Venezuela pudiera encontrarse en el cierre de uno de los períodos más problemáticos de su historia. Esas etapas se han representado con figuras como Páez, Guzmán Blanco, Gómez, Pérez Jiménez, Betancourt, a quienes Herrera Luque llamó "Reyes de la baraja", grupo al cual el amigo Roberto López, profesor de la LUZ, ha incorporado a Hugo Chávez. A cada una de esas fases, ha correspondido una crisis histórica (Manuel Caballero). El chavismo fue una de las salidas posibles a la crisis sociopolítica del bipartidismo AD COPEI. Así como el país logró clausurar capítulos que parecían perpetuos en su historia, hoy asistimos al comienzo del final del chavismo como época. Superarla no implica únicamente un cambio de gobierno, sino la transición de un autoritarismo patrimonial, rentista de destrucción social, económico e institucional, a la esperanza de una democracia constitucional plena.
Viendo con optimismo, la historia de este país, cada cierre de ciclo permitió al país dar un salto hacia la modernización o la democratización, con dos constantes: el rentismo y la dependencia de la Estados Unidos. Con el Gomecismo (1908-1935) se dio fin del caudillismo regional y el nacimiento del Estado nacional, aunque bajo una férrea dictadura. El Perezjimenismo (1952-1958) fue el ambiente donde se produjo el auge del desarrollo infraestructural sin libertades políticas. Su caída el 23 de enero dio inicio al experimento democrático más largo del país. El Bipartidismo AD-COPEI (1958-1998) brindó estabilidad democrática y ascenso social, pero su desgaste y deslegitimación impidieron su renovación. Hoy, el ciclo iniciado en 1999, muestra signos inequívocos de agotamiento terminal, tras haber derivado en una Crisis Humanitaria Compleja que ha desarticulado el tejido social y económico de la nación. Lamentable que haya sido una intervención norteamericana el factor por el que hoy se pueda vislumbrar un cambio histórico. Lamentable porque los venezolanos no fuimos capaces; porque se cerró la vía democrática y nacional del cambio debido a la irresponsabilidad de un autoritarismo, basado en unas armas que se usaron para reprimir al pueblo, pero no para rechazar la acción del hegemón norteamericano, con una actitud suficientemente ilustrada por la vergonzante y medrosa intervención reciente del Ministro de la "Defensa".
La crisis que atraviesa Venezuela es el resultado de decisiones y políticas deliberadas, además de procesos históricos de larga data. A través de esas decisiones, el chavismo como movimiento aluvional sociopolítico heterogéneo, que capitalizó muchas esperanzas de cambios progresistas, devino en un autoritarismo centrado, primero, en un caudillo, después, en una oligarquía burocrática, militar y policial, que se enriqueció con la renta petrolera y se vinculó, de una u otra forma, con el crimen organizado. En fin, para decirlo en términos marxistas, un "bonapartismo" o "cesarismo" de discursos demagógicos, cargado de mitos patrióticos, de "puestas en escena" eclécticos (desde evangélico hasta maoísta o guevarista), que encubrían el más gran desfalco de nuestra historia.
La constante de ese autoritarismo ha sido, por supuesto, la violación del Estado de Derecho y, en general, las garantías democráticas consagradas en la propia Constitución que, como único resultado reivindicable del período, hoy resume las conquistas del pueblo venezolano y constituye su programa histórico.
Como lo denunció Gregorio Alfonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), en un reciente foro en Valencia, desde el año 2010 se articuló una política de Estado caracterizada por la arbitrariedad y el autoritarismo, diseñada específicamente para minar la base del trabajo asalariado y la organización sindical. La destrucción del trabajo asalariado y del salario como forma de valor, se inició ya con la bonanza petrolera de 2010, cuando, en medio del inmenso flujo de divisas, se aplicaron medidas que asfixiaron la contratación colectiva. Con la justificación demagógica del "Estado Comunal", se desplazó el empleo formal y se destinaron masas de recursos a formas de organización que resultaron ser focos de ineficiencia y control político. El cementerio de cooperativas improductivas ocultó l falta de controles y la corrupción extendida a niveles de la base social. Se fueron sustituyendo los beneficios contractuales por pagos discrecionales con formas "flexibles" de trabajo de contratación temporal y empresitas "outsourcing" para impedir la sindicalización. Esta desregulación del trabajo generó una masa de ciudadanos en situación de subempleo y vulnerabilidad, a los cuales se dirige un discurso de exaltación al "emprendimiento". Hasta hubo una ministra de Educación que incitó a las maestras a vender tortas para poder subsistir. Se atomizó estratégicamente la fuerza laboral para evitar la negociación colectiva independiente, al tiempo que el Partido pasó a controlar sindicatos mediante paralelismos y la creación de centrales oficialistas, al estilo Mussolini.
Todas estas tendencias nefastas estallaron cuando bajó el auge petrolero y se empezaron a sentir años de pésima gestión, corrupción y políticas aventureras en lo internacional, lo que hemos llamado "oportunismo geopolítico". Resultado: pobreza, destrucción de la seguridad social y los derechos laborales. Al destruir el salario real, el gobierno eliminó la capacidad de ahorro y planificación de la familia venezolana, empujando a los profesionales —incluyendo a la reserva intelectual de las universidades— hacia la emigración (más de 8 millones) y la economía informal para poder subsistir. En Venezuela, sufrimos la hiperinflación de las más agresivas del mundo. Venezuela se convirtió en un referente internacional de cómo una mala gestión puede pulverizar una moneda y, con ella, el valor del esfuerzo humano. La excusa de las sanciones no oculta que otros países sancionados por los Estados Unidos, incluso con una guerra civil como el caso de Siria, pudieran mantener el salario mínimo de sus trabajadores a niveles aceptables. La desaparición del salario no fue solo un fenómeno monetario; sino la desarticulación total de cualquier carrera profesional y del proyecto de vida del venezolano.
Como bien ha señalado Keta Stephany, dirigente de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), el actual modelo económico no solo ha generado pobreza, sino que ha ejecutado la "desaparición del salario". Al despojar al trabajador de un ingreso suficiente, el gobierno no solo afectó el bolsillo, sino que destruyó el valor social del trabajo. Sin un salario base real, las prestaciones sociales, las pensiones y los seguros de salud se convierten en ficciones contables, dejando a la población en una vulnerabilidad absoluta. La política de igualar ingresos hacia abajo —donde un profesional especializado percibe prácticamente lo mismo que alguien sin formación o responsabilidad— elimina el incentivo para la excelencia y el estudio. La destrucción del salario es el motor principal de la migración masiva. Venezuela está perdiendo su bono poblacional: la generación que debería estar construyendo el futuro está aplicando sus conocimientos en otras economías, mientras el país se descapitaliza intelectualmente. Esta fuga no solo afecta el presente; compromete las décadas venideras al vaciar las aulas y los centros de investigación, impidiendo que los jóvenes vean la formación académica como una vía de ascenso social.
El desafío inmediato de la transición no es solo político, sino de supervivencia nacional. Dejar atrás este período implica transitar tres etapas críticas: a) la superación de la Crisis Humanitaria, la prioridad absoluta es la estabilización de los indicadores de vida, el cese de la desnutrición y el colapso sanitario; b) la recuperación económica y social, incluida la seguridad social. Como señaló en el mismo foro de Valencia, Keta Stephany, dirigente de FAPUV, solo el rescate el valor del trabajo y el salario, deteniendo la hemorragia migratoria que nos está privando de nuestras generaciones de relevo; c) la reinstitucionalización, es decir, recuperar la vigencia efectiva de la Constitución de 1999, cuyos principios de separación de poderes, descentralización y derechos humanos han sido sistemáticamente vulnerados.
Para que una transición sea sólida y sostenible, debe pasar por la restitución de la dignidad humana, lo cual implica dos pilares innegociables: la amnistía para los perseguidos políticos y la recuperación del valor del trabajo. No podemos esperar a que se cumpla el plan de Rubio: los venezolanos tenemos la responsabilidad ante las próximas generaciones de que la democracia retorne con raíces profundas. Es positiva, en ese sentido, la amnistía general. La liberación de trabajadores, sindicalistas, militares y demás presos políticos es indispensable para sanear el espacio público y permitir la libre organización sin miedo. Además, hay que lograr recuperar el Valor del Trabajo. Transformar el modelo de "supervivencia" en un modelo de "producción y desarrollo", donde el empleo formal sea nuevamente la base de la seguridad social.
Así, se juntan en un mismo camino la lucha por el rescate de la Constitución, la lucha por el salario y por las libertades democráticas. Lo cual pasa hoy por exigir la revocación del Decreto de Conmoción Social para pasar a otra etapa histórica en la vida de Venezuela.