Una de las estrategias tejidas por los oficiantes del capitalismo, debidamente asesorados por la intelectualidad asalariada, es alimentar la ilusión ciudadana de las gentes a base de oleadas de derechos individuales, que suelen ofertarse como limitaciones del ejercicio del poder. El proceso no es nuevo, sino continuista con los principios propagandísticos difundidos desde la toma del poder por la nueva elite político-económica. Lo visible en ellos es el papel relevante que han ido tomando las personas frente a los que detentan el poder. En una primera lectura, esta generosidad viene a suponer que el ejercicio del poder de la minoría dirigente se autolimita por voluntad propia y reconoce que los integrantes del llamado pueblo cuentan realmente en el panorama político, para que se vaya aproximando a esa utopía de creer ser dueño de su propio destino. Por otro lado, es parte del espectáculo dominante, reflejo virtual de una realidad manipulada, en el que la racionalidad trata de imponerse frente al autoritarismo poniéndole frenos en apariencia. A nivel básico, la función de los derechos individuales es consolidar el orden pacífico entre los ilusionados comunes, aunque no tanto en otras relaciones en las que intervienen los grupos de poder o las elites económicas y políticas.
Simplificando, esta vendría a ser la cara visible de los abundantes derechos otorgados por los gobernantes progresistas a sus subordinados en el plano territorial en el que domina cada uno, como fórmula para demostrar su modelo de progreso, que actualmente ha adquirido notable relevancia, porque algo hay que vender. Ante este casi idílico panorama del que presumen los países calificados de más civilizados, parece oportuno hacer referencia a esa otra cara no tan visible de los llamados derechos individuales de naturaleza civil. Aunque tales derechos no necesariamente responden, vistos desde esta perspectiva alternativa, a intereses espurios, no por ello hay que dejar de ponerlos en cuarentena y examinar si han sido afectados por la contaminación derivada de la actividad de mandar. Esta última, es y ha sido difícil de superar, puesto que es tendencia natural del gobernante extender los límites del ejercicio del poder, siempre que no encuentre la resistencia adecuada. Mas como es labor de la política hacer uso del disfraz, allanar obstáculos siempre es posible si se actúa con habilidad. En este punto, además de la invocación de lo que algunos llaman progreso, viene en su auxilio el espectáculo. El despliegue de dosis de ambos sirve de revulsivo frente a posibles reticencias del personal. De ahí que, aprovechando para hacer uso de otros complementos, como la propaganda y la verborrea, asistidas por el valor de lo jurídico, cualquier mercancía, etiquetada como derecho, pueda ser vendida a buen precio en el mercado político. Este es el caso de algunos derechos individuales, en cuanto dan buena imagen del gobernante, son inofensivos, porque no suelen cuestionar el poder, y permiten un amplio despliegue de la autoridad sobre las gentes, ya sea en su condición de beneficiadas o perjudicadas.
Lo primero que se observa en esto de la proliferación de los derechos individuales es más burocracia para desarrollar su aplicación práctica, de lo que inevitablemente se deriva mayor control ciudadano por parte del que gobierna. Con lo que podía entenderse, al hablar de más derechos para la ciudadanía, como autolimitación del poder y como avance social, en la práctica suponen un mayor sometimiento ciudadano al procedimiento y a los respectivos usuarios del poder. Seguidamente, hay algo más preocupante, porque el método conlleva ampararse en el interés general, lo que puede suponer para su defensa acceder libremente a esa zona de la individualidad amparada por otros derechos. Por tanto, entra en escena, junto al aumento de poder dimensional, un mayor grado de intensidad en su aplicación. De manera que, por un lado, si al amparo de los avances de los derechos civiles, el ejercicio del poder crece en dimensiones, por otro, puede asumir para el desarrollo de los nuevos derechos la patente exclusiva que le permita acceder a la privacidad e incluso a la intimidad de la ciudadanía, invocando la necesidad de medios para garantizarlos. En consecuencia, la otra cara de los nuevos derechos no solamente permite apreciar que el cerco a la ciudadanía se estrecha y los límites del poder se expanden, al asumir nuevas funciones burocráticas para su control, sino que se da la posibilidad de invadir el santuario personal. Añádase un tercer aspecto a considerar, como es el propósito recaudatorio. La política debe permanecer teóricamente atenta a las necesidades materiales y espirituales de las personas, e invocando el bienestar y el progreso, al amparo de las sucesivas oleadas de derechos individuales, por eso puede crear cargas impositivas, dejando abierta la puerta al negocio recaudatorio y con ello también otra nueva vía de acceso a la intimidad de las personas. Finalmente, ha resultado que al reconocerse legalmente un nuevo derecho, que emerge argumentándose el interés general y el progreso social, resulta que más allá de la apariencia, y ya en el terreno de la realidad, pasa a ser, en este plano, el medio para derribar barreras que venían protegiendo al ciudadano común, dejándole poco a poco al desnudo. Motivo por el cual debe analizarse la otra cara de los derechos recién llegados, por si se dan tales circunstancias.
Se añade a lo anterior que, vista esa otra cara que, a veces, pueden presentar los nuevos derechos otorgados a la ciudadanía a cobijo de la consabida invocación del llamado interés general o del interés particular de un colectivo, no se puede pasar por alto que, al amparo del desarrollo de tales derechos, el Derecho lo deterioran, tratando de asemejarlo a una doctrina. Puesto que, a cobijo de la racionalidad jurídica, puede ponerse en escena todo un recetario de normas morales que fijan las pautas del comportamiento personal de los gobernados, y vienen a decir lo que se ha de hacer, no hacer, pensar o no pensar, sentir o no sentir, cómo se ha de vestir, la moda a seguir o lo que se ha de comprar. Con tal adoctrinamiento, el poder político pasa a ser el dueño absoluto del panorama humano, lo que permite dar mayor seguridad en el cargo a sus oficiantes locales. En la cúspide, los príncipes del poder económico, es decir, los del poder total, muestran su satisfacción porque el negocio prospera, ya que esos nuevos derechos, de una manera u otra, no se liberan del componente económico dispuesto para ser explotado comercialmente, lo que redunda positivamente en la rentabilidad de sus empresas. De esta manera, todos los que usan el poder quedarán plenamente satisfechos.
Cuando se destapa esa cara oculta de los derechos, liberados de tutelas doctrinales, es posible sacar a la luz lo fundamental y es que una parte de los derechos civiles que se venden como garantía de seguridad ciudadana, en realidad pueden tener un coste cuando limitan la libertad de muchos, ya que el ciudadano común se empequeñece en la escena todavía más y los poderes que se empeñan en dirigir su destino se engrandecen sin mesura. Por tanto, no parece oportuno estar a las simples bondades que muestra la cara externa de los nuevos derechos, sino saltar sobre la apariencia y sacar a la luz la parte de ellos que pueda servir para acrecentar el negocio de algunos, de la política, del mercado o de ambos, mientras que para la sociedad en general solo se trata de buenas palabras.