En el ecosistema democrático, la libertad de expresión funciona como el oxígeno que permite la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, desde la promulgación de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, este flujo se ha visto obstruido por una herramienta legal que, bajo el pretexto de la armonía, ha terminado por criminalizar la opinión y el ejercicio periodístico.
Expertos legales y defensores de derechos humanos coinciden en que la ambigüedad de esta norma no solo es inconstitucional, sino que ha generado un clima de autocensura y vulnerabilidad ciudadana.
Aquí desglosamos los argumentos fundamentales para su derogación:
1. La Criminalización del Oficio Periodístico
La labor de informar se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Bajo esta ley, la difusión de datos sobre corrupción, fallas en servicios públicos o crisis económica es frecuentemente etiquetada como «incitación al odio».
Persecución sistemática: Los periodistas enfrentan detenciones arbitrarias y confiscaciones de equipos por el simple hecho de contrastar una fuente o reportar una protesta.
Cierre de medios: La ley otorga facultades discrecionales para revocar concesiones y bloquear portales digitales, dejando a la ciudadanía en un apagón informativo.
2. La Extorsión Policial: El Nuevo Modus Operandi
Uno de los efectos colaterales más perversos de esta legislación es el poder que otorga a los cuerpos de seguridad en la calle. Se ha documentado un aumento alarmante en casos de extorsión policial vinculados al uso de redes sociales.
«Cualquier ciudadano con un teléfono inteligente es una víctima potencial. Los funcionarios revisan equipos de forma ilegal y, ante cualquier comentario crítico encontrado en WhatsApp, Facebook o cualquier otra red social o portal informativo, amenazan con aplicar la Ley contra el Odio si no se paga una suma de dinero inmediata», señalan denuncias frecuentes en foros civiles.
3. Redes Sociales bajo Vigilancia
La ley no distingue entre un discurso violento real y la legítima crítica ciudadana. Esto ha permitido que:
Usuarios comunes sean procesados por compartir un meme, una queja sobre el costo de la vida o una opinión política.
Se establecen penas desproporcionadas (de 10 a 20 años de cárcel), superiores incluso a delitos violentos graves, lo que anula el principio de proporcionalidad del derecho penal.
Un Instrumento de Control, no de Convivencia
Una verdadera ley contra el odio debería enfocarse en proteger a grupos vulnerables y no en blindar a los funcionarios públicos de la crítica. Al ser una norma con términos tan amplios como «odio» o «intolerancia», queda a discreción del intérprete decidir qué es delito y qué no lo es.
La derogación de esta ley es necesaria para:
Restaurar la seguridad jurídica de los ciudadanos.
Garantizar el derecho a la información veraz y oportuna.
Frenar los abusos de autoridad y la corrupción policial que utiliza la ley como fachada.
La convivencia pacífica no se logra imponiendo el miedo, sino permitiendo que la pluralidad de voces fortalezca la base de la sociedad.
Prefiero molestar con la Verdad, que adular con la Mentira.