar de acusaciones fraudulentas e irritas. Ningún expediente aguanta una revisión técnica jurídica seria.
El seguimiento y la verificación del cabal cumplimiento de la Ley de Amnistía no puede quedar sólo en manos del Poder Ejecutivo. Debe permitirse la participación de las víctimas, de sus representantes y de las ONG, escuelas de derecho de las universidades nacionales, la iglesia y organismos internacionales de protección a los DDHH. No puede dejarse la verificación del cumplimiento de esta propuesta en manos de los verdugos que persiguieron, acosaron, encarcelaron a miles de venezolanos. Él cogollo del terror no pueden ser los encargados de verificar ello cumplimiento de la ley.
Si queremos libertad y no migajas de libertad, la amnistía debe derogar aquellas leyes que fueron creadas precisamente para la persecución política ad hoc, leyes que han sido utilizadas de manera continua, como herramientas de persecución, y revisar cualquier norma penal que deba adecuarse a los estándares internacionales de respeto a los DDHH.
Estas consideraciones no buscan confrontación ni imposición, sino contribuir de manera constructiva al perfeccionamiento del instrumento legal en discusión, con el objetivo de que la Ley de Amnistía se constituya en una verdadera herramienta de justicia, reparación, reconciliación nacional y garantías de no repetición.
Recordemos que, la mayor amenaza a cualquier régimen autoritario o tiranía es la capacidad de unas pocas personas de levantarse y decir: "El Emperador está desnudo". Este mensaje simple, claro y auténtico, necesita de hombres y mujeres con enorme coraje para hacerlo. Pues, al final, la pregunta nunca es hasta dónde llegarán los tiranos, sino hasta dónde estamos dispuestos a llegar para oponernos a ellos.
La Ley de amnistía tal y como se ha planteado es una simple recreación del modelo de administración de las migajas, ahora, tratando de administrar migajas de libertad y todo por sostenerse en el poder como la banalidad del mal absoluto, diría Arendt.
Por eso, la visión lobbysta del gendarme, que trata de imponer "la Paz para los negocios" obviando lo real y doloroso de todo lo vivido, está equivocada pues cualquier negociación con una minoría que rechaza el 90% de la sociedad tiene garantizado el fracaso, pues son negociaciones sin sustancia, sin contenido, sin realidad. Negociar con minorías negando lo real no es buen negocio para nadie. Menos con un aparato satánico para darle muerte civil, moral y física a miles de venezolanos y tener en pánico al resto de la población.
¡Una banalidad del mal, que no era Nicolás Maduro o cualquier otro funcionario! Es la lógica de un régimen que pretende seguir aterrorizando reprimiendo y hambreando al pueblo.
Tampoco es creer supersticiosamente que la activación de la industria petrolera y la privatización de la misma, para que nos roben ahora las transnacionales -por sí sola- permitirá la justicia social y la libertad. Este pueblo no debe hacer como Esaú, que por hambre cambió a su primogénito por un plato de lentejas. La libertad no se cambia por migajas de lentejas ni por promesas de justicia y libertad. Esperemos que este pueblo no se engañe de nuevo, con nuevos espejitos ni con pícaros perfumados.
María Alejandra Díaz Marín
Abogado y defensora de DDHH
Colombia, 12 de febrero del 2026